Lo considera una «infracción grave» y envía el caso a la Agencia de Protección de Datos
La Delegación del Gobierno en Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la constructora y concesionaria del Metropol Parasol de La Encarnación por la colocación de cámaras de videovigilancia en plena calle. Según un documento firmado por el secretario general de dicha Delegación, Antonio Mora, al que ha tenido acceso ABC, «este centro directivo ha incoado un expediente sancionador a la empresa Sacyr por poder constituir los hechos denunciados una infracción grave» de la Ley de Seguridad Privada y la de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Mora recuerda que el proceso se inició tras la visita de la Policía Nacional a «las setas» el pasado 18 de abril: «La Unidad Territorial de Seguridad Privada realizó una inspección del sistema de videovigilancia en la instalación Metropol Parasol, gestionada por la empresa Sacyr, manifestando que existen 25 cámaras, 19 de ellas exteriores, repartidas en las seis torres de la instalación». En el citado informe policial se añade que durante el día de la inspección «estaban todas las cámaras operativas y que las imágenes captadas eran visualizadas en monitores ubicados en un habitáculo de la citada instalación».
Sin embargo, prosigue el documento que maneja este periódico, «en un informe posterior, de fecha 13 de mayo de 2011, el Cuerpo Nacional de Polícia señala que dichas cámaras de videovigilancia no están operativas». Es decir, ya se habían inhabilitado tras la primera visita de la Policía, por lo que «se constata que las cámaras, que recogen imágenes de la vía pública, han sido envueltas con bolsas de plástico color negro» y que «la habitación donde se visionaban las imágenes está cerrada y el sistema de videograbación informático desactivado».
Por todo ello, la Delegación del Gobierno procede a iniciar un expediente sancionador por lo que considera una «infracción grave». Pero no es la única medida adoptada. Además se aclara que «esta Delegación ha dado traslado del expediente de referencia a la Agencia Española de Protección de Datos por si hubiera vulneración de los preceptos contemplados en la normativa de su competencia».
Sin embargo, lo más llamativo del informe firmado por el secretario general de la Delegación del Gobierno es el último párrafo, donde se indica que en este organismo «ha tenido entrada, con fecha 12 de mayo y 1 de agosto de 2011, solicitud de Sacyr para la autorización de la instalación de cámaras de seguridad en el edificio Metropol Parasol». Esto es, la promotora siguió el procedimiento correcto después de la inspección policial.
A este respecto hay que señalar que el Defensor del Pueblo, José Chamizo, envió una queja de oficio el pasado 10 de mayo al entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, informándole de las medidas que tomaría con motivo de este asunto, una de las cuales consistía en informar a la Delegación del Gobierno. Según ha podido confirmar ABC, Chamizo ha vuelto a enviar recientemente una misiva al Ayuntamiento para informar, esta vez a Juan Ignacio Zoido, de que tras la resolución adoptada por la Delegación procede a dar por cerrado este expediente.
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