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lunes, 28 de junio de 2010
VALOR HORAS EXTRAS
sábado, 26 de junio de 2010
Un camión articulado y un furgón de transporte de caudales chocan en la N-432
Á. R. | Actualizado 26.06.2010 - 01:00
La carretera N-432 se convirtió ayer en el escenario de un nuevo accidente de circulación. Una persona falleció y otras tres resultaron heridas como consecuencia de un choque frontal entre un camión articulado y un furgón de transporte de caudales a la altura del kilómetro 295 de la citada vía, a la entrada de la barriada periférica de Santa Cruz. Fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil informaron de que el siniestro se produjo cuando uno de los dos vehículos implicados, por causas que se desconocen, penetró en el carril contrario, lo que provocó una colisión frontoangular.
El furgón acorazado de caudales, en el que viajaban tres personas, salió despedido de la calzada. El conductor y dos de los ocupantes resultaron heridos, mientras que un tercer vigilante jurado que viajaba en su interior falleció por la gravedad de sus lesiones, informó el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112. La confusión de los primeros momentos tras el siniestro llevó a algunos testigos a alertar de que se había producido una salida de vía de consecuencias desconocidas, sin advertir la implicación del camión articulado, cuyo conductor también resultó herido.
Al lugar del suceso se trasladaron equipos médicos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y expertos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que trabajaron a contrarreloj para liberar a los ocupantes del vehículo de seguridad y que extrajeron sin vida el cuerpo de un varón de 47 años. Las labores de rescate se prolongaron desde las 15:15 hasta las 16:38, cuando los bomberos intervinientes regresaron al parque de la avenida de los Custodios.
Tras prestar los primeros auxilios en el lugar del suceso, el 061 trasladó a los tres heridos hasta el Hospital Universitario Reina Sofía, donde ingresaron en la unidad de traumatología. Fuentes del complejo sanitario detallaron que uno de ellos, de 42 años, fue dado de alta en torno a las 19:00 con erosiones en los miembros superiores y una contusión en el costado izquierdo. Los otros dos lesiones, de 41 y 59 años, fueron sometidos a diversas pruebas para concretar la entidad de sus heridas.
El mes de junio está siendo especialmente trágico para las carreteras de la provincia. El día 9 falleció el conductor de un camión de mercancías peligrosas en la cuesta del Espino y el día 3 un joven de 31 años falleció en la A-45 en La Carlota. La N-432 no escapa a esta funesta estadística. El pasado día 7, dos personas fallecieron como consecuencia de un choque frontal que se produjo en el kilómetro 213 de la citada vía, en el término municipal de Espiel. En el mismo punto, ya perdió la vida una joven (y cuatro personas resultaron heridas) en otro choque frontal en el año 2007, mientras que en 2005 también se produjo en el mismo sitio otra colisión con una vehículo de alto tonelaje en la que perdieron la vida tres miembros de una misma familia.
jueves, 24 de junio de 2010
Tragedia ferroviaria en Barcelona
Diez vigilantes iban a entrar de servicio en la estación siete minutos después del accidente
Su objetivo era controlar las avalanchas que se producen en la noche de San Juan
JESÚS DUVA - Madrid - 24/06/2010
Diez vigilantes de RENFE iban a entrar en servicio en la estación de Casteldefells Playa apenas siete minutos después de que se produjera el accidente que por el momento ha causado la muerte a 12 personas. La misión de este equipo de seguridad, que entraba a trabajar a las 23.30, era controlar la avalancha de ciudadanos que suele producirse todos los años en ese punto tras la celebración de la noche de San Juan. El ministro de Fomento, José Blanco, que ya se encuentra en la localidad barcelonesa, ha manifestado a su llegada que la estación cumple con la normativa de seguridad vigente. "Todo parece indicar -ha afirmado Blanco- que este accidente se ha cometido por imprudencia saltando a las vías del tren sin pasar por el paso, algo prohibido".
Tragedia ferroviaria en Castelldefels
FOTOS - - 24-06-2010
Paso subterráneo. Un grupo de personas camina por el paso subterráneo en Castelldefels. El alcalde de la localidad, Joan Sau, ha asegurado que si se hubiese usado "no estaríamos hablando de esta tragedia".-
- Tragedia ferroviaria en Castelldefels - Paso subterráneo
- Tragedia ferroviaria en Castelldefels - Triste tragedia
- Tragedia ferroviaria en Castelldefels - Las huellas del choque
- Tragedia ferroviaria en Castelldefels - Una flor en las vías
- Tragedia ferroviaria en Castelldefels - Cerrado el paso a nivel
- Tragedia ferroviaria en Castelldefels - Traslado
La noticia en otros webs
"Sabemos lo que ocurre todos los años y ya teníamos previsto esta operación, ya que de madrugada hay mucha gente eufórica o ebria", según un directivo del organismo ferroviario. En el momento de producirse la tragedia, en la estación había "algún vigilante" de RENFE y un número no concretado de agentes de los Mossos d'Esquadra, con lo que se consideraba que era suficiente.
El paso subterráneo (vídeo) por el que las víctimas que deberían haber pasado de un lado a otro de las vías estaba "perfectamente iluminado" y con los ascensores que suben a los andenes en "perfecto estado de funcionamiento", lo que hace difícilmente explicable por qué las víctimas se lanzaron a cruzar los raíles.
La investigación abierta por RENFE ha determinado que el maquinista del tren que arrolló a las víctimas circulaba en ese momento a 139 kilómetros por hora, según ha determinado la caja negra de la locomotora. En ese punto, el convoy está autorizado a rodar a un máximo de 150 kilómetros. La caja negra también ha revelado que el conductor realizó al aproximarse a la estación las señales acústicas (los pitidos) establecidos por la normativa. Y, además, el maquinista fue sometido después del accidente a una prueba de tóxicos que arrojó resultado negativo: "dio cero en todo", afirma un directivomiércoles, 23 de junio de 2010
funciones y tareas a realizar por los vigilantes de seguridad en un determinado establecimiento industrial,
Con carácter previo al análisis de la cuestión planteada en el escrito de referencia, debe señalarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a los derechos de los ciudadanos, en relación con el artículo 4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativo al principio de servicio a los ciudadanos, que las Administraciones Públicas, en función de sus disponibilidades, habrán de proporcionar información y orientación a los ciudadanos acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que impongan las disposiciones vigentes, auxiliarles en la redacción formal de documentos administrativos y proporcionarles información de interés general por medios telefónicos, informáticos o telemáticos.
En consecuencia, si bien la labor de asesoramiento que corresponde a esta Secretaría General Técnica, de acuerdo con el artículo 10.2.a) del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica de este Ministerio, se circunscribe a los órganos del propio Departamento, en virtud del deber general de colaboración con los ciudadanos que corresponde a la Administración, se viene dando respuesta a las peticiones de informe que se formulan sobre asuntos de la competencia de este Ministerio.
Ahora bien, los informes o respuestas que emite este Centro Directivo tienen un carácter meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos antes citado y, obviamente, nada tienen que ver con los informes preceptivos a que se refieren los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con el procedimiento de elaboración de leyes y reglamentos.
Asimismo, debe señalarse que, como norma general, cualquier consulta o petición dirigida a una Unidad de este Ministerio deberá formularse, bien mediante escrito dirigido y remitido por correo ordinario a la Unidad de que se trate, bien mediante correo electrónico a través de la página web del Departamento (estafeta@mir.es).
En cuanto a las cuestiones concretas que se suscitan en el escrito de consulta, cabe efectuar las siguientes consideraciones:
Sin entrar a analizar pormenorizadamente cada contrato suscrito por las empresas de seguridad con sus clientes, ni las condiciones concretas en que se materializa la prestación de cada servicio en particular (como horarios y frecuencia de las rondas de vigilancia), cuestiones que pertenecen al ámbito de las relaciones contractuales, puede decirse que, con carácter general, las funciones de los vigilantes de seguridad son las establecidas en el artículo 71 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.
Ahora bien, cabe poner de relieve que tanto la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, como su Reglamento de desarrollo, contienen descripciones genéricas de las funciones que corresponden a los vigilantes de seguridad, pero no contemplan -por constituir objeto de la normativa laboral sectorial- las tareas específicas en que tales funciones se concretan, lo cual dificulta en muchos casos la exacta determinación de cuáles de ellas deben ser desempeñadas por personal de seguridad y cuáles otras, precisamente por no ser de seguridad privada, pueden y deben ser desarrolladas por personal distinto de aquél.
En principio, y como criterio general, puede señalarse que la correcta aplicación de la legislación de seguridad privada pasaría por reservar al personal de seguridad privada estrictamente las funciones de vigilancia y seguridad activa de bienes y personas -diurna y nocturna- y el control de sistemas de seguridad; entendiéndose por vigilancia y seguridad activa aquélla que incluye la posibilidad de repeler cualquier agresión al bien que se vigila.
Asimismo, ha de entenderse, en buena lógica, que la vigilancia nocturna ha de estar reservada al personal de seguridad privada, por cuanto en tales circunstancias podrían requerirse potestades específicas en orden a la represión de posibles agresiones a la seguridad de los bienes y personas.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, considerando la Disposición Adicional Tercera de la Ley 23/1992, de 30 de julio, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y las concretas funciones que corresponden al personal de seguridad privada -en particular los artículos 71, 72, 76 y 77 del Reglamento de Seguridad Privada-, se podrían, a grandes rasgos, señalar como tareas que corresponde realizar al personal de seguridad privada en relación con la vigilancia y custodia de personas y bienes, las siguientes:
a) El control de accesos cuando existan mecanismos de seguridad incorporados contra la comisión de infracciones o se trate de limitar la entrada de determinadas personas.
b) El control de sistemas de seguridad contra la comisión de delitos y faltas (si los hubiera), incluyendo las siguientes actuaciones:
- Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones de seguridad para la prevención de delitos y faltas.
- Vigilancia y control desde los medios técnicos que constituyen sistemas de seguridad contra delitos y faltas.
- Transmisión de la información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad referentes a las situaciones advertidas por los mencionados sistemas de seguridad.
c) La vigilancia y seguridad de los bienes y de las personas que se encuentren en los inmuebles o establecimientos, con posibilidad de represión, incluyendo las siguientes actuaciones:
- Identificación de personas.
- Retención de personas, si fuera absolutamente necesario, poniéndolas inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Registros, aun cuando únicamente en supuestos de indicios de comisión de actos delictivos.
- Expulsión de personas por incumplimiento de las normas propias del establecimiento.
- Intervención en supuestos de actos vandálicos, atraco, intrusión, etc., y puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de tales hechos.
- Especial atención, de carácter complementario, en la organización y control de la evacuación de visitantes.
Estas funciones deberán realizarse por vigilantes de seguridad, debidamente habilitados e integrados en empresas de seguridad, los cuales, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras funciones (artículo 12 de la Ley 23/1992, de 30 de julio).
Por contraposición a lo anterior, existen una serie de funciones que, como norma general, por ser ajenas a las de seguridad privada, no deberían ser realizadas por vigilantes de seguridad, como son las que se refieren, entre otras, a la comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones generales que no sean de seguridad; el control, en su caso, a través de medios técnicos de los sistemas de mantenimiento (calderas, instalaciones eléctricas, etc.) que no sean de seguridad; el control del ambiente (temperatura, humedad, etc.); el control de agentes exteriores tales como insectos, microorganismos, etc.; y el control de los sistemas antiincendios.
Tal es lo que deriva de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y Primera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en base a las cuales quedan fuera del ámbito de aplicación del la normativa de seguridad privada una serie de actividades que serán realizadas por personal distinto del de seguridad privada, no integrado en empresas de seguridad y que puede ser contratado directamente por los titulares de los inmuebles. Entre dichas actividades figuran las siguientes:
a) Las de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones, y de gestión auxiliar, realizadas en edificios particulares por porteros, conserjes y personal análogo.
b) En general, la comprobación y control del estado de calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, para garantizar su funcionamiento y seguridad física.
c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de fábricas, plantas de producción de energía, grandes centros de procesos de datos y similares.
d) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de control de entradas, documentos o carnés privados, en cualquier clase de edificios o inmuebles.
Dichas actividades, al no ser de seguridad privada, deben ser realizadas por personal distinto del de seguridad privada y ello, fundamentalmente, porque el personal de seguridad privada, por imperativo legal y reglamentario, no puede dedicarse a otras funciones que no sean las propias de seguridad que tiene legal y reglamentariamente atribuidas.
Por su parte, el artículo 70 del Reglamento de Seguridad Privada, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, dispone lo siguiente:
“1. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones.
No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad.
Las funciones de escolta privado, vigilante de explosivos y detective privado son incompatibles entre sí y con las demás funciones de personal de seguridad privada, aún en los supuestos de habilitación múltiple. Tampoco podrá compatibilizar sus funciones de seguridad privada, salvo los jefes de seguridad, con el ejercicio de otra actividad dentro de la empresa en la que realicen sus servicios”.
Respecto al apartado primero del artículo trascrito, esta Secretaría General Técnica ha venido considerando que el mismo no se refiere tanto a un supuesto de incompatibilidad legal para el desempeño de dos puestos de trabajo, como a la exclusividad en el desarrollo de las funciones que se tienen atribuidas mientras se están materialmente desempeñando.
Efectivamente, se establece que los vigilantes -cabe entender también que sus especialidades de escoltas privados y de vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas-, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios (esto es, dentro de la empresa usuaria de los servicios de seguridad), se dedicarán exclusivamente a la seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones. Ello significa que, durante el tiempo de prestación de servicios para el que haya sido contratado el vigilante de seguridad por la empresa o entidad usuaria, no puede desempeñar en la misma otras funciones –de cualquier naturaleza- que no sean las propias de vigilancia y seguridad que le corresponden.
En este sentido, cabe interpretar que la vigente normativa de seguridad privada lo que pretende es garantizar que no se produzca menoscabo o disminución de la eficacia de las funciones específicas de vigilancia, seguridad y protección que los vigilantes de seguridad tienen encomendadas. De ahí que se prohíba la prestación simultánea (ejercicio en el mismo período de tiempo de dos actividades) de funciones de seguridad privada y otras distintas a éstas.
Tras la modificación efectuada por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, y con el fin de contribuir a paliar el intrusismo en el sector de la seguridad privada, se introdujo el siguiente párrafo en el artículo 70 del Reglamento de Seguridad Privada: “No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad”.
Pues bien, puesto que la norma exige que se trate de actuaciones “directamente relacionadas con aquélla (la función de seguridad) e imprescindibles para su efectividad”, podrían considerarse comprendidas entre tales actuaciones las de comprobación de daños personales y materiales producidos, la persecución de delincuentes sorprendidos en flagrante delito, la prestación de auxilio a posibles víctimas, la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con los equipos de emergencia, la evacuación de heridos, etc.
En conclusión, sin perjuicio de que pueda admitirse una cierta discrecionalidad en cuanto a determinados puestos de trabajo que, consistentes en la custodia ordinaria relacionada básicamente con las normas de funcionamiento del establecimiento, pudieran ser asignadas a personal auxiliar o propio de los establecimientos o a personal de seguridad privada, en atención a determinadas circunstancias, puede decirse que los aspectos diferenciadores de uno y otro personal se fundamentan básicamente en tres parámetros:
1. La naturaleza de las actividades que realizan que, en el caso de las excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, no van encaminadas a la prevención de delitos y faltas.
2. La no exigencia de que el personal al que se refiere al Disposición Adicional Primera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, esté integrado en empresas de seguridad, requisito que, sin embargo, sí se exige para los vigilantes de seguridad.
3. Las circunstancias en que deben prestarse los servicios que, en el caso de los vigilantes de seguridad, habrán de desempeñarse en el interior de los edificios e inmuebles, portando el uniforme y los distintivos reglamentarios, así como, en su caso, las armas previstas en la normativa de seguridad privada.
Informe sobre el servicio de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones particulares
domingo, 20 de junio de 2010
Cientos de trabajadores de los sectores de limpieza, recogida de basuras, ayuda a domicilio, seguridad privada y jardinería se concentraron desde las
Cientos de trabajadores de los sectores de limpieza, recogida de basuras, ayuda a domicilio, seguridad privada y jardinería se concentraron desde las 12.30 horas de hoy en la madrileña Puerta del Sol para protestar contra el recorte del 15 por ciento en el contrato que el Ayuntamiento de Madrid mantiene con las concesionarias de estos servicios.
Un día antes de que comience la huelga indefinida de recogida de basuras por este recorte y en declaraciones a Europa Press Televisión, la secretaria general de Actividades Diversas de Madrid de Comisiones Obreras (CC.OO.), Isabel Rodríguez, reprochó que "hoy por primera vez en muchos años" la Puerta del Sol se tiñe de rojo por "la sangre de los trabajadores que el alcalde quiere derrochar y tirar por los suelos".
Con esta concentración, Rodríguez apuntó que comienza "una lucha en la ciudad que se extenderá al resto de municipios de la Comunidad de Madrid si Ruíz-Gallardón -alcalde de Madrid- no cambia su política" y apuntó que cada operario de recogida de basura "recoge 40 toneladas al día", por lo que aún con servicios mínimos recogida de basura cada 48 horas, los turistas encontrarán "basura en la calle".
En este sentido se pronunció el miembro del comité de CC.OO de recogida de basuras de Madrid, Ángel Llantino, quien afirmó que "cuando pasen cuatro días de huelga se llegará a una acumulación tal que será un peligro impresionante para los ciudadanos".
Por último, el secretario del sector servicios de Madrid de UGT, Moisés Torres, relató que el ánimo de los trabajadores es de descontento "total" pues supone un despido de "120 puestos directos" en recogida de basura y en limpieza de la capital y "más de 750" de todo el sector. "Vamos a luchar con uñas y dientes", zanjó.
Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, señaló que los trabajadores "no tienen la culpa de la crisis" y, por tanto, "no deben ser objeto de recortes". "Desde IU vamos a defender siempre sus salarios y sus puestos de trabajo, ya que esto es un disparate que no compartimos", indicó.
UGT denuncia despidos en Prosegur mientras se hacen horas extras
La crisis también está pasando factura a la seguridad privada. Jaime Roca, delegado de UGT en Prosegur, una de las principales empresas del sector que emplea en Aragón unas 800 personas, denuncia que hay menos carga de trabajo y que la dirección en lugar de buscar soluciones imaginativas y repartir las horas que hay, prefiera optar por los despidos objetivos en algunos centros, mientras que en otros se acumulan las horas extras. "No sirve que unos trabajadores no lleguen a jornada y otros en el mismo mes realicen horas extras, eso es mala organización", critica, a la vez que pide que pongan en práctica la flexibilidad de la que tanto se habla: "Que reduzcan la jornada pero que no despidan".
El delegado de UGT pone el ejemplo concreto del centro comercial Aragonia: "Allí nos han reducido unas 7.000 horas que tenían contratadas con Prosegur, lo que significa la salida de siete vigilantes, aunque a tres de ellos les han recolocado, pero a los otros cuatro les han aplicado el despido objetivo con 20 días por año. Además de este caso, ha habido otros dos empleados más afectados por despidos objetivos a finales de mayo. Jaime Roca entiende que esta tendencia a recortar puestos de trabajo se puede frenar: "Exijo a la empresa que tenga imaginación y más en estos momentos".
Y recuerda que si desde UGT no hubieran trabajado a fondo estos últimos años por conseguir el quinto turno en Prosegur y un calendario en los centros, 40 ó 45 profesionales de la seguridad privada no estarían actualmente trabajando. "Si se consiguió hace unos años mantener empleo, ahora es todavía una necesidad mayor, por eso, hay que repartir el trabajo y si en algunos centros como TVE o Alcampo, todavía hay compañeros que generan horas extraordinarias, evitarlas y meter a otra persona". Bajo su punto de vista es esencial que la empresa se siente a negociar y realmente apueste por la flexibilidad y no por el despido objetivo.
Redistribución del trabajo
Jaime Roca piensa que "no tiene ningún sentido despedir a 26 vigilantes en mayo y contratar a 29 en junio temporalmente para que se hagan cargo durante tres meses de las piscinas municipales del Parque Deportivo Ebro".
Por último, este delegado de UG pide a los compañeros que si reciben una carta de Prosegur para explicarles el déficit de jornada que tienen y comprometerles a que si al final de año no han recuperado dicho déficit se les pueda descontar las horas que deben de su salario que no la firmen porque "asumirían los errores de la empresa como propios".
miércoles, 16 de junio de 2010
Muere una mujer herida en disturbios por huelgas en el Mundial
"Tengo que informales que uno de nosotros, herido el lunes por un disparo, murió en el hospital de Addington", dijo uno de los guardias a sus compañeros en huelga, destacó DPA.
La policía, sin embargo, no confirmó por el momento esa información. Según su versión, los disturbios del lunes dejaron cuatro heridos leve por disparos con balas de goma.
La protesta de los guardias de una empresa de seguridad privada, que reclaman un aumento salarial, comenzó tras el partido entre Alemania y Australia en Durban. La policía disolvió la concentración con gases lacrimógenos y proyectiles de goma.
Violentos habituales
El 80% de las agresiones las cometen las mismas personas, denuncia el CESM, el sindicato de médicos • Los profesionales son más vulnerables de noche y en los pueblos
Así reza el eslogan de la Consejería de Sanidad contra las agresiones al personal de Sacyl.
Valdivielso
I. Elices / Burgos
Luchar contra las agresiones no resulta sencillo, «porque siempre hay personas con predisposición a la violencia». Fernando García Picón, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Burgos, admite que «una parte de los casos que se dan son difíciles de detectar». Por ello, en su opinión, la Administración debe seguir empleando recursos para mejorar las medidas preventivas.
A su juicio, todo esfuerzo en pos de la seguridad «está muy bien». Pero pone en entredicho la eficacia de algunos de los sistemas que más se están aplicando. De los timbres antipánico dice que «mejor esto que nada», pero «el problema es quién acude a la llamada y cuánto tarda». Y es que hay ocasiones en que la agresión «se produce en segundos, y entonces el timbre ya no sirve de nada».
En su opinión el dispositivo que más resultados da es el de los vigilantes de seguridad. En su opinión, «no solo los servicios de urgencias de los hospitales deberían estar dotados de estos profesionales, sino también los centros de salud». Su presencia es «la medida más eficaz, porque la gente se lo piensa dos veces si tiene que enfrentarse a un vigilante», afirma.
De las cámaras de seguridad critica que valen de muy poco a priori. «Valen para identificar al agresor ante la Policía o como prueba ante un juzgado, pero no sirven para repeler ni disuadir a nadie», señala García Picón.
El presidente del CESM describe una circunstancia curiosa. La mayor parte de las agresiones son programadas. No es que sean premeditadas, «pero sí se ven venir». «El 80% de las agresiones son cometidas por las mismas personas, pero si no hay nadie para impedirlo, van a volver a hacerlo», se lamenta. Contra lo que la mayoría pueda pensar, «las agresiones debido a un calentón son las menos».
Algo que contribuye a reducir las agresiones no tiene que ver con los dispositivos de seguridad. Se trata de las últimas sentencias judiciales, que están condenando a los autores a penas de cárcel. «El hecho de que se impongan penas graves, es muy importante», agrega.
También lo es que el personal afectado ponga la denuncia. Aunque en algunos casos resulte difícil. Y es que en algunos pueblos, muchos agresores amenazan a los profesionales con el típico «sé dónde vives», por lo que muchos no se arriesgan a ir al juzgado.
La mayor parte de las agresiones se producen de noche, en el momento en que el que el personal sanitario «es más vulnerable». «Se aprovechan de que hay menos gente para defenderte», indica. En los centros de salud de los pueblos, «están muy expuestos». «Un médico y un enfermero tienen que lidiar toda la noche con cualquiera que acuda con una presunta dolencia; y vete tu a saber si van a allí a resolver algún conflicto surgido en consulta por la mañana», se pregunta.
Los datos
47 incidentes relacionados con las agresiones en 2009.
69 profesionales estuvieron implicados en una agresión.
87 denuncias en Castilla y León para 408 agresiones.
61% de los casos son agresiones verbales.
21% de las agresiones son de carácter físico.
18% de los casos son de violencia psicológica.
Protesta de vigilantes por intrusismo laboral
No sólo guardianes
No son policías, pero muchas veces también desempeñan su labor. Se topan con vándalos, atienden a ancianos con lipotimia, rescatan a suicidas en el metro... Los vigilantes de seguridad hacen de todo, y la Jefatura Superior de Policía de Cataluña se lo agradeció ayer en un acto en el que se entregaron 239 menciones honoríficas.
Una la recibió Sofía, que trabajaba como vigilante en el Camp Nou y que hoy está en silla de ruedas con una pierna con tornillos. Quizás no podrá volver a andar y todo porque un descerebrado lanzó una bengala durante la semifinal de Champions entre Barçae Inter que explotó en la pierna de la joven. "Quizás no vuelva a andar y no podré volver a trabajar como vigilante", explicaba ayer a ADN Sofía. La Policía la galardonó con una mención honorífica, como a Carlos, que a principios de año salvó a una joven que andaba sin rumbo por las vías del metro y la rescató de su novio, que llevaba una navaja entre sus manos. Y como a Ricardo, que liberó a una muchacha que iba a ser violada por un grupo de jóvenes en las inmediaciones de las discotecas de Cornellà.
Al acto asistió Guardia Civil y Urbana, pero ningún portavoz de Mossos. En Cataluña hay más de 10.000 vigilantes y 170 empresas de seguridad.
domingo, 13 de junio de 2010
Huelga en PROSEGUR (Francia)
viernes, 11 de junio de 2010
Nace la Asociación de Empresas de Seguridad Aesab
La seguridad
Asaltan un chalé armados con pistolas y vuelven al día siguiente a recuperar una cartera olvidada
Cuatro encapuchados asaltaron a punta de pistola un chalé en El Ejido la madrugada del martes y regresaron apenas 24 horas después para recuperar una cartera de su propiedad olvidada y hacer un nuevo registro de las piezas de la vivienda a las que no habían accedido el día anterior, a pesar de que el propietario había denunciado ya el robo a la Guardia Civil.
Los asaltantes registraron el primer día en profundidad la planta baja del chalé, tras amenazar con pistolas a los dos vigilantes, de nacionalidad marroquí, que se encontraban en un solar contiguo a la vivienda, puesto que el dueño estaba de viaje en Barcelona.
El único miembro de la banda que les habló lo hizo en árabe dialectal, y llegó a apuntarles en la cabeza con su arma para obligarles a encerrarse en una caseta de obra y, a continuación, forzar la puerta de entrada del chalé, destrozar la alarma, que no llegó a sonar, y acceder a su interior, donde permanecieron durante varias horas en la madrugada, según Luis Fernández Moreno, propietario de la casa y de la empresa de compraventa de automóviles Auto Balerma, situada a pocos metros.
Una vez dentro del chalé, los cuatro encapuchados hicieron un minucioso registro en busca, expresamente, de dinero y joyas, pues dejaron televisores, equipos de música e incluso el coche del dueño, un BMW de gran valor, aparcado en el recinto de la casa, aunque sí se llevaron sus llaves.
Luis Fernández está convencido de que sabían perfectamente lo que querían, sobre todo dinero. Para ello destrozaron muebles, rajaron colchones y sillones, y llegaron a abrir las tapas de la instalación eléctrica, en las lámparas, los respiradores del aire y los desagües de bañeras.
Curiosamente, ni siquiera intentaron forzar la caja fuerte, después de que en un robo anterior, el pasado agosto, consiguieran abrirla sin encontrar en ella dinero. Aunque apenas consiguieron 300 euros en metálico, se apoderaron de joyas y otros artículos, como relojes, valorados en más de 12.000 euros.
El propietario presentó el martes por la mañana una denuncia ante la Guardia Civil y decidió dormir ese día en un hotel de Valencia, esperando que los agentes entraran en el chalé para tomar huellas y recoger pistas, por lo quiso mantener la vivienda tal cual la habían dejado los asaltantes, incluso con la puerta principal abierta, tras ser forzada, entendiendo que se encontraba bajo custodia de la Benemérita.
Cuál no fue su sorpresa cuando en la madrugada del martes al miércoles recibió la llamada por teléfono de uno de los vigilantes, diciéndole que los encapuchados habían vuelto y que habían llegado a disparar al aire para encerrarle de nuevo en un camión.
Los atracadores entraron de nuevo impunemente a la casa. «Cogieron una cartera negra que les pertenecía y que se habían dejado olvidada, porque no era mía, y quienes entraron en la casa por la mañana la vieron en el suelo de una habitación», dice Fernández.
No obstante, los encapuchados aprovecharon esta segunda visita para «reventar» la puerta de la segunda planta y registrarla también, algo que no habían hecho la noche anterior. Los primeros agentes de la Policía Judicial de la Benemérita acudieron para tomar huellas la mañana de ayer jueves, dos días después del primer robo.
Luis Fernández se lamenta de la impunidad con que actuaron los ladrones y de la alarmante falta de seguridad en la zona desde hace unos meses. «Hasta el pasado mes de agosto no había sufrido ningún atraco, pese a que tengo el negocio desde 1990, pero desde ese mes me han robado siete veces en la empresa, siete coches, y tres en la casa», afirma.
Nueva sede para los vigilantes municipales
Este nuevo espacio está situado contiguo al almacén municipal y cuenta con 250 metros cuadrados. La sede consta de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las labores del cuerpo de vigilancia.
Para el primer edil "esta es una nueva apuesta por la seguridad ciudadana de Punta Umbría, porque hasta ahora el trabajo desarrollado por nuestros vigilantes es magnífico e imprescindible en cuestiones de información, prevención y seguridad". Rodríguez Nevado señalaó que "los propios vigilantes han colaborado en la adecuación de las dependencias y han trabajado junto al personal de almacén".
En la actualidad este cuerpo de vigilancia cuenta con 10 trabajadores, que presumiblemente sea ampliado en próximas fechas de cara al verano.
El alcalde de Punta Umbría manifestó que "se trabaja a fondo en seguridad, de hecho el cuerpo de la Policía Local ha aumentado su plantilla un 50 por ciento desde nuestra llegada al equipo de gobierno".
Las nuevas instalaciones cuentan con vestuario, una sala multifuncional, despacho, sala de reuniones, sala de formación, recepción y el almacén. Además, prestan servicios con dos vehículos y dos motocicletas.
CCOO DENUNCIA QUE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA HA REDUCIDO SERVICIOS DE VIGILANCIA
Según el Responsable de Seguridad Privada del sindicato, Juan José Robles (CCOO) no se pueden consentir este tipo de situaciones ya que no sólo afectan a los trabajadores y trabajadoras sino que puede poner en riesgo la calidad del servicio que se presta en dichos recintos, a los que acuden miles de personas a diario.
Para Robles la UGR no puede eludir su responsabilidad social como empresa, debiendo velar por el cumplimiento del pliego de condiciones que la concesión a empresas externas exige.
Juan José Robles (CCOO) resalta la profesionalidad de los Vigilantes de Seguridad que prestan servicios en la Universidad de Granada aún sin contar con los medios personales y de equipación adecuados están realizando una labor ejemplar en el cumplimiento de su correspondiente labor.
El 72% de los baleares se sienten más seguros en lugares donde hay vigilantes
Palma, 10 jun (EFE).- El 72% de los ciudadanos de Baleares se sienten más seguros en los lugares en los que están presentes vigilantes de seguridad y un 74,9% declara tener una buena o muy buena opinión de estos profesionales, según un estudio sociológico sobre seguridad privada.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha hecho públicos en un comunicado los datos correspondientes a Baleares de este estudio que indican que el 64,5% de la población de las islas tiene una opinión positiva de las empresas de seguridad, un punto más que la media nacional del 63,3%.
En referencia al papel que desempeñan los vigilantes de seguridad, el 70,2% de los encuestados opina que se trata de una función necesaria para la sociedad.
Un 68,6% de los baleares asegura valorar la profesión que desempeñan los vigilantes de seguridad porque contribuyen a aumentar la seguridad ciudadana en general, frente al 67,3% de los mismos que matizó que su labor supone una "ayuda muy importante para la sociedad".
Un 64% de los encuestados mantiene que los profesionales del sector de la seguridad privada son "unas personas a las que siempre se les puede pedir ayuda", mientras que, en menor medida, el 54,8% de los mismos opina que los servicios de vigilancia y protección son una garantía para la seguridad de los ciudadanos.
El 56,2% de los encuestados de las Islas Baleares afirmó que las labores de los vigilantes de seguridad complementan en buena medida a las funciones de la Policía, frente al 61,6% de los españoles que mantienen esta afirmación.
En parámetros menores, el 54,2% de los entrevistados de las islas ve en los profesionales del sector unas figuras de la autoridad, en parámetros un poco inferiores a los obtenidos en la muestra nacional (57,9%).
La asociación ha señalado que el sector de la seguridad privada está en una línea de decrecimiento desde 2009 como consecuencia de la crisis.
En el volumen de facturación total el área de vigilancia representa en torno al 65%, seguido de sistemas y alarmas y de transporte de fondos. En la procedencia del negocio, el 73% proviene del sector privado y el 27% restante del sector público.
En cuando a la descripción del sector, del número total de vigilantes de seguridad habilitados por el Ministerio del Interior está en torno a los 86.000, con una edad media de 37 años. De ellos el 87% son hombres frente a un 13% de mujeres. En general, cerca del 84% de estos trabajadores poseen contrato indefinido. EFE
miércoles, 9 de junio de 2010
La escuela de policías locales reduce sus horas de prácticas
Los alumnos ya no realizan un periodo intermedio de formación en municipios distintos a su destino y se incorporan directamente a sus plantillas definitivas
Fernando Pérez Ávila | Actualizado 09.06.2010 - 05:03Los mayores problemas se dan en los municipios más pequeños, donde la falta de personal propicia que los alumnos tengan que asumir las funciones como cualquier otro policía de la plantilla. En algunas localidades incluso se han visto obligados a acompañar a vigilantes de seguridad privada para realizar sus horas de formación. En otras poblaciones, ocurre que los nuevos policías se tienen que quedar solos y al frente de la Jefatura del municipio al no haber suficientes agentes para cuadrar los turnos con más policías.
Para los agentes consultados, el periodo intermedio de prácticas suponía una gran ventaja en la formación, puesto que los futuros policías se enfrentaban a situaciones reales acompañando a funcionarios experimentados. Esto les hacía llegar a las prácticas definitivas en sus municipios de destino con un cierto bagaje y experiencia sobre cómo actuar en una variedad de sitauciones.
La directora de la ESPA, Reyes Pro, explicó ayer a este periódico que la supresión de estas prácticas intermedias responde simplemente a razones de mejora en la organización de la escuela. "Hemos podido demostrar que la formación es prácticamente la misma y así los alumnos pueden hacerse una idea de la realidad del municipio en el que pueden trabajar". La responsable de la escuela aseguró desconocer que en las nuevas prácticas los alumnos se queden solos en sus lugares de destino. "Esta cuestión depende ya de cada Jefatura de Policía de los municipios, que es quien organiza ya sus turnos". Igualmente, la directora de este centro -dependiente de la Consejería de Gobernación y en el que se forman policías locales de toda Andalucía- negó que el cambio en el programa de estudios tenga relación alguna con la crisis económica y sea una medida para ahorrar costes, indistintamente de que a la larga la medida pueda resultar rentable económicamente.