Hace bastantes años, el 21 de enero de 2003, se publicaba en este Portal de los Profesionales de la seguridad, un artículo de este autor sobre el “Vigilante de Seguridad".
Hablar en la Era del Conocimiento, en donde la información envejece y queda obsoleta por días, de hace siete años, es como mentar la prehistoria, pero veo con orgullo, placer y satisfacción, que aquella columna sigue hoy leyéndose, recibiendo de cuando en cuando el agradecimiento de algún vigilante, por lo que se decía.
No hace muchos días, me encontraba tomando café con un directivo de una de las más importantes empresas de seguridad españolas, sino la más, indicándome apesadumbrado que muchas empresas estaban “tirando” los precios y que ellos querían dar “calidad” a quien los contratara.
Ayer, al salir de tomar café, entraba un legionario, un soldado de la Legión, para entendernos, y me dio pena el ver su atuendo: sin gorro, con el traje de campaña desaseado y las botas sucias, alejado de la marcialidad que caracteriza a este Cuerpo. Evidentemente no pertenecía a una unidad armada, cuyos mandos hubieran impedido su salida del lugar de trabajo en esas condiciones, sino que pertenecía a un “banderín de enganche” de una Subdelegación de Defensa.
Se pensará al leer esta columna ¿qué tiene que ver el vigilante de seguridad con un soldado?, pues bien, creo que mucha, en lo que debe entenderse por “apariencia”.
Cuando un ciudadano observa a uno de sus soldados, vestidos de pulcro uniforme, con su arma reluciente, aunque sea para acompañar al camarada caído en el cumplimiento de su deber. Cuando se le ve desfilar marciales, en la Semana Santa. Cuando se observa el protocolo estricto en el relevo de una guardia, se piensa inmediatamente que con soldados como aquellos estamos bien defendidos.
Lo mismo ocurre con el vigilante de seguridad. Cuando se les ve a la entrada de un establecimiento, con los pantalones planchados, la chaqueta sin arrugas, los zapatos limpios, la cara afeitada, su arma o defensa al cinto y observando con minuciosidad todo lo que entra o sale. Cuando comprobamos que el visitante es tratado con amabilidad, pero con firmeza, haciéndole ver cuáles son sus derechos y obligaciones, se piensa inmediatamente que aquel edificio se encuentra perfectamente protegido, y que dentro no se realizan actividades nimias sino importantes.
Ortega y Gasset, nuestro ilustre pensador, desgraciadamente olvidado, decía que “Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales”, pues bien un “Vigilante de Seguridad”, mide la confianza que se puede tener sobre esa empresa que protege, derrumbándose la apreciación cuando le aparece al visitante un “profesional” (por decir algo), mal vestido y cuya defensa es enfrentarse verbalmente con las personas a las que deben proteger con su única presencia. Miro con horror cuando el arco detector “pita”, en cuyo momento varios improperios caen sobre el infortunado.
Cuando lea estas línea, mi joven directivo de la empresa de seguridad, espero que te haga reflexionar que no lo estáis haciendo mal, que vosotros lleváis la razón y sois la esencia de lo que debe ser una empresa de seguridad. Desgraciadamente hay demasiada “piratería” en nuestra profesión.
Con el mayor afecto de un veterano de la seguridad como yo.
Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad
jueves, 18 de febrero de 2010
Más de 13.000 pasajeros se cuelan a diario en el Metro
Aumentan en un 25% las denuncias a usuarios por viajar sin billete
Barcelona. (EUROPA PRESS).- El Metro de Barcelona cazó cada día el año pasado a 13.200 personas que se habían colado sin billete, lo que supone el 1,1% del total de pasajeros, que ascienden a 1,2 millones diarios, explicó la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Assumpta Escarp, quien añadió que el perfil más común de infractor es el de un hombre joven.
En declaraciones a los periodistas, Escarp consideró el fraude como "una conducta minoritaria" pese a que creció en relación a años anteriores, cuando se situaba sobre el 1%, y dijo que el aumento no puede atribuirse a la crisis ni al paro. "Hay gente que puede sufrir el efecto de la crisis e igualmente pagar el Metro", defendió.
Según explicó la también concejal de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, en 2009 los revisores controlaron el billete a 4,89 millones de pasajeros.
En una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Movilidad a instancias de CiU, Escarp también dijo que aumentaron en un 25% las denuncias a usuarios por viajar sin billete. Aclaró que el año pasado incrementó un 20% el personal y cámaras para controlar el fraude y la seguridad, y avanzó que en 2010 se invertirán 18 millones de euros en la seguridad del Metro, cifra que se ha quintuplicado en la última década, explicaron en declaraciones a Europa Press fuentes de TMB.
La edil subrayó el incremento del control en las estaciones con más fraude, como hace Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Destaca la de Passeig de Gràcia, donde confluyen las líneas 2, 3 y 4 de Metro, que tiene muchos accesos y está conectada con la estación de tren. No obstante, la línea donde se cuelan más los barceloneses es la 1, que también es la que tiene más pasajeros.
Además de haber más personal en las barreras de acceso, los agentes de seguridad actúan en las entradas y próximamente empezará una campaña para concienciar sobre qué supone no pagar. A ello se suma un plan para eliminar los tornos de entrada en las estaciones más conflictivas y sustituirlos por barreras con puertas de vidrio.
El edil de CiU Eduard Freixedes reclamó a Escarp que anuncie el calendario para sustituir los tornos por puertas, que dificultan que los viajeros puedan "colarse con la técnica del empujoncito". Añadió que hay horas en que "nadie" controla el fraude en las estaciones del Metro, y vio insuficiente el incremento en la multa mínima de 10 euros y que se sitúa en 50.
Escarp argumentó que los equipos de seguridad trabajan aleatoriamente en diferentes estaciones y que la red de Metro consta de 3.306 cámaras conectadas con la policía, que pretenden junto con los vigilantes de seguridad, disuadir y prevenir el fraude. Hacia 2012, los transportes del área de Barcelona eliminarán los billetes de cartulina de acceso a los trenes y autobuses por las tarjetas de contacto, al estilo de las targetas de crédito, que se pasarán por un lector.
El proceso obligará a cambiar todas las validadoras de entrada y salida del Metro, que podría obligar a pasar la tarjeta a la salida.
Barcelona. (EUROPA PRESS).- El Metro de Barcelona cazó cada día el año pasado a 13.200 personas que se habían colado sin billete, lo que supone el 1,1% del total de pasajeros, que ascienden a 1,2 millones diarios, explicó la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Assumpta Escarp, quien añadió que el perfil más común de infractor es el de un hombre joven.
En declaraciones a los periodistas, Escarp consideró el fraude como "una conducta minoritaria" pese a que creció en relación a años anteriores, cuando se situaba sobre el 1%, y dijo que el aumento no puede atribuirse a la crisis ni al paro. "Hay gente que puede sufrir el efecto de la crisis e igualmente pagar el Metro", defendió.
Según explicó la también concejal de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, en 2009 los revisores controlaron el billete a 4,89 millones de pasajeros.
En una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Movilidad a instancias de CiU, Escarp también dijo que aumentaron en un 25% las denuncias a usuarios por viajar sin billete. Aclaró que el año pasado incrementó un 20% el personal y cámaras para controlar el fraude y la seguridad, y avanzó que en 2010 se invertirán 18 millones de euros en la seguridad del Metro, cifra que se ha quintuplicado en la última década, explicaron en declaraciones a Europa Press fuentes de TMB.
La edil subrayó el incremento del control en las estaciones con más fraude, como hace Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Destaca la de Passeig de Gràcia, donde confluyen las líneas 2, 3 y 4 de Metro, que tiene muchos accesos y está conectada con la estación de tren. No obstante, la línea donde se cuelan más los barceloneses es la 1, que también es la que tiene más pasajeros.
Además de haber más personal en las barreras de acceso, los agentes de seguridad actúan en las entradas y próximamente empezará una campaña para concienciar sobre qué supone no pagar. A ello se suma un plan para eliminar los tornos de entrada en las estaciones más conflictivas y sustituirlos por barreras con puertas de vidrio.
El edil de CiU Eduard Freixedes reclamó a Escarp que anuncie el calendario para sustituir los tornos por puertas, que dificultan que los viajeros puedan "colarse con la técnica del empujoncito". Añadió que hay horas en que "nadie" controla el fraude en las estaciones del Metro, y vio insuficiente el incremento en la multa mínima de 10 euros y que se sitúa en 50.
Escarp argumentó que los equipos de seguridad trabajan aleatoriamente en diferentes estaciones y que la red de Metro consta de 3.306 cámaras conectadas con la policía, que pretenden junto con los vigilantes de seguridad, disuadir y prevenir el fraude. Hacia 2012, los transportes del área de Barcelona eliminarán los billetes de cartulina de acceso a los trenes y autobuses por las tarjetas de contacto, al estilo de las targetas de crédito, que se pasarán por un lector.
El proceso obligará a cambiar todas las validadoras de entrada y salida del Metro, que podría obligar a pasar la tarjeta a la salida.
A prisión inmigrante hirió a 5 vigilantes seguridad en CETI de Ceuta
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron el día 22 de enero cuando el inmigrante estaba peleándose con otro residente y tuvieron que intervenir los agentes de seguridad del recinto.
El acusado, lejos de calmarse, golpeó a todos ellos y les causó diferentes lesiones a cada uno, por lo que tendrá que abonar una multa de 2.750 euros en concepto de indemnización.
El inmigrante ha sido condenado a un año de prisión después de haber reconocido en el juicio su culpabilidad en un delito de atentado así como en cinco faltas de lesiones.
El subsahariano se conformó con la pena que le ofrecía el Ministerio Fiscal, quien llegó a eliminar su petición de sustitución de la condena por la expulsión del territorio nacional atendiendo a que el inmigrante tiene admitida a trámite una solicitud de asilo político. EFE
El acusado, lejos de calmarse, golpeó a todos ellos y les causó diferentes lesiones a cada uno, por lo que tendrá que abonar una multa de 2.750 euros en concepto de indemnización.
El inmigrante ha sido condenado a un año de prisión después de haber reconocido en el juicio su culpabilidad en un delito de atentado así como en cinco faltas de lesiones.
El subsahariano se conformó con la pena que le ofrecía el Ministerio Fiscal, quien llegó a eliminar su petición de sustitución de la condena por la expulsión del territorio nacional atendiendo a que el inmigrante tiene admitida a trámite una solicitud de asilo político. EFE
Detenidas dos mujeres por sustraer ropa valorada en 1.800€ en dos tiendas de un centro comercial
VALENCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional de Valencia detuvieron el sábado a dos mujeres, de 29 y 30 años, acusadas de sustraer ropa por un valor total de 1.800 euros en dos tiendas de un centro comercial de la ciudad, según informó Jefatura en un comunicado.
Las mujeres, ambas de origen español, fueron retenidas sobre las 16.30 horas del sábado por el vigilante de seguridad de un centro comercial, que avisó a la Policía para que acudiera hasta el lugar, ya que eran sospechosas de hurto.
La Policía se trasladó allí y abrió una investigación, en la que averiguó que las prendas habían sido sustraídas de dos establecimientos del centro, ya que las alarmas habían sido arrancadas de la ropa. En uno de los locales localizaron las alarmas que previamente habían arrancado, escondidas en los bolsillos de varios pantalones expuestos.
Además, los policías localizaron en el aparcamiento del centro comercial un coche de la marca Mercedes, modelo C220, en cuyo interior había más prendas con síntomas de haber sido sustraídas.
Así, los investigadores, tras realizar diversas averiguaciones, detuvieron a estas dos mujeres por un presunto delito de hurto, ya que el valor de la ropa sustraída en una tienda ascendía a 1.670 euros, y en la otra a 114 euros.
Las detenidas fueron puestas en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, siendo advertidas de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridas para ello.
Agentes de la Policía Nacional de Valencia detuvieron el sábado a dos mujeres, de 29 y 30 años, acusadas de sustraer ropa por un valor total de 1.800 euros en dos tiendas de un centro comercial de la ciudad, según informó Jefatura en un comunicado.
Las mujeres, ambas de origen español, fueron retenidas sobre las 16.30 horas del sábado por el vigilante de seguridad de un centro comercial, que avisó a la Policía para que acudiera hasta el lugar, ya que eran sospechosas de hurto.
La Policía se trasladó allí y abrió una investigación, en la que averiguó que las prendas habían sido sustraídas de dos establecimientos del centro, ya que las alarmas habían sido arrancadas de la ropa. En uno de los locales localizaron las alarmas que previamente habían arrancado, escondidas en los bolsillos de varios pantalones expuestos.
Además, los policías localizaron en el aparcamiento del centro comercial un coche de la marca Mercedes, modelo C220, en cuyo interior había más prendas con síntomas de haber sido sustraídas.
Así, los investigadores, tras realizar diversas averiguaciones, detuvieron a estas dos mujeres por un presunto delito de hurto, ya que el valor de la ropa sustraída en una tienda ascendía a 1.670 euros, y en la otra a 114 euros.
Las detenidas fueron puestas en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, siendo advertidas de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridas para ello.
El Aeroclub, desahuciado
La asociación deportiva reclama al juez que suspenda el desalojo y que se les conceda otra ubicación para sus hangares y avionetas.AENA quiere recuperar los terrenos que cedió a la entidad durante 10 años.El Real Aeroclub de Valencia tiene las horas contadas. Al menos en sus instalaciones actuales y si se cumple la orden de un juez. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha solicitado autorización para desalojar el hangar donde los socios del RACV guardan sus avionetas, junto a las instalaciones de Manises. Si el juez no lo impide, a las 10 horas de hoy está previsto que se ejecute el desahucio, una orden que incluye la presencia de cerrajeros y vigilantes de seguridad por si es necesario realizarlo a la fuerza.
Según el propio aeropuerto, hace ahora dos años que se comunicó la necesidad de recuperar los 360 metros cuadrados cedidos al club deportivo en 1999, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna, por lo que se han visto obligados a recurrir a una acción tan drástica.
Los miembros del RACV tienen intención de acudir a primera hora de la mañana a los juzgados para pedir una suspensión cautelar de la orden y están estudiando presentar reconvención en el mismo pleito iniciado por Aena. Si no lo consiguen, se atrincherarán en las pequeñas instalaciones que tienen desde hace 75 años para evitar su cierre.
«Estamos mandando cartas y avisos a todos nuestros socios porque no hay derecho a que ahora nos saquen de aquí. No tenemos dinero para cambiar la ubicación porque AENA no está cumpliendo con el acuerdo que firmó en su día con todos los aeroclubes», explicó el delegado de la entidad en las relaciones con AENA, Juan Granell.
Fuentes de AENA en Valencia aseguran que la intervención responde únicamente al cese del contrato de arrendamiento de los terrenos que el club tiene con el aeropuerto valenciano. «Este contrato se ha estado prorrogando anualmente pero ya hace un año se les comunicó que ya no se iba a prorrogar más porque Manises necesita esa superficie para acometer unas ampliaciones de las plataformas», explicaron. Sin embargo, añadieron, es el RACV el que ha hecho «caso omiso» a los avisos.
Los responsables del colectivo deportivo aseguran, por el contrario, que la empresa aeroportuaria está incumpliendo el acuerdo que firmó en 1995, por el cual se comprometía a subvencionar a todos los aeroclubes españoles para fomentar la aviación deportiva. En el caso de Valencia, además, se respetaba la tradición histórica del club por lo que la ayuda que se concedía anualmente, unos 33.000 euros, era después reembolsada en concepto de alquiler de las parcelas.
«Con todo el dinero que nos dieron pudimos construir nuestros hangares, porque somos una asociación sin ánimo de lucro que funcionamos con lo poco que tenemos. Pero llevan sin pagarnos las subvenciones desde 2005 y sin ese dinero, no podemos asumir el alquiler que nos corresponde ni tampoco cambiar de ubicación nuestros hangares», aseveró el portavoz de la entidad.
Contrato expirado
A este respecto, AENA insiste en que el contrato de cesión de la parcela en cuestión «es independiente» del acuerdo firmado en 1999, que recogía el préstamo de suelo durante diez años, así como la subvención. Una ayuda que, sumando las diez anualidades, ascendió a 384.000 euros con los que construyeron el hangar principal, la sede y la plataforma de estacionamiento de aeronaves.
Por tanto, «Aena ha cumplido su contrato», que expiró el 31 de enero de 2009. Y como muestra «de buena voluntad, la entidad no ha adoptado ninguna medida hasta ahora, ya que el RACV ocupa las instalaciones sin ningún título jurídico que le ampare».
Pero ahora las cosas han cambiado y ya no importa la historia de este club, su importancia en la ciudad de Valencia o el prestigio que tenga en el mundo de la aviación. Sólo cuenta que el suelo sobre el que se asienta ya no puede ser pista de aterrizaje o garaje de pequeñas avionetas de recreo, sino que debe utilizarse para fines muchos mayores, los de un aeropuerto comercial que crece cada año.
El Real Aeroclub de Valencia se asentó en Manises en 1935 y desde entonces ha estado dando servicio a los propietarios de avionetas (actualmente, unos 200 socios) así como formando a más de 300 pilotos privados que han pasado por su escuela y ahora operan en líneas comerciales de todo el mundo. También tiene un taller mecánico y otros servicios «que van a tener que cerrar si nos echan», señaló Granell.
Según el propio aeropuerto, hace ahora dos años que se comunicó la necesidad de recuperar los 360 metros cuadrados cedidos al club deportivo en 1999, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna, por lo que se han visto obligados a recurrir a una acción tan drástica.
Los miembros del RACV tienen intención de acudir a primera hora de la mañana a los juzgados para pedir una suspensión cautelar de la orden y están estudiando presentar reconvención en el mismo pleito iniciado por Aena. Si no lo consiguen, se atrincherarán en las pequeñas instalaciones que tienen desde hace 75 años para evitar su cierre.
«Estamos mandando cartas y avisos a todos nuestros socios porque no hay derecho a que ahora nos saquen de aquí. No tenemos dinero para cambiar la ubicación porque AENA no está cumpliendo con el acuerdo que firmó en su día con todos los aeroclubes», explicó el delegado de la entidad en las relaciones con AENA, Juan Granell.
Fuentes de AENA en Valencia aseguran que la intervención responde únicamente al cese del contrato de arrendamiento de los terrenos que el club tiene con el aeropuerto valenciano. «Este contrato se ha estado prorrogando anualmente pero ya hace un año se les comunicó que ya no se iba a prorrogar más porque Manises necesita esa superficie para acometer unas ampliaciones de las plataformas», explicaron. Sin embargo, añadieron, es el RACV el que ha hecho «caso omiso» a los avisos.
Los responsables del colectivo deportivo aseguran, por el contrario, que la empresa aeroportuaria está incumpliendo el acuerdo que firmó en 1995, por el cual se comprometía a subvencionar a todos los aeroclubes españoles para fomentar la aviación deportiva. En el caso de Valencia, además, se respetaba la tradición histórica del club por lo que la ayuda que se concedía anualmente, unos 33.000 euros, era después reembolsada en concepto de alquiler de las parcelas.
«Con todo el dinero que nos dieron pudimos construir nuestros hangares, porque somos una asociación sin ánimo de lucro que funcionamos con lo poco que tenemos. Pero llevan sin pagarnos las subvenciones desde 2005 y sin ese dinero, no podemos asumir el alquiler que nos corresponde ni tampoco cambiar de ubicación nuestros hangares», aseveró el portavoz de la entidad.
Contrato expirado
A este respecto, AENA insiste en que el contrato de cesión de la parcela en cuestión «es independiente» del acuerdo firmado en 1999, que recogía el préstamo de suelo durante diez años, así como la subvención. Una ayuda que, sumando las diez anualidades, ascendió a 384.000 euros con los que construyeron el hangar principal, la sede y la plataforma de estacionamiento de aeronaves.
Por tanto, «Aena ha cumplido su contrato», que expiró el 31 de enero de 2009. Y como muestra «de buena voluntad, la entidad no ha adoptado ninguna medida hasta ahora, ya que el RACV ocupa las instalaciones sin ningún título jurídico que le ampare».
Pero ahora las cosas han cambiado y ya no importa la historia de este club, su importancia en la ciudad de Valencia o el prestigio que tenga en el mundo de la aviación. Sólo cuenta que el suelo sobre el que se asienta ya no puede ser pista de aterrizaje o garaje de pequeñas avionetas de recreo, sino que debe utilizarse para fines muchos mayores, los de un aeropuerto comercial que crece cada año.
El Real Aeroclub de Valencia se asentó en Manises en 1935 y desde entonces ha estado dando servicio a los propietarios de avionetas (actualmente, unos 200 socios) así como formando a más de 300 pilotos privados que han pasado por su escuela y ahora operan en líneas comerciales de todo el mundo. También tiene un taller mecánico y otros servicios «que van a tener que cerrar si nos echan», señaló Granell.
Piden casi 25 años cárcel para asesinos del portero club Changó, de Albacete
Además, pide para ello 30 años de alejamiento por un delito de homicidio, otro de intento de homicidio y otro de allanamiento de local abierto al público, además de una indemnización conjunta y solidaria para las dos víctimas, el portero fallecido y el vigilante de seguridad herido, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE.
Los acusados son F.F.F., de 26 años, y su tío, F.F.F., de 38 años, que serán juzgados por los hechos ocurridos en la madrugada del sábado 5 de julio de 2008 cuando ambos se desplazaron al Club Changó, situado en la N-322 de Albacete, a las 3,12 horas de la madrugada.
Una vez en el local, se sentaron en una barra situada en el centro del establecimiento y mantuvieron "una actitud grosera e intimidante, monopolizando la atención de los camareros", según recoge el escrito del fiscal, diciendo que no querían que nadie se acercara a ellos.
Después llegaron dos clientes, de ignorada identidad, que se pusieron junto a los acusados y al poco tiempo surgió una disputa entre los cuatro, momento en que los tres vigilantes de seguridad que esa noche se encontraban en el local, I.G.M., A.I.D. y G.C.,
entraron en la sala, logrando separar al mayor de los acusados del individuo con el que se estaba peleando.
Mientras G.C. intentaba echar del local al sobrino, el tío se liberó del vigilante A.I.D., sacó del bolsillo de su pantalón un cuchillo y persiguió al desconocido cliente, que logró huir por una puerta, mientras preguntaba en voz alta dónde estaba su sobrino y decía a I.G.M. "vete a tu país extranjero de mierda" y "yo a ti te mato".
El escrito precisa que, sobre las 3:46 horas, los vigilantes consiguieron expulsar a los dos acusados, si bien el menor de ellos se dirigió a su vehículo, en el aparcamiento del club, y regresó portando en su mano derecha un hacha con una hoja de corte de 10 centímetros de larga, que lanzó contra la cabeza de I.C.M.
En ese momento los dos acusados iniciaron una pelea con los vigilantes con la intención de matarlos y mientras el tío acuchillaba a G.C., de 38 años, que resultó muerto, su sobrino hacheaba a I.G.M, que resultó herido en el antebrazo derecho, en la frontal izquierda y con varias erosiones en su cuerpo.
Se da la circunstancia de que el portero fallecido, de nacionalidad húngara, vivía en España con su pareja desde hace catorce años. EFE 1010289
Los acusados son F.F.F., de 26 años, y su tío, F.F.F., de 38 años, que serán juzgados por los hechos ocurridos en la madrugada del sábado 5 de julio de 2008 cuando ambos se desplazaron al Club Changó, situado en la N-322 de Albacete, a las 3,12 horas de la madrugada.
Una vez en el local, se sentaron en una barra situada en el centro del establecimiento y mantuvieron "una actitud grosera e intimidante, monopolizando la atención de los camareros", según recoge el escrito del fiscal, diciendo que no querían que nadie se acercara a ellos.
Después llegaron dos clientes, de ignorada identidad, que se pusieron junto a los acusados y al poco tiempo surgió una disputa entre los cuatro, momento en que los tres vigilantes de seguridad que esa noche se encontraban en el local, I.G.M., A.I.D. y G.C.,
entraron en la sala, logrando separar al mayor de los acusados del individuo con el que se estaba peleando.
Mientras G.C. intentaba echar del local al sobrino, el tío se liberó del vigilante A.I.D., sacó del bolsillo de su pantalón un cuchillo y persiguió al desconocido cliente, que logró huir por una puerta, mientras preguntaba en voz alta dónde estaba su sobrino y decía a I.G.M. "vete a tu país extranjero de mierda" y "yo a ti te mato".
El escrito precisa que, sobre las 3:46 horas, los vigilantes consiguieron expulsar a los dos acusados, si bien el menor de ellos se dirigió a su vehículo, en el aparcamiento del club, y regresó portando en su mano derecha un hacha con una hoja de corte de 10 centímetros de larga, que lanzó contra la cabeza de I.C.M.
En ese momento los dos acusados iniciaron una pelea con los vigilantes con la intención de matarlos y mientras el tío acuchillaba a G.C., de 38 años, que resultó muerto, su sobrino hacheaba a I.G.M, que resultó herido en el antebrazo derecho, en la frontal izquierda y con varias erosiones en su cuerpo.
Se da la circunstancia de que el portero fallecido, de nacionalidad húngara, vivía en España con su pareja desde hace catorce años. EFE 1010289
Desarticulada una banda que "custodiaba" obras por 1.800 euros al mes
TRES CANTOS (MADRID), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil desarticuló una organización especializada en la extorsión a empresas del sector de la construcción ubicadas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, para hacerse con el control de las mismas, y detuvo a nueve personas de la banda.
Según informó el Jefe de la Policía Judicial, Javier Rojo, los agentes pertenecientes al Área de Investigación de Collado Villalba comenzaron la investigación, denominada operación 'Caballo Blanco', el pasado verano, cuando se conoció un ataque al vigilante de una obra, que recibió un cóctel molotov contra su vehículo. El coche quedó calcinado, aunque el vigilante salió indemne.
Rojo explicó, en rueda de prensa, que fruto de las primeras indagaciones se pudo comprobar que un gran número de obras, situadas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, estaban en la actualidad "custodiadas" por personal relacionado con un mismo individuo, supuestamente el cabecilla de un grupo organizado.
En numerosas ocasiones, aún contando la empresa con el "contrato" de vigilancia pagado a la red ahora desmantelada, se producían robos en las mismas o en empresas aledañas, lo que, en la mayoría de las ocasiones, suponía un aumento sobre la cuota de vigilancia.
"De la documentación intervenida se ha comprobado que las mensualidades que esta organización delictiva venía cobrando a las empresas constructoras eran de unos 1.800 euros", aseguró Rojo, habiendo resultado afectadas más de una veintena de empresas.
MODUS OPERANDI
En un primer lugar, el cabecilla de la organización, acompañado por alguno de sus más estrechos colaboradores, visitaba a los encargados de obra, a quien "avisaba" de las consecuencias que podrían sufrir si no contrataban sus servicios, así lo relató el comandante Roberto Tirado, responsable de la operación. Con el fin de conseguir sus propósitos no dudaban en perpetrar robos de material e incluso daños en las obras que eran objeto de hacerse con su control.
Posteriormente, prosiguió, tras aceptar "sus servicios", dotaban a su vigilante de una furgoneta, en unas ocasiones, o de una caseta de obras, en otras, en la que vivían en condiciones infrahumanas e insalubres, siendo generalmente ciudadanos extranjeros en situación irregular, que venían cobrando unos 400 euros mensuales.
Para garantizar la permanencia de la vigilancia, los integrantes de la organización se pasaban de forma habitual con sus vehículos por las obras, intimidando con su presencia a los encargados. En algunas ocasiones se ha llegado a tener conocimiento de enfrentamientos, con vigilantes de seguridad encargados de la vigilancia de obras aledañas y que no eran empleados suyos.
Los detenidos son R.R.C., de 45 años; R.R.L, de 74 años, presunto cabecilla del grupo; Y.R.C., de 36 años; I.R.M., de 22 años; I.R.M., de 20 años; T.R.D., de 19 años; J.J.G., de 19 años; M.J.P., de 42 años y D.R.C. de 27 años. A los detenidos les figuran numerosas detenciones, por delitos de diversa naturaleza, entre los que destacan delitos contra el patrimonio.
Tras las detenciones efectuadas, se realizaron varios registros donde fueron intervenidas tres armas de fuego cortas, municionadas, dos armas detonadoras, tres escopetas de caza y 79.000 euros en metálico, la mayoría en billetes de 500 euros, y que fueron localizados ocultos en un calcetín.
La Guardia Civil desarticuló una organización especializada en la extorsión a empresas del sector de la construcción ubicadas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, para hacerse con el control de las mismas, y detuvo a nueve personas de la banda.
Según informó el Jefe de la Policía Judicial, Javier Rojo, los agentes pertenecientes al Área de Investigación de Collado Villalba comenzaron la investigación, denominada operación 'Caballo Blanco', el pasado verano, cuando se conoció un ataque al vigilante de una obra, que recibió un cóctel molotov contra su vehículo. El coche quedó calcinado, aunque el vigilante salió indemne.
Rojo explicó, en rueda de prensa, que fruto de las primeras indagaciones se pudo comprobar que un gran número de obras, situadas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, estaban en la actualidad "custodiadas" por personal relacionado con un mismo individuo, supuestamente el cabecilla de un grupo organizado.
En numerosas ocasiones, aún contando la empresa con el "contrato" de vigilancia pagado a la red ahora desmantelada, se producían robos en las mismas o en empresas aledañas, lo que, en la mayoría de las ocasiones, suponía un aumento sobre la cuota de vigilancia.
"De la documentación intervenida se ha comprobado que las mensualidades que esta organización delictiva venía cobrando a las empresas constructoras eran de unos 1.800 euros", aseguró Rojo, habiendo resultado afectadas más de una veintena de empresas.
MODUS OPERANDI
En un primer lugar, el cabecilla de la organización, acompañado por alguno de sus más estrechos colaboradores, visitaba a los encargados de obra, a quien "avisaba" de las consecuencias que podrían sufrir si no contrataban sus servicios, así lo relató el comandante Roberto Tirado, responsable de la operación. Con el fin de conseguir sus propósitos no dudaban en perpetrar robos de material e incluso daños en las obras que eran objeto de hacerse con su control.
Posteriormente, prosiguió, tras aceptar "sus servicios", dotaban a su vigilante de una furgoneta, en unas ocasiones, o de una caseta de obras, en otras, en la que vivían en condiciones infrahumanas e insalubres, siendo generalmente ciudadanos extranjeros en situación irregular, que venían cobrando unos 400 euros mensuales.
Para garantizar la permanencia de la vigilancia, los integrantes de la organización se pasaban de forma habitual con sus vehículos por las obras, intimidando con su presencia a los encargados. En algunas ocasiones se ha llegado a tener conocimiento de enfrentamientos, con vigilantes de seguridad encargados de la vigilancia de obras aledañas y que no eran empleados suyos.
Los detenidos son R.R.C., de 45 años; R.R.L, de 74 años, presunto cabecilla del grupo; Y.R.C., de 36 años; I.R.M., de 22 años; I.R.M., de 20 años; T.R.D., de 19 años; J.J.G., de 19 años; M.J.P., de 42 años y D.R.C. de 27 años. A los detenidos les figuran numerosas detenciones, por delitos de diversa naturaleza, entre los que destacan delitos contra el patrimonio.
Tras las detenciones efectuadas, se realizaron varios registros donde fueron intervenidas tres armas de fuego cortas, municionadas, dos armas detonadoras, tres escopetas de caza y 79.000 euros en metálico, la mayoría en billetes de 500 euros, y que fueron localizados ocultos en un calcetín.
Euskadi sigue sufragando la seguridad en atuneros
•Este año desembolsará más de 1,4 millones de euros
•La comunidad y Defensa pagan la mitad del coste de los escoltas
17/02/2010. Los atuneros vascos que faenan en el Océano Índico continuarán llevando vigilantes de seguridad privada este año y el gobierno de la comunidad continuará abonando un 25 por 100 del coste. Para ello, la comunidad ha aprobado una partida de 1,7 millones de euros con los que cubrirá las facturas pendientes de 2009 y el gasto de 2010.
En concreto, el ejecutivo vasco destinará casi 300.000 euros para el coste de la protección de las naves. La vigilancia de este año supondrá un desembolso de otros 1,4 millones de euros.
El ejecutivo vasco y el Ministerio de Defensa acordaron hace unos meses sufragar la mitad del coste de llevar vigilantes privados a bordo de los atuneros tras el secuestro del buque Alakrana. El otro 50 por 100 corre a cargo del armador del buque.
•La comunidad y Defensa pagan la mitad del coste de los escoltas
17/02/2010. Los atuneros vascos que faenan en el Océano Índico continuarán llevando vigilantes de seguridad privada este año y el gobierno de la comunidad continuará abonando un 25 por 100 del coste. Para ello, la comunidad ha aprobado una partida de 1,7 millones de euros con los que cubrirá las facturas pendientes de 2009 y el gasto de 2010.
En concreto, el ejecutivo vasco destinará casi 300.000 euros para el coste de la protección de las naves. La vigilancia de este año supondrá un desembolso de otros 1,4 millones de euros.
El ejecutivo vasco y el Ministerio de Defensa acordaron hace unos meses sufragar la mitad del coste de llevar vigilantes privados a bordo de los atuneros tras el secuestro del buque Alakrana. El otro 50 por 100 corre a cargo del armador del buque.
Vigilantes del terror en la obra
MADRID. Existe una organización gitana que se encarga de extorsionar a empresas de la construcción en la región. Les ofrece seguridad, a cambio de fuertes sumas de dinero. Si no aceptan, el robo está garantizado. Está perfectamente organizada por sectores. En Madrid se encuentra el patriarca general, al que tienen que rendir cuentas el resto de responsables que actúan por las distintas zonas.
Esta semana, la Guardia Civil ha dejado coja esta «institución» ilegal. Sus agentes han detenido a nueve integrantes de la «sucursal» de esta banda que, al menos, controla las obras de una veintena de constructoras en el noroeste de la Comunidad (Pozuelo, El Escorial, Galapagar...). Estos delincuentes tienen edades entre 19 y 74 años. El mayor era el cabecilla de la organización en la zona.
La operación, denominada «Caballo Blanco», comenzó el pasado verano a manos del Área de Investigación de Collado Villalba. Los detenidos intentaron matar al vigilante de seguridad de una obra que se encaró con ellos. Los extorsionadores no dudaron en lanzar un cóctel molotov contra el vehículo que conducía. El trabajador salió ileso, pero el coche quedó totalmente calcinado. La víctima denunció el altercado. Ahí comenzaron las indagaciones policiales.
El miedo de los empresarios es el bastión del que se sirven estos vigilantes del terror para custodiar cada vez más obras. La mensualidad que exigían a los empresarios en la zona noroeste era de 1.800 euros. No contentos con dicha retribución, muchas veces, según informó el jefe de la Policía Judicial, Javier Rojo, cometían robos en las obras de sus pagadores o en la de empresas aledañas para subir la cuota de vigilancia.
Según informó el comandante Roberto Tirado, el cabecilla advertía sin pelos en la lengua a los encargados de la obra lo que podía ocurrir si no contrataban sus «servicios». La mayoría de las veces, los gitanos dejaban en el lugar a un «vigilante» inmigrante en situación irregular al que pagaban 400 euros al mes.
Inmigrantes explotados
Hacían su labor en condiciones infrahumanas e insalubres, bien desde una furgoneta o desde una caseta de obras. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes. La Guardia Civil ha intervenido tres armas de fuego cortas con su munición, dos armas detonadoras, tres escopetas de caza y 79.000 euros, ocultos en un calcetín.
Esta semana, la Guardia Civil ha dejado coja esta «institución» ilegal. Sus agentes han detenido a nueve integrantes de la «sucursal» de esta banda que, al menos, controla las obras de una veintena de constructoras en el noroeste de la Comunidad (Pozuelo, El Escorial, Galapagar...). Estos delincuentes tienen edades entre 19 y 74 años. El mayor era el cabecilla de la organización en la zona.
La operación, denominada «Caballo Blanco», comenzó el pasado verano a manos del Área de Investigación de Collado Villalba. Los detenidos intentaron matar al vigilante de seguridad de una obra que se encaró con ellos. Los extorsionadores no dudaron en lanzar un cóctel molotov contra el vehículo que conducía. El trabajador salió ileso, pero el coche quedó totalmente calcinado. La víctima denunció el altercado. Ahí comenzaron las indagaciones policiales.
El miedo de los empresarios es el bastión del que se sirven estos vigilantes del terror para custodiar cada vez más obras. La mensualidad que exigían a los empresarios en la zona noroeste era de 1.800 euros. No contentos con dicha retribución, muchas veces, según informó el jefe de la Policía Judicial, Javier Rojo, cometían robos en las obras de sus pagadores o en la de empresas aledañas para subir la cuota de vigilancia.
Según informó el comandante Roberto Tirado, el cabecilla advertía sin pelos en la lengua a los encargados de la obra lo que podía ocurrir si no contrataban sus «servicios». La mayoría de las veces, los gitanos dejaban en el lugar a un «vigilante» inmigrante en situación irregular al que pagaban 400 euros al mes.
Inmigrantes explotados
Hacían su labor en condiciones infrahumanas e insalubres, bien desde una furgoneta o desde una caseta de obras. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes. La Guardia Civil ha intervenido tres armas de fuego cortas con su munición, dos armas detonadoras, tres escopetas de caza y 79.000 euros, ocultos en un calcetín.
miércoles, 17 de febrero de 2010
Burgos acoge mañana una jornada de Aecra sobre las actividades y regulación de la seguridad ciudadana
BURGOS, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana (Aecra) celebrará en Burgos mañana una jornada en la que se abordará la seguridad pública y privada tras la aprobación de la Directiva de Servicios o Ley Omnibus 25/2009 de 27 de diciembre.
Según los datos facilitados a Europa Press por fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos la jornada se celebrará a partir de las 9.00 horas en el salón de actos de CajaBurgos, de la Plaza del Cordón.
Asimismo, en esta jornada se realizará un análisis jurídico de la protección de datos, videovigilancia y centrales de alarma, además de que se debatirá sobre la prevención de las falsas alarmas a través de la Propuesta de Aecra para Prevención de las Falsas Alarmas
El curso está dirigido a las administraciones públicas en general, las asociaciones de comerciantes, empresas de seguridad instaladoras y mantenedoras de sistemas de seguridad, centrales de alarma, fuerzas y cuerpos de seguridad, cámaras de comercio, comunidades de propietarios y usuarios de seguridad en general.
La Jornada será moderada por el vicepresidente de Aecra, Jorge Salgueiro Rodríguez, y contará con la presencia del comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Burgos, Manuel Javier Peña Echeverría.
El primer ponente será el presidente de Aecra, José de la Trinidad Iglesias Sobrino, que tratará el tema de la importancia de la colaboración entre la seguridad pública y privada en la sociedad actual y presentará ante la Sociedad burgalesa de manera oficial a Aecra.
A las 9.45 está previsto que comience el segundo módulo donde el ponente será el secretario general de Aecra, Higinio Antonio García Pi, que abordará la introducción a la videovigilancia y videocontrol, los principios básicos de la seguridad privada y la protección de datos. También analizarán la videovigilancia en los ámbitos privadas.
A las 10.20 horas comenzará el tercer módulo bajo la conducción del vicepresidente primero de Aecra, Jorge Salgueiro Rodríguez. Aquí la temática a tratar está relacionada con la videovigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y la aplicación de la seguridad privada en dichos ámbitos. También se comentará el artículo 80 del reglamento de seguridad privada, la vigilancia y protección de bienes y personas y la utilización de dispositivos de captación y grabación de imágenes y sonidos en dichos ámbitos.
Tampoco faltará un análisis sobre la videovigilancia empresarial que se apoyará en el libro escrito por el propio ponente, `La videovigilancia en la Empresa y Seguridad Privada*.
En el quinto de los módulos habrá un planteamiento y explicación de un caso práctico con especial mención a la Propuesta Aecra de regulación de la verificación de los Saltos de Alarmas a través de Jorge Salgueiro Rodríguez.
La última de las ponencias correrá a cargo de Ignacio Carrasco Sayalero, vocal de AECRA, que tratará asuntos como el ilícito penal, la utilización de la videovigilancia y la aportación de la imagen como medio probatorio.
La mesa la cerrarán la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio Gómez; el comisario jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Burgos, Manuel Javier Peña Echeverría; Jorge Salgueiro Rodríguez y José de la Trinidad Iglesias Sobrino.
USO anuncia movilizaciones en Seguridad Privada si no se negocia el convenio
Logroño, 16 feb (EFE).- La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha denunciado hoy que el sector de la Seguridad Privada lleva sin Convenio desde enero de 2009 y ha anunciado que si no se resuelve la situación iniciarán movilizaciones.
A pesar de los intentos de negociación, la Patronal se ha cerrado a todas las propuestas que se le han realizado para el nuevo convenio, escudándose en la crisis que está padeciendo el país para negar a los vigilantes de seguridad una subida salarial, según ha informado USO en una nota.
Durante los meses de diciembre y enero se han estado llevando a cabo diversas concentraciones tanto para dar a conocer a toda la población la situación de los trabajadores de seguridad privada como para presionar a la patronal con el fin de que retome la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
Como no se ha obtenido ningún resultado, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) se han convocado asambleas informativas en todas las Uniones, así como manifestaciones y concentraciones a lo largo de los meses de febrero y marzo.
Si la patronal no se sienta a la mesa negociadora del convenio con voluntad de llegar a un acuerdo, habrá importantes movilizaciones del sector.
Este sector, que cuenta con más de 100.00 trabajadores, no puede ni debe estar sin Convenio. eLa Delegación crea un grupo de trabajo entre joyeros y seguridad privada
La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, ha recibido hoy en esta institución al secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, quien le ha trasladado los problemas de seguridad que sufre este colectivo y ha incidido en el incremento de robos mediante el método del butrón contabilizado en las últimas semanas.
Esta reunión ha supuesto la continuación de la que mantuvo ayer el responsable del Gremio de Joyeros con el jefe superior de Policía de Madrid, Carlos Rubio, para marcar una línea de operación policial contra los robos en joyerías.
La delegada del Gobierno ha explicado que ambas partes han acordado crear un grupo de trabajo permanente con efectivos de la seguridad privada "para reforzarla y para dar a conocer mejor a los joyeros los protocolos de funcionamiento con la misma".
Los joyeros se han comprometido asimismo a asesorar a todos sus afiliados sobre las obligaciones que impone la ley en cuanto a la normativa de seguridad de sus establecimientos y la suscripción de seguros, de manera que cumplan las normas nacionales, regionales y locales.
Valcarce ha destacado la importancia, debido a sus "excelentes resultados", de las últimas medidas adoptadas con el gremio de los joyeros, como la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la seguridad privada, o la puesta en marcha del sistema de videovigilancia móvil que incluye una alerta al teléfono de estos profesionales.
El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros ha explicado que la Jefatura Superior de Policía le trasladó ayer "su absoluta sensibilidad y contundencia en cuanto a los operativos que hay que poner en marcha para intentar paliar la situación actual", al igual que ha hecho hoy la delegada del Gobierno.
Ha precisado que en la Comunidad de Madrid se registraron en enero 18 incidentes entre robos, hurtos y tentativas, entre ellos ocho robos con fuerza, algunos de ellos mediante el método del butrón.
En febrero ya se han contabilizado 5 robos con fuerza, casi todos mediante butrones.
Armando Rodríguez ha explicado que, al contrario de lo ocurrido en la Jefatura de Policía y en la Delegación del Gobierno, no encuentran apoyo en otras instituciones que son las que tienen la competencia en el ámbito que a ellos más les importa, que es modificar la ley para evitar que los delincuentes reincidentes queden en libertad tras ser detenidos por la Policía.
"Nos falta una pata esencial, ya que mientras no exista una respuesta legislativa al problema de habitualidad delictiva, todas las demás medidas no tendrán la eficacia que deben tener", ha añadido.
Rodríguez ha precisado que ha habido años en los que las pérdidas de los joyeros madrileños por robos han ascendido a 60 millones de euros. EFE
Halcourier ofrece los servicios de Securitas Direct a sus franquiciados
Halcourier, red de franquicias líder de transporte urgente de documentación y pequeña paquetería, ha llegado a un acuerdo con la empresa Securitas Direct, líder en venta de sistemas de alarmas en España, para ofrecer a sus empleados y colaboradores una mayor oferta de servicios.
En base a la estrecha colaboración que ambas compañía vienen desarrollando durante los últimos tiempos, estas 2 empresas han firmado un acuerdo para ofrecer a sus empleados y colaboradores una mayor oferta de servicios, compartir sinergias y abrir nuevas vías de crecimiento. Esta acción, que permitirá que todas las delegaciones puedan negociar sus productos con la empresa de seguridad un 10% más barato, se enmarca dentro de una estrategia común a varias entidades para ofrecer mayores beneficios a empleados y clientes mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con grandes marcas.
"La fuerza de Securitas Direct radica en la capacidad de trabajar como un solo equipo. Un equipo dinámico, joven y formado por personas emprendedoras y constructoras de su propio éxito, demostrándose a sí mismas y a los demás, que es posible llegar a lo más alto. Y creemos también en otras empresas como Halcourier, que confian en nosotros para demostrarles que su seguridad es nuestra preocupación", explica David Casado, gerente de grandes cuentas de Securitas Direct.
Securitas Direct, con una cuota actual de mercado del 35% del parque total de alarmas en hogares y pequeños negocios de España, es la primera empresa del mundo que ofrece a todos sus clientes un sistema de alarma más seguro, porque la comunicación de la alarma es antisabotaje y además su Central Receptora verifica las alarmas viendo y escuchando lo que realmente ocurre en casa del cliente, minimizando así las falsas alarmas y facilitando así, la intervención de la Policía.
Halcourier mantiene un ritmo de crecimiento envidiable, pues no en vano ha cerrado el último ejercicio con un volumen de facturación de 75.026.402 euros. Y las previsiones de sus máximos responsables para el próximo ejercicio contemplan superar los 79 millones de euros. Además, La red de transporte urgente, que cuenta con 30 años de experiencia, mantiene una plantilla de 4.242 profesionales y con una flota de 2.522 vehículos, con los que lleva a cabo el transporte y entrega anual de 15.162.264 paquetes/sobres/bultos, a través de las 70 rutas que salen de sus 19 plataformas logísticas territoriales (con alrededor de 15.000 metros cuadrados de instalaciones tecnológicamente avanzadas), y que efectúan a diario algo más de 95.000 kilómetros para hacer llegar al cliente sus envíos con total puntualidad.
martes, 16 de febrero de 2010
La Sala de lo Social de la Audiencia ha citado a las partes
En virtud de la demanda de reclamación de Conflicto Colectivo presentada en su día por las asociaciones empresariales ACAES, AMMPES y FES contra APROSER, CCOO,CIG, FES UGT,USO, ALTERNATIVA SINDICAL Y SIPVS, ha acordado citar a las partes el próximo día 3 de Marzo a las 10 de la mañana para la celebración del acto de conciliación y juicio pertinente.
La parte demandante pretende la nulidad de la totalidad del convenio 2005-2008 alegando a la unidad de Convenio y vinculación a la totalidad que regula la el artículo nº 7 del propio convenio.
Esta parte de la patronal basa su pretensión de Conflicto Colectivo en que al haberse declarado la nulidad de Articulo 42 1.a), en el que se se fijaba el valor de la hora extraordinaria ,(Sentencia TS 21-02-2007), debe declararse nula la totalidad del convenio por haberse roto el equilibrio económico del mismo.
Si la Audiencia Nacional diera la razón a la parte demandante, ello supondría la "RECONVENCIÓN" a las tablas salariales de 2004 y con lo cual, los trabajadores adeudarian a las empresas los incrementos salariales percibidos con la aplicación del convenio 2005-2008.
Esta "Coyuntura Judicial" está siendo alegada por las empresas para conseguir un nuevo archivo provisional de los procedimientos de reclamación de cantidad por el valor de las horas extras.
Hasta la publicación del fallo de esta cita judicial, solo queda esperar y confiar en la "Coherencia de los Jueces", para que sean capaces de ver que este es un nuevo episodio para demorar aun mas el pago de las miles de reclamaciones de cantidad por el mayor precio de la hora extra.
La parte demandante pretende la nulidad de la totalidad del convenio 2005-2008 alegando a la unidad de Convenio y vinculación a la totalidad que regula la el artículo nº 7 del propio convenio.
Esta parte de la patronal basa su pretensión de Conflicto Colectivo en que al haberse declarado la nulidad de Articulo 42 1.a), en el que se se fijaba el valor de la hora extraordinaria ,(Sentencia TS 21-02-2007), debe declararse nula la totalidad del convenio por haberse roto el equilibrio económico del mismo.
Si la Audiencia Nacional diera la razón a la parte demandante, ello supondría la "RECONVENCIÓN" a las tablas salariales de 2004 y con lo cual, los trabajadores adeudarian a las empresas los incrementos salariales percibidos con la aplicación del convenio 2005-2008.
Esta "Coyuntura Judicial" está siendo alegada por las empresas para conseguir un nuevo archivo provisional de los procedimientos de reclamación de cantidad por el valor de las horas extras.
Hasta la publicación del fallo de esta cita judicial, solo queda esperar y confiar en la "Coherencia de los Jueces", para que sean capaces de ver que este es un nuevo episodio para demorar aun mas el pago de las miles de reclamaciones de cantidad por el mayor precio de la hora extra.
Segur Ibérica, investigada por cobrar servicios que no realiza
Segur Ibérica, investigada por cobrar servicios que no realiza
Segur Ibérica, una de las grandes empresas de seguridad españolas, está siendo investigada por cobrar unos servicios que presuntamente no ha realizado. Según sus cuadrantes internos, se cobraron las rondas realizadas por 'Vigilante ficticio 11' o 'Del Vigilante XXX". La empresa que registra de forma informática esas rondas habla de un fraude de más de 2 millones de euros. Entre los afectados se encontrarían los ministerios de Fomento, Hacienda, Cultura y de Política Territorial.
Segur Ibérica, una de las tres grandes empresas de seguridad del país, está siendo investigada por cobrar horas de vigilancia que presuntamente no ha realizado. Según sus cuadrantes internos, se cobraron los servicios realizados por 'Vigilante ficticio 11' o 'Del Vigilante XXX". La empresa que registra de forma informática esas rondas habla de un fraude de más de 2 millones de euros.
En el museo Reina Sofía trabajan una treintena de vigilantes de esta empresa, pero, según la querella, a la hora de pasar la minuta al museo les cobraban por horas que no han trabajado o por vigilantes que no existen.
Otro procedimiento del que se acusa a Segur Ibérica es utilizar trabajadores auxiliares pertenecientes a otras empresas para hacer labores de vigilancia, lo que está prohibido por la Ley.
Casi 450.000 euros de estafa
Además, la querella señala que se empleaban vigilantes para labores de escolta y no para su trabajo. El centro Reina Sofía es solo uno de los estafados, pero hay más: ADIF, RENFE, AENA, FEVE... El importe de la estafa a diversos organismos dependientes del Ministerio de Fomento llega casi a los 450.000 euros.
Pero también hay otras administraciones públicas afectadas: los ministerios de Hacienda, Cultura o de Política Territorial. Pero también a otros entes, provinciales, autonómicos o locales, como la Generalitat catalana, el ayuntamiento de Barcelona, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Europea o la Universidad Complutense, a la que podrían haber estafado hasta 115.000 euros. El montante global de la estafa en dos años es de más de dos millones de euros.
Segur Ibérica, una de las grandes empresas de seguridad españolas, está siendo investigada por cobrar unos servicios que presuntamente no ha realizado. Según sus cuadrantes internos, se cobraron las rondas realizadas por 'Vigilante ficticio 11' o 'Del Vigilante XXX". La empresa que registra de forma informática esas rondas habla de un fraude de más de 2 millones de euros. Entre los afectados se encontrarían los ministerios de Fomento, Hacienda, Cultura y de Política Territorial.
Segur Ibérica, una de las tres grandes empresas de seguridad del país, está siendo investigada por cobrar horas de vigilancia que presuntamente no ha realizado. Según sus cuadrantes internos, se cobraron los servicios realizados por 'Vigilante ficticio 11' o 'Del Vigilante XXX". La empresa que registra de forma informática esas rondas habla de un fraude de más de 2 millones de euros.
En el museo Reina Sofía trabajan una treintena de vigilantes de esta empresa, pero, según la querella, a la hora de pasar la minuta al museo les cobraban por horas que no han trabajado o por vigilantes que no existen.
Otro procedimiento del que se acusa a Segur Ibérica es utilizar trabajadores auxiliares pertenecientes a otras empresas para hacer labores de vigilancia, lo que está prohibido por la Ley.
Casi 450.000 euros de estafa
Además, la querella señala que se empleaban vigilantes para labores de escolta y no para su trabajo. El centro Reina Sofía es solo uno de los estafados, pero hay más: ADIF, RENFE, AENA, FEVE... El importe de la estafa a diversos organismos dependientes del Ministerio de Fomento llega casi a los 450.000 euros.
Pero también hay otras administraciones públicas afectadas: los ministerios de Hacienda, Cultura o de Política Territorial. Pero también a otros entes, provinciales, autonómicos o locales, como la Generalitat catalana, el ayuntamiento de Barcelona, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Europea o la Universidad Complutense, a la que podrían haber estafado hasta 115.000 euros. El montante global de la estafa en dos años es de más de dos millones de euros.
Eulen da el sí quiero a la bolsa, muy a su pesar
David Álvarez, dueño del grupo de limpieza y seguridad, siempre ha cerrado la puerta a todos los bancos de inversión que le ofrecían saltar al parqué. Pero las diferencias entre sus hijos le han forzado a tomar esta decisión, que marcará, y mucho, el estreno de Eulen en el mercado de valores.
Que todo depende del color del cristal con que se mire lo demuestra el anuncio, realizado ayer a bombo y platillo a través de un diario económico, de que Eulen saldrá a bolsa. Una buenísima noticia porque el mercado de valores recibirá a una extraordinaria empresa con unas ventas de más de 1.300 millones de euros y 90.000 empleados. Y no tan buena porque la oferta pública de venta (OPV) no se pone encima de la mesa precisamente por vocación.
De lo que se trata es de apagar un fuego. Nunca ha tenido el grupo que preside David Álvarez el más mínimo interés en dar el salto al parqué. Siempre ha dicho no a los cantos de sirena que ha recibido de los grandes bancos de inversión nacionales e internacionales, que saben que Eulen es una de las pocas grandes operaciones que hoy ofrece el sector industrial español.
Ahora resulta que sí, que el grupo de limpieza y seguridad –entre otras actividades- sale a bolsa. Hace sólo cinco meses, en una entrevista realizada por quien suscribe estas líneas al director general del grupo, Jorge Adeva, éste descartaba por completo el saldo a los mercados. "Preferimos tener recursos propios que ir a los mercados a financiarnos con una venta de acciones, por ejemplo. Aquí el estilo de gestión se debe hacer desde un punto de vista monolítico, y eso sólo lo garantiza la actual estructura de capital", aseguraba. Más claro, el agua.
Sólo que, a su 82 años, a David Álvarez cinco de sus siete hijos le han dejado en la estacada. O, lo que es lo mismo, la empresa en cuyo consejo sólo existe el apellido Álvarez se ha convertido en ingobernable. La única solución es dar a cada cual lo que es suyo, y aquí paz y después gloria. Cosas de las empresas familiares que se agravan cuando los herederos creen que ha llegado el momento de compartir la fortuna acumulada.
Ni que decir tiene que la empresa necesita un lavado de cara espectacular, uno de esos lifting que hagan dudar al vecino de que somos el mismo que cada mañana saluda en el ascenso. Toca remozar el consejo de administración, profesionalizar las estructuras de arriba abajo, hacer un ejercicio de trasparencia sin precedentes en la compañía y desnudarse públicamente frente a abogados, auditores y bancos de inversión. Otra cosa será la valoración. Palabras mayores en un consejo totalmente enfrentado.
Todas las partes tendrán que hilar muy fino para el precio sea adecuado y atractivo para el mercado. Para eso hará falta una buena dosis de buena voluntad en un imperio regentado hasta hoy por un patriarca con mano de hierro al que de la noche a la mañana le ha estallado en las manos la crisis menos deseable posible.
Seguro que a estas hora hay bofetones entre los bancos de inversión por quedarse con la que, no lo duden, sería la salida a bolsa del año, con permiso de Amadeus. Porque Eulen es española, porque su marca goza de un gran reconocimiento, porque está entre las 20 primeras del país por facturación, y porque, sin ir mas lejos, es la empresa que da empleo a dos de cada mil españoles.
Suena muy bonito. Ahora sólo falta que David Álvarez y sus afines se lo crean. Es decir, que contemplen la salida a bolsa como un fin, y no sólo un medio para firmar el divorcio entre dos partes.
Que todo depende del color del cristal con que se mire lo demuestra el anuncio, realizado ayer a bombo y platillo a través de un diario económico, de que Eulen saldrá a bolsa. Una buenísima noticia porque el mercado de valores recibirá a una extraordinaria empresa con unas ventas de más de 1.300 millones de euros y 90.000 empleados. Y no tan buena porque la oferta pública de venta (OPV) no se pone encima de la mesa precisamente por vocación.
De lo que se trata es de apagar un fuego. Nunca ha tenido el grupo que preside David Álvarez el más mínimo interés en dar el salto al parqué. Siempre ha dicho no a los cantos de sirena que ha recibido de los grandes bancos de inversión nacionales e internacionales, que saben que Eulen es una de las pocas grandes operaciones que hoy ofrece el sector industrial español.
Ahora resulta que sí, que el grupo de limpieza y seguridad –entre otras actividades- sale a bolsa. Hace sólo cinco meses, en una entrevista realizada por quien suscribe estas líneas al director general del grupo, Jorge Adeva, éste descartaba por completo el saldo a los mercados. "Preferimos tener recursos propios que ir a los mercados a financiarnos con una venta de acciones, por ejemplo. Aquí el estilo de gestión se debe hacer desde un punto de vista monolítico, y eso sólo lo garantiza la actual estructura de capital", aseguraba. Más claro, el agua.
Sólo que, a su 82 años, a David Álvarez cinco de sus siete hijos le han dejado en la estacada. O, lo que es lo mismo, la empresa en cuyo consejo sólo existe el apellido Álvarez se ha convertido en ingobernable. La única solución es dar a cada cual lo que es suyo, y aquí paz y después gloria. Cosas de las empresas familiares que se agravan cuando los herederos creen que ha llegado el momento de compartir la fortuna acumulada.
Ni que decir tiene que la empresa necesita un lavado de cara espectacular, uno de esos lifting que hagan dudar al vecino de que somos el mismo que cada mañana saluda en el ascenso. Toca remozar el consejo de administración, profesionalizar las estructuras de arriba abajo, hacer un ejercicio de trasparencia sin precedentes en la compañía y desnudarse públicamente frente a abogados, auditores y bancos de inversión. Otra cosa será la valoración. Palabras mayores en un consejo totalmente enfrentado.
Todas las partes tendrán que hilar muy fino para el precio sea adecuado y atractivo para el mercado. Para eso hará falta una buena dosis de buena voluntad en un imperio regentado hasta hoy por un patriarca con mano de hierro al que de la noche a la mañana le ha estallado en las manos la crisis menos deseable posible.
Seguro que a estas hora hay bofetones entre los bancos de inversión por quedarse con la que, no lo duden, sería la salida a bolsa del año, con permiso de Amadeus. Porque Eulen es española, porque su marca goza de un gran reconocimiento, porque está entre las 20 primeras del país por facturación, y porque, sin ir mas lejos, es la empresa que da empleo a dos de cada mil españoles.
Suena muy bonito. Ahora sólo falta que David Álvarez y sus afines se lo crean. Es decir, que contemplen la salida a bolsa como un fin, y no sólo un medio para firmar el divorcio entre dos partes.
El Tribunal Supremo ratifica la nulidad del despido de la vigilante que sufrió mobbing en la Diputación de Granada
Un juzgado de lo Social lo declaró nulo, por considerarlo improcedente y que sufrió acoso laboral por parte del responsable del ente
12.02.10 EFE | GRANADA
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de un juzgado de lo Social que declaró nulo el despido de la jefa del servicio de seguridad de la Diputación de Granada, adjudicado a Segurisa, por considerarlo improcedente y que sufrió acoso laboral por parte del responsable de seguridad del ente.
La empresa concesionaria recurrió a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 11 de marzo de 2009, que a su vez no admitió el recurso sobre el fallo del juzgado de lo Social número 1 de Granada, que declaró nulo el despido y condenó a la empresa a la readmisión de la trabajadora y a indemnizarle.
El PP ha exigido responsabilidades a la institución provincial ante esta tercera sentencia en su contra ya que hasta ahora había basado su defensa en que el fallo era recurrible y "ahora se trata de uno firme, sobre el que no cabe apelación".
Así lo ha explicado la diputada provincial del PP María Victoria Molina, que ha dicho que la empresa condenada sigue trabajando en las dependencias del organismo provincial, por lo que ha exigido la revocación inmediata del contrato de concesión.
Además, Molina ha denunciado que la trabajadora que fue despedida no ha recibido apoyo alguno por parte de la institución provincial ni de otros organismos que "supuestamente defienden los intereses de los trabajadores".
Nuevo pliego de condiciones
Por su parte, el también diputado popular Antonio Granados ha recordado que el presidente de la Diputación, José Antonio Martínez Caler, anunció que para marzo se convocaría un nuevo pliego de condiciones para conceder los servicios de seguridad aunque ha denunciado que "actualmente no existe ninguna documentación en la web oficial".
Según Granados, la Agencia de Protección de Datos ha abierto un expediente sancionador por mantener instalada la cámara de seguridad que originó parte de la polémica y ha denunciado que "ningún ciudadano puede ir en contra de los intereses del PSOE".
Según la sentencia, que se hizo público el 14 de octubre de 2008, la "actitud de acoso" comenzó, según el juez, cuando el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve, pidió a la demandante que le dijese a qué trabajadores podía despedir para sustituirlos por "militantes del PSOE o familiares o amigos" de afiliados del partido y ella se negó.
Además, quedó probado que era "habitual" que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado".
Tras la negativa de la demandante a colaborar, fue trasladada de un despacho privado a una sala con el resto de personal de seguridad, donde el coordinador instaló una cámara de seguridad que grababa el espacio ocupado por la trabajadora, lo que el juez relaciona con "los problemas previos" existentes entre ambos.
Aunque Segurisa la despidió alegando motivos disciplinarios, reconoció la improcedencia del despido y la indemnizó judicialmente, lo que el juez ha considerado elemento probatorio para decretar su nulidad.
12.02.10 EFE | GRANADA
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de un juzgado de lo Social que declaró nulo el despido de la jefa del servicio de seguridad de la Diputación de Granada, adjudicado a Segurisa, por considerarlo improcedente y que sufrió acoso laboral por parte del responsable de seguridad del ente.
La empresa concesionaria recurrió a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 11 de marzo de 2009, que a su vez no admitió el recurso sobre el fallo del juzgado de lo Social número 1 de Granada, que declaró nulo el despido y condenó a la empresa a la readmisión de la trabajadora y a indemnizarle.
El PP ha exigido responsabilidades a la institución provincial ante esta tercera sentencia en su contra ya que hasta ahora había basado su defensa en que el fallo era recurrible y "ahora se trata de uno firme, sobre el que no cabe apelación".
Así lo ha explicado la diputada provincial del PP María Victoria Molina, que ha dicho que la empresa condenada sigue trabajando en las dependencias del organismo provincial, por lo que ha exigido la revocación inmediata del contrato de concesión.
Además, Molina ha denunciado que la trabajadora que fue despedida no ha recibido apoyo alguno por parte de la institución provincial ni de otros organismos que "supuestamente defienden los intereses de los trabajadores".
Nuevo pliego de condiciones
Por su parte, el también diputado popular Antonio Granados ha recordado que el presidente de la Diputación, José Antonio Martínez Caler, anunció que para marzo se convocaría un nuevo pliego de condiciones para conceder los servicios de seguridad aunque ha denunciado que "actualmente no existe ninguna documentación en la web oficial".
Según Granados, la Agencia de Protección de Datos ha abierto un expediente sancionador por mantener instalada la cámara de seguridad que originó parte de la polémica y ha denunciado que "ningún ciudadano puede ir en contra de los intereses del PSOE".
Según la sentencia, que se hizo público el 14 de octubre de 2008, la "actitud de acoso" comenzó, según el juez, cuando el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve, pidió a la demandante que le dijese a qué trabajadores podía despedir para sustituirlos por "militantes del PSOE o familiares o amigos" de afiliados del partido y ella se negó.
Además, quedó probado que era "habitual" que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado".
Tras la negativa de la demandante a colaborar, fue trasladada de un despacho privado a una sala con el resto de personal de seguridad, donde el coordinador instaló una cámara de seguridad que grababa el espacio ocupado por la trabajadora, lo que el juez relaciona con "los problemas previos" existentes entre ambos.
Aunque Segurisa la despidió alegando motivos disciplinarios, reconoció la improcedencia del despido y la indemnizó judicialmente, lo que el juez ha considerado elemento probatorio para decretar su nulidad.
El recorte de plantilla llena de inquietud a los vigilantes del metro
Bilbao. Los vigilantes de seguridad del metro ya no pueden más. No sólo sufren cada vez más agresiones cuando están cumpliendo con su trabajo -tres en este mes de febrero-, sino que desde hace dos semanas han visto reducida su plantilla para vigilar las estaciones del tronco común que discurre entre Etxebarri y San Inazio. Los guardas han denunciado la situación y anuncian también movilizaciones para exigir a la dirección de Metro Bilbao que se replantee esta decisión. La empresa, por su parte, asegura que el servicio de vigilancia en el metro es "suficiente".
Los trabajadores de seguridad denuncian que los efectivos del fin de semana se han reducido de 19 a 16 en las doce estaciones del metro que hay entre Etxebarri y San Inazio; de lunes a viernes, seis vigilantes y un responsable tienen que hacerse cargo de la vigilancia de todo este tronco común, lo que supone menos de un guarda por cada estación.
Desde hace dos años, además, aseguran que ni siquiera se refuerzan las estaciones más problemáticas -como Casco Viejo, Abando o Deusto- los días de grandes aglomeraciones nocturnas como los pasados carnavales. "Trabajamos los mismos vigilantes y, en vez de aumentar la plantilla, se traslada a algún vigilante de otra estación menos conflictiva, quedando ésta vacía de seguridad", denuncia uno de los trabajadores. Por todo ello, no descartan realizar movilizaciones para que la dirección de la empresa reconsidere esta decisión y vuelva a incrementar los vigilantes en las estaciones del suburbano.
Una decisión "peligrosa" Para el comité de empresa de Prosegur -la compañía que se hace cargo de la seguridad en estas estaciones del metro-, la reducción de la plantilla es "improcedente" y advierten de que puede ser "peligrosa" para la seguridad tanto de los propios usuarios del metro como para los vigilantes. "Con una reducción de plantilla las agresiones pueden estar a la orden del día y pueden darse situaciones más peligrosas donde no se pueda intervenir adecuadamente", alertan.
Una opinión compartida a pie de calle por un vigilante que lleva más de seis años trabajando para garantizar la tranquilidad en el suburbano. "Metro Bilbao no se toma en serio la seguridad. Ellos lo que quieren es que haya un vigilante por cada estación o cada dos estaciones, y se nos vea, nada más", denuncia. Advierte de que esta reducción de plantilla es "ilógica", más aún cuando el número de altercados y agresiones que están sufriendo en los últimos años se está disparando.
Este trabajador achaca la situación al recorte del "presupuesto de la Diputación para el metro, lo que supone que hay una reducción de horas y, consecuentemente, del número de vigilantes". Sin embargo, desde el propio comité de empresa rechazan que haya una motivación económica para esta decisión, ya que "Metro Bilbao es una empresa que no tiene ningún problema económico".
"suficiente" Por su parte, desde la dirección de la compañía se asegura que la seguridad en el suburbano es "suficiente", ya que además del personal que compone la plantilla de vigilantes disponen de otros servicios como un sistema cerrado de televisión a lo largo de toda la red con 650 cámaras, detectores de presencia en cada cuarto técnico y oficinas de atención al cliente, detectores volumétricos y luminarias. También enmarca las decisiones sobre la plantilla en la propia empresa que se hace cargo de la seguridad de las estaciones, en este caso Prosegur. "Nosotros contratamos un servicio de seguridad con unos parámetros determinados pero no detallamos cuántos vigilantes hay en cada estación o cómo es la organización interna", señalan.
No es la única queja de los vigilantes de seguridad del metro, que sufren también un mayor número de altercados y agresiones en los últimos años. Reclaman una mayor autoridad, ya que actualmente no pueden pasar de una mera retención del presunto delincuente -al no tener las mismas competencias que los agentes de Policía-, para hacer frente a comportamientos, denuncian, cada vez más agresivos contra ellos. "La sociedad ha evolucionado de tal forma que ahora la no nos respeta. Hay personas que se dedican a insultarnos y a pegarnos, porque no es lo mismo que nos agredan a nosotros que a un policía", denuncian. Ponen como ejemplo la situación en la que se encuentran los vigilantes que trabajan dentro de los trenes de Renfe, que sí tienen la categoría de agentes de autoridad. "Ahora estamos atados de pies y manos, porque legalmente podemos hacer muy poco", lamentan.
Una situación que advierten que puede incluso llegar a afectar a su trabajo para garantizar la seguridad en las estaciones del metro. "Estamos cansados de ir a juicios, perderlos y que tengamos que pagar las costas; de que nos sancionen económicamente o de que nos echen del trabajo por haber tenido un par de problemas con algún usuario. Ante esa actitud, ¿qué hacemos? Mirar a otro lado", advierten. Igualmente, desde 2009 visten una indumentaria que consideran ilegal. "La dirección nos ha impuesto llevar encima de nuestra ropa de trabajo un peto reflectante que no es legal. Lo hemos denunciado al Gobierno Civil aunque, por el momento, no hemos obtenido respuesta", finalizan.
Los trabajadores de seguridad denuncian que los efectivos del fin de semana se han reducido de 19 a 16 en las doce estaciones del metro que hay entre Etxebarri y San Inazio; de lunes a viernes, seis vigilantes y un responsable tienen que hacerse cargo de la vigilancia de todo este tronco común, lo que supone menos de un guarda por cada estación.
Desde hace dos años, además, aseguran que ni siquiera se refuerzan las estaciones más problemáticas -como Casco Viejo, Abando o Deusto- los días de grandes aglomeraciones nocturnas como los pasados carnavales. "Trabajamos los mismos vigilantes y, en vez de aumentar la plantilla, se traslada a algún vigilante de otra estación menos conflictiva, quedando ésta vacía de seguridad", denuncia uno de los trabajadores. Por todo ello, no descartan realizar movilizaciones para que la dirección de la empresa reconsidere esta decisión y vuelva a incrementar los vigilantes en las estaciones del suburbano.
Una decisión "peligrosa" Para el comité de empresa de Prosegur -la compañía que se hace cargo de la seguridad en estas estaciones del metro-, la reducción de la plantilla es "improcedente" y advierten de que puede ser "peligrosa" para la seguridad tanto de los propios usuarios del metro como para los vigilantes. "Con una reducción de plantilla las agresiones pueden estar a la orden del día y pueden darse situaciones más peligrosas donde no se pueda intervenir adecuadamente", alertan.
Una opinión compartida a pie de calle por un vigilante que lleva más de seis años trabajando para garantizar la tranquilidad en el suburbano. "Metro Bilbao no se toma en serio la seguridad. Ellos lo que quieren es que haya un vigilante por cada estación o cada dos estaciones, y se nos vea, nada más", denuncia. Advierte de que esta reducción de plantilla es "ilógica", más aún cuando el número de altercados y agresiones que están sufriendo en los últimos años se está disparando.
Este trabajador achaca la situación al recorte del "presupuesto de la Diputación para el metro, lo que supone que hay una reducción de horas y, consecuentemente, del número de vigilantes". Sin embargo, desde el propio comité de empresa rechazan que haya una motivación económica para esta decisión, ya que "Metro Bilbao es una empresa que no tiene ningún problema económico".
"suficiente" Por su parte, desde la dirección de la compañía se asegura que la seguridad en el suburbano es "suficiente", ya que además del personal que compone la plantilla de vigilantes disponen de otros servicios como un sistema cerrado de televisión a lo largo de toda la red con 650 cámaras, detectores de presencia en cada cuarto técnico y oficinas de atención al cliente, detectores volumétricos y luminarias. También enmarca las decisiones sobre la plantilla en la propia empresa que se hace cargo de la seguridad de las estaciones, en este caso Prosegur. "Nosotros contratamos un servicio de seguridad con unos parámetros determinados pero no detallamos cuántos vigilantes hay en cada estación o cómo es la organización interna", señalan.
No es la única queja de los vigilantes de seguridad del metro, que sufren también un mayor número de altercados y agresiones en los últimos años. Reclaman una mayor autoridad, ya que actualmente no pueden pasar de una mera retención del presunto delincuente -al no tener las mismas competencias que los agentes de Policía-, para hacer frente a comportamientos, denuncian, cada vez más agresivos contra ellos. "La sociedad ha evolucionado de tal forma que ahora la no nos respeta. Hay personas que se dedican a insultarnos y a pegarnos, porque no es lo mismo que nos agredan a nosotros que a un policía", denuncian. Ponen como ejemplo la situación en la que se encuentran los vigilantes que trabajan dentro de los trenes de Renfe, que sí tienen la categoría de agentes de autoridad. "Ahora estamos atados de pies y manos, porque legalmente podemos hacer muy poco", lamentan.
Una situación que advierten que puede incluso llegar a afectar a su trabajo para garantizar la seguridad en las estaciones del metro. "Estamos cansados de ir a juicios, perderlos y que tengamos que pagar las costas; de que nos sancionen económicamente o de que nos echen del trabajo por haber tenido un par de problemas con algún usuario. Ante esa actitud, ¿qué hacemos? Mirar a otro lado", advierten. Igualmente, desde 2009 visten una indumentaria que consideran ilegal. "La dirección nos ha impuesto llevar encima de nuestra ropa de trabajo un peto reflectante que no es legal. Lo hemos denunciado al Gobierno Civil aunque, por el momento, no hemos obtenido respuesta", finalizan.
viernes, 12 de febrero de 2010
UGT i CCOO convoquen la ciutadania a manifestar-se contra la reforma del sistema de pensions
Els sindicats rebutgem qualsevol mesura que suposi una reducció de la quantia de les pensions i un enduriment de les condicions per accedir-hi. Tampoc compartim mesures com l'ampliació de l'edat legal de jubilació o del període de càlcul de les pensions ni que s'elevi el nombre mínim d'anys per tenir dret a la mateixa.
La roda de premsa es podrà seguir en directe per Canal UGT (www.ugt.cat o www.canalugt.tv).
IPC gener: Mantenir el poder adquisitu dels treballadors és imprescindible per fomentar la demanda
La UGT de Catalunya considera un greu error retallar la inversió i la despesa pública abans que el creixement de la nostra economia tingui una base sòlida
Per tercer mes consecutiu, tant Catalunya com Espanya presenten taxes de variació interanual positives, que se situen en un 1,4% i un 1%, respectivament, i es confirma així el retorn al creixement dels preus. Les dades tornen a confirmar el canvi de tendència que es va produir en els preus de consum després de l’estiu del 2009. La variació interanual de gener a Catalunya és la més elevada de totes les Comunitats Autònomes i el diferencial amb Espanya es manté elevat (4 dècimes).
Respecte al mes de desembre, els preus han disminuït un 0,9% a Catalunya mentre que a Espanya han disminuït una dècima més (1%). Els preus han experimentat el comportament habitual dels mesos de gener, principalment vestit i calçat, que cau un 14,6%. Per la seva banda, el transport ha puja un 1,7%, tot i la disminució dels preus de carburants.
Garantia de capacitat adquisitiva i estabilitat de preus
Aquesta inestabilitat dels preus és contraproduent en el marc de la negociació col·lectiva i per al conjunt de l’economia. Per això és imprescindible establir:
La política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum.
Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%). La gran dependència que té la nostra economia dels preus dels productes energètics fa que haguem de prestar especial atenció a la seva trajectòria futura i que no es pugui descartar que si aquests s’encareixen de forma brusca es pugui passar de taxes de variació negatives o baixes a importants variacions de sentit contrari.
Manteniment de les mesures d’estímul econòmic: inversió i despesa pública
La UGT de Catalunya creiem que és un greu error amb conseqüències negatives per a la ocupació i el teixit productiu retallar la inversió i la despesa pública abans que el creixement de la nostra economia pugui tenir una base sòlida que permeti un creixement sostenible en el temps.
Segons les previsions més optimistes -que són les oficials-, el 2010 l’atur continuarà creixent amb una taxa d’atur estimat que superarà el 18%, tot i l’arribada d’un possible inici de recuperació parcial de les dades macroeconòmiques. Davant d’aquest escenari i les previsions d’IPC dels analistes -que indiquen una alça del nivell de preus per a aquest any-, queda palesa la necessitat urgent de garantir la millora de la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores i el manteniment de la inversió i despesa pública fins que comenci la fase de recuperació real de l’economia i la creació d’ocupació.
Control del diferencial amb Espanya davant d’augments de preus i IVA
El diferencial que manté l’evolució dels preus a Catalunya amb Espanya és dels més alts de totes les CCAA i fa que la nostra economia perdi competitivitat alhora que encareix el nivell de vida de ciutadans i ciutadanes.
Davant de les previsions d’augment dels preus el 2010, en part degut a l’augment anunciat de l’IVA el proper mes de juliol, la UGT de Catalunya reclama control en la formació de preus a Catalunya i esforços per reduir el diferencial amb Espanya, ja que minva la capacitat adquisitiva de catalans i catalanes i disminueix la nostra competitivitat encarint els nostres productes.
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