Policías nacionales y guardias civiles vigilarán todos los edificios judiciales de la comunidad. Mediavilla y Rubalcaba suscriben un convenio por el que el Gobierno de Cantabria destinará unos 240.000 euros anuales a esta actuación
Guardias civiles en situación de reserva y efectivos de Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad velarán por la seguridad de todos los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma, en virtud de un convenio suscrito hoy en Madrid entre el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Así, el Gobierno de Cantabria destinará anualmente alrededor de 240.000 euros para completar las retribuciones de un total de catorce efectivos que realizarán labores de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones judiciales de la Administración de Justicia en Cantabria .
Mediavilla explicó que este convenio pone de relieve los "beneficios" de una "estrecha colaboración" con la administración estatal, que, en este caso, posibilita que efectivos con "gran preparación" velen por la seguridad de las sedes judiciales.
A su juicio, este acuerdo garantiza alcanzar los "niveles óptimos de seguridad" en los edificios judiciales de toda Cantabria , a través de la "experiencia y destreza" mostrada siempre por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "La Justicia es un servicio público esencial, por lo que se requieren medidas también especiales de seguridad, custodia y depósito", subrayó.
Diversas iniciativas
Mediavilla destacó que esta nueva actuación viene a sumarse a las ya emprendidas para mejorar la seguridad de los edificios existentes en los ochos partidos judiciales de Cantabria. Así, recordó, aunque hace menos de dos años que la Comunidad Autónoma asumió la competencia sobre los medios materiales y personales de la Administración de Justicia, se ha "avanzado mucho en este ámbito".
En concreto, detalló, se han renovado todos los sistemas de vigilancia y se ha incrementado el número de vigilantes y el abanico horario en el que prestan servicio. Además, se mantiene una "estrecha colaboración" con los ayuntamientos en los que están situados los ocho partidos, para que la "coordinación sea máxima".
Ahora, esta nueva vía de colaboración permitirá a la Comunidad Autónoma cubrir las necesidades específicas en materia de vigilancia y protección, explicó Mediavilla.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil constituirá en Cantabria unidades específicas para la prestación de estos servicios, pero será la propia Consejería de Presidencia la que plantee las necesidades concretas al Gobierno de España y, de acuerdo con ellas, el secretario de Estado de Seguridad determinará las unidades y el número de efectivos que se destinarán a estas funciones. En principio, serán 14, pero podrían incrementarse conforme a futuras necesidades.
Siete de esos efectivos se distribuirán en sedes judiciales en Santander (dos con personal del Cuerpo Nacional de Policía y cinco con personal de la Guardia Civil), y otras siete en el resto de la Comunidad (Torrelavega, Medio Cudeyo, Santoña, Laredo, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Reinosa), con personal de la Guardia Civil.
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