El coste en seguridad privada de los amenazados supone 170 millones al año, el equivalente al Guggenheim

Las administraciones central y vasca financian al 50% la 'factura' de los escoltas para blindar a jueces y políticos en Euskadi

Miguel Lazpiur, de Confebask, y su escolta, el jueves en Azpeitia./ I. P.

La 'factura' de la seguridad privada ligada a la prevención de atentados en Euskadi ofrece una idea del inmenso coste económico que supone el terrorismo. Los gobiernos central y vasco han gastado tan sólo en este año en torno a los 170 millones de euros en la protección de políticos, concejales, jueces, magistrados y algunos representantes institucionales. Ambas administraciones mantienen un acuerdo para financiar al 50% los servicios de vigilancia y escolta.

Esa cifra sólo refleja, sin embargo, una parte de los costes reales. Hay que añadirle el dinero que invierten las empresas y entidades privadas en la seguridad de sus instalaciones y de su personal directivo o sometido a amenazas de ETA. No hay estimaciones oficiales que reflejen el desembolso total por ese concepto. Incluso, para ofrecer una imagen real de todos los recursos que se dedican en el País Vasco a combatir el acecho terrorista sería necesario añadir a la suma mencionada los salarios y los costes que conlleva la movilización de efectivos de la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado para labores de protección.

Entender la magnitud de semejante desvarío implica someter las cantidades a un simple análisis comparativo. Hay uno que resulta contundente: con el dinero público que se gasta en Euskadi en guardaespaldas se podría construir un museo Guggenheim nuevo cada año. La obra arquitectónica de Frank Gehry costó al erario público 120 millones de euros; un presupuesto que incluía no sólo la construcción del edificio revestido de titanio, sino, además, la primera dotación económica para la adquisición de obras. Una corrección de precios para adaptar las cifras a la inflación permite concluir que los dos presupuestos -el de la puesta en marcha de la pinacoteca y lo que gastan los gobiernos cada año en escoltas privados- se parecen bastante.

Aunque con algunos altibajos -la última tregua de ETA supuso una relajación en el gasto-, el dinero público destinado a agentes de seguridad no ha dejado de crecer desde 2000, cuando los gobiernos central y vasco decidieron reforzar la protección de los amenazados con profesionales de empresas privadas.
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