Con mayo concluirá el intento de alcanzar un acuerdo social para reformar el mercado de trabajo. Gobierno, patronal y sindicatos mantienen abiertos los temas de mayor calado mientras la semana clave de la negociación avanza contra reloj. En el panorama, un Gobierno presionado por la UE y el FMI, unos sindicatos defraudados con el Ejecutivo y una patronal que no renuncia a ver rebajadas las cuotas y abaratado el despido.
Juande Portillo - Madrid - 24/05/2010
La recta final se acerca y todo puede suceder todavía. En la maratón por reformar el mercado laboral está por ver si Gobierno, sindicatos y patronal aparecen juntos en la ansiada fotofinish o si, por el contrario, la falta de acuerdo obliga al Ejecutivo a tomar las riendas por sí solo. Una posibilidad que fue descartada dos veces el pasado año, pero que cobra una fuerza inusitada ahora que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la presión que ejercen los mercados claman por reformas estructurales tras llevar a a José Luis Rodríguez Zapatero a aprobar un plan de recorte del gasto social nunca imaginado. Una jugada en solitario que podría ocasionarle la primera huelga general de sus dos legislaturas y que dejaría el contenido del paquete a expensas de su tramitación parlamentaria.
Si en algo están de acuerdo Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT es en finales de mayo es el plazo definitivo para consensuar la reforma o romper la baraja. La determinación del Ejecutivo y los agentes sociales por alcanzar un gran pacto que "de confianza" y ayude a paliar la crisis comenzó con una declaración de intenciones en verano de 2008. Desde entonces, la tasa de desempleo ha pasado del 11,33% al 20,05%, y España ha alcanzado los 4,6 millones de parados. La lucha contra la recesión se ha convertido en una encarnizada batalla contra el paro. De las medidas coyunturales que Trabajo aprobó unilateralmente en marzo de 2009, y de las que se hundieron en el naufragio del acuerdo social del pasado julio, se ha pasado a un nuevo objetivo más ambicioso: reformar el mercado de trabajo.
La sexta actuación global que se acomete sobre el marco de las relaciones laborales se inició con una extensa, pero inconcreta, propuesta del Gobierno, el pasado febrero. Desde entonces, se ha avanzado mucho en los puntos que nacían desde el consenso, y más bien poco en los que más distancian a las partes.
Negociaciones bilaterales
Tras un laxo periodo de análisis, sindicatos y patronal han acometido en el último mes importantes negociaciones bilaterales, algunas al máximo nivel. En ellas se ha fraguado el acuerdo en torno a la necesidad de potenciar la igualdad entre géneros, fomentar el empleo a tiempo parcial o adaptar el llamado modelo alemán. Éste facilitaría los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, permitiendo a los trabajadores afectados suplir con cotizaciones su rebaja salarial, y acceder a su prestación íntegra si terminan siendo despedidos. Todos coinciden, además, en que resulta prioritario actuar sobre los jóvenes, un colectivo que supera el 40% de paro. Para ello, se renovará un contrato de formación, por el que se cotizaría a la Seguridad Social y se accedería al seguro de paro. También se busca reordenar hacia los menores de 30 años el grueso de las bonificaciones al empleo. Si bien, el duro ajuste del déficit que ha iniciado el Gobierno no permitiría aumentar la inversión. Hoy por hoy, sólo 290 de los 2.850 millones de euros dedicados a políticas activas están disponibles. Los sindicatos consideran que si no hay fondos que la sustenten, la medida quedaría en papel mojado.
El nudo gordiano del acuerdo sigue estando, sin embargo, en la reducción de costes. Desde la Seguridad Social han manifestado que una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios resulta inviable en un momento en que se van a congelar las pensiones, y se abre el debate sobre el retraso de la jubilación. Desde la CEOE, sin embargo, aseguran que hay margen para reducir las cuotas si se aprovechan los montantes acumulados en el fondo de accidentes de trabajo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Éstos acumulan 3.900 y 3.500 millones de euros, respectivamente, lo que en total equivale a poco más de dos puntos de cotización por contingencias comunes durante un año. Justo la cifra que hay sobre la mesa.
El modelo austriaco
Aunque las centrales guardan severas reticencias a semejante rebaja, lo que sí gana más peso es la posibilidad de sacar adelante otro ejemplo europeo, el austriaco. Éste establece un fondo individual por despido que las empresas van engordando y los trabajadores perciben al ver rescindido el contrato. Semejante mutación de las instituciones laborales, sin embargo, parece descartada. La modalidad española podría alejarse del original y transformarse en una suerte de subvención de parte de los costes del despido, sufragada con el superávit del Fogasa. Una práctica que ya se realiza sobre el 40% del montante que las pymes gastan en rescindir contratos, y que podría beneficiar ahora también a las grandes empresas que demuestren necesitarlo.
Más estancado sigue el debate de equiparar a 33 días todas las indemnizaciones del contrato de fomento, que asciende a 45 días por año trabajado en el caso de que un despido disciplinario sea improcedente. El Gobierno está dispuesto a cubrirlo, los empresarios a ahorrárselo y a los sindicatos no les importan, siempre y cuando el afectado reciba la misma indemnización.
Otra opción, es que CC OO y UGT acepten facilitar la justificación de los despidos procedentes, cuyo coste es de 20 días por año trabajado, pero difícil de sostener ante un juez (el 80% de las sentencias dan la razón al trabajador). En cualquier caso, todas las líneas de actuación parecen centradas en hacer más atractiva la contratación indefinida, más que en penalizar la temporalidad. La negativa de la CEOE ha llevado al Gobierno a descartar su propuesta inicial de elevar las cuotas de los eventuales.
Si a lo largo de esta semana las tres partes no logran cerrar un acuerdo de mínimos sobre estos puntos, el Gobierno ha asegurado que aprobará su propio paquete por decreto ley. Un camino incierto para un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Sin el blindaje que otorgan al documento las firmas de sindicatos y patronal, el Congreso tiene vía abierta para modificar la norma mediante enmiendas. Una jugada en la que la CEOE tiene mucho que ganar dada la comunión que el PP ha manifestado con sus propuestas. Ninguna de las tres partes, sin embargo, tendría asegurado que sean sus iniciativas las que salgan adelante, en una tramitación que se alargaría, previsiblemente, hasta finales de año. Y el telón de fondo, avanzan CC OO y UGT, es que una reforma impuesta "sería motivo más que suficiente para una huelga general".
Todas las cartas, sobre la mesa
Las claves del consenso
-Modelo alemán: facilitar una rebaja de jornada y sueldo, compensando al trabajador con prestaciones, que recuperaría si es despedido.
-Empleo joven: las bonificaciones a la contratación se centrarían mayoritariamente en jóvenes y parados de larga duración.
-Plan formativo: el contrato de formación se reactivaría, para que los jóvenes sin preparación ganen experiencia mientras cotizan a la Seguridad Social.
-Igualdad sexual: la apuesta por igualar a ambos sexos acompaña diametralmente a todo el paquete de la reforma.
-Conciliación laboral: el empleo a tiempo parcial está muy por debajo de la media de la UE.
Los puntos de fricción
-Modelo austriaco: el sistema vienés de fondo individual por despido queda lejos, aunque se impone su subvención con fondos del Fogasa.
-Rebajar cotizaciones: Gobierno y sindicatos lo rechazan y la patronal pide que se haga con fondos como el Fogasa o el de accidentes.
-Abaratar costes: igualar todas las indemnizaciones por despido a 33 días en el contrato de fomento sigue enfrentando a las partes.
-Simplificar el despido: no hay consenso para simplificar el despido justificado (20 días).
-Reducir la temporalidad: CEOE rechaza penalizar la contratación eventual.
-Colocación privada: los sindicatos se niegan a equiparar las ETT con el Inem.
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