El Govern se ha visto obligado a rehacer el reparto del contrato marco de seguridad privada para la provincia de Barcelona después de que dos empresas interpusieran un recurso, con desigual fortuna, contra la adjudicación provisional. Los servicios técnicos del departamento descubrieron, además, que una empresa aceptada como adjudicataria no tenía acreditación empresarial vigente.
El concurso público de la seguridad privada de Barcelona representa la vigilancia de todas las dependencias públicas de la provincia. El contrato asciende a 39 millones de euros para un período de doce meses, aunque la cantidad se eleva hasta los 65 millones al sumarse la posible prórroga de seis meses que la ley europea de contratos públicos obliga a incluir.
El pasado 21 de abril, la comisión central del área de contratación acordó una adjudicación provisional que aceptaba a 24 empresas de seguridad privada dentro del acuerdo marco.
Pero dos empresas del sector, Segur Ibérica y Segurisa, que se quedaron fuera de la lista inicial de adjudicatarias, interpusieron un recurso contra la Administración por diferencias sobre la puntuación, según fuentes de la Generalitat.
Resolución
La comisión central, tras estudiar ambos casos, decidió estimar parcialmente el recurso especial de Segur Ibérica –empresa con sede en Madrid presidida por Juan Cuesta–, pero desestimó el de Segurisa –ubicada en Madrid y presidida por Enrique Sánchez González–.
Segur Ibérica logró meterse en la lista de las 24 empresas seleccionadas, en el puesto número 13. Segurisa fue una de las cuatro compañías descartadas en el concurso.
La empresa que quedó fuera en la nueva lista de seleccionadas fue Jarc Seguridad. En el documento de modificación, la comisión admite que encontró una incidencia más en la revisión de las adjudicatarias. Ésta descubrió que Jarc Seguridad no tenía permiso para trabajar. “La empresa no ha acreditado clasificación empresarial vigente, motivo por el cual no puede ser adjudicataria definitiva”, reza el documento.
La vigilancia de las dependencias de la Generalitat en la provincia de Barcelona era el último lote por repartir de toda la seguridad catalana, que suma cinco lotes, uno por provincia más otro para dependencias que requieren protocolos específicos. El valor estimado del contracto global asciende a 96 millones de euros.
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