ALBACETE
La Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Albacete (Aesab) ha denunciado prácticas comerciales de dos empresas nacionales del sector que supondrían competencia desleal sobre el resto, y que se relacionan con los últimos cambios legislativos en la Ley de Seguridad Privada aprobados en el BOE de 18 de febrero y que entrarán en vigor el 18 de agosto del mismo año.
La denuncia la hizo pública ayer en una comparecencia ante la prensa de Jesús Castillo, presidente de esta asociación que integra a una veintena de empresas de seguridad privada de la provincia, y que ha conocido estas prácticas a través de sus clientes.
Acompañado de representantes de empresas del sector, Manuel Moratalla, de Secisa, y Alejandro Fernández, de Unión Protección Civil, el presidente de la asociación provincial explicó que el caso denunciado es que dos empresas de índole nacional «están aprovechando los cambios en la Ley de Seguridad Privada para ir a todos los clientes y decirles que la alarma que tienen no es legal y tienen que cambiarla», y de esta forma «han entrado al 90% de las alarmas que tenemos instaladas en empresas de la provincia».
No obligatorio
El presidente de Aesab, que prefirió no desvelar qué empresas incurren en esta competencia desleal, apostilló que la publicidad que ofrecen «es una media verdad», porque la nueva ley establece una serie de cambios para los que hay un período de adaptación de hasta diez años, y en cualquier caso no obliga a todo aquél que tenga un sistema de alarma, sino «a empresas de seguridad, a joyerías, a armerías, bancos, casas de juego, o casinos, entre otros».
Jesús Castillo añadió que esos cambios tienen que ver con la necesidad de tener un sistema de verificación de imágenes «para comprobar si son las alarmas que se disparan falsas o no» , y también con que haya tres alarmas distintas que deben activarse para que se dé parte a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero en ningún caso son obligatorios de forma indiscriminada.
El presidente de Aesab indicó que «estos señores llegan y le dicen al cliente que lo que tienen instalado es ilegal, y no es así», y precisó que la denuncia podría llegar a los juzgados, porque cuentan con personas dispuestas a testificar respecto a las ofertas que les han hecho estas dos empresas. De momento, les van a dar un primer toque de atención enviándoles una carta donde se les notifica que han tenido constancia de dicha irregularidad y que deben ceder. En caso de que la situación prosiga, la denuncia irá a los juzgados, «por lo penal», admitió el responsable provincial. Castillo reconoció que el fraude se llevan produciendo desde hace aproximadamente mes y medio.
Desde la Asociación de Empresas de Seguridad Privada se ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a todos sus clientes ante la alarma que han suscitado estas prácticas denunciadas, porque «sus equipos funcionan correctamente y están homologados, además de ser cien por cien fiables», añadió el responsable de Secisa. Sobre los cambios en la normativa, el presidente de la Asociación se mostró más partidario de la videovigilancia «porque va a dar un poquito más de seguridad», afirmó.
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