Es una de las promesas electorales de Rosell. Y está trabajando al máximo para que se haga realidad desoyendo consejos policiales, ya que los Mossos han impuesto hasta siete peticiones para que se ponga en marcha. La primera exigencia es que la policía solo tendrá como interlocutora a la junta y no a los responsables del grupo de animación, tendrá derecho de veto sobre cualquier individuo y acceso ilimitado al Camp Nou. Los Mossos recuerdan que esa grada no podrá tener seguridad privada, el acceso se hará mediante identificación dactilar y fotográfica y los alrededores del Camp Nou serán zona de riesgo. El club deberá comprometerse a sancionar a los socios que incumplan las normas de seguridad y en los desplazamientos vigilará que las personas que indiquen los Mossos no puedan viajar con entrada.
os Mossos, según una información revelada ayer por el diario El País, han detectado la presencia de 138 boixos nois en ese grupo, con antecedentes policiales, que van desde leves a graves. Uno de ellos es José Antonio Romero Ors, también conocido como Jaro, que cumplió condena por el asesinato en 1991 de Frederic Rouquier, un aficionado del Espanyol. «No entrará nadie que los Mossos no autoricen», dijo Toni Freixa, portavoz de la junta. Lo que Rosell ve como promesa electoral, Laporta lo califica de «concesión» a los violentos. «¿O es qué tenéis que pagar los servicios prestados en campaña electoral?», se preguntó el expresidente.
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