Solo con placa, es legal el servicio a prestar de vigilancia en España
domingo, 30 de mayo de 2010
La sección sindical de UGT en Prosegur denuncia la gestión de recursos humanos de la empresa
> La Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción a la empresa por una discriminación indirecta a veintitrés trabajadores
La sección sindical de UGT en Prosegur denuncia la gestión de recursos humanos de la empresa
Zaragoza.- La sección sindical de UGT–Aragón en PROSEGUR CIA. SEGURIDAD, S.A. ha denunciado la gestión y organización del departamento de Recursos Humanos de la empresa en su Delegación de Aragón.
En estos momentos, la compañía manifiesta que existe un exceso de trabajadores, alegando la pérdida de clientes a favor de otras empresas del sector, que ha terminado con el despido de dos mujeres, una de ellas en situación de baja por enfermedad, reconociendo la improcedencia de los mismos en las cartas de comunicación, y manifestando también que tendrá que realizar más despidos.
Según el sindicato, “todo ello contrasta con unas 7.000 horas extraordinarias mensuales que realizan los trabajadores, y aun así, señala que le sobra personal”. Por lo tanto, UGT Aragón manifiesta un “total desacuerdo y rechazo a esta organización de trabajo”.
A Prosegur se le ha levantado un acta de infracción en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, por una discriminación indirecta a veintitrés trabajadores. El sindicato denuncia que “la empresa presiona a estos veintitrés trabajadores para que no ejerzan las acciones derivadas de sus contratos de trabajo, como reconoce la Constitución”.
La sección sindical de UGT en Prosegur denuncia la gestión de recursos humanos de la empresa
Zaragoza.- La sección sindical de UGT–Aragón en PROSEGUR CIA. SEGURIDAD, S.A. ha denunciado la gestión y organización del departamento de Recursos Humanos de la empresa en su Delegación de Aragón.
En estos momentos, la compañía manifiesta que existe un exceso de trabajadores, alegando la pérdida de clientes a favor de otras empresas del sector, que ha terminado con el despido de dos mujeres, una de ellas en situación de baja por enfermedad, reconociendo la improcedencia de los mismos en las cartas de comunicación, y manifestando también que tendrá que realizar más despidos.
Según el sindicato, “todo ello contrasta con unas 7.000 horas extraordinarias mensuales que realizan los trabajadores, y aun así, señala que le sobra personal”. Por lo tanto, UGT Aragón manifiesta un “total desacuerdo y rechazo a esta organización de trabajo”.
A Prosegur se le ha levantado un acta de infracción en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, por una discriminación indirecta a veintitrés trabajadores. El sindicato denuncia que “la empresa presiona a estos veintitrés trabajadores para que no ejerzan las acciones derivadas de sus contratos de trabajo, como reconoce la Constitución”.
jueves, 27 de mayo de 2010
Los sindicatos, dispuestos a negociar más allá del lunes la reforma laboral
CC OO y UGT advierten al Gobierno que si aprueba una medida "lesiva" contra los trabajadores habrá huelga general
EL PAÍS - Madrid - 27/05/2010
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Sin demasiado ánimo y con muestras de fatiga, los líderes de los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han declarado dispuestos a negociar más allá de mayo, como se rumoreó ayer, y han amagado con convocar, si el Gobierno saca adelante una reforma laboral "lesiva para los trabajadores", eso que tanto han esquivado en los últimos meses: una huelga general. "Lo mejor sería alcanzar un acuerdo equilibrado", ha recomendado Toxo, secundado por su compañero de fatigas de UGT durante una rueda de prensa conjunta.
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Toxo y Méndez han negado que el límite fijado por ellos para pactar un marco laboral con la patronal CEOE sea el lunes. "Quien ha fijado ese día ha sido el Gobierno, no nosotros". También han rechazado haber echado al Ejecutivo socialista de las conversaciones con los empresarios: "Fue el Gobierno el que delegó su papel en la negociación bilateral, mientras lanzaba mensajes sobre la reforma a través de los medios de comunicación", ha remachado Toxo.
Respecto al hipotético paro nacional, los dirigentes han sido claros: "Si es el caso de un decreto que lesiona los derechos sociales procederemos a la convocatoria de huelga general", ha proclamado Toxo. Ese es, precisamente, el panorama que dibujan los principales sindicatos, que consideran además que el plan de ajuste aprobado en el Congreso "dificulta sensiblemente la negociación".
"Hemos constatado que hay un cambio de escenario en la posición del Gobierno en materia económica", ha denunciado el líder de UGT, Cándido Méndez. "Ese cambio de carril se produce empujado por las posiciones de la Unión Europea y cuando se comenzaban a percibir síntomas de recuperación del crecimiento económico".
Tanto Méndez como Toxo han reiterado que el paquete de medidas que el Ejecutivo ha sacado adelante no responde a las necesidades de la economía española, si no a las directrices de una Unión Europea que "ha desertado de sí misma", ha añadido Méndez.
"Hemos tomado la decisión de respaldar las movilizaciones de los empleados públicos y las manifestaciones que el 8 de junio se celebren contra el plan de ajuste", ha agregado el líder de UGT.
Una negociación embarrancada
La divergencia principal entre sindicatos y la CEOE pasa por las causas del despido. Los representantes de los empresarios exigen que se redefinan las causas del despido, algo a lo que los sindicatos se oponen de manera categórica. Toxo y Méndez han criticado el modus operandi de la patronal. "Gerardo [Díaz-Ferrán, presidente de la CEOE] no se ha manifestado en la mesa de negociación como lo hace en los medios de comunicación".
Otras cuestiones controvertidas son el plan de empleo joven y la ampliación de la modalidad de contrato de fomento del empleo.
Securitas busca compras para empujar en más mercados
27 de mayo (Bloomberg) - Securitas AB, el mundo de seguridad de la segunda mayor compañía de servicios, planes de expansión hacia otros 10 países con la ayuda de adquisiciones para atender a los clientes con operaciones globales.
The Swedish supplier of guards and alarms, which operates in 40 nations, wants to be present in 50 “as quickly as possible,” Chief Executive Officer Alf Goeransson said at the company's Stockholm headquarters. El proveedor sueco de guardias y alarmas, que funciona en 40 naciones, quiere estar presente en el 50 "lo antes posible," dijo el presidente ejecutivo de Alf Goeransson dijo en la sede de la compañía de Estocolmo. Singapore, Malaysia, South Korea, Indonesia and Italy are among the markets that it wants to enter, he said. Singapur, Malasia, Corea del Sur, Indonesia e Italia están entre los mercados que quiere entrar, dijo.
Expansion is key to serve those customers that have global operations and prefer to deal with one security provider, Goeransson said. La expansión es clave para servir a los clientes que tienen operaciones globales y prefieren tratar con un proveedor de seguridad, Goeransson dijo. Securitas, which counts Toyota Motor Corp. and Belgium's new Musee Magritte Museum as clients, competes with market leader G4S Plc, which is also targeting emerging markets to drive growth. Securitas, que cuenta con Toyota Motor Corp. y nuevos Bélgica Musée Magritte Museo como clientes, compite con el líder del mercado G4S plc, que es también apuntar a los mercados emergentes para impulsar el crecimiento.
“We're trying to establish ourselves in all the markets where our customers have told us our presence is important,” Goeransson said in the interview yesterday. "Estamos tratando de establecernos en todos los mercados donde nuestros clientes nos han comentado nuestra presencia es importante", dijo en la entrevista Goeransson ayer. “We're in most of these countries already but some are missing.” "Estamos en la mayoría de estos países ya, pero faltan algunos."
Takeovers are the “easier and faster” option to entering a new market than building an operation from scratch, the CEO said. Tomas de control son los más fáciles "y más rápido" opción de entrar en un nuevo mercado que la construcción de una operación desde cero, dijo el CEO. Securitas has about 1 billion kronor ($127 million) available for acquisitions this year, he said. Securitas tiene alrededor de 1 millones de coronas (127 millones) para adquisiciones este año, dijo. Last year, it bought 15 companies with a total of 14,000 employees and sales of 1.3 billion kronor. El año pasado, se compraron 15 empresas con un total de 14.000 empleados y unas ventas de 1,3 millones de coronas.
China Potential Potencial de China
China started allowing private security companies to operate there at the beginning of this year, and as a result Securitas now employs about 200 guards in the country, out of a total global workforce of about 260,000 employees. China empezó a permitir que las empresas de seguridad privada para operar allí a principios de este año, y como resultado de Securitas ahora emplea a cerca de 200 guardias en el país, de una población activa total global de unos 260.000 empleados.
The Chinese market likely has room for some 4 million security guards, many of whom would work for international companies operating there, he said. El mercado chino es probable que tenga espacio para unos 4 millones de guardias de seguridad, muchos de los cuales trabajan para compañías internacionales que operan allí, dijo.
“The possibilities are fantastic” in China, Goeransson said. "Las posibilidades son fantásticas" en China, Goeransson dijo. “There's plenty of market opportunities, plenty of customers. "Hay un montón de oportunidades de mercado, un montón de clientes. The problem for us right now is getting personnel, getting the guards licensed. El problema para nosotros ahora es llegada del personal, obtener la licencia a los guardias. They must be licensed and that's not so easy with the Chinese bureaucracy.” Ellos deben tener una licencia y que no es tan fácil con la burocracia china. "
Securitas will come up against G4S in the pursuit of security contracts there. Securitas se enfrentará a G4S en la búsqueda de contratos de seguridad allí. The British company is seeking expansion and may make purchases in China as the $9 billion market opens up, CEO Nick Buckles said in a Nov. 9 interview. La empresa británica está buscando la expansión y puede realizar compras en China como el mercado de 9000 millones dólares se abre, CEO Nick Hebillas dijo en una entrevista de 09 de noviembre. China could initially add about 2 percentage points to revenue a year, he said then. China inicialmente podría añadir alrededor de 2 puntos porcentuales a los ingresos de un año, dijo entonces.
Both Securitas and G4S are little changed on Stockholm and London bourses this year. Ambos se Securitas y G4S pocos cambios el las bolsas de Estocolmo y Londres este año. The Swedish business is valued at the equivalent of $3.2 billion, compared with its British rival's market capitalization of $5.3 billion. La empresa sueca está valorada en el equivalente de US $ 3,2 millones, en comparación con la capitalización de mercado de su rival británico de $ 5.3 mil millones.
Cuestión de fondo: Sanción por realizar funciones de vigilancia y seguridad sin habilitación para ello.
pmId Cendoj: 28079230052009100794 - Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso - Sede: Madrid - Sección: 5 - Nº de Recurso: 180/2009 - Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO – APELACION - Ponente: xxxxxxxxxxxxxx - Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
Cuestión de fondo: Sanción por realizar funciones de vigilancia y seguridad sin habilitación para ello.
SENTENCIA EN APELACION
Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil nueve. Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso de apelación número 180/09, interpuesto por Sabico Servicios Auxiliares S.L., a través de su representación legal, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada. Ha sido parte apelada EL ABOGADO DEL ESTADO en nombre y representación de la Administración General del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 22 de junio de 2009 recayó sentencia dictada en el procedimiento ordinario 5/09 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 2 , cuyo fallo es el siguiente: "Que debo desestimar como desestimo el recurso contencioso-administrativo deducido por la mercantil SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L., representada y defendida por el Letrado D. Álvaro José Vega Tuesta, frente a la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de 15 de octubre de 2008, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L., frente a la de 9 de enero de 2007, que le impuso sanción de multa de 30.051 euros prevista en el artículo 26.1 a) de la Ley de Seguridad Privada , por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 22.1 a), en relación con los artículos 1.2 y 7.1 de la citada Ley y, en su virtud, vengo a absolver a la Administración de las pretensiones deducidas en su contra y sin que proceda efectuar imposición en costas".
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte actora, mediante escrito razonado, que fue admitido, dándose traslado a las demás partes para que en plazo legal formalizaran su oposición, lo que efectuaron, sin que se propusiera prueba.
TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección y no habiéndose solicitado la celebración de vista, ni siendo necesaria a juicio de la Sala, se señaló para votación y fallo el día 15 de diciembre del presente año, fecha en que tuvo lugar. SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se recurre en apelación la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada. SEGUNDO.- La infracción muy grave imputada a la entidad recurrente es la prevista en el art. 22.1º a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada : "La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria". Tal infracción hay que ponerla en relación con los siguientes preceptos del mismo texto legal: (Art. 1.2 Smile "A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados". (Art. 7.1º Smile "Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior". Por otro lado, los servicios y actividades que pueden desarrollar las empresas de seguridad son exclusivamente las señaladas en el art. 5 de la misma Ley disponiendo, en igual sentido, el art. 11 de la citada Ley 23/1992, de 30 de julio , las funciones que, también exclusivamente, pueden prestar los agentes de seguridad, y añadiendo el artículo 12.1º que: "Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La prestación de servicios de seguridad, permitida por la legislación a que se acaba de hacer referencia a instancias no públicas o agentes privados, en cuanto afecta a derechos y bienes jurídicos fundamentales (tales como la libertad, la integridad corporal y la propiedad, entre otros), constituye una actividad consustancial a la existencia misma del Estado moderno que ya no es ejercida en régimen de monopolio por el poder público, por lo que se hace necesario una fuerte intervención administrativa que controle el ejercicio de esa actividad por los particulares. Así pues, y al asumir las empresas de seguridad privada funciones que en principio son de exclusiva titularidad estatal, resulta inevitable que la Administración despliegue sobre ellas una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la actividad económica. De ello deriva que, en primer lugar, y para realizar este tipo de actividad se exige tener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, y asimismo cumplir una serie de requisitos, en orden a su constitución societaria, cuantía mínima del capital social, medios materiales y humanos, prestación de fianzas (art.7.1 ), bien entendido, que la pérdida de algún requisito produce la cancelación de la inscripción (art.7.3 ).
CUARTO.- Lo que se ha de resolver en la presente litis es tan solo una alegación de carácter formal, de la que se pretende derivar la nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada, en concreto invoca en primer lugar la nulidad de procedimiento sancionador por haberse dictado el acuerdo de iniciación por órgano manifiestamente incompetente, cual es el jefe de sección que aparece al pie del mismo, en lugar del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los artículos 157 y 158 del Real Decreto 2364/1994 . En relación con este motivo se observa a los folios 11 y siguientes del expediente administrativo que el acuerdo de iniciación del expediente administrativo o más bien el documento que lo recoge viene el suscrito, efectivamente, por el jefe de sección correspondiente, y en el mismo se expresa que se notifica el acuerdo de inicio del expediente sancionador, adoptado en fecha 10 de julio de 2007 por el señor Delegado del Gobierno en Navarra. Que no puede deducirse de ello que el acuerdo de iniciación del expediente se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente, ya que el documento al que se refiere la actora no es otra cosa que el traslado que se realiza por el funcionario correspondiente del acuerdo adoptado por el órgano competente. Que se trataría de un supuesto de delegación de firma, que contempla el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .
Ya en apelación se insiste en que no es posible a tenor del art. 16 de la Ley 30/1992 nº 4 la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador y/o consignar expresamente en ella la autoridad de procedencia.
CUARTO.- En cuanto a los defectos formales en la tramitación del procedimiento sancionador,
tenemos que señalar que con carácter general los defectos de forma solo determinan la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados (art. 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ). Pues bien, para que la indefensión tenga la eficacia invalidante es preciso que no se trate de meras irregularidades procedimentales, sino de defectos que causen una situación de indefensión de carácter material, no meramente formal, esto es, que la misma haya originado al recurrente un menoscabo real de su derecho de defensa causándole un perjuicio real y efectivo (SSTC 155/1988, de 22 de julio; 212/1994, de 13 de julio; 137/1996, de 16 de septiembre; 89/1997, de 5 de mayo, y 78/1999, de 26 de abril , entre otras). Así las cosas, de acuerdo con la teoría de la invalidez de los actos administrativos, la consecuencia del incumplimiento de algún trámite de procedimiento podría configurar un motivo de nulidad relativa o anulabilidad del citado art. 63, siempre que, como se acaba de decir, conforme a las previsiones de apartado 2 del precepto, se hubiere producido indefensión, lo que no ha sucedido en el presente caso. Y por otro lado, como ha venido declarando el Tribunal Supremo que "cuando existen suficientes elementos de juicio para resolver el fondo del asunto y ello permite presuponer que la nulidad de actuaciones y la repetición del acto viciado no conduciría a un resultado distinto, esto es, cuando puede presumirse racionalmente que el nuevo acto que se dicte por la Administración, una vez subsanado el defecto formal ha de ser idéntico en su contenido material o de fondo, no tiene sentido apreciar la anulabilidad del acto aquejado del vicio formal" (STS de 14 de febrero de 2000, f.j. 2º ). Así las cosas, los defectos formales denunciados por la parte apelante, no le han ocasionado indefensión. En efecto, tanto la resolución sancionadora como el recurso de reposición han sido dictados por el órgano competente para ello, a saber, el Secretario de Estado de Seguridad. Por otro lado, en orden a la autoridad que incoa en expediente sancionador, baste acudir a la literalidad de la misma, y en ella, al folio 10 se dice "se notifica el acuerdo de inicio de expediente sancionador (no de sanción alguna, sino de un acto de trámite) adoptado con esta fecha por el Sr. Delegado de Gobierno de Navarra" y quien, comunica el mismo, no quien lo acuerda, quien lo notifica, es el Jefe de Sección.
QUINTO.- De conformidad con el art. 139 del a Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas causadas al apelante. VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Sabico Servicios Auxiliares S.L., a través de su representación legal, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada, procede confirmar la misma; con expresa imposición de las costas procesales causadas en apelación a la actora apelante. Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Resumen:
Cuestión de fondo: Sanción por realizar funciones de vigilancia y seguridad sin habilitación para ello.
SENTENCIA EN APELACION
Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil nueve. Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso de apelación número 180/09, interpuesto por Sabico Servicios Auxiliares S.L., a través de su representación legal, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada. Ha sido parte apelada EL ABOGADO DEL ESTADO en nombre y representación de la Administración General del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 22 de junio de 2009 recayó sentencia dictada en el procedimiento ordinario 5/09 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 2 , cuyo fallo es el siguiente: "Que debo desestimar como desestimo el recurso contencioso-administrativo deducido por la mercantil SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L., representada y defendida por el Letrado D. Álvaro José Vega Tuesta, frente a la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de 15 de octubre de 2008, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L., frente a la de 9 de enero de 2007, que le impuso sanción de multa de 30.051 euros prevista en el artículo 26.1 a) de la Ley de Seguridad Privada , por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 22.1 a), en relación con los artículos 1.2 y 7.1 de la citada Ley y, en su virtud, vengo a absolver a la Administración de las pretensiones deducidas en su contra y sin que proceda efectuar imposición en costas".
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte actora, mediante escrito razonado, que fue admitido, dándose traslado a las demás partes para que en plazo legal formalizaran su oposición, lo que efectuaron, sin que se propusiera prueba.
TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección y no habiéndose solicitado la celebración de vista, ni siendo necesaria a juicio de la Sala, se señaló para votación y fallo el día 15 de diciembre del presente año, fecha en que tuvo lugar. SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se recurre en apelación la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada. SEGUNDO.- La infracción muy grave imputada a la entidad recurrente es la prevista en el art. 22.1º a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada : "La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria". Tal infracción hay que ponerla en relación con los siguientes preceptos del mismo texto legal: (Art. 1.2 Smile "A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados". (Art. 7.1º Smile "Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior". Por otro lado, los servicios y actividades que pueden desarrollar las empresas de seguridad son exclusivamente las señaladas en el art. 5 de la misma Ley disponiendo, en igual sentido, el art. 11 de la citada Ley 23/1992, de 30 de julio , las funciones que, también exclusivamente, pueden prestar los agentes de seguridad, y añadiendo el artículo 12.1º que: "Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La prestación de servicios de seguridad, permitida por la legislación a que se acaba de hacer referencia a instancias no públicas o agentes privados, en cuanto afecta a derechos y bienes jurídicos fundamentales (tales como la libertad, la integridad corporal y la propiedad, entre otros), constituye una actividad consustancial a la existencia misma del Estado moderno que ya no es ejercida en régimen de monopolio por el poder público, por lo que se hace necesario una fuerte intervención administrativa que controle el ejercicio de esa actividad por los particulares. Así pues, y al asumir las empresas de seguridad privada funciones que en principio son de exclusiva titularidad estatal, resulta inevitable que la Administración despliegue sobre ellas una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la actividad económica. De ello deriva que, en primer lugar, y para realizar este tipo de actividad se exige tener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, y asimismo cumplir una serie de requisitos, en orden a su constitución societaria, cuantía mínima del capital social, medios materiales y humanos, prestación de fianzas (art.7.1 ), bien entendido, que la pérdida de algún requisito produce la cancelación de la inscripción (art.7.3 ).
CUARTO.- Lo que se ha de resolver en la presente litis es tan solo una alegación de carácter formal, de la que se pretende derivar la nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada, en concreto invoca en primer lugar la nulidad de procedimiento sancionador por haberse dictado el acuerdo de iniciación por órgano manifiestamente incompetente, cual es el jefe de sección que aparece al pie del mismo, en lugar del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los artículos 157 y 158 del Real Decreto 2364/1994 . En relación con este motivo se observa a los folios 11 y siguientes del expediente administrativo que el acuerdo de iniciación del expediente administrativo o más bien el documento que lo recoge viene el suscrito, efectivamente, por el jefe de sección correspondiente, y en el mismo se expresa que se notifica el acuerdo de inicio del expediente sancionador, adoptado en fecha 10 de julio de 2007 por el señor Delegado del Gobierno en Navarra. Que no puede deducirse de ello que el acuerdo de iniciación del expediente se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente, ya que el documento al que se refiere la actora no es otra cosa que el traslado que se realiza por el funcionario correspondiente del acuerdo adoptado por el órgano competente. Que se trataría de un supuesto de delegación de firma, que contempla el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .
Ya en apelación se insiste en que no es posible a tenor del art. 16 de la Ley 30/1992 nº 4 la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador y/o consignar expresamente en ella la autoridad de procedencia.
CUARTO.- En cuanto a los defectos formales en la tramitación del procedimiento sancionador,
tenemos que señalar que con carácter general los defectos de forma solo determinan la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados (art. 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ). Pues bien, para que la indefensión tenga la eficacia invalidante es preciso que no se trate de meras irregularidades procedimentales, sino de defectos que causen una situación de indefensión de carácter material, no meramente formal, esto es, que la misma haya originado al recurrente un menoscabo real de su derecho de defensa causándole un perjuicio real y efectivo (SSTC 155/1988, de 22 de julio; 212/1994, de 13 de julio; 137/1996, de 16 de septiembre; 89/1997, de 5 de mayo, y 78/1999, de 26 de abril , entre otras). Así las cosas, de acuerdo con la teoría de la invalidez de los actos administrativos, la consecuencia del incumplimiento de algún trámite de procedimiento podría configurar un motivo de nulidad relativa o anulabilidad del citado art. 63, siempre que, como se acaba de decir, conforme a las previsiones de apartado 2 del precepto, se hubiere producido indefensión, lo que no ha sucedido en el presente caso. Y por otro lado, como ha venido declarando el Tribunal Supremo que "cuando existen suficientes elementos de juicio para resolver el fondo del asunto y ello permite presuponer que la nulidad de actuaciones y la repetición del acto viciado no conduciría a un resultado distinto, esto es, cuando puede presumirse racionalmente que el nuevo acto que se dicte por la Administración, una vez subsanado el defecto formal ha de ser idéntico en su contenido material o de fondo, no tiene sentido apreciar la anulabilidad del acto aquejado del vicio formal" (STS de 14 de febrero de 2000, f.j. 2º ). Así las cosas, los defectos formales denunciados por la parte apelante, no le han ocasionado indefensión. En efecto, tanto la resolución sancionadora como el recurso de reposición han sido dictados por el órgano competente para ello, a saber, el Secretario de Estado de Seguridad. Por otro lado, en orden a la autoridad que incoa en expediente sancionador, baste acudir a la literalidad de la misma, y en ella, al folio 10 se dice "se notifica el acuerdo de inicio de expediente sancionador (no de sanción alguna, sino de un acto de trámite) adoptado con esta fecha por el Sr. Delegado de Gobierno de Navarra" y quien, comunica el mismo, no quien lo acuerda, quien lo notifica, es el Jefe de Sección.
QUINTO.- De conformidad con el art. 139 del a Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas causadas al apelante. VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Sabico Servicios Auxiliares S.L., a través de su representación legal, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada, procede confirmar la misma; con expresa imposición de las costas procesales causadas en apelación a la actora apelante. Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Interior destapa un gran fraude en el negocio de la seguridad privada
El Ministerio registra un 50% más de casos de compañías que operan sin autorización administrativa. Las multas han aumentado un 43%, hasta 3,5 millones de euros.
Además, la fuerte competencia también ha provocado que los costes laborales se hayan convertido en un factor de competitividad entre empresas, donde los sueldos no son muy elevados. “Trabajo de vigilante por la noche en un centro comercial; con ello, completo mi salario haciendo labores de asistenta del hogar durante el día”, comenta una empleada de una compañía de seguridad que prefiere mantenerse en el anonimato. El sector de la seguridad privado ha cobrado en los últimos días relevancia debido al fuerte incremento de delitos contra la propiedad privada en urbanizaciones de Madrid y Barcelona.
Según los expertos consultados, el estado de inseguridad inducido por este nuevo fenómeno delictivo podría impulsar aún más el negocio de la seguridad y de la vigilancia privada, una actividad que genera unos ingresos anuales en España de 3.000 millones de euros, y cuyos principales exponentes son Prosegur y Securitas, con una cuota de mercado que se sitúa cerca del 50% –en el sector operan unas 1.300 compañías–.
En paralelo a esta vertiginosa expansión, el Ministerio del Interior ha detectado también un fuerte incremento de empresas de seguridad privada piratas. Según la información facilitada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, en 2005 290 empresas operaban sin cumplir los requisitos para realizar este tipo de actividad, lo que supone un incremento de casi el 50% sobre el año anterior.
Los responsables de Interior aseguraron, en unas jornadas sobre el sector, organizadas por Recoletos Conferencias y Formación, que la mayor parte de las infracciones empresariales están relacionadas con el intrusismo y la competencia desleal. En general, se trata de sociedades que no disponen de autorización administrativa y de compañías que, aunque gozan de ese requisito, se exceden en sus competencias o contratan a personal inhabilitado para este trabajo.
La Policía también ha detectado un aumento de casos de “intrusismo personal”, es decir, personas que prestan el servicio sin contar ni con la formación ni con la autorización adecuada.
La construcción es uno de los grandes clientes de las empresas de seguridad donde se detectan este tipo de abusos. Según Interior, en este mercado se llevan a cabo labores de “protección” de obras por parte “de un segmento marginal (de la población) que se caracteriza por la amenaza, la coacción y la extorsión”.
Otra demostración del incremento de estas prácticas en el sector es el progresivo aumento de las multas graves y muy graves impuestas a las empresas infractoras. En 2005, la cifra ascendió a 3,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 40% sobre el año anterior.
Entre los factores que han contribuido a esta situación fraudulenta, destaca la coincidencia de una alta demanda de seguridad privada con una escasez de personal cualificado. Las empresas cifran la falta de profesionales en 20.000 personas. El déficit ha provocado, que en ocasiones, se realicen contratos a personas que no cuentan con la cualificación profesional mínima. Aunque la situación ha mejorado, según datos de la propia patronal del sector, el 57% del personal de seguridad sólo dispone de estudios básicos, mientras que diplomados y licenciados sólo representan un 7% del total.
Competitividad
La competencia desleal y el intrusismo se han implantado también en el sistema educativo. Según la información de la Dirección de la Policía, “el intrusismo prolifera en actividades de vigilancia y de protección, en instalación e, incluso, se ha llegado a detectar en centros de formación”.
Prosegur, líder del sector en España, Portugal y Latinoamérica, es uno de los grupos empresariales interesados en acabar con esta lacra, “ya que mientras nosotros cumplimos con todas las obligaciones, hay otras compañías que se valen de la competencia desleal para arañar cuota de mercado”. La empresa cuenta con dos grandes centros de formación propios, “uno en Madrid y otro en Barcelona, homologados y totalmente gratuitos para el personal seleccionado”, señala David Laorda, director de Selección, Formación y Desarrollo en España de la compañía. Todo el personal de Prosegur proviene de sus centros. En su opinión, la ley que regula el sector es adecuada, “el problema es que es necesario que se aplique”.
La competencia en el mercado de la seguridad privada es agresiva. Según los últimos datos de la patronal del sector, Aproser, a finales de 2005 el número de empresas autorizadas por Interior ascendía a 1.107, lo que significa que en un sólo año se dieron de alta 133 sociedades. La atomización empresarial provoca que sólo un 2% de las compañías tenga más de 500 empleados.
A pesar de la fuerte atomización, el sector asegura que existe una tendencia creciente a la concentración, ejercida por las grandes compañías. Destacan los casos de Prosegur, que adquirió recientemente la empresa catalana CESS y la gallega Nordés; y de Securitas, que ha comprado la sociedad castellano-manchega TCV Seguridad y la andaluza Black Star.
Para combatir este tipo de prácticas ilegales, las empresas de seguridad privada también demandan un esfuerzo par parte de los clientes. “Es necesario que asuman que este tipo de servicios no son un gasto sino una inversión para la empresa”.
Además, la fuerte competencia también ha provocado que los costes laborales se hayan convertido en un factor de competitividad entre empresas, donde los sueldos no son muy elevados. “Trabajo de vigilante por la noche en un centro comercial; con ello, completo mi salario haciendo labores de asistenta del hogar durante el día”, comenta una empleada de una compañía de seguridad que prefiere mantenerse en el anonimato. El sector de la seguridad privado ha cobrado en los últimos días relevancia debido al fuerte incremento de delitos contra la propiedad privada en urbanizaciones de Madrid y Barcelona.
Según los expertos consultados, el estado de inseguridad inducido por este nuevo fenómeno delictivo podría impulsar aún más el negocio de la seguridad y de la vigilancia privada, una actividad que genera unos ingresos anuales en España de 3.000 millones de euros, y cuyos principales exponentes son Prosegur y Securitas, con una cuota de mercado que se sitúa cerca del 50% –en el sector operan unas 1.300 compañías–.
En paralelo a esta vertiginosa expansión, el Ministerio del Interior ha detectado también un fuerte incremento de empresas de seguridad privada piratas. Según la información facilitada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, en 2005 290 empresas operaban sin cumplir los requisitos para realizar este tipo de actividad, lo que supone un incremento de casi el 50% sobre el año anterior.
Los responsables de Interior aseguraron, en unas jornadas sobre el sector, organizadas por Recoletos Conferencias y Formación, que la mayor parte de las infracciones empresariales están relacionadas con el intrusismo y la competencia desleal. En general, se trata de sociedades que no disponen de autorización administrativa y de compañías que, aunque gozan de ese requisito, se exceden en sus competencias o contratan a personal inhabilitado para este trabajo.
La Policía también ha detectado un aumento de casos de “intrusismo personal”, es decir, personas que prestan el servicio sin contar ni con la formación ni con la autorización adecuada.
La construcción es uno de los grandes clientes de las empresas de seguridad donde se detectan este tipo de abusos. Según Interior, en este mercado se llevan a cabo labores de “protección” de obras por parte “de un segmento marginal (de la población) que se caracteriza por la amenaza, la coacción y la extorsión”.
Otra demostración del incremento de estas prácticas en el sector es el progresivo aumento de las multas graves y muy graves impuestas a las empresas infractoras. En 2005, la cifra ascendió a 3,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 40% sobre el año anterior.
Entre los factores que han contribuido a esta situación fraudulenta, destaca la coincidencia de una alta demanda de seguridad privada con una escasez de personal cualificado. Las empresas cifran la falta de profesionales en 20.000 personas. El déficit ha provocado, que en ocasiones, se realicen contratos a personas que no cuentan con la cualificación profesional mínima. Aunque la situación ha mejorado, según datos de la propia patronal del sector, el 57% del personal de seguridad sólo dispone de estudios básicos, mientras que diplomados y licenciados sólo representan un 7% del total.
Competitividad
La competencia desleal y el intrusismo se han implantado también en el sistema educativo. Según la información de la Dirección de la Policía, “el intrusismo prolifera en actividades de vigilancia y de protección, en instalación e, incluso, se ha llegado a detectar en centros de formación”.
Prosegur, líder del sector en España, Portugal y Latinoamérica, es uno de los grupos empresariales interesados en acabar con esta lacra, “ya que mientras nosotros cumplimos con todas las obligaciones, hay otras compañías que se valen de la competencia desleal para arañar cuota de mercado”. La empresa cuenta con dos grandes centros de formación propios, “uno en Madrid y otro en Barcelona, homologados y totalmente gratuitos para el personal seleccionado”, señala David Laorda, director de Selección, Formación y Desarrollo en España de la compañía. Todo el personal de Prosegur proviene de sus centros. En su opinión, la ley que regula el sector es adecuada, “el problema es que es necesario que se aplique”.
La competencia en el mercado de la seguridad privada es agresiva. Según los últimos datos de la patronal del sector, Aproser, a finales de 2005 el número de empresas autorizadas por Interior ascendía a 1.107, lo que significa que en un sólo año se dieron de alta 133 sociedades. La atomización empresarial provoca que sólo un 2% de las compañías tenga más de 500 empleados.
A pesar de la fuerte atomización, el sector asegura que existe una tendencia creciente a la concentración, ejercida por las grandes compañías. Destacan los casos de Prosegur, que adquirió recientemente la empresa catalana CESS y la gallega Nordés; y de Securitas, que ha comprado la sociedad castellano-manchega TCV Seguridad y la andaluza Black Star.
Para combatir este tipo de prácticas ilegales, las empresas de seguridad privada también demandan un esfuerzo par parte de los clientes. “Es necesario que asuman que este tipo de servicios no son un gasto sino una inversión para la empresa”.
Los piratas vuelven a la carga
Vigilantes del atunero bermeano 'Campolibre Alai' repelen a tiros otro intento de secuestro en aguas del Índico
26.05.10 - 02:07 -
IRATXE AIASTUI | GERNIKA.
El atunero 'Campolibre Alai', en la imagen escoltado por la fragata 'Numancia', ya fue atacado en septiembre de 2009. :: EFE
La flota vasca que faena en el Océano Índico vuelve a estar en alerta máxima. Tras faenar en «relativa» calma durante las últimas semanas, -el anterior ataque pirata se produjo en marzo contra el 'Txori Argi'- ayer, el 'Campolibre Alai', atunero perteneciente a la empresa Echebastar Fleet de Bermeo, volvió a sufrir el acoso de los bandidos somalíes. Se acabo la tregua.
Por suerte, los tres vigilantes privados que lleva a bordo el buque consiguieron repeler a tiros el intento de abordaje por parte de un esquife. Eran alrededor de las ocho de la mañana, hora española -tres más en el Índico- y navegaban en esos momentos en la situación 13 grados latitud Sur y 46 grados y 45 minutos longitud Este. Aproximadamente, a 70 millas de la isla Mayotte, situada en el extremo norte del Canal de Mozambique, en el archipiélago de las Comoras. Una zona, en principio, considerada como segura por la flota.
El patrón detectó la presencia de una barcaza blanca sospechosa a escasa distancia y tras realizar algunas maniobras evasivas se disiparon todas sus dudas. Eran piratas y venían a por ellos. Rápidamente hizo sonar la sirena del barco para anunciar del peligro a la treintena de hombres que conforman la tripulación y éstos buscaron refugio en el interior de la nave.
«Estamos de maniobras para alejarnos de ellos lo más posible», relataban desde el puente de mando a DV, pocos minutos después de iniciarse el ataque. Los piratas les persiguieron durante más de 40 interminable minutos e incluso llegaron a acercarse a una milla. En ese momento de máxima tensión, los vigilantes privados del 'Campolibre Alai' lanzaron varias ráfagas de advertencia que consiguieron disuadir a los asaltantes. La empresa armadora destacó que «el plan de contingencia ha funcionado correctamente y se ha podido salir de la zona, sin lamentar daños personales». Una vez superado el susto, los tripulantes se pusieron en contacto telefónico con sus familiares para tranquilizarles.
No es la primera vez que el atunero de la compañía Echebastar Fleet, firma a la que también pertenece el 'Alakrana', que el pasado año permaneció secuestrado durante 47 días a manos de una banda piratas somalíes, sufre un episodio de este tipo. El 7 de septiembre de 2009 también fue atacado a 460 millas de la costa de Somalia cuando se dirigía hacia una baliza para comprobar los cardúmenes de pescado.
Por otra parte, ayer mismo, el buque francés de la Fuerza Naval Europea (EU Navfor) liberó al mercante 'Nordenptun', que había sido secuestrado una hora antes cerca de las aguas territoriales de Tanzania. Asimismo, ayer se inició también en Rotterdam el primer juicio que se celebra en Europa contra piratas somalíes, en el caso de cinco sospechosos que en 2009 atacaron a un buque con bandera de Antillas holandesas en el Golfo de Adén.
Los asaltante, que en su momento reconocieron que tenían intención de secuestrar el mercante 'Samanyulo', se retractaron de su confesión al asegurar que «se encontraban pescando cuando debido a algunos problemas en su barco decidieron acercarse al 'Samanyolu' para pedir ayuda». Según fuentes del Ministerio Fiscal de Holanda, los procesados podrían enfrentarse a una pena de entre 9 y 12 años de cárcel
26.05.10 - 02:07 -
IRATXE AIASTUI | GERNIKA.
El atunero 'Campolibre Alai', en la imagen escoltado por la fragata 'Numancia', ya fue atacado en septiembre de 2009. :: EFE
La flota vasca que faena en el Océano Índico vuelve a estar en alerta máxima. Tras faenar en «relativa» calma durante las últimas semanas, -el anterior ataque pirata se produjo en marzo contra el 'Txori Argi'- ayer, el 'Campolibre Alai', atunero perteneciente a la empresa Echebastar Fleet de Bermeo, volvió a sufrir el acoso de los bandidos somalíes. Se acabo la tregua.
Por suerte, los tres vigilantes privados que lleva a bordo el buque consiguieron repeler a tiros el intento de abordaje por parte de un esquife. Eran alrededor de las ocho de la mañana, hora española -tres más en el Índico- y navegaban en esos momentos en la situación 13 grados latitud Sur y 46 grados y 45 minutos longitud Este. Aproximadamente, a 70 millas de la isla Mayotte, situada en el extremo norte del Canal de Mozambique, en el archipiélago de las Comoras. Una zona, en principio, considerada como segura por la flota.
El patrón detectó la presencia de una barcaza blanca sospechosa a escasa distancia y tras realizar algunas maniobras evasivas se disiparon todas sus dudas. Eran piratas y venían a por ellos. Rápidamente hizo sonar la sirena del barco para anunciar del peligro a la treintena de hombres que conforman la tripulación y éstos buscaron refugio en el interior de la nave.
«Estamos de maniobras para alejarnos de ellos lo más posible», relataban desde el puente de mando a DV, pocos minutos después de iniciarse el ataque. Los piratas les persiguieron durante más de 40 interminable minutos e incluso llegaron a acercarse a una milla. En ese momento de máxima tensión, los vigilantes privados del 'Campolibre Alai' lanzaron varias ráfagas de advertencia que consiguieron disuadir a los asaltantes. La empresa armadora destacó que «el plan de contingencia ha funcionado correctamente y se ha podido salir de la zona, sin lamentar daños personales». Una vez superado el susto, los tripulantes se pusieron en contacto telefónico con sus familiares para tranquilizarles.
No es la primera vez que el atunero de la compañía Echebastar Fleet, firma a la que también pertenece el 'Alakrana', que el pasado año permaneció secuestrado durante 47 días a manos de una banda piratas somalíes, sufre un episodio de este tipo. El 7 de septiembre de 2009 también fue atacado a 460 millas de la costa de Somalia cuando se dirigía hacia una baliza para comprobar los cardúmenes de pescado.
Por otra parte, ayer mismo, el buque francés de la Fuerza Naval Europea (EU Navfor) liberó al mercante 'Nordenptun', que había sido secuestrado una hora antes cerca de las aguas territoriales de Tanzania. Asimismo, ayer se inició también en Rotterdam el primer juicio que se celebra en Europa contra piratas somalíes, en el caso de cinco sospechosos que en 2009 atacaron a un buque con bandera de Antillas holandesas en el Golfo de Adén.
Los asaltante, que en su momento reconocieron que tenían intención de secuestrar el mercante 'Samanyulo', se retractaron de su confesión al asegurar que «se encontraban pescando cuando debido a algunos problemas en su barco decidieron acercarse al 'Samanyolu' para pedir ayuda». Según fuentes del Ministerio Fiscal de Holanda, los procesados podrían enfrentarse a una pena de entre 9 y 12 años de cárcel
lunes, 24 de mayo de 2010
El fracaso se cierne sobre el pacto en la semana clave de la reforma laboral
Con mayo concluirá el intento de alcanzar un acuerdo social para reformar el mercado de trabajo. Gobierno, patronal y sindicatos mantienen abiertos los temas de mayor calado mientras la semana clave de la negociación avanza contra reloj. En el panorama, un Gobierno presionado por la UE y el FMI, unos sindicatos defraudados con el Ejecutivo y una patronal que no renuncia a ver rebajadas las cuotas y abaratado el despido.
Juande Portillo - Madrid - 24/05/2010
La recta final se acerca y todo puede suceder todavía. En la maratón por reformar el mercado laboral está por ver si Gobierno, sindicatos y patronal aparecen juntos en la ansiada fotofinish o si, por el contrario, la falta de acuerdo obliga al Ejecutivo a tomar las riendas por sí solo. Una posibilidad que fue descartada dos veces el pasado año, pero que cobra una fuerza inusitada ahora que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la presión que ejercen los mercados claman por reformas estructurales tras llevar a a José Luis Rodríguez Zapatero a aprobar un plan de recorte del gasto social nunca imaginado. Una jugada en solitario que podría ocasionarle la primera huelga general de sus dos legislaturas y que dejaría el contenido del paquete a expensas de su tramitación parlamentaria.
Si en algo están de acuerdo Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT es en finales de mayo es el plazo definitivo para consensuar la reforma o romper la baraja. La determinación del Ejecutivo y los agentes sociales por alcanzar un gran pacto que "de confianza" y ayude a paliar la crisis comenzó con una declaración de intenciones en verano de 2008. Desde entonces, la tasa de desempleo ha pasado del 11,33% al 20,05%, y España ha alcanzado los 4,6 millones de parados. La lucha contra la recesión se ha convertido en una encarnizada batalla contra el paro. De las medidas coyunturales que Trabajo aprobó unilateralmente en marzo de 2009, y de las que se hundieron en el naufragio del acuerdo social del pasado julio, se ha pasado a un nuevo objetivo más ambicioso: reformar el mercado de trabajo.
La sexta actuación global que se acomete sobre el marco de las relaciones laborales se inició con una extensa, pero inconcreta, propuesta del Gobierno, el pasado febrero. Desde entonces, se ha avanzado mucho en los puntos que nacían desde el consenso, y más bien poco en los que más distancian a las partes.
Negociaciones bilaterales
Tras un laxo periodo de análisis, sindicatos y patronal han acometido en el último mes importantes negociaciones bilaterales, algunas al máximo nivel. En ellas se ha fraguado el acuerdo en torno a la necesidad de potenciar la igualdad entre géneros, fomentar el empleo a tiempo parcial o adaptar el llamado modelo alemán. Éste facilitaría los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, permitiendo a los trabajadores afectados suplir con cotizaciones su rebaja salarial, y acceder a su prestación íntegra si terminan siendo despedidos. Todos coinciden, además, en que resulta prioritario actuar sobre los jóvenes, un colectivo que supera el 40% de paro. Para ello, se renovará un contrato de formación, por el que se cotizaría a la Seguridad Social y se accedería al seguro de paro. También se busca reordenar hacia los menores de 30 años el grueso de las bonificaciones al empleo. Si bien, el duro ajuste del déficit que ha iniciado el Gobierno no permitiría aumentar la inversión. Hoy por hoy, sólo 290 de los 2.850 millones de euros dedicados a políticas activas están disponibles. Los sindicatos consideran que si no hay fondos que la sustenten, la medida quedaría en papel mojado.
El nudo gordiano del acuerdo sigue estando, sin embargo, en la reducción de costes. Desde la Seguridad Social han manifestado que una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios resulta inviable en un momento en que se van a congelar las pensiones, y se abre el debate sobre el retraso de la jubilación. Desde la CEOE, sin embargo, aseguran que hay margen para reducir las cuotas si se aprovechan los montantes acumulados en el fondo de accidentes de trabajo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Éstos acumulan 3.900 y 3.500 millones de euros, respectivamente, lo que en total equivale a poco más de dos puntos de cotización por contingencias comunes durante un año. Justo la cifra que hay sobre la mesa.
El modelo austriaco
Aunque las centrales guardan severas reticencias a semejante rebaja, lo que sí gana más peso es la posibilidad de sacar adelante otro ejemplo europeo, el austriaco. Éste establece un fondo individual por despido que las empresas van engordando y los trabajadores perciben al ver rescindido el contrato. Semejante mutación de las instituciones laborales, sin embargo, parece descartada. La modalidad española podría alejarse del original y transformarse en una suerte de subvención de parte de los costes del despido, sufragada con el superávit del Fogasa. Una práctica que ya se realiza sobre el 40% del montante que las pymes gastan en rescindir contratos, y que podría beneficiar ahora también a las grandes empresas que demuestren necesitarlo.
Más estancado sigue el debate de equiparar a 33 días todas las indemnizaciones del contrato de fomento, que asciende a 45 días por año trabajado en el caso de que un despido disciplinario sea improcedente. El Gobierno está dispuesto a cubrirlo, los empresarios a ahorrárselo y a los sindicatos no les importan, siempre y cuando el afectado reciba la misma indemnización.
Otra opción, es que CC OO y UGT acepten facilitar la justificación de los despidos procedentes, cuyo coste es de 20 días por año trabajado, pero difícil de sostener ante un juez (el 80% de las sentencias dan la razón al trabajador). En cualquier caso, todas las líneas de actuación parecen centradas en hacer más atractiva la contratación indefinida, más que en penalizar la temporalidad. La negativa de la CEOE ha llevado al Gobierno a descartar su propuesta inicial de elevar las cuotas de los eventuales.
Si a lo largo de esta semana las tres partes no logran cerrar un acuerdo de mínimos sobre estos puntos, el Gobierno ha asegurado que aprobará su propio paquete por decreto ley. Un camino incierto para un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Sin el blindaje que otorgan al documento las firmas de sindicatos y patronal, el Congreso tiene vía abierta para modificar la norma mediante enmiendas. Una jugada en la que la CEOE tiene mucho que ganar dada la comunión que el PP ha manifestado con sus propuestas. Ninguna de las tres partes, sin embargo, tendría asegurado que sean sus iniciativas las que salgan adelante, en una tramitación que se alargaría, previsiblemente, hasta finales de año. Y el telón de fondo, avanzan CC OO y UGT, es que una reforma impuesta "sería motivo más que suficiente para una huelga general".
Todas las cartas, sobre la mesa
Las claves del consenso
-Modelo alemán: facilitar una rebaja de jornada y sueldo, compensando al trabajador con prestaciones, que recuperaría si es despedido.
-Empleo joven: las bonificaciones a la contratación se centrarían mayoritariamente en jóvenes y parados de larga duración.
-Plan formativo: el contrato de formación se reactivaría, para que los jóvenes sin preparación ganen experiencia mientras cotizan a la Seguridad Social.
-Igualdad sexual: la apuesta por igualar a ambos sexos acompaña diametralmente a todo el paquete de la reforma.
-Conciliación laboral: el empleo a tiempo parcial está muy por debajo de la media de la UE.
Los puntos de fricción
-Modelo austriaco: el sistema vienés de fondo individual por despido queda lejos, aunque se impone su subvención con fondos del Fogasa.
-Rebajar cotizaciones: Gobierno y sindicatos lo rechazan y la patronal pide que se haga con fondos como el Fogasa o el de accidentes.
-Abaratar costes: igualar todas las indemnizaciones por despido a 33 días en el contrato de fomento sigue enfrentando a las partes.
-Simplificar el despido: no hay consenso para simplificar el despido justificado (20 días).
-Reducir la temporalidad: CEOE rechaza penalizar la contratación eventual.
-Colocación privada: los sindicatos se niegan a equiparar las ETT con el Inem.
Juande Portillo - Madrid - 24/05/2010
La recta final se acerca y todo puede suceder todavía. En la maratón por reformar el mercado laboral está por ver si Gobierno, sindicatos y patronal aparecen juntos en la ansiada fotofinish o si, por el contrario, la falta de acuerdo obliga al Ejecutivo a tomar las riendas por sí solo. Una posibilidad que fue descartada dos veces el pasado año, pero que cobra una fuerza inusitada ahora que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la presión que ejercen los mercados claman por reformas estructurales tras llevar a a José Luis Rodríguez Zapatero a aprobar un plan de recorte del gasto social nunca imaginado. Una jugada en solitario que podría ocasionarle la primera huelga general de sus dos legislaturas y que dejaría el contenido del paquete a expensas de su tramitación parlamentaria.
Si en algo están de acuerdo Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT es en finales de mayo es el plazo definitivo para consensuar la reforma o romper la baraja. La determinación del Ejecutivo y los agentes sociales por alcanzar un gran pacto que "de confianza" y ayude a paliar la crisis comenzó con una declaración de intenciones en verano de 2008. Desde entonces, la tasa de desempleo ha pasado del 11,33% al 20,05%, y España ha alcanzado los 4,6 millones de parados. La lucha contra la recesión se ha convertido en una encarnizada batalla contra el paro. De las medidas coyunturales que Trabajo aprobó unilateralmente en marzo de 2009, y de las que se hundieron en el naufragio del acuerdo social del pasado julio, se ha pasado a un nuevo objetivo más ambicioso: reformar el mercado de trabajo.
La sexta actuación global que se acomete sobre el marco de las relaciones laborales se inició con una extensa, pero inconcreta, propuesta del Gobierno, el pasado febrero. Desde entonces, se ha avanzado mucho en los puntos que nacían desde el consenso, y más bien poco en los que más distancian a las partes.
Negociaciones bilaterales
Tras un laxo periodo de análisis, sindicatos y patronal han acometido en el último mes importantes negociaciones bilaterales, algunas al máximo nivel. En ellas se ha fraguado el acuerdo en torno a la necesidad de potenciar la igualdad entre géneros, fomentar el empleo a tiempo parcial o adaptar el llamado modelo alemán. Éste facilitaría los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, permitiendo a los trabajadores afectados suplir con cotizaciones su rebaja salarial, y acceder a su prestación íntegra si terminan siendo despedidos. Todos coinciden, además, en que resulta prioritario actuar sobre los jóvenes, un colectivo que supera el 40% de paro. Para ello, se renovará un contrato de formación, por el que se cotizaría a la Seguridad Social y se accedería al seguro de paro. También se busca reordenar hacia los menores de 30 años el grueso de las bonificaciones al empleo. Si bien, el duro ajuste del déficit que ha iniciado el Gobierno no permitiría aumentar la inversión. Hoy por hoy, sólo 290 de los 2.850 millones de euros dedicados a políticas activas están disponibles. Los sindicatos consideran que si no hay fondos que la sustenten, la medida quedaría en papel mojado.
El nudo gordiano del acuerdo sigue estando, sin embargo, en la reducción de costes. Desde la Seguridad Social han manifestado que una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios resulta inviable en un momento en que se van a congelar las pensiones, y se abre el debate sobre el retraso de la jubilación. Desde la CEOE, sin embargo, aseguran que hay margen para reducir las cuotas si se aprovechan los montantes acumulados en el fondo de accidentes de trabajo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Éstos acumulan 3.900 y 3.500 millones de euros, respectivamente, lo que en total equivale a poco más de dos puntos de cotización por contingencias comunes durante un año. Justo la cifra que hay sobre la mesa.
El modelo austriaco
Aunque las centrales guardan severas reticencias a semejante rebaja, lo que sí gana más peso es la posibilidad de sacar adelante otro ejemplo europeo, el austriaco. Éste establece un fondo individual por despido que las empresas van engordando y los trabajadores perciben al ver rescindido el contrato. Semejante mutación de las instituciones laborales, sin embargo, parece descartada. La modalidad española podría alejarse del original y transformarse en una suerte de subvención de parte de los costes del despido, sufragada con el superávit del Fogasa. Una práctica que ya se realiza sobre el 40% del montante que las pymes gastan en rescindir contratos, y que podría beneficiar ahora también a las grandes empresas que demuestren necesitarlo.
Más estancado sigue el debate de equiparar a 33 días todas las indemnizaciones del contrato de fomento, que asciende a 45 días por año trabajado en el caso de que un despido disciplinario sea improcedente. El Gobierno está dispuesto a cubrirlo, los empresarios a ahorrárselo y a los sindicatos no les importan, siempre y cuando el afectado reciba la misma indemnización.
Otra opción, es que CC OO y UGT acepten facilitar la justificación de los despidos procedentes, cuyo coste es de 20 días por año trabajado, pero difícil de sostener ante un juez (el 80% de las sentencias dan la razón al trabajador). En cualquier caso, todas las líneas de actuación parecen centradas en hacer más atractiva la contratación indefinida, más que en penalizar la temporalidad. La negativa de la CEOE ha llevado al Gobierno a descartar su propuesta inicial de elevar las cuotas de los eventuales.
Si a lo largo de esta semana las tres partes no logran cerrar un acuerdo de mínimos sobre estos puntos, el Gobierno ha asegurado que aprobará su propio paquete por decreto ley. Un camino incierto para un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Sin el blindaje que otorgan al documento las firmas de sindicatos y patronal, el Congreso tiene vía abierta para modificar la norma mediante enmiendas. Una jugada en la que la CEOE tiene mucho que ganar dada la comunión que el PP ha manifestado con sus propuestas. Ninguna de las tres partes, sin embargo, tendría asegurado que sean sus iniciativas las que salgan adelante, en una tramitación que se alargaría, previsiblemente, hasta finales de año. Y el telón de fondo, avanzan CC OO y UGT, es que una reforma impuesta "sería motivo más que suficiente para una huelga general".
Todas las cartas, sobre la mesa
Las claves del consenso
-Modelo alemán: facilitar una rebaja de jornada y sueldo, compensando al trabajador con prestaciones, que recuperaría si es despedido.
-Empleo joven: las bonificaciones a la contratación se centrarían mayoritariamente en jóvenes y parados de larga duración.
-Plan formativo: el contrato de formación se reactivaría, para que los jóvenes sin preparación ganen experiencia mientras cotizan a la Seguridad Social.
-Igualdad sexual: la apuesta por igualar a ambos sexos acompaña diametralmente a todo el paquete de la reforma.
-Conciliación laboral: el empleo a tiempo parcial está muy por debajo de la media de la UE.
Los puntos de fricción
-Modelo austriaco: el sistema vienés de fondo individual por despido queda lejos, aunque se impone su subvención con fondos del Fogasa.
-Rebajar cotizaciones: Gobierno y sindicatos lo rechazan y la patronal pide que se haga con fondos como el Fogasa o el de accidentes.
-Abaratar costes: igualar todas las indemnizaciones por despido a 33 días en el contrato de fomento sigue enfrentando a las partes.
-Simplificar el despido: no hay consenso para simplificar el despido justificado (20 días).
-Reducir la temporalidad: CEOE rechaza penalizar la contratación eventual.
-Colocación privada: los sindicatos se niegan a equiparar las ETT con el Inem.
Dos recursos obligan al Govern a revisar su concurso de vigilancia
El Govern se ha visto obligado a rehacer el reparto del contrato marco de seguridad privada para la provincia de Barcelona después de que dos empresas interpusieran un recurso, con desigual fortuna, contra la adjudicación provisional. Los servicios técnicos del departamento descubrieron, además, que una empresa aceptada como adjudicataria no tenía acreditación empresarial vigente.
El concurso público de la seguridad privada de Barcelona representa la vigilancia de todas las dependencias públicas de la provincia. El contrato asciende a 39 millones de euros para un período de doce meses, aunque la cantidad se eleva hasta los 65 millones al sumarse la posible prórroga de seis meses que la ley europea de contratos públicos obliga a incluir.
El pasado 21 de abril, la comisión central del área de contratación acordó una adjudicación provisional que aceptaba a 24 empresas de seguridad privada dentro del acuerdo marco.
Pero dos empresas del sector, Segur Ibérica y Segurisa, que se quedaron fuera de la lista inicial de adjudicatarias, interpusieron un recurso contra la Administración por diferencias sobre la puntuación, según fuentes de la Generalitat.
Resolución
La comisión central, tras estudiar ambos casos, decidió estimar parcialmente el recurso especial de Segur Ibérica –empresa con sede en Madrid presidida por Juan Cuesta–, pero desestimó el de Segurisa –ubicada en Madrid y presidida por Enrique Sánchez González–.
Segur Ibérica logró meterse en la lista de las 24 empresas seleccionadas, en el puesto número 13. Segurisa fue una de las cuatro compañías descartadas en el concurso.
La empresa que quedó fuera en la nueva lista de seleccionadas fue Jarc Seguridad. En el documento de modificación, la comisión admite que encontró una incidencia más en la revisión de las adjudicatarias. Ésta descubrió que Jarc Seguridad no tenía permiso para trabajar. “La empresa no ha acreditado clasificación empresarial vigente, motivo por el cual no puede ser adjudicataria definitiva”, reza el documento.
La vigilancia de las dependencias de la Generalitat en la provincia de Barcelona era el último lote por repartir de toda la seguridad catalana, que suma cinco lotes, uno por provincia más otro para dependencias que requieren protocolos específicos. El valor estimado del contracto global asciende a 96 millones de euros.
El concurso público de la seguridad privada de Barcelona representa la vigilancia de todas las dependencias públicas de la provincia. El contrato asciende a 39 millones de euros para un período de doce meses, aunque la cantidad se eleva hasta los 65 millones al sumarse la posible prórroga de seis meses que la ley europea de contratos públicos obliga a incluir.
El pasado 21 de abril, la comisión central del área de contratación acordó una adjudicación provisional que aceptaba a 24 empresas de seguridad privada dentro del acuerdo marco.
Pero dos empresas del sector, Segur Ibérica y Segurisa, que se quedaron fuera de la lista inicial de adjudicatarias, interpusieron un recurso contra la Administración por diferencias sobre la puntuación, según fuentes de la Generalitat.
Resolución
La comisión central, tras estudiar ambos casos, decidió estimar parcialmente el recurso especial de Segur Ibérica –empresa con sede en Madrid presidida por Juan Cuesta–, pero desestimó el de Segurisa –ubicada en Madrid y presidida por Enrique Sánchez González–.
Segur Ibérica logró meterse en la lista de las 24 empresas seleccionadas, en el puesto número 13. Segurisa fue una de las cuatro compañías descartadas en el concurso.
La empresa que quedó fuera en la nueva lista de seleccionadas fue Jarc Seguridad. En el documento de modificación, la comisión admite que encontró una incidencia más en la revisión de las adjudicatarias. Ésta descubrió que Jarc Seguridad no tenía permiso para trabajar. “La empresa no ha acreditado clasificación empresarial vigente, motivo por el cual no puede ser adjudicataria definitiva”, reza el documento.
La vigilancia de las dependencias de la Generalitat en la provincia de Barcelona era el último lote por repartir de toda la seguridad catalana, que suma cinco lotes, uno por provincia más otro para dependencias que requieren protocolos específicos. El valor estimado del contracto global asciende a 96 millones de euros.
Salud ya recorta el servicio de seguridad privada en los centros de atención primaria
Oviedo
El ajuste que el Principado debe hacer en sus cuentas, y aunque aún está por cuantificar, ha comenzado a dejarse sentir en ciertos servicios externalizados, como es el de la seguridad privada en los centros de salud. Así, los usuarios de estos centros y algunos responsables de las empresas de seguridad contratadas por el Principado han constatado cómo se ha reducido la presencia de vigilantes en varios centros de primaria. De esta forma se ha cancelado la presencia de guardas de seguridad de forma permanente, al menos en los turnos de noche, en este tipo de equipamientos. A cambio, un solo vigilante hace rondas de centro en centro de la misma área sanitaria en coche. A la espera de conocer cuál será la cantidad que el Principado deberá recortar del Presupuesto de este año tras las medidas contra el déficit aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros, la Administración regional ya trata de contener el gasto dependiente de la Consejería de Sanidad, que es la de mayor peso en las cuentas regionales. Hasta las medidas del viernes el Principado estaba obligado a recortar 149 millones. Ahora la cifra crecerá.
El ajuste que el Principado debe hacer en sus cuentas, y aunque aún está por cuantificar, ha comenzado a dejarse sentir en ciertos servicios externalizados, como es el de la seguridad privada en los centros de salud. Así, los usuarios de estos centros y algunos responsables de las empresas de seguridad contratadas por el Principado han constatado cómo se ha reducido la presencia de vigilantes en varios centros de primaria. De esta forma se ha cancelado la presencia de guardas de seguridad de forma permanente, al menos en los turnos de noche, en este tipo de equipamientos. A cambio, un solo vigilante hace rondas de centro en centro de la misma área sanitaria en coche. A la espera de conocer cuál será la cantidad que el Principado deberá recortar del Presupuesto de este año tras las medidas contra el déficit aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros, la Administración regional ya trata de contener el gasto dependiente de la Consejería de Sanidad, que es la de mayor peso en las cuentas regionales. Hasta las medidas del viernes el Principado estaba obligado a recortar 149 millones. Ahora la cifra crecerá.
Siguen las protestas laborales
Los vigilantes del aeropuerto de Manises se han manifestado hoy contra el recorte de unos 120 euros de media en los sueldos al retirar el concepto de plus de radioscopia durante el tiempo que no permanezcan frente al escaner. Según explicaron fuentes del sindicato CSI.F, este recorte supone una "flagrante ilegalidad" por incumplir el acuerdo firmado con las anteriores empresas subcontratadas y que la actual pretende derogar.
La intención de Segurisa, actual firma encargada de la vigilancia, es bajar el salario del centenar de empleados quitando el plus por trabajar frente al escaner que vigila el contenido de los equipajes de los pasajeros antes de embarcar. "Según Segurisa, este recorte lo establece Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Desde el sindicato, sin embargo, recuerdan a la empresa que las condiciones acordadas en el anterior contrato con la empresa Eulen deben, por ley, subrogarse al nuevo pliego. "No se pueden abaratar las plicas para conseguir una adjudicación a costa de las nóminas de los trabajadores. no vamos a quedarnos quietos mientras siguen eliminándonos los pluses que necesitamos para alcanzar un salario digno", señalan.
La protesta ha discurrido frente a la terminal del aeropuerto y el bloque técnico del aeropuerto, vigilados por efectivos de la Policía Nacional.
La intención de Segurisa, actual firma encargada de la vigilancia, es bajar el salario del centenar de empleados quitando el plus por trabajar frente al escaner que vigila el contenido de los equipajes de los pasajeros antes de embarcar. "Según Segurisa, este recorte lo establece Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Desde el sindicato, sin embargo, recuerdan a la empresa que las condiciones acordadas en el anterior contrato con la empresa Eulen deben, por ley, subrogarse al nuevo pliego. "No se pueden abaratar las plicas para conseguir una adjudicación a costa de las nóminas de los trabajadores. no vamos a quedarnos quietos mientras siguen eliminándonos los pluses que necesitamos para alcanzar un salario digno", señalan.
La protesta ha discurrido frente a la terminal del aeropuerto y el bloque técnico del aeropuerto, vigilados por efectivos de la Policía Nacional.
sábado, 22 de mayo de 2010
UGT exige a la empresa de seguridad que pague los complementos a su personal
Torrelavega, 21 may (EFE).- UGT ha exigido hoy a la empresa VINSA, adjudicataria de la seguridad privada en el complejo industrial de Solvay de Barreda, el pago del plus de responsabilidad de equipo a los vigilantes más antiguos, tal y como reconoció una sentencia del Juzgado de lo Social en octubre de 2008.
En un comunicado, la Federación de Servicios del sindicato explica que los vigilantes más antiguos del servicio en Solvay prestan "desde hace mucho tiempo" las funciones propias de un responsable de equipo estipuladas en el propio convenio colectivo, porque no existen otros profesionales asignados para ello.
Esta situación ya supuso en octubre de 2008 una condena judicial a la anterior empresa encargada del servicio, Eulen Seguridad, y por ello UGT reclama el pago del correspondiente complemento económico que fue reconocido por esta sentencia del Juzgado de lo Social.
El sindicato destaca que las sentencias judiciales "están para ser cumplidas" y no para que la nueva empresa de seguridad en Solvay "omita su obligación" de pagar a sus trabajadores lo que les corresponde por convenio colectivo, al realizar "labores de coordinación y de responsabilidad", que quedó acreditado en 2008.
UGT avanzada que si la empresa "persiste en su negativa" de acatar la sentencia judicial sobre este complemento salarial, equivalente al 10% del salario base, volverá a reclamarlo por la vía judicial y llegará "hasta donde sea necesario". EFE-Cantabria 1010513
En un comunicado, la Federación de Servicios del sindicato explica que los vigilantes más antiguos del servicio en Solvay prestan "desde hace mucho tiempo" las funciones propias de un responsable de equipo estipuladas en el propio convenio colectivo, porque no existen otros profesionales asignados para ello.
Esta situación ya supuso en octubre de 2008 una condena judicial a la anterior empresa encargada del servicio, Eulen Seguridad, y por ello UGT reclama el pago del correspondiente complemento económico que fue reconocido por esta sentencia del Juzgado de lo Social.
El sindicato destaca que las sentencias judiciales "están para ser cumplidas" y no para que la nueva empresa de seguridad en Solvay "omita su obligación" de pagar a sus trabajadores lo que les corresponde por convenio colectivo, al realizar "labores de coordinación y de responsabilidad", que quedó acreditado en 2008.
UGT avanzada que si la empresa "persiste en su negativa" de acatar la sentencia judicial sobre este complemento salarial, equivalente al 10% del salario base, volverá a reclamarlo por la vía judicial y llegará "hasta donde sea necesario". EFE-Cantabria 1010513
La Policía denuncia a 16 empresas de seguridad privada por intrusismo laboral
Alicante, 21 may (EFE).- Un total de 16 empresas de seguridad privada de la provincia de Alicante han sido denunciadas por intrusismo laboral y podrían ser multadas con sanciones de hasta 600.000 euros, según fuentes de la Policía Nacional.
Las denuncias han sido realizadas por la propia Policía, que realiza periódicamente inspecciones en diferentes empresas para combatir el intrusismo en el sector de la seguridad privada.
Desde enero de 2010, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha llevado a cabo un total de 365 inspecciones en toda la provincia de Alicante.
En ellas se ha denunciado a 16 empresas dedicadas a la seguridad privada por llevar a cabo infracciones "muy graves", que comportan una sanción o multa que oscila entre los 30.000 y los 600.000 euros.
Nueve de estas compañías están ubicadas en la capital alicantina, tres en Elche y el resto se encuentran repartidas entre las poblaciones de Denia, Alcoy, Benidorm y Dolores. EFE
Las denuncias han sido realizadas por la propia Policía, que realiza periódicamente inspecciones en diferentes empresas para combatir el intrusismo en el sector de la seguridad privada.
Desde enero de 2010, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha llevado a cabo un total de 365 inspecciones en toda la provincia de Alicante.
En ellas se ha denunciado a 16 empresas dedicadas a la seguridad privada por llevar a cabo infracciones "muy graves", que comportan una sanción o multa que oscila entre los 30.000 y los 600.000 euros.
Nueve de estas compañías están ubicadas en la capital alicantina, tres en Elche y el resto se encuentran repartidas entre las poblaciones de Denia, Alcoy, Benidorm y Dolores. EFE
Los sindicatos dan un paso más hacia la huelga general
Se presenta un junio caliente para las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos. El malestar sindical por el viraje político del Gobierno crece cada día y ayer se plasmó en declaraciones con un profundo sabor a huelga general. "Probablemente" se convocará una huelga general, aseguró el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en una asamblea del sindicato en Alicante.
Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, "las huelgas se hacen cuando hay razones y hoy hay más razones que ayer", aseveró. Los máximos órganos entre congresos de ambos sindicatos se reunirán el próximo jueves por separado, aunque a la misma hora, para decidir la graduación de la respuesta de los trabajadores.
Los sindicatos están sondeando a la sociedad para tomar la decisión
Por lo pronto, Toxo ha asegurado que CCOO, "en unidad de acción con UGT, trabaja desde ya como si este país fuera a vivir huelga general", preeparados por si se dan las circunstancias para convocarla. El trabajo previo a la convocatoria del paro es la labor de campo para que los sindicatos tomen el pulso no sólo a las bases, si no también a la sociedad en general, explica Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical del mismo sindicato.
Los líderes saben que la bala de la huelga general, el arma más contundente que tiene la lucha obrera en España, no puede ser utilizada en vano. Y, por eso, como aseguraba Ferrer recientemente, se ha puesto en marcha "la máquina de engrasar" la huelga. El principal objetivo es pulsar los resortes de la opinión pública para estar seguros de que la convocatoria tendría el respaldo suficiente.
En el horizonte está la convocatoria de paro general de los funcionarios el próximo 8 de junio y, previsiblemente, una llamada a una movilización general en toda España, que puede ser la antesala a la huelga. Toxo lamentó que un paro general "no va a crear los empleos que necesita este país" y calificó de "drama" ese escenario, incluso en el caso de que fuera "necesario".
Corbacho apunta a las centrales como responsables del Diálogo Social
Reforma laboral en peligro
En el discurso de las últimas 48 horas de los sindicalistas, se aprecia además un nuevo matiz respecto al Diálogo Social. Hasta ahora, la convocatoria de la huelga general parecía estar supeditada a un "decretazo" en el mercado de trabajo, pero conforme transcurre el periodo de reflexión posterior al plan de ajuste, la justificación ya no parece necesaria. "La quiebra de confianza en el Ejecutivo se está consolidando e instalando entre nosotros", apuntó Toxo.
Ayer, precisamente, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que el hecho de que la reforma se apruebe por decreto "dependerá o no de los sindicatos".
Estas declaraciones no han sentado bien en el entorno sindical. Ferrer contestó al ministro que "no saque la pelota fuera de su campo. Si realmente quiere beneficiar al proceso de negociación, debería estimular la negociación y no hablar de imposiciones". El plazo para cerrar un pacto en el Diálogo Social es mayo, pero los negociadores se han enzarzado en los temas más espinosos de la propuesta del Gobierno; esto es, modelos de contratación y causas del despido.
La semana que viene están previstas reuniones a diario, con el fin de acelerar el proceso, que en los últimos tiempos se estaba desarrollando de forma bilateral entre patronal y sindicatos. Sobre la mesa está la posibilidad de que el Gobierno utilice el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para subvencionar el coste del despido en algunos contratos. También está la peliaguda cuestión de aclarar qué es un despido objetivo, un punto en el que la patronal quiere añadir nuevos supuestos.
Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, "las huelgas se hacen cuando hay razones y hoy hay más razones que ayer", aseveró. Los máximos órganos entre congresos de ambos sindicatos se reunirán el próximo jueves por separado, aunque a la misma hora, para decidir la graduación de la respuesta de los trabajadores.
Los sindicatos están sondeando a la sociedad para tomar la decisión
Por lo pronto, Toxo ha asegurado que CCOO, "en unidad de acción con UGT, trabaja desde ya como si este país fuera a vivir huelga general", preeparados por si se dan las circunstancias para convocarla. El trabajo previo a la convocatoria del paro es la labor de campo para que los sindicatos tomen el pulso no sólo a las bases, si no también a la sociedad en general, explica Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical del mismo sindicato.
Los líderes saben que la bala de la huelga general, el arma más contundente que tiene la lucha obrera en España, no puede ser utilizada en vano. Y, por eso, como aseguraba Ferrer recientemente, se ha puesto en marcha "la máquina de engrasar" la huelga. El principal objetivo es pulsar los resortes de la opinión pública para estar seguros de que la convocatoria tendría el respaldo suficiente.
En el horizonte está la convocatoria de paro general de los funcionarios el próximo 8 de junio y, previsiblemente, una llamada a una movilización general en toda España, que puede ser la antesala a la huelga. Toxo lamentó que un paro general "no va a crear los empleos que necesita este país" y calificó de "drama" ese escenario, incluso en el caso de que fuera "necesario".
Corbacho apunta a las centrales como responsables del Diálogo Social
Reforma laboral en peligro
En el discurso de las últimas 48 horas de los sindicalistas, se aprecia además un nuevo matiz respecto al Diálogo Social. Hasta ahora, la convocatoria de la huelga general parecía estar supeditada a un "decretazo" en el mercado de trabajo, pero conforme transcurre el periodo de reflexión posterior al plan de ajuste, la justificación ya no parece necesaria. "La quiebra de confianza en el Ejecutivo se está consolidando e instalando entre nosotros", apuntó Toxo.
Ayer, precisamente, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que el hecho de que la reforma se apruebe por decreto "dependerá o no de los sindicatos".
Estas declaraciones no han sentado bien en el entorno sindical. Ferrer contestó al ministro que "no saque la pelota fuera de su campo. Si realmente quiere beneficiar al proceso de negociación, debería estimular la negociación y no hablar de imposiciones". El plazo para cerrar un pacto en el Diálogo Social es mayo, pero los negociadores se han enzarzado en los temas más espinosos de la propuesta del Gobierno; esto es, modelos de contratación y causas del despido.
La semana que viene están previstas reuniones a diario, con el fin de acelerar el proceso, que en los últimos tiempos se estaba desarrollando de forma bilateral entre patronal y sindicatos. Sobre la mesa está la posibilidad de que el Gobierno utilice el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para subvencionar el coste del despido en algunos contratos. También está la peliaguda cuestión de aclarar qué es un despido objetivo, un punto en el que la patronal quiere añadir nuevos supuestos.
jueves, 20 de mayo de 2010
El juez condena a Prosegur a devolver 27,5 millones de euros a la masa de la quiebra de Esabe Express
El Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid ha condenado a Prosegur Compañía de Seguridad a devolver 27,5 millones de euros a la masa de la quiebra de la compañía de seguridad privada Esabe Express, que se declaró insolvente en 1992, según el hecho relevante enviado por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La aseguradora tenía registrada una provisión por este litigio de 9,8 millones de euros en sus cuentas anuales a 31 de diciembre de 2009 y confirmó que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.
De los 27,5 millones que el juez le obliga a devolver, 13 millones de euros corresponden al principal y el resto son los intereses legales de dicha suma desde el día 4 de febrero de 1992.
Prosegur informó también a la CNMV de que hasta que no haya sentencia firme en contra, la compañía aún cuenta con la posibilidad de recuperar cerca de 9,9 millones de euros del procedimiento de quiebra de la aseguradora.
La demanda la presentó la Sindicatura de la Quiebra de Esabe Express contra Prosegur, Alarmselskabet Dansikrig y Securitas, en la que acusaba a Prosegur de beneficiarse frente a los demás acreedores por los 12 millones de euros de deuda que cobró de Securitas.
Securitas pagó 70 millones de euros por Esabe cuando estaba en situación de quiebra y asumió los 12 millones de euros que la aseguradora insolvente debía a Prosegur. Securitas asumió en marzo de 2009 el pago de 15 millones de euros en créditos fiscales y pagos pendientes por la quiebra de Esabe.Las mujeres vigilantes pisan fuerte en el sector
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA
Rosa Casanova, de 42 años, es administrativa. La dura crisis económica que azota el país se ha cebado en su hogar al igual que en el de miles de familias de la ciudad y la provincia. Lleva dos años en paro y no piensa detenerse en su empeño de lograr un empleo y sacar adelante a su familia.
Por eso decidió ampliar su formación y sus conocimientos realizando un curso de vigilante de seguridad promovido y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga. Dio este paso porque además empezó a trabajar como auxiliar de seguridad y su propia empresa se lo solicitó. «Pero ahora no hay hueco», explica. Divorciada con dos hijos de 14 y 12 años, gracias a este curso ha logrado una oferta de empleo, pero en Valencia. «Creo que al final me iré», comenta.
Y es que la mujer está pisando fuerte en el sector, expresó ayer en la entrega de diplomas la coordinadora provincial del IAM, Pilar Oriente. «La mujer se está incorporando a este trabajo con más facilidad que a otros empleos masculinizados. En España existen 10.000 vigilantes de seguridad mujeres, lo que supone el 12% del total», resalta.
Para Oriente se valora el trabajo de las féminas como vigilantes porque quizás la población piensa que hay que resolver conflictos «con potencia física», pero, sin embargo, «todos los profesionales están de acuerdo en que la misión fundamental es la prevención y el uso de la negociación». «Se valora la actitud conciliadora y mediadora de la mujer vigilante», indica.
Las participantes
Una veintena de mujeres, todas ellas residentes en la provincia de Málaga han realizado el V Curso de Vigilantes de Seguridad, promovido y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer, cuyo objetivo principal es la obtención del diploma homologado por el Ministerio del Interior para presentarse a las pruebas de selección de vigilantes de seguridad, y poder superarlas con éxito. Muchas de ellas, de hecho, ya las han superado, como es el caso de Rosa Casanova, que ya es vigilante. Concretamente han sido 19 las alumnas que han realizado el curso y 13 las que ya se han presentado al examen y lo han superado.
El curso, con un total de 180 horas lectivas, consta de una parte teórica y otra práctica y se ha
desarrollado en el Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento de Málaga. Han recibido nociones en protección, ética, deontología, atención al cliente y defensa personal, entre otras materias.
Las nuevas diplomadas en vigilancia y seguridad tienen edades comprendidas entre los 18 y 54 años y cuentan con el graduado escolar o estudios equivalentes. Oriente comenta además que tras este título pueden seguir avanzando y creciendo especializándose como escoltas, trabajando en el escáner o ascender a jefas de seguridad. «Intentaremos seguir ofreciendo esa especialización», sentenció.
Oriente dijo que en las dos primeras ediciones del curso el cien por cien de las mujeres lograron un empleo y que en los dos siguientes se alcanzó el 80% de inserción laboral. La coordinadora admitió que en esta ocasión es más «difícil» por la crisis
Rosa Casanova, de 42 años, es administrativa. La dura crisis económica que azota el país se ha cebado en su hogar al igual que en el de miles de familias de la ciudad y la provincia. Lleva dos años en paro y no piensa detenerse en su empeño de lograr un empleo y sacar adelante a su familia.
Por eso decidió ampliar su formación y sus conocimientos realizando un curso de vigilante de seguridad promovido y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga. Dio este paso porque además empezó a trabajar como auxiliar de seguridad y su propia empresa se lo solicitó. «Pero ahora no hay hueco», explica. Divorciada con dos hijos de 14 y 12 años, gracias a este curso ha logrado una oferta de empleo, pero en Valencia. «Creo que al final me iré», comenta.
Y es que la mujer está pisando fuerte en el sector, expresó ayer en la entrega de diplomas la coordinadora provincial del IAM, Pilar Oriente. «La mujer se está incorporando a este trabajo con más facilidad que a otros empleos masculinizados. En España existen 10.000 vigilantes de seguridad mujeres, lo que supone el 12% del total», resalta.
Para Oriente se valora el trabajo de las féminas como vigilantes porque quizás la población piensa que hay que resolver conflictos «con potencia física», pero, sin embargo, «todos los profesionales están de acuerdo en que la misión fundamental es la prevención y el uso de la negociación». «Se valora la actitud conciliadora y mediadora de la mujer vigilante», indica.
Las participantes
Una veintena de mujeres, todas ellas residentes en la provincia de Málaga han realizado el V Curso de Vigilantes de Seguridad, promovido y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer, cuyo objetivo principal es la obtención del diploma homologado por el Ministerio del Interior para presentarse a las pruebas de selección de vigilantes de seguridad, y poder superarlas con éxito. Muchas de ellas, de hecho, ya las han superado, como es el caso de Rosa Casanova, que ya es vigilante. Concretamente han sido 19 las alumnas que han realizado el curso y 13 las que ya se han presentado al examen y lo han superado.
El curso, con un total de 180 horas lectivas, consta de una parte teórica y otra práctica y se ha
desarrollado en el Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento de Málaga. Han recibido nociones en protección, ética, deontología, atención al cliente y defensa personal, entre otras materias.
Las nuevas diplomadas en vigilancia y seguridad tienen edades comprendidas entre los 18 y 54 años y cuentan con el graduado escolar o estudios equivalentes. Oriente comenta además que tras este título pueden seguir avanzando y creciendo especializándose como escoltas, trabajando en el escáner o ascender a jefas de seguridad. «Intentaremos seguir ofreciendo esa especialización», sentenció.
Oriente dijo que en las dos primeras ediciones del curso el cien por cien de las mujeres lograron un empleo y que en los dos siguientes se alcanzó el 80% de inserción laboral. La coordinadora admitió que en esta ocasión es más «difícil» por la crisis
miércoles, 19 de mayo de 2010
Los serenos vuelven a Sestao el próximo lunes
Ayuntamiento | Seguridad
Los serenos vuelven a Sestao el próximo lunes
- Controlarán el alumbrado público, mobiliario urbano o vehículos estacionados
El próximo lunes comenzarán a patrullar de noche las calles de Sestao 28 serenos, que hoy han comenzado su formación. Décadas después de su desaparición, los nuevos serenos tendrán entre sus quehaceres el control del alumbrado público, el mobiliario urbano o los vehículos estacionados.
Si detectan desperfectos o consideran necesaria la presencia de la policía, una ambulancia o los bomberos, se pondrán en contacto con estos servicios a través de una emisora. Su presencia en la calle será disuasoria y no se les pide intervenir directamente en conflictos, sino dar parte a las autoridades competentes. Serán visibles con un uniforme reflectante similar al empleado actualmente por los vigilantes.
Su horario de trabajo será de diez de la noche a ocho de la mañana, de lunes a domingo, con una semana de trabajo y otra de descanso. De esta manera se garantiza la presencia en la calle de 14 personas, que patrullarán en parejas y se dividirán el municipio en siete barrios. Según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad, la iniciativa forma parte del "Plan +Euskadi 2009" del Gobierno vasco, y se trata de una experiencia piloto que además de aportar "nuevo elementos de seguridad" a las calles busca "mejorar la convivencia" y "aumentar la calidad de vida" de los sestaotarras, en palabras del alcalde, José Luis Marcos Merino.
Siguiendo los criterios del Ejecutivo, la elección de los serenos se ha centrado en desempleados de Sestao que no percibían prestación contributiva de desempleo. Finalmente, han sido 18 chicos y 10 chicas las seleccionadas. Se les ha exigido un mínimo de formación de graduado en secundaria y formación de vigilante de seguridad privada (170 horas de curso certificado por un centro autorizado).
Marcos Merino añade que "será un grupo cercano a la ciudadanía, que estará atento a situaciones de emergencia, pero no sólo a delitos, sino también a accidentes, enfermedades, etc., de manera que se preste un servicio directo a la gente".
El regidor ha explicado que la iniciativa se basa en una experienca similar vigente en Gijón desde 1988 y que "funciona con éxito gracias al apoyo de los comerciante y de la ciudadanía en general". "Creemos que hemos aprendido de los errores que se han cometido en otros lugares y que aquí puede funcionar", ha aseverado.
Problema con el convenio de seguridad privada
El convenio colectivo de vigilantes de seguridad en el ámbito nacional es una verdadera porquería porque el sueldo real del vigilante de seguridad es de 965.00 Euros al mes menos los descuentos y para ganar un sueldo digno hay que echar muchísimas horas extras que las pagan a 7.41 Euros, la hora festiva 0.83 Euros, la hora nocturna 1.04 Euros.
Peligrosidad: en muchos compañeros es de 22.50 Euros. Yo creo que ya está bien de abusar de los trabajadores de seguridad que cobran menos que una señora de la limpieza.
Espero que esto sirva para que los señores de los representantes sindicales vean que los compañeros de seguridad privada en general estamos hartos de tantas mentiras y que no tengamos un convenio colectivo en condiciones y digno para poder vivir. Pero no vivir para trabajar al no poder estar muchísimas veces con nuestras familias porque hay que trabajar para poder comer y vivir todos los días.
Peligrosidad: en muchos compañeros es de 22.50 Euros. Yo creo que ya está bien de abusar de los trabajadores de seguridad que cobran menos que una señora de la limpieza.
Espero que esto sirva para que los señores de los representantes sindicales vean que los compañeros de seguridad privada en general estamos hartos de tantas mentiras y que no tengamos un convenio colectivo en condiciones y digno para poder vivir. Pero no vivir para trabajar al no poder estar muchísimas veces con nuestras familias porque hay que trabajar para poder comer y vivir todos los días.
Una banda de ladrones se hacía pasar por vigilantes de seguridad
El grupo desarticulado en la Vega Baja escondía en un zulo el botín, las herramientas y las ropas usadas en los robos
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Uno de los registros tuvo lugar en un bar de La Mata, en Torrevieja, donde cada día se reunían los intregrantes de la banda LOINO
La operación ejecutada la pasada semana por la Guardia Civil, que se saldó con la detención en la Vega Baja de cinco ciudadanos albaneses, integrantes de una banda de "butroneros" que habían asaltado empresas y viviendas en Alicante, Murcia, Almería y Granada, escondía, el botín en diversos "zulos" excavados en solares, según dio a conocer ayer el instituto armado.
La actuación, denominada "Sapo", ha determinado que los detenidos cuentan con más de cien antecedentes policiales y se les considera autores de más de una veintena de robos con fuerza, mediante el sistema "butrón", que consiste en penetrar en propiedades ajenas agujereando las paredes. Las detenciones se produjeron la pasada semana en Torrevieja cuando la banda regresaba de realizar un reconocimiento para elegir empresas susceptibles de ser asaltadas, según explicó ayer la Guardia Civil en una nota. En la operación también han sido imputadas otras cuatro personas por prestar labores de apoyo y cobertura a la organización delictiva, que estaba asentada en varias urbanizaciones de Torrevieja y en las playas de Orihuela, donde fingían ser empleados nocturnos de empresas para pasar desapercibidos entre los vecinos.
Polígonos
Según la Guardia Civil, los integrantes de la banda cada día y después de reunirse en un bar próximo a su lugar de residencia, en la pedanía torrevejense de la Mata, se desplazaban a polígonos industriales de Alicante, Murcia, Almería o Granada para efectuar un reconocimiento. La banda estudiada las medidas de seguridad de los edificios, el grosor de las paredes que perforar, las alarmas y las vías de escape en caso de ser descubiertos, tras lo cual regresaban a sus domicilios. Y, la noche siguiente, se desplazaban a varios zulos cercanos a su lugar de residencia donde se vestían con ropa oscura y recogían todo el material necesario para hacer el butrón. Tras el golpe, regresaban a sus domicilios, pasando previamente de nuevo por los zulos donde depositaban el material y el botín obtenido. Al cabo de unos días lo retiraban, dándole salida en el mercado negro a través de receptadores o mediante envíos de dinero o paquetería a Albania. Las mujeres de la organización, encargadas de la logística, les daban cobertura alquilando las viviendas, envíando dinero o con contravigilancias. En los seis registros domiciliarios en Torrevieja y Orihuela se ha intervenido efectos como herramientas, material electrónico e informático, documentación, dinero en metálico, joyas, inhibidores de frecuencia y radiotransmisores para bloquer las alarmas de las naves.
El delegado del Gobierno destaca la importancia económica y ciudadana que desempeñan las empresas de seguridad privada
El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, destacó hoy, en la Fiesta de la Seguridad privada, la importancia económica de este sector, que reúne a 46 empresas en Cantabria, de las que 20 se dedican especialmente a la vigilancia y la protección, y que acogen a 1.150 hombres y mujeres que llevan a cabo las labores profesionales de vigilantes de seguridad.
Ibáñez también explicó que las empresas de seguridad cuidan de 1.213 puntos que tienen que adoptar obligatoriamente medidas de seguridad, como bancos y cajas de ahorro, joyerías, gasolineras, farmacias, administraciones de lotería, bingos y locales con máquina de juego y tiendas de antigüedades.
Asimismo destacó que los vigilantes de seguridad colaboraron el año pasado en 937 ocasiones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente con el 091 y los coches radio patrulla. Esas actuaciones preventivas dieron lugar a que su participación fuera primordial en 184 actuaciones frente a hechos delictivos o de carácter humanitario.
El delegado del Gobierno manifestó que su presencia en la Fiesta de la Seguridad supone el "reconocimiento institucional del Gobierno de España" hacia los hombres y mujeres que trabajan en este ámbito y su importancia como colaboradores "necesarios" en el mantenimiento de la seguridad colectiva de los ciudadanos.
Agustín Ibáñez señaló que uno de los aspectos que contribuyen a la política integral de seguridad es la mejora de la coordinación y la búsqueda de nuevos cauces de colaboración con otras instituciones y con aquellas empresas que han hecho de la gestión de la seguridad privada su principal actividad profesional.
También afirmó que se han dado pasos muy importantes en la permanente colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales y las empresas de seguridad privada "y eso permite mantener los altos niveles de seguridad ciudadana de que disfruta Cantabria, una de las Comunidades Autónomas más seguras del país", subrayó.
Por último indicó que estos niveles de seguridad ciudadana, son "fiel reflejo" del trabajo y del compromiso así como del esfuerzo personal de los agentes de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local y de todos aquellos que trabajan en empresas de seguridad privada.
lunes, 17 de mayo de 2010
Homenaje al escolta muerto al chocar con un coche robado por un ex convicto
vitoria. José Luis Barbón Fernández, el escolta fallecido el pasado domingo día 9 cuando su coche fue arrollado, en la carretera N-102, a cinco kilómetros de Vitoria, por un vehículo de la Policía Municipal de Miranda de Ebro (Burgos) que conducía un ex convicto, será homenajeado mañana en la capital alavesa.
Según informó a través de un comunicado la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles acogerá a las 18.00 horas una misa en honor del escolta de seguridad privada, "al que le fue arrebatada vilmente la vida", manifestaron desde el colectivo. Al finalizar la misa, dicha asociación le impondrá la Cruz de Caballero de Santiago a título póstumo, "en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional", añadieron.
Los hechos ocurrieron cuando el ex convicto, que también falleció en el accidente, se hizo con el coche policial tras lanzar contra los agentes que le trataban de detener a su perro de pelea, de raza pitbull. El protagonista del dramático suceso fue un hombre de 43 años, con 18 antecedentes penales, que huía de las fuerzas de seguridad desde Miranda tras una riña en un bar.
En esa carrera, logró apropiarse del vehículo policial con el que circuló en dirección contraria por la citada vía, una maniobra que acabó de la peor manera posible. Los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados y perdieron la vida, sin que nada pudieran hacer los medios desplazados hasta el lugar.
Hay que vigilarlo todo: ya roban para comer´
ALBERTO MAGRO. PALMA. El individuo no tiene nada especial. Ni alto, ni bajo. Ni gordo, ni flaco. Ni luce traje, ni viste andrajos. Es solo un hombre de raza blanca y pelo castaño de unos treinta años que mira con impaciencia contenida la cola del supermercado. Como todos: es la hora de comer, el momento de las prisas. Con el reloj frisando las dos, el hambre aprieta y aún hay que pagar, llegar a casa, cocinar y zampar casi sin masticar antes de volver pitando al trabajo. De ahí los agobios de las cajeras del supermercado más concurrido de la calle Manacor y el aparente estrés de clientes como el individuo que no tiene nada especial, que en un instante pierde la condición de cliente y se gana la de especial. Sin cambiar de expresión empieza a caminar despacio hacia la salida. Una cajera levanta la mirada y la posa sobre el pan, los embutidos y la cerveza que lleva en brazos: "Perdone, señor...", se arranca la empleada, que da el pistoletazo de salida: el tipo antes anodino salta cual gacela y desaparece a la carrera con su pan y sus viandas sin que la alarma emita el mínimo quejido. No hay alarmas en el pan y el chorizo, aunque no habrían servido de nada contra semejante galope.
Una dependienta grita y otra se asoma corriendo a la puerta, mientras la cajera que dio el alto mantiene la calma. Da aviso y con aplomo de veterana curtida en años de hurtos graves y choriceos menores se dirige al siguiente en la cola, el que escribe y firma: "Últimamente pasa mucho. No da tiempo a nada. Algunos vuelven a los pocos días", resume sin ser preguntada la cajera habitual al cliente habitual, que unos días después encuentra algo no habitual en su supermercado predilecto: un vigilante de seguridad franquea el paso en la puerta por la que se esfumó el individuo que parecía normal y salió por piernas con material para unos bocatas.
Robar o no comer, esa es la cuestión. Son los efectos secundarios de una crisis que obliga a poner alarmas en el pan y el chorizo. Porque aunque las cifras de criminalidad del Ministerio del Interior digan que los robos y hurtos han bajado durante los dos años que van de recesión –de 14,3 casos por cada mil habitantes a 12,8–, la percepción en los negocios es bien distinta. También lo son los datos de las empresas de distribución comercial, que han visto cómo los productos robados pasaban del 1,25% de la facturación al 1,69%, un fuerte incremento que explica a su vez la proliferación de medios preventivos en una actividad que pierde 1.280 millones al año por fallos de seguridad, según los datos de la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), que agrupa a 24.500 empresas del sector.
Blindarte o que te roben es para ellas la cuestión. Lo confirma Miguel Ramírez, responsable comercial de una de las firmas de seguridad con más arraigo en la isla, Mevisa: "Ha aumentado el uso de sistema antihurto, sobre todo en la alimentación. Ahora hay que vigilarlo todo: la gente ya roba para comer. Saben que el cajero no puede enfrentarse a ellos. Y hay algunos muy descarados, que salen con el carro por la puerta y a ver quién les para". De ahí los vigilantes y el resto de la parafernalia, que tiene más intención disuasoria que abortiva. "Hay muchos niveles de seguridad, pero por poco dinero es posible instalar cámaras y alarmas con potencial disuasorio. Con 800 euros tienes un sistema bueno y con 350 puedes empezar a protegerte", aclaran en otra de las grandes empresas de seguridad de la isla, Trablisa, que no detecta mayor demanda, pero sí mayor necesidad de seguridad.
Lo denunciaban en días pasados en Diario de Mallorca comerciantes de todo tipo, a los que la crisis y sus apreturas han convertido en víctimas habituales de hurtos mayores y menores. A los golpes de antes, basados en el lucro goloso que dan los productos de lujo, se suman los palos de ahora, nacidos en la necesidad de muchas familias que se la juegan para salir adelante sin euros. Para unos y otros son los arcos de seguridad, opción tan extendida como vulnerable: desde hace años los ladrones saben que una bolsa con el interior forrado de aluminio basta para inhibir la señal de alarma e irse de rositas.
Aunque no siempre es así. "Ya hay detectores que avisan cuando hay gran cantidad de metal en una bolsa, para evitar eso", avisa Ramírez, que habla de la proliferación de ingenios que no evitan el robo, pero sí que el delincuente lo repita: "En las tiendas de ropa se usan dispositivos que manchan y estropean la prenda cuando se intenta arrancar la alarma. Pero así te roban igual", analiza el experto en seguridad, que antes que el potencial destructivo de la tinta prefiere las virtudes disuasorias de las videocámaras.
Sobre todo cuando el ladrón ya está en la empresa, algo que es más habitual de los que cabría pensar: según los informes de Aecoc, el 28% de los robos se gestan en la propia plantilla de los establecimientos, una cifra gruesa que gracias a las cámaras ha adelgazado. "Sin ellas sería muy difícil vigilar 24 horas al día", aclara el responsable de Mevisa, que confiesa que las necesidades de las empresas se multiplican. "Antes se vigilaban solo zonas delicadas de productos de más valor, como las bebidas alcohólicas, pero ahora hay que controlar las neveras, la charcutería, los embutidos...".
Cosas del hambre, que alimenta los robos y agudiza el ingenio. Y de qué manera. Las historias de quienes se dedican a la seguridad dejan claro que vigilantes y ladrones invierten lo mismo en I+D. "Cuando sale el virus, ya hay antivirus, e incluso antivirus para el antivirus", bromea el especialista de Mevisa. Por eso no se sorprende con ninguna técnica: ni con los cambios de etiqueta para abaratar el precio, ni con arrancamientos de alarmas en los probadores, ni con clientes que entran vestidos con un pantalón y se van con tres puestos, clásicos de ayer y hoy que conviven con chorizadas que rozan lo hilarante.
Es el caso de cacos cazados con una langosta fresca en el doble fondo del abrigo. O ladrones-ingenieros que fabrican un falso tetra break para rellenarlo de iPods y pasarlo por caja a precio de leche en un paquete de doce envases. O la historia del inocente travieso que cuando pita el arco se muestra sorprendido y enseña una alarma que ha cogido "sin saber lo que era", ocultando con la broma que lleva la mochila repleta de ropa robada. O la treta del matrimonio de los dos carros: llegan a caja en pareja con dos carros y cuando la cajera empieza a pasar los productos del segundo, el marido se va con el primero con la excusa de ir metiéndolo en el coche mientras la esposa espera hasta que pasa toda la compra, momento en el que ella alega que el marido tiene la cartera y dice ir a buscarle. El resto ya lo suponen. O no, porque el sistema aún funciona. Como funcionan métodos tan arcaicos como saltarse las alarmas huyendo por la salida de emergencia o corriendo por la puerta del supermercado con un pan y un chorizo. Es robar o no comer. Vigilar o ser robado.
Una dependienta grita y otra se asoma corriendo a la puerta, mientras la cajera que dio el alto mantiene la calma. Da aviso y con aplomo de veterana curtida en años de hurtos graves y choriceos menores se dirige al siguiente en la cola, el que escribe y firma: "Últimamente pasa mucho. No da tiempo a nada. Algunos vuelven a los pocos días", resume sin ser preguntada la cajera habitual al cliente habitual, que unos días después encuentra algo no habitual en su supermercado predilecto: un vigilante de seguridad franquea el paso en la puerta por la que se esfumó el individuo que parecía normal y salió por piernas con material para unos bocatas.
Robar o no comer, esa es la cuestión. Son los efectos secundarios de una crisis que obliga a poner alarmas en el pan y el chorizo. Porque aunque las cifras de criminalidad del Ministerio del Interior digan que los robos y hurtos han bajado durante los dos años que van de recesión –de 14,3 casos por cada mil habitantes a 12,8–, la percepción en los negocios es bien distinta. También lo son los datos de las empresas de distribución comercial, que han visto cómo los productos robados pasaban del 1,25% de la facturación al 1,69%, un fuerte incremento que explica a su vez la proliferación de medios preventivos en una actividad que pierde 1.280 millones al año por fallos de seguridad, según los datos de la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), que agrupa a 24.500 empresas del sector.
Blindarte o que te roben es para ellas la cuestión. Lo confirma Miguel Ramírez, responsable comercial de una de las firmas de seguridad con más arraigo en la isla, Mevisa: "Ha aumentado el uso de sistema antihurto, sobre todo en la alimentación. Ahora hay que vigilarlo todo: la gente ya roba para comer. Saben que el cajero no puede enfrentarse a ellos. Y hay algunos muy descarados, que salen con el carro por la puerta y a ver quién les para". De ahí los vigilantes y el resto de la parafernalia, que tiene más intención disuasoria que abortiva. "Hay muchos niveles de seguridad, pero por poco dinero es posible instalar cámaras y alarmas con potencial disuasorio. Con 800 euros tienes un sistema bueno y con 350 puedes empezar a protegerte", aclaran en otra de las grandes empresas de seguridad de la isla, Trablisa, que no detecta mayor demanda, pero sí mayor necesidad de seguridad.
Lo denunciaban en días pasados en Diario de Mallorca comerciantes de todo tipo, a los que la crisis y sus apreturas han convertido en víctimas habituales de hurtos mayores y menores. A los golpes de antes, basados en el lucro goloso que dan los productos de lujo, se suman los palos de ahora, nacidos en la necesidad de muchas familias que se la juegan para salir adelante sin euros. Para unos y otros son los arcos de seguridad, opción tan extendida como vulnerable: desde hace años los ladrones saben que una bolsa con el interior forrado de aluminio basta para inhibir la señal de alarma e irse de rositas.
Aunque no siempre es así. "Ya hay detectores que avisan cuando hay gran cantidad de metal en una bolsa, para evitar eso", avisa Ramírez, que habla de la proliferación de ingenios que no evitan el robo, pero sí que el delincuente lo repita: "En las tiendas de ropa se usan dispositivos que manchan y estropean la prenda cuando se intenta arrancar la alarma. Pero así te roban igual", analiza el experto en seguridad, que antes que el potencial destructivo de la tinta prefiere las virtudes disuasorias de las videocámaras.
Sobre todo cuando el ladrón ya está en la empresa, algo que es más habitual de los que cabría pensar: según los informes de Aecoc, el 28% de los robos se gestan en la propia plantilla de los establecimientos, una cifra gruesa que gracias a las cámaras ha adelgazado. "Sin ellas sería muy difícil vigilar 24 horas al día", aclara el responsable de Mevisa, que confiesa que las necesidades de las empresas se multiplican. "Antes se vigilaban solo zonas delicadas de productos de más valor, como las bebidas alcohólicas, pero ahora hay que controlar las neveras, la charcutería, los embutidos...".
Cosas del hambre, que alimenta los robos y agudiza el ingenio. Y de qué manera. Las historias de quienes se dedican a la seguridad dejan claro que vigilantes y ladrones invierten lo mismo en I+D. "Cuando sale el virus, ya hay antivirus, e incluso antivirus para el antivirus", bromea el especialista de Mevisa. Por eso no se sorprende con ninguna técnica: ni con los cambios de etiqueta para abaratar el precio, ni con arrancamientos de alarmas en los probadores, ni con clientes que entran vestidos con un pantalón y se van con tres puestos, clásicos de ayer y hoy que conviven con chorizadas que rozan lo hilarante.
Es el caso de cacos cazados con una langosta fresca en el doble fondo del abrigo. O ladrones-ingenieros que fabrican un falso tetra break para rellenarlo de iPods y pasarlo por caja a precio de leche en un paquete de doce envases. O la historia del inocente travieso que cuando pita el arco se muestra sorprendido y enseña una alarma que ha cogido "sin saber lo que era", ocultando con la broma que lleva la mochila repleta de ropa robada. O la treta del matrimonio de los dos carros: llegan a caja en pareja con dos carros y cuando la cajera empieza a pasar los productos del segundo, el marido se va con el primero con la excusa de ir metiéndolo en el coche mientras la esposa espera hasta que pasa toda la compra, momento en el que ella alega que el marido tiene la cartera y dice ir a buscarle. El resto ya lo suponen. O no, porque el sistema aún funciona. Como funcionan métodos tan arcaicos como saltarse las alarmas huyendo por la salida de emergencia o corriendo por la puerta del supermercado con un pan y un chorizo. Es robar o no comer. Vigilar o ser robado.
Sólo faltaron los porteros
Las mismas frases que el rapero cordobés Faeloh pronunciaba en el vídeo que colgó en Youtube y que han sido reproducidas en 433.458 ocasiones, como “los zapatos son el progreso”, fueron jaleadas una y otra vez por parte de casi un millar de personas convertidas en seguidores por un día de este joven mediático. La calle Cruz Conde mostró una imagen inusual, puesto que el entrar y salir de los clientes de las numerosas tiendas de este céntrico punto de la ciudad o el corretear de los pequeños disfrutando de una tarde de sábado soleada, quedó relegado a un segundo plano a causa del llamamiento a los porteros y a su tratamiento de la imagen de los clientes en los establecimientos de ocio realizado por Faeloh. Aunque, finalmente fueron los porteros los únicos que no asistieron a la cita.
La masa de personas, que llegó incluso a colapsar el tráfico de esta transitada vía, consiguió que Faeloh sintiera el éxito rotundo de su convocatoria, dada a conocer a través de un vídeo en Youtube y posteriormente con eco en Facebook. A la cita tampoco faltaron medios de comunicación tanto locales como nacionales que no paraban de perseguir al joven para conocer cómo se sentía ante la afluencia mayoritaria de personas a las puertas de la tienda de ropa, en la que éste pretendía que los vigilantes de seguridad hicieran por unas horas de personal shopper. “Los porteros deben comprender que las zapatillas de deporte entran dentro de nuestra estética y que por ello no tienen derecho a impedirnos el acceso a sus locales”, apuntaba Faeloh. Tanto para él como para el resto de asistentes a la cita, es totalmente “humillante” que los porteros de discoteca cada fin de semana impidan el acceso de decenas de jóvenes tan solo por el peinado, por llevar pendientes o por los zapatos.
Con el paso de los minutos el ambiente se caldeó y los gritos eran más reivindicativos. Los jóvenes ponían su puño al aire al grito de “Faeloh eres nuestro héroe” o “queremos entrar en la discoteca con zapatillas”. Llamamientos ante los que Faeloh no quedaba impasible sino que corría de un lado para otro de la calle para agradecer a todos sus “fans” el que estuvieran allí con él apoyándole en la causa que había iniciado. Aunque, tal y como él confirmaba, la situación llegó a escapársele de las manos.
Pero a pesar de que ningún portero se atrevió a asistir a la cita con el mediático joven, Faeloh adelantó que su lucha “no quedará aquí”, ya que tiene previsto protagonizar más actos de similar calado durante las próximas semanas. “Siento un apoyo total de todos los que hoy han venido aquí, y por ellos voy a seguir luchando para que todo esto no se quede en la nada”.
La masa de personas, que llegó incluso a colapsar el tráfico de esta transitada vía, consiguió que Faeloh sintiera el éxito rotundo de su convocatoria, dada a conocer a través de un vídeo en Youtube y posteriormente con eco en Facebook. A la cita tampoco faltaron medios de comunicación tanto locales como nacionales que no paraban de perseguir al joven para conocer cómo se sentía ante la afluencia mayoritaria de personas a las puertas de la tienda de ropa, en la que éste pretendía que los vigilantes de seguridad hicieran por unas horas de personal shopper. “Los porteros deben comprender que las zapatillas de deporte entran dentro de nuestra estética y que por ello no tienen derecho a impedirnos el acceso a sus locales”, apuntaba Faeloh. Tanto para él como para el resto de asistentes a la cita, es totalmente “humillante” que los porteros de discoteca cada fin de semana impidan el acceso de decenas de jóvenes tan solo por el peinado, por llevar pendientes o por los zapatos.
Con el paso de los minutos el ambiente se caldeó y los gritos eran más reivindicativos. Los jóvenes ponían su puño al aire al grito de “Faeloh eres nuestro héroe” o “queremos entrar en la discoteca con zapatillas”. Llamamientos ante los que Faeloh no quedaba impasible sino que corría de un lado para otro de la calle para agradecer a todos sus “fans” el que estuvieran allí con él apoyándole en la causa que había iniciado. Aunque, tal y como él confirmaba, la situación llegó a escapársele de las manos.
Pero a pesar de que ningún portero se atrevió a asistir a la cita con el mediático joven, Faeloh adelantó que su lucha “no quedará aquí”, ya que tiene previsto protagonizar más actos de similar calado durante las próximas semanas. “Siento un apoyo total de todos los que hoy han venido aquí, y por ellos voy a seguir luchando para que todo esto no se quede en la nada”.
La consellería sigue sin atender la petición de un vigilante
Las gestiones realizadas por el gobierno municipal de Ponteceso, ante la Consellería de Sanidade, para dotar al PAC de un vigilante de seguridad, del que sí disponen otros centros similares en algunas localidades gallegas, siguen sin dar resultados.
Según informó ayer el alcalde, José Luis Fondo Aguiar, no han tenido ninguna contestación por parte de la Xunta y las posibilidades de que se atienda la reclamación en un espacio corto de tiempo son remotas.
Los problemas en el centro no se limitan a los fines de semana. El jueves, un paciente que acudió al servicio de urgencias en un evidente estado de embriaguez formó un altercado que obligó a los trabajadores a llamar a la Guardia Civil. En general, toda la comunidad sanitaria, incluidos los técnicos del 061, sufren las molestias derivadas de la falta de seguridad y piden que la consellería tome medidas antes de que se produzca algún daño realmente grave e irreparable.
jueves, 13 de mayo de 2010
Lo despiden por gastar 7.300 euros en llamadas y huye con la caja
Un ex vigilante de seguridad del puerto deportivo de Baiona aceptó ayer por conformidad una multa de 675 euros por gastarse 7.353 euros en llamadas privadas con el teléfono de la empresa y seis meses de prisión por robar 1.200 euros de la caja de caudales tras ser despedido por el despilfarro.
La vista por conformidad se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, en la que Jesús R.S. reconoció los hechos a cambio de una rebaja en las penas que pedía la fiscal.
Los hechos se remontan a septiembre del 2006 cuando el acusado entró a trabajar como guardia de seguridad en Servicio Securitas. Su responsable le entregó en custodia las llaves de la caja de caudales y un teléfono de empresa que servía para hacer llamadas de emergencias o conectar con la central de alarmas.
El empleado lo usó para otros fines. Durante los dos siguientes meses, hizo numerosas llamadas a teléfonos de tarificación adicional, cuyo coste es superior al de un abonado. Ninguna compañía telefónica lo incluye en su régimen de tarifa plana, por lo que el abonado debe asumir su coste a mayores. Se trata de números que empiezan por 905, para servicios de televoto y llamadas masivas, 803 para contactos, eróticos y servicios para adultos, 806 para ocio y entretenimiento. tarot o concursos de televisión u otros medios y 807 para servicios de psicólogos on line o médicos.
Tras ser descubierto, el ex guarda fue a la oficina a recoger sus cosas y, como tenía las llaves, se llevó 1.200 euros de la caja de caudales. El acuerdo con el fiscal se pudo alcanzar una vez que el acusado accedió a devolver las cantidades sustraídas.
La vista por conformidad se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, en la que Jesús R.S. reconoció los hechos a cambio de una rebaja en las penas que pedía la fiscal.
Los hechos se remontan a septiembre del 2006 cuando el acusado entró a trabajar como guardia de seguridad en Servicio Securitas. Su responsable le entregó en custodia las llaves de la caja de caudales y un teléfono de empresa que servía para hacer llamadas de emergencias o conectar con la central de alarmas.
El empleado lo usó para otros fines. Durante los dos siguientes meses, hizo numerosas llamadas a teléfonos de tarificación adicional, cuyo coste es superior al de un abonado. Ninguna compañía telefónica lo incluye en su régimen de tarifa plana, por lo que el abonado debe asumir su coste a mayores. Se trata de números que empiezan por 905, para servicios de televoto y llamadas masivas, 803 para contactos, eróticos y servicios para adultos, 806 para ocio y entretenimiento. tarot o concursos de televisión u otros medios y 807 para servicios de psicólogos on line o médicos.
Tras ser descubierto, el ex guarda fue a la oficina a recoger sus cosas y, como tenía las llaves, se llevó 1.200 euros de la caja de caudales. El acuerdo con el fiscal se pudo alcanzar una vez que el acusado accedió a devolver las cantidades sustraídas.
Castellano: “La seguridad privada es un elemento esencial para garantizar el bienestar de los ciudadanos”
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha destacado que “en colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad privada constituye siempre un elemento esencial para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos”.
En este sentido, Castellano ha señalado que “no hay política de seguridad más efectiva que aquella fundamentada en los principios de coordinación y colaboración y así, desde la Conselleria de Gobernación, la política en materia de seguridad no ha sido otra que una política dialogante y de colaboración, siempre desde la lealtad institucional, y así vamos a seguir trabajando”.
El conseller, durante su intervención en la celebración del 3er Día de la Seguridad Privada en la Comunitat, ha dado la enhorabuena al personal de empresas de seguridad y a directivos y jefes de seguridad de diferentes empresas, cuya trayectoria y carrera profesional ha sido reconocida a través de las 178 distinciones y menciones honoríficas que durante este día se han entregado.
“Garantizar la seguridad de los ciudadanos –ha continuado la Serafín Castellano– es obligación de todas las administraciones, y creo que con el esfuerzo y las aportaciones de todos en una misma dirección podemos resolver los desafíos de la sociedad actual y encontrar las soluciones adecuadas para mejorar nuestro sistema de seguridad. Para ello resulta primordial que se adopten las medidas oportunas para solucionar los problemas a los que cada día se enfrenta el sector de la seguridad privada”.
“Los cambios económicos y sociales siguen marcando la dinámica de los tiempos que corren. Y ante esta nueva realidad, es necesario por parte de todos los responsables políticos trabajar en la adopción de soluciones a los nuevos retos que esta transformación social produce”, ha concluido el conseller de Gobernación
En este sentido, Castellano ha señalado que “no hay política de seguridad más efectiva que aquella fundamentada en los principios de coordinación y colaboración y así, desde la Conselleria de Gobernación, la política en materia de seguridad no ha sido otra que una política dialogante y de colaboración, siempre desde la lealtad institucional, y así vamos a seguir trabajando”.
El conseller, durante su intervención en la celebración del 3er Día de la Seguridad Privada en la Comunitat, ha dado la enhorabuena al personal de empresas de seguridad y a directivos y jefes de seguridad de diferentes empresas, cuya trayectoria y carrera profesional ha sido reconocida a través de las 178 distinciones y menciones honoríficas que durante este día se han entregado.
“Garantizar la seguridad de los ciudadanos –ha continuado la Serafín Castellano– es obligación de todas las administraciones, y creo que con el esfuerzo y las aportaciones de todos en una misma dirección podemos resolver los desafíos de la sociedad actual y encontrar las soluciones adecuadas para mejorar nuestro sistema de seguridad. Para ello resulta primordial que se adopten las medidas oportunas para solucionar los problemas a los que cada día se enfrenta el sector de la seguridad privada”.
“Los cambios económicos y sociales siguen marcando la dinámica de los tiempos que corren. Y ante esta nueva realidad, es necesario por parte de todos los responsables políticos trabajar en la adopción de soluciones a los nuevos retos que esta transformación social produce”, ha concluido el conseller de Gobernación
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