La participación de los guardias civiles y del vigilante de seguridad era crucial para que la red lograra sus objetivos, ya que se servían de sus cargos para ofrecer "seguridad total" a los narcotraficantes. A cambio recibían supuestamente "dinero o regalos", según destacó ayer el comisario de la policía, Francisco Durán. La organización presentaba una alta especialización y empleaba avanzados sistemas tecnológicos y dispositivos de localización para mantener bajo control los movimientos de vehículos y embarcaciones de la Guardia Civil y de Aduanas.
"Esa seguridad total permitía a los narcos realizar sus alijos con total impunidad. Tenían controlados los vehículos policiales de la zona costera y habían provocado daños en el SIVE con lo que se establecía una zona oscura que facilitaba el desembarco de la droga", explicó Durán.
Los agentes se han incautado en sendas operaciones de más de 3.500 kilos de hachís y estudian otros alijos por si pertenecieran igualmente a esta organización. La investigación, que ha durado más de siete meses, ha permitido la detención de los máximos responsables de la red y su modus operandi. El cabecilla era un hombre de 33 años, vecino de El Rompido (Cartaya), que tenía relación con narcotraficantes de la zona.
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