La partida de vigilancia de edificios judiciales crece un 53% para el tercer año de competencia.El Gobierno central asume ahora el coste de los agentes que complementan la seguridad privada.
Vigilar las sedes de los juzgados aragoneses costará el año que viene un 53,59% más que este. La Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior que dirige Rogelio Silva (PAR) ha consignado, el proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico, 1.395.003 euros en la partida destinada a financiar Seguridad de la Dirección General de Justicia. Supone un notable aumento frente a los 908.232,98 euros incluidos en el ejercicio que ahora acaba para esa misma finalidad.
La seguridad de los edificios judiciales aragoneses es ahora mixta. En ella se combina la presencia de vigilantes de empresas de seguridad privada con la de agentes y suboficiales de la Guardia Civil procedentes de la reserva activa, además de efectivos de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la DGA.
El coste del servicio para el Gobierno de Aragón se dividió el año pasado en los algo más de 900.000 euros de las empresas de seguridad y los cero de los guardias civiles, ya que el complemento que cobran --algo más de 300 euros-- lo asume, sin refacturarlo a la comunidad autónoma, el Ministerio del Interior.
CONTACTOS La Guardia Civil presta este servicio, similar al que permite completar la seguridad de instituciones como el Banco de España, desde el 2007 en virtud de un convenio suscrito por los departamentos ministeriales de Interior y de Justicia y que la DGA ha prorrogado en los dos primeros años en los que ha ostentado las competencias en materia de personal y medios de la administración de Justicia.
La intención del Ejecutivo central era mantener el convenio, aunque la DGA ya ha comunicado extraoficialmente a la Delegación del Gobierno la decisión de no hacerlo.
Un portavoz del Departamento de Política Territorial aseguró ayer que la DGA está negociando con Interior un nuevo documento para "regularizar esa situación" tras la asunción de las competencias de Justicia. Según indicó, su objetivo es "regularizar la situación de los guardias civiles e incluso incrementar su presencia" asumiendo el Pignatelli el pago de sus complementos, para lo que aseguró que se han mantenido "contactos recientes". No obstante, las fuentes consultadas en Interior desconocían tanto esos contactos como que ese fuera su objetivo final.
Fuentes parlamentarias aseguraron que el Departamento de Justicia ha hecho saber que el aumento de la partida presupuestaria para financiar la seguridad de los juzgados tiene como motivo la existencia de mayores necesidades económicas porque "la Guardia Civil va a dejar de prestar ese servicio".
Silva aseguró el 16 de noviembre en las Cortes que los presupuestos de su departamento no responden a "una reducción aritmética de las distintas partidas" sino a "un esfuerzo de contención del gasto, que es el resultado de una revisión pormenorizada de cada programa". Sin embargo, el capítulo del gasto corriente subirá un 11,31% en la Administración de Justicia "al considerar prioritaria la progresiva consolidación de los créditos para gastos de funcionamiento". Entre los que tienden al alza destacó los "medios externos" en materias como la "seguridad de edificios y personas".
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