jueves, 27 de enero de 2011

SAP-UGT es felicita de la retirada del codi d'ètica dels Mossos

El SAP-UGT de Catalunya, primer sindicat del Cos de Mossos d'Esquadra, es felicita de la retirada del mal anomenat Codi d'Ètica, gràcies en bona part a la campanya d'oposició que ha portat a terme la nostra organització. El conseller d'Interior, Felip Puig, ha confirmat la supressió del codi als sindicats aquesta tarda en la reunió del Consell de la Policia.

El nostre sindicat ha rebutjat el Codi d'Ètica per considerar-lo un intent d'instrumentalització política del CME per part dels anteriors responsables del Departament d'Interior. Des del punt de vista estrictament jurídic el codi no innova absolutament res respecte als principis reguladors de la tasca policial, ja que aquests es troben desenvolupats en la normativa legal aplicable als cossos de seguretat.

D'altra banda, reiterem l'existència i l'aplicació en el sí de la Policia de la Generalitat del Codi d'Ètica Policial Europeu, que -igual que a la resta de policies del nostre entorn més immediat- ha constituït fins ara el paràmetre ètic i deontològic d'aplicació en el nostre Cos.

El nostre sindicat valora positivament aquest primer gest del conseller d'Interior, Felip Puig, però espera que a partir d'ara es concreti en una nova sensibilitat vers els problemes laborals dels mossos, com són la manca d'efectius a tot el territori o el greuge comparatiu dels horaris (tot i realitzar les mateixes tasques, uns agents poden treballar més dies l'any que d'altres segons el territori en què es trobin).

Toni Ferrer: “UGT está poniendo todo su esfuerzo en alcanzar un acuerdo social”




El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que UGT “está poniendo todo el esfuerzo en alcanzar un acuerdo social, tanto en materia de pensiones como en políticas de formación y empleo, para dar oportunidades a las personas desempleadas y garantizar la protección por desempleo. Además, también hemos planteado al Gobierno que se amplíe el PRODI, que impulse la recuperación económica a través de reforzar las políticas industriales, de innovación y la energética, y que refuerce la negociación colectiva con la reforma prevista”.
Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones al inicio del Consejo Confederal de UGT, en el que ha manifestado que el sindicato “apuesta por un acuerdo integral y por un acuerdo global en el que se combine la recuperación de la actividad económica y del empleo, la protección de las personas desempleadas y el reforzamiento de las relaciones laborales a través de la reforma de la negociación colectiva”.
En este sentido, ha considerado que estamos en “un proceso abierto, donde se están produciendo avances, pero son aún insuficientes, porque hay dificultades centradas, en su mayoría, en materia de pensiones, donde creemos que hay que garantizar que nuestro sistema público no genere ningún tipo de restricción a las trabajadoras y trabajadores expulsados por la crisis, que se tenga en cuenta las circunstancias en las carreras de cotización de los jóvenes y las mujeres y que se garantice el derecho a la jubilación anticipada y la jubilación parcial como respuesta a las situaciones de las empresas en crisis”.
Por ello, Toni Ferrer ha afirmado que “estamos en tiempo de negociación. Apostamos por un acuerdo, pero si no se produce, entraremos en el tiempo de movilización, en el que no descartamos ningún tipo de respuesta”.
No sería ningún contratiempo seguir negociando después del viernes

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha afirmado que “hay condiciones para que se produzca un acuerdo de aquí al viernes, aunque el proceso de negociaciones no puede estar condicionado a que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Reforma del Sistema Público de Pensiones”.
“Aunque lo deseable sería llegar a algún acuerdo antes de ese día, si vemos que hay voluntad y predisposición a negociar, por nuestra parte no sería ningún contratiempo seguir negociando después del viernes, en la medida que el trámite parlamentario permite incorporar el acuerdo en esta materia e, incluso, el acuerdo podría permitir la recuperación del consenso en el Pacto de Toledo”, ha considerado.

La asignatura pendiente y urgente es la recuperación del Pacto de Toledo

Toni Ferrer ha manifestado que “la asignatura pendiente en este momento es la recuperación del consenso en el Pacto de Toledo. Para nuestro sindicato, lo fundamental en torno al sistema público de pensiones, que es un instrumento fundamental y determinante para la cohesión social en nuestro país, es la recuperación del consenso de las fuerzas políticas”.

“Lo acordado ayer en el Congreso”, ha manifestado, “expresa una situación de una parte de las fuerzas políticas. Nuestra voluntad es que se recupere el consenso del Pacto de Toledo, y para ello es fundamental que el Gobierno desarrolle flexibilidad en el ámbito parlamentario, porque el sistema público de pensiones es el sistema más potente que existe para la cohesión social en nuestro país”.

Prosegur adquiere dos nuevas compañías en Brasil y Perú

Prosegur ha adquirido dos nuevas compañías en Brasil y en Perú, reforzando su posición en el mercado latinoamericano, informó la compañía, que no precisó el importe de las operaciones.
En Brasil, la empresa de seguridad ha adquirido la Compañía Martom Segurança Electronica, dedicada al monitoreo de oficinas bancarias, que en la actualidad cuenta con más de 5.000 puntos instalados y una sólida base de clientes.
Por su parte, en Perú, ha comprado Telemergencia, uno de los principales competidores del mercado en seguridad residencial, con más de 8.000 clientes.
Estas adquisiciones se añaden a las de Genper, en Uruguay, y Tellex, en Argentina, también realizadas este año, y que refuerzan las áresas de negocio de tecnología y alarmas del grupo.
Junto a España, Uruguay, Argentina, Brasil y Perú, Prosegur está presente también en Chile, Colombia, Francia, México, Paraguay, Portugal y Rumanía.

Diferencias entre empresas de instalación y empresas de planificación

Consulta efectuada por parte de una Federación del sector de seguridad privada sobre la diferencia existente entre el “proyecto de instalación” que deben emitir las empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y el “proyecto de instalaciones y sistemas de seguridad”, que emiten las empresas de Planificación y Asesoramiento.



Consideraciones
La 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada y sus modificaciones posteriores y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en sus artículos 5.1 y 1.1, respectivamente, enumeran los servicios y actividades que, únicamente, podrán desarrollar las empresas de seguridad, entre ellas se encuentran la de “instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad” y la de “planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en esta Ley”.
En cuanto a las primeras, las funciones a desarrollar por este tipo de empresas, vienen recogidas en la Sección VI, Cap. III, Arts. 39 a 45, que comprenden el ámbito material, que otorga la exclusividad de instalación a estas empresas; la aprobación de material, el personal que las compone; el certificado de instalación con la obligación de emitir certificados de las mismas conforme a las normativas que las regulen, incluyendo en ello la elaboración de un proyecto con los niveles de coberturas adecuados al lugar; las revisiones periódicas de los sistemas, y, por último, la atención a las averías de éstos, los manuales de uso y funcionamiento, así como los planos de la instalación.
Respecto a las empresas de planificación, la normativa no recoge en su articulado, de forma específica, los cometidos de éstas empresas, si bien de la redacción del apartado 1. g) del artículo 5 de la mencionada Ley de Seguridad Privada, se puede deducir que su función es más amplia que la del otro tipo de empresas, ya que los proyectos que realizan éstas abarcan todas las actividades contempladas por la normativa, quedando sin embargo excluida la instalación de sistemas, salvo que estén habilitadas para ello.
Conclusión
De la redacción del apartado anterior, se puede deducir que la única función que se puede considerar común para ambas actividades es la referida a los proyectos de instalación de sistemas de seguridad electrónicos, que tengan como función evitar el robo o la intrusión, quedando en exclusividad para las empresas de asesoramiento y planificación, aquellos proyectos que abarquen aspectos diferentes al mencionado, como pudieran ser los planes integrales de seguridad, que puedan ser requeridos por cualquier empresa o entidad.
Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

Fuente: Boletín SEGURPRI nº26
Fecha: Noviembre 2008
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Las cámaras pasan el examen

Una cámara de vigilancia de zona peatonal en Oviedo. JOSÉ VALLINA


La Policía Local de Oviedo presentaba el año pasado el nuevo sistema de videovigilancia para controlar el tráfico en la ciudad, para vigilar el acceso de vehículos en zonas peatonal y para velar por la seguridad ciudadana en el casco antiguo de la ciudad. Un sistema que generó -y genera todavía hoy cuando se está poniendo a punto el sistema- recelos por parte de vecinos, usuarios de las vías y de algunos partidos políticos. ¿Pueden sentirse los vecinos tranquilos con este tipo de vigilancia o hay que tener recelos porque puede verse conculcado el derecho a la intimidad? Varios expertos en protección de datos han analizado para LA VOZ el sistema y han sido contundentes: el sistema es legal, verificable y el ciudadano cuenta con resortes suficientes ante posibles abusos del propio vigilante.
De este modo, el abogado experto en la Ley de Protección de Datos Ramón Robles explicaba que la videovigilancia debe de tener “una finalidad concreta; no puede ser destinada a otros usos diferentes de los que se señalan en la autorización”. Así, una cámara cuyo destino sea la captación de matrículas de vehículos, tiene que ser destinada a este fin; no obstante, señalaba el letrado, ante la comisión de un delito, la autoridad competente -como un juez- puede reclamar las imágenes captadas por cualquier sistema de videovigilancia, ya sea público o privado, independientemente de la utilidad que conste en su permiso.
En este caso, para la colocación de siete cámaras de vigilancia en el casco antiguo de Oviedo hay una autorización que firma el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, quien indica que el permiso es concedido al ayuntamiento “con fines de seguridad pública”. “Si algún día aparece una secuencia de imágenes con cuestiones que nada tienen que ver con seguridad, se podría reclamar amparo legal”, señaló Robles. Otra cuestión importante es que la zona vigilada “tiene que estar perfectamente señalizada, el usuario tiene que saber que tiene una serie de derechos”.
El experto y abogado Juan Manuel Rebaque entiende que los afectados por este sistema “puedan estar recelosos; no debe de ser cómodo para un vecino saber que cada vez que sale de casa o entra te están gravando”. No obstante, el letrado señala que la Ley contempla una serie de garantías en este aspecto. Una de ellas en el tiempo de almacenado de las imágenes captadas por el sistema. “A los 30 días deben de ser destruidas salvo que estén en uso en una investigación judicial”, informaba el abogado. Asimismo, Rebaque apunta a que todo ciudadano tiene derecho al acceso y rectificación de la información recogida por las cámaras. Señala, además, que el permiso de la Delegación del Gobierno debe de tener en cuenta una autorización previa de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Principado, como así consta. Ese comité está presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, “con lo que se garantiza un estudio judicial”.
Idoneidad y proporción Otra prueba que debe superar el sistema, continúa Rebaque, es que éste debe de cumplir con los preceptos de idoneidad y de intervención mínima. Es una cuestión que también consta en el citado informe: “Los medios técnicos a emplear para la consecución de los riesgos para las personas y los bienes son idóneos y proporcionados”.
El experto Martín López explicaba, por su parte, que el ayuntamiento tiene la obligación de registrar en la Agencia de Protección de Datos las imágenes que se van a captar con el sistema, ya sea a personas -como en el circuito del casco antiguo- o a matrículas de coches (en las entradas a las zonas peatonales). “A partir de este momento -informa el abogado- hay que tener especial cuidado en controlar quién tiene acceso a estas imágenes; deben de ser agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado o, en este caso, de la Policía Local. Se debe de saber también si será una empresa privada la que gestione el dispositivo para controlar el uso y destino de los datos recogidos”. En definitiva, el sistema pasa el examen, pero el teórico, a la espera del práctico.

Torremolinos paga más de 73.000 euros cada año por vigilar una estatuta






Casualmente, la obra está frente a la casa del alcalde



Escribía Calderón de la Barca en una de sus comedias que "Casa con dos puertas mala es de guardar". En el caso de Torremolinos y parafraseando al escritor y dramaturgo del Siglo de Oro, habría que decir que "casa del alcalde con estatua enfrente, cara es de guardar". Eso es así ya que se ha hecho público que el Ayuntamiento de Torremolinos -con unas arcas municipales con graves problemas de liquidez- viene gastando anualmente más de 73.000 euros en vigilancia privada para una estatua del municipio que además, casualmente, se encuentra erigida frente a la casa del regidor del PP
Vigilar y pagar un "dos por uno" claramente es lo que Pedro Fernández Montes, alcalde de la ciudad costasoleña, habrá pensado para llevar años manteniendo tan costosa vigilancia desde hace tiempo. Habida cuenta del amplio número de estatuas existentes en la ciudad, si a todas se le aplicase esa onerosa labor de seguridad, faltaría presupuesto municipal para cubrirlo.

Contrato a una empresa de seguridad
La estatua ‘El rapto de Europa’ de Torremolinos puede presumir de ser uno de los monumentos mejores vigilados de la ciudad, ya que dispone de vigilantes jurados que diariamente guardan el monumento ante posibles ataques. Para ello, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, contrató, a través de la empresa municipal Samset, los servicios de una empresa de seguridad, que ha supuesto a las arcas municipales un total de 73.160,20 euros en el año 2009.

200 euros diarios
Según el candidato socialista a la alcaldía del municipio, José Ortiz -foto interior-, esto se traduce en un coste para los ciudadanos de Torremolinos “de más de 6.000 euros al mes y de más de 200 euros diarios los 365 días del año, un gasto excesivo para un fin que va más allá de una simple vigilancia de un monumento, ya que casualmente su ubicación está frente a la vivienda del alcalde”

Aplicar el gasto a familias necesitadas
“Torremolinos no puede permitirse gastar más de 73.000 euros anuales en rondar una estatua cuando hay más de 8.000 parados en el municipio y ese dinero bien se podría emplear en ayudar a familias necesitadas y a emprendedores que generasen empleo”, señala el líder del PSOE.

Intento de videovigilancia truncado
Hace unos años, el primer edil de Torremolinos ya intentó instalar cámaras de videovigilancia en la zona donde se ubica esta estatua, en la calle Conde de Mieres. Pero en aquella ocasión el partido socialista denunció dicha instalación porque se había colocado sin ningún tipo de control ni sometimiento a la legalidad. Fue entonces cuando la Agencia Española de Protección de Datos dictó una Resolución el 28 de febrero de 2008 declarando la ilegalidad del procedimiento del Ayuntamiento, y éste se vio obligado a retirar las cámaras.

Zona cercada, casa segura y estatua vigilada
“Pero el alcalde no desistió en su propósito de mantener vigilada la estatua y de paso su casa, de ahí que se sirviera de la empresa Samset para mantener cercada esta zona ante posibles actos vandálicos”, cuenta Ortiz, que concluye diciendo que “no se puede permitir que el alcalde camufle sus verdaderas intenciones con esta vigilancia y engañe al pueblo en beneficio propio gastándose más de 73.000 euros de los contribuyentes en tener un vigilante jurado a las puertas de su domicilio”.

Las cámaras de seguridad de un centro comercial no sirven contra los ladrones

El vigilante no pudo identificar al caco que robó 700 euros en Camelias

El centro comercial Camelias tendrá que cambiar de cámaras de seguridad si quiere pillar a los ladrones que aparecen en ellas. El juicio contra un acusado de robo en una tienda del centro puso de relieve que las imágenes no tienen la nitidez y calidad suficientes como para identifciar al autor del robo de objetos de valor por más de 200 euros y la sustracción del sobre de una nómina por otros 500.
El suceso ocurrió el pasado 3 de enero del año 2010 y el juicio se celebró ayer en el juzgado de lo penal número 1. En el banquillo de los acusados se sentaba José Manuel B.O. a quien la fiscal le pide una condena de tres años de prisión.
Pero José Manuel esgrimió una coartada. Ese día no salió de casa puesto que «tenía el mono», el síndrome de abstinencia por la falta de heroína. Su compañero de vivienda, José Luis Paz, ratificó que ese día José Manuel no salió de la habitación en todo el tiempo que estuvo en la casa. Únicamente pudo cometer el acto delictivio entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche, periodo en el que el compañero de piso y su mujer no estuvieron en la vivienda que compartían los tres.
Pero el robo sucedió cuando el centro estaba a punto de cerrar. El vigilante de seguridad Adolfo F. señaló que su intervención se produjo a las diez y media de la noche. «Por la cámara de seguridad vi a una persona que se hallaba en el interior del centro comercial cuando ya había cerrado. Pasó a mi lado y me dio mala espina porque giró la cara para que no se la viera. Luego sí lo pude ver, aunque a cierta distancia», relató el encargado de la segurida del centro.
Luego le enseñaron fotos en comisaría y reconoció al ladrón pero «ahora no lo reconozco». Tampoco identificó al acusadola dueña de la tienda de regalos Fresa y Chocolate, de donde sustrajeron cinturones, bolsos y el dinero destinado al pago de una empleada contratada durante las navidades.
Con este panorama, el abogado defensor pidió la libre absolución.
El acusado dijo que el que aparecía en las cámaras no era él sino «el portugués» e intervino airadamente cuando no le tocaba hablar, lo que motivó que la magistrada le recriminase y le recordase su pasado como condenado a 17 años por violador.

Dos detenidos por robar perfumes en un centro comercial de Ferrol

Ferrol, 26 ene (EFE).- La Policía Nacional de Ferrol ha detenido en las últimas horas a dos hombres de 27 y 25 años, que el pasado sábado supuestamente entraron a robar en un centro comercial y se apropiaron de perfumes y colonias por importe de 850 euros, según indicaron hoy fuentes de la comisaría ferrolana.
El primer robo tuvo lugar el pasado 22 de enero, en un centro comercial de Ferrol. Uno de ellos, con antecedentes, entró en el centro, mientras su compinche le esperaba fuera para emprender la huida en un coche. Horas después, repitieron la jugada y lograron apropiarse de otros tantos frascos de perfume de la misma marca.
Según la policía ferrolana, ayer los vigilantes de seguridad del centro se percataron de su presencia y alertaron a la policía, que logró detenerlos. A ambos se les imputa un delito de hurto. Esta mañana, los dos presuntos delincuentes pasaron a disposición judicial.
Por otra parte, un agente de la brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Ferrol detuvo a un hombre de 37 años, vecino de Zamora, con un largo historial policial por estafa y apropiación indebida, que tenía pendientes varias reclamaciones judiciales de los tribunales de Zamora, Valladolid y León, entre otras ciudades.
Fue identificado y arrestado por un agente en la calle Sánchez Calviño, a media tarde, el pasado lunes. Pocas horas después, pasó a disposición del juez en los tribunales de la calle Coruña. EFE Lbh/av

Hasta 557 actuaciones de vigilancia en los polígonos de Úbeda

Hasta 557 actuaciones de vigilancia en los polígonos de Úbeda


El servicio de seguridad privada que coordina Alciser intervino durante 2010 en incidencias de todo tipo



El servicio de vigilancia privada que gestiona la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios (Alciser) en los polígonos industriales de Úbeda realizó durante el pasado año 2010 un total de 557 actuaciones de diferente calado. Ante estas cifras, el colectivo de comerciantes ha hecho un balance muy positivo de este dispositivo, que mantiene gracias a las aportaciones de empresarios.
Concretamente, los vigilantes de seguridad inspeccionaron hasta 368 saltos de alarmas que se produjeron en las naves del polígono e impidieron el robo de gasoil de depósitos de camiones en 5 ocasiones. Además, ante diferentes incidencias, avisaron a la Policía Nacional un total de 27 veces, 30 a la Guardia Civil y 34 a la Policía Local, para que inspeccionaran vehículos o personas sospechosas que merodeaban por el entorno.
Por otro lado, en 36 ocasiones alertaron a los Bomberos por incendios producidos en contenedores de basura o de otros residuos, en su mayoría provocados por actos vandálicos. Y asistieron a las víctimas de 10 accidentes de tráfico que se produjeron en el entorno en sus horarios de servicio.
También, la patrulla atendió la alerta máxima que les trasladó la Guardia Civil en 3 ocasiones, y detectó la rotura de mobiliario urbano del polígono hasta en 14 ocasiones, trasladando posteriormente estos hechos al Ayuntamiento para que los subsanaras. Finalmente, los vigilantes detectaron y apagaron con sus propios medios 3 incendios en vehículos en 3 ocasiones, frustraron el robo en naves en 13 ocasiones, y avisaron 14 veces a la Guardia Civil por motivos diversos.
El presidente de Alciser, Bartolomé González, ha valorado muy positivamente el trabajo realizado por la patrulla de seguridad privada y felicitó a la empresa que realiza el servicio, el cual sufragan los empresarios de los polígonos industriales, aunque no todos. Al respecto, González hizo un llamamiento a quienes no participan en los gastos del dispositivo pero sí se benefician indirectamente de él.




Detenido en el Aeropuerto de Sevilla con más de 200 bellotas de hachís

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Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad del Aeropuerto de Sevilla han detenido a J.R.R., de 20 años y vecino de Pontevedra, por un supuesto delito contra la salud pública, al tratar de embarcar en un vuelo a Vigo con 2,6 kilos de hachís ocultos en unas tobilleras improvisadas con unos “panties”.
El joven fue interceptado por los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Sevilla San Pablo en la zona de embarque al haber hecho saltar la alarma, dando aviso los vigilantes al guardia civil que se encontraba supervisando el dispositivo de embarque de pasajeros del vuelo con destino a Vigo. Según los vigilantes, parece ser que este pasajero tenía algo en las piernas que impedía que pudiera pasar el control.
Así, el agente de la Benemérita se llevó al individuo aparte, y éste le manifiesta que lleva unas tobilleras que podían hacer sonar el arco de seguridad. El guardia civil desconfió y le hizo pasar a un cuarto para realizarle un registro minucioso.
Apartado del resto de pasajeros, el guardia encontró en el interior de unas medias femeninas que llevaba puestas un total de 220 bellotas de hachís, 110 en cada pierna, con un peso total de 2 kilos 600 gramos. Por estos hechos la Guardia Civil dettuvo a J.R..R., quien tras pasar a disposición judicial, ha sido ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

miércoles, 26 de enero de 2011

LA DETENCIÓN PRACTICADA POR VIGILANTES DE SEGURIDAD

EL VIGILANTE NO SOLO PUEDE DETENER, ESTÁ OBLIGADO A ELLO

Todos los profesionales de este sector hemos tenido en alguna ocasión que practicar alguna detención, asaltándonos en ese momento la duda entre si obramos debidamente o no, desde el punto de vista de la legalidad vigente.

Estas dudas que vienen generadas por la escasa o nula formación que tenemos al respecto, se ven acrecentadas por la falta de unificación de criterios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de los cuales somos subordinados, dando esto lugar a malos entendidos y faltas de coordinación que limitan finalmente las intervenciones en el ejercicio de nuestras funciones.

La detención como función del Vigilante de Seguridad, no aparece como tal con esa denominación en la Ley 23/1992 de 30 de Julio de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla (RD 2364/1994 DE 9 DE Diciembre), pero si de modo implícito, así:
  • En los Art. 11.1.c de la Ley y 71.c del Reglamento: los vigilantes de seguridad deberán: “Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”.

Es evidente que para llevar a cabo esta función, en ocasiones como por ejemplo en caso de delito flagrante, la única forma de evitarlo es mediante una detención del presunto delincuente con el fin de ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

  • También en los Art. 11.1.d de la Ley y 71.d del Reglamento se establece que: los vigilantes de seguridad deberán:” Poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos”.

Nuevamente se evidencia en este punto que es necesario detener primero al presunto delincuente, para después ponerlo a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

  • El Art.76.2 del Reglamento prescribe: No obstante, cuando observase la comisión de delitos en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios racionales de tal comisión, DEBERAN poner a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos.”

En este punto el Legislador dice ”DEBERAN”,por lo que implícitamente esta obligando a los vigilantes de seguridad a que de alguna manera sujeten al presunto delincuente, y esa privación de libertad supone una detención sin que pueda justificarse en nuestro ordenamiento jurídico bajo términos como “retención”, “control”, u otras.

  • Por ultimo en cuanto a la Ley de Seguridad Privada se refiere, el Art. 86 del Reglamento manifiesta:”Cuando los vigilantes en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la DETENCION e INMOVILIZACION de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Jefe de Seguridad podrá disponer el uso de grilletes…”

En este punto el propio Reglamento deja finalmente claro y manifiesto que el Vigilante de Seguridad puede detener, matizando además en su Art. 67 unos principios concretos de actuación, exigiéndoles que se atengan a los principios de integridad y dignidad en sus actuaciones; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.

Dejando a un lado La Ley de Seguridad Privada y dando por hecho que el Vigilante de Seguridad también puede detener en virtud del Art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“cualquier persona puede detener….”), es necesario señalar que según el Art. 283 de la misma Ley en su punto sexto, los Vigilantes de Seguridad forman parte de la Policía Judicial, cuando cita textualmente: “Los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la administración”; por lo que también es aplicable al Vigilante de Seguridad (Confirmado por la Administración) el Art. 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala la OBLIGACION de detener que tiene la Autoridad y la Policía Judicial.

Finalmente y sin dejar lugar a dudas en cuanto a si los vigilantes podemos o no detener, solo queda confiar en que las empresas de Seguridad y/o la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía nos aleccionen suficientemente en las obligaciones que entraña una detención, forma de practicarla y la información de derechos que asiste a todo detenido según establece el Art. 520 de la L.E.C., lo cual redundara en el correcto ejercicio de nuestra profesión.

RENOVACION DEL TIP


La Tarjeta de Identificación Profesional del Vigilante de Seguridad debe renovarse a los diez años de su expedición.

Debe estar cadacuda y a partir de ese momento se dispone de tres meses para tramitar la renovación.

La renovación es gratuita, por lo que no hay que abonar ninguna tasa.

Los documentos requeridos son los siguientes:

Instancia de Renovación (Facilitada en Seguridad privada)

Declaración Jurada (Facilitada en Seguridad Privada)

Certificado Médico Oficial (Específico para Seguridad Privada según RD 2487/1998 de 20 de Noviembre y la Orden de 14/01999.)

Autorización para Solicitud de Penales (Facilitada en Seguridad Privada)

2 fotografías tamaño carné. (El reconocimiento médico necesita otra foto)

domingo, 23 de enero de 2011

SEVILLA Mercasevilla acumuló dos millones de deuda más en 2010




os costes estructurales de Mercasevilla siguen haciendo inviable su continuidad. La dirección del mercado público ya ha asumido esta tesis y acaba de proponer un plan de viabilidad para salvar la lonja, ya que las cuentas de 2010 se han cerrado con otros dos millones más de pérdidas, según han confirmado a este periódico fuentes de la directiva. Tras la ampliación de capital llevada a cabo hace unos meses para no incurrir en causa de disolución de la compañía, la estructura de la misma sigue provocando el aumento imparable de la deuda, por lo que las medidas para evitar la quiebra son urgentes. Mercasa, sociedad estatal que tiene el 48 por ciento de las acciones, ha realizado una serie de propuestas para ello que el Ayuntamiento, principal accionista, ha terminado asumiendo. Ese plan de viabilidad se articula en torno a once medidas, una por cada servicio que ofrece Mercasevilla. Pero la propuesta clave es la que se se refiere a la plantilla. Según las fuentes consultadas, el plan consiste en reducir de manera drástica el número de empleados directos de la lonja de los 160 que aproximadamente tiene ahora a unos 30. Así se produciría un ahorro superior a los cuatro millones de euros y se aseguraría la supervivencia de la compañía.
No obstante, la dirección del mercado no se plantea realizar despidos masivos para lograr esta reducción, sino negociar con trabajadores y mayoristas la posibilidad de que estos últimos absorban a los empleados que actualmente les prestan servicios. A este respecto, la medida comenzaría por la eliminación de los puestos de trabajo dedicados al arrastre y facturación del pescado, algo a lo que está obligada la empresa como consecuencia de las sentencias del Tribunal de la Competencia y la Audiencia Nacional en las que se le insta a ello aduciendo que los mayoristas deben tener libertad de empresa para cobrar sus ventas y contratar personal.
Las negociaciones del Ayuntamiento con los trabajadores y los mayoristas comenzarán en breve, aunque a los enlaces sindicales ya se les ha comunicado la medida. De hecho, el comité de empresa ya ha convocado varias reuniones en el mercado para estudiar las medidas que van a adoptar los trabajadores, quienes se oponen a esta reducción. Una de las primeras ha sido manifestarse ante la sede del PSOE.
Desde la actual cúpula de Mercasevilla se defiende la medida recordando que los Expedientes de Regulación de Empleo realizados en 2003 y 2007, ahora también rodeados de polémica, se llevaron a cabo con esa intención, ya que Sevilla es la única ciudad de España cuyo mercado central tiene una plantilla tan elevada. El ejemplo que se da desde Mercasa es el de Mercamálaga, que se gestiona con 30 empleados. Aún así, el comité de empresa no está dispuesto a ceder y cuenta como aliado con IU, que actualmente tiene a Juana Martínez en el consejo de administración.
Pero el citado plan de viabilidad contempla la reducción del gasto en otros puntos, aunque en partidas de mucha menor cuantía. Es el caso del servicio de vigilancia, que actualmente presta la empresa Securitas. La lonja ha planteado un nuevo contrato con el que se ahorrará 100.000 euros anuales. Asimismo, se eliminará la externalización de la limpieza, ya que existe en su organigrama personal interno destinado a ello.
En definitiva, todas estas medidas pretenden sanear las cuentas de Mercasevilla después de la situación extrema en la que ha quedado tras la gestión llevada a cabo en los últimos años, cuya presunta corrupción está siendo investigada por el juzgado número seis. Los nueve millones de deuda que arrastra como consecuencia de haberse tenido que hacer cargo del ERE de 2007 tras la negativa de la Junta de Andalucía son la principal amenaza. Pero la directiva también teme que los recursos ante Medio Ambiente para evitar las sanciones por venta de inmaduros no prosperen y esos 1,8 millones de euros de multas acaben llevando al mercado hasta la causa de disolución. Así que entiende que hay que adoptar iniciativas urgentes para eliminar la deuda estructural actual e incluso obtener beneficios. Eso es lo que ha expuesto en el último consejo de administración, donde se ha dado el visto bueno al plan de viabilidad. Esto es: el Ayuntamiento asume la responsabilidad y adoptará medidas impopulares sin esperar a que pasen las elecciones. Y es que la denuncia del PP por delito societario estrecha el control y ya nadie está dispuesto a arriesgar.

El 99% de las alarmas que saltan en Vigo son falsas

Delfín Fernández, ayer, presidiendo la comisión mixta.

Las 'falsas alarmas' que se producen 'prácticamente a diario' en Vigo y en toda la provincia de Pontevedra suponen para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 'una gran pérdida de tiempo y recursos', según ha explicado el subdelegado del Gobierno , el vigués Delfín Fernández, tras presidir la reunión de la comisión mixta de seguridad privada. El pasado año se registraron un total de 1.067 falsas alarmas en Vigo, y sólo nueve reales, lo que supone apenas el 1 por ciento del total.

El 99 por ciento restantes fueron alertas sin fundamento. Según explicó, la mayoría de las alertas falsas proceden de locales que no están obligados a contar con sistemas de vigilancia, como los centros comerciales, tiendas y oficinas, así como las viviendas unifamiliares. En cambio, entre los 2.048 locales obligados a contar con sistemas de seguridad (administraciones de loterías, galerías de arte, gasolineras, bancos, joyerías y farmacias), tuvieron menos del 10 por ciento de las falsas alarmas.
En este apartado, los locales obligados a tener estas medidas , se produjeron 133 falsas alarmas, de las cuales tan sólo 5 fueron reales. El subdelegado ha explicado que 'una falsa alarma' para la Guardia Civil, que tiene competencias en el 92 por ciento del territorio de la provincia, 'supone un desplazamiento medio de unos treinta kilómetros y una gran pérdida de tiempo y recursos'.
'Hay determinadas falsas alarmas que generan infracciones', indicó Delfín Fernández, antes de concretar que 'este pasado año fueron diecisiete'. 'La mayoría se deben a fallos en el sistema por una manipulación indebida', ha alertado. Del mismo modo, el comisario provincial, Manuel Salgado, ha explicado que una falsa alarma 'genera una sanción desde el momento de cometerla', aunque ha matizado que 'hay una tolerancia y hasta la tercera falsa alarma cometida a lo largo de un mes no se sanciona'. Sin embargo la tendencia es a la baja, 'en su conjunto hay un descenso de un 15 por ciento de descenso por falsas alarmas', añadió Delfín Fernández.
Por sectores, destacó que entre los centros sensibles, el pasado año sólo hubo dos asaltos con alarma en las estaciones de servicio, uno de ellos muy llamativo, al producirse en la gasolinera de Puxeiros, donde el atracador se llevó a rastras un buen rato a uno de los empleados , siendo finalmente detenido y encarcelado.



4.500 agentes en la provincia públicos y privadosLa comisión mixta es el órgano de coordinación del que forman parte mandos de la Guardia Civil y Policía Nacional así como otros representantes de los organismos, entidades y empresas relacionadas con el sector de la seguridad privada. Actualmente, hay 53 empresas de seguridad privada en la provincia, son dos más que el pasado año. En total, 1.193 personas trabajan en este sector. A ellas hay que añadir 1.500 guardias civiles, otros mil policías nacionales y 800 agentes de las guardias locales. 'Hay en total unas 4.500 personas dedicadas a la seguridad en la provincia, creo que es un buen número', enfatizó Delfín Fernández.
En este escenario, Fernández ha asegurado que 'los datos apuntan a una cada vez mejor supervisión y control por parte de la seguridad pública'. 'Hay más inspecciones de oficio y menos de instancia de parte y todos los indicadores apuntan a una mejor actuación de la seguridad privada con un descenso importante en las sanciones e infracciones', ha advertido. 'El grado de seguridad parece alto, no sólo porque han descendido los robos sino porque el grado de seguridad es alto, parece muy razonable', dijo.

APROCA dice que el nuevo reglamento sobre seguridad privada afectará a los guardas particulares de campo y caza



La nueva Orden del Ministerio del Interior que regulará la Seguridad Privada ha creado inquietud entre los Guardas Particulares de Campo y Caza, puesto que los cambios que introducirá la norma, afectarán nuevamente de forma negativa al sector cinegético.
Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca España, ha señalado que esta nueva norma supone una vuelta de tuerca a los problemas que tiene el sector cinegético, puesto que va a afectará al desarrollo de la figura de Guardas Particulares de Campo y Caza

Villanueva ha lamentado que el Ministerio del Interior haya elaborado un nuevo borrador de una nueva norma, sin consultar a ninguna de las entidades del sector cinegético.

El presidente de Aproca España ha recordado que esta entidad es la única en España que posee un Centro de Formación exclusivo para Guardas de Caza, que el año pasado formó a sesenta alumnos de toda España que, posteriormente, pudieron acceder al examen del Ministerio del Interior para la obtención de la titulación correspondiente.

Esta entidad se ha mostrado crítica con el borrador de la norma presentado por el Ministerio del Interior, por considerar que introduce modificaciones como el incremento del número de horas de formación que deben recibir los guardas particulares que pasan de 60 a 120 horas.

Para Aproca este cambio es excesivo dado que en ese curso sólo se puede impartir materia relacionada con la seguridad y no sobre otros aspectos cinegéticos.

Además esta medida, ha dicho Villanueva, duplicaría los gastos de realización del curso para un perfil de personas que se caracteriza casi siempre por encontrarse en situación previa de desempleo.

Es por ello que, desde Aproca España, han propuesto que esta formación se incluya en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objeto de valorar en su justa medida esta profesión y que los citados cursos puedan ser subvencionados con el objeto de eliminar el coste de los mismos.

Por otro lado, esta organización tampoco entiende las grandes exigencias de dimensiones que se piden a los Centros de Formación o la introducción de otros elementos de defensa personal para los guardas de campo y caza, tales como las comúnmente denominadasporras o gomas semirrígidas.

Todo ello ha apuntado Villanueva, es fruto nuevamente de legislar sin tener en cuenta la opinión del sector cinegético y, por ello, Aproca España ha solicitado, conjuntamente con la Oficina Nacional de la Caza, que antes de someter este borrador a información pública, se tengan en cuenta las consideraciones que ambas entidades van a realizar al texto.

Los primeros 575 trabajadores que se incorporarán al aeropuerto de Corvera (Murcia) recibirán formación

Los primeros 575 trabajadores que se incorporarán al aeropuerto de Corvera (Murcia) recibirán formación

Recursos Humanos Digital. El Gobierno regional ha diseñado un plan formativo para cualificar e incorporar a los primeros 575 trabajadores que se incorporarán al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, siendo los perfiles más demandados agente de servicios aeroportuarios, agente de rampa, servicio de limpieza y vigilante de seguridad.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, durante la firma del convenio con el titular de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, y los alcaldes de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y Fuente Álamo, María Antonia Conesa, para desarrollar 50 cursos de formación en diferentes especialidades que se realizarán a partir de abril en sendos municipios, y por el que la Comunidad ha invertido 800.000 euros.

Estas acciones distinguen entre cursos completos y específicos, dependiendo de las necesidades formativas de los alumnos. Así, se programarán cursos específicos, de entre 50 y 70 horas, que estarán relacionados con las particularidades derivadas de la profesión dentro de un aeropuerto y dirigidos principalmente a aquellos candidatos que cuentan con formación previa en el desempeño de la profesión que se precisa, pero que nunca han trabajado en un aeropuerto.

Por su parte, los cursos completos, de mayor duración -entre 85 y 250 horas-, incluyen tanto contenidos de carácter específico relacionados con el entorno del aeropuerto como aquellos relacionados directamente con el puesto de trabajo.

Para Sotoca, la puesta en marcha del Aeropuerto supone "una prioridad absoluta en el impulso de la economía y el mercado de trabajo regional" y, por tanto, "representa una oportunidad muy importante para la Región y muchos ciudadanos que van a poder encontrar un futuro laboral más favorable".

Actualmente, cerca de 500 operarios trabajan en turnos de mañana, tarde y noche para dar el impulso "definitivo", según el consejero Ballesta, a esta infraestructura de "alta rentabilidad social que se configura como un pilar estratégico de la economía de nuestra región".

En esta línea, ha recordado que el Gobierno regional finalizará en los próximos días las obras de los accesos Este y Oeste al Aeropuerto y está ultimando el resto de obras complementarias.

Ballesta también se ha referido a las negociaciones llevadas a cabo por el presidente Ramón Luis Valcárcel con el ministro de Fomento, José Blanco, que "garantizan la llegada del AVE a la Región por la opción centro, lo que posibilitará su conexión con el Aeropuerto Internacional, que lo convertiría en el primer aeródromo de España comunicado por alta velocidad y el tercero con conexión ferroviaria".

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS CURSOS DE FORMACIÓN

El titular de Empleo ha explicado que la Consejería ha iniciado previamente un proceso para seleccionar aquellos candidatos que participarán en estas acciones formativas y a las que, finalmente, accederán unos mil desempleados.

Para ello, cualquier ciudadano de la Región puede dirigirse a alguna de las oficinas de empleo que hay repartidas por todos los municipios para solicitar su inscripción, a excepción de Fuente Álamo, donde habrá que dirigirse a la Cámara Agraria de la localidad.

El plazo estará abierto hasta el 10 de febrero, y los candidatos deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada especialidad que pueden consultarse en la página web del Servicio Regional de Empleo y Formación, 'www.sefcarm.es', en el área de formación.

No obstante, Sotoca ha resaltado que el idioma "será uno de los requisitos más comunes para acceder a los cursos, dadas las características del proyecto". De hecho, ha asegurado, "siete de los 12 perfiles profesionales demandados exigen, como mínimo, un nivel B1 de inglés, que deberán documentar atendiendo al marco común europeo de referencia".

La Consejería realizará una primera preselección de candidatos entre todas aquellas personas que cumplan los requisitos iniciales de acceso a estos cursos. Para ello, se valorará la formación previa relacionada con el contenido del curso, y también la experiencia en el desempeño de la ocupación asociada a las diferentes acciones formativas.

Finalmente, la entidad formativa realizará mediante las correspondientes pruebas de nivel la selección final de los candidatos que se incorporarán a los diferentes cursos, y confeccionará la lista de espera necesaria para cubrir las posibles vacantes que se produzcan.

12 PERFILES PROFESIONALES

Respecto a los nuevos puestos de trabajo que se creen, están relacionados con 12 especialidades diferentes relacionadas con la vigilancia y la seguridad aeroportuaria, administración, limpieza, servicios, mantenimiento, o atención a personas con movilidad reducida.

En concreto, Sotoca ha precisado que los perfiles profesionales más demandados corresponden a los de agente de servicios aeroportuarios, que precisa cubrir 160 puestos de trabajo, entre agentes de facturación y de embarque, de venta de billetes, o de terminal.

Asimismo, ha subrayado los 93 empleos que se crearán para cubrir puestos de agente de servicios en rampa, tanto supervisores y agentes de rampa, como operadores de servicio de combustible o supervisores y auxiliares de carga aérea y correo. Los servicios de limpieza o la vigilancia aeroportuaria son también especialidades muy demandas que generarán 80 y 67 puestos de trabajo, respectivamente.

Las distintas empresas que operarán en el aeropuerto desarrollarán sus respectivos procesos de selección, entre todos los alumnos formados. Aquellos alumnos que no sean seleccionados, quedarán a disposición de las empresas, para futuras contrataciones o ampliaciones de plantilla.

Ingresan en Punta Blanca por un intento de robo a una enfermera

Dos menores han ingresado en el centro de reforma Punta Blanca como presuntos autores de un intento de robo con intimidación a una enfermera en el Príncipe, unos hechos que ocurrieron el pasado día 4.
Aquel día, una DUE fue abordada por tres menores cuando acudía a atender a un paciente en un domicilio. Uno de ellos la cogió por la espalda mientras los otros la rodeaban, amenazándola con un cuchillo. Los agresores se dieron a la fuga cuando un vecino que pasaba por el lugar de los hechos les gritó que la dejaran porque era enfermera.
El Grupo Especial de Menores del Cuerpo Nacional de Policía (GRUME) se encarga de la investigación de este caso. Sus funcionarios consiguieron identificar a, al menos, dos de los menores, por la descripción dada de edad, estatura y rasgos físicos, así como la existencia de cicatrices en uno de ellos.
Uno de los menores, N.K.A., se fugó el pasado mes de diciembre de Punta Blanca. El otro es O.M.S.K., quien amenazó con el cuchillo a la enfermera.
Este no es el único caso en el que las víctimas han sido profesionales sanitarios. El pasado martes una doctora y una DUE fueron víctimas del robo de un vehículo, propiedad de la segunda, mientras asistían a un ciudadano en la barriada del Príncipe tras ser requeridas en una asistencia médica en la calle Fuerte.
Las profesionales sanitarias comprobaron que le habían robado el vehículo cuando acabaron de atender al paciente y se dirigían al mismo para regresar. El robo se produjo al mediodía.
A esta lista de actos vandálicos en las que los profesionales sanitarios se convirtieron en víctimas hay que sumarle el caso de un enfermero al que le robaron la moto cuando acudía a hacer un aviso domiciliario y otro de un fisioterapeuta que iba a realizar los ejercicios de rehabilitación necesarios a una señora cuando le asaltaron en una callejuela y le robaron todo lo que llevaba.
Un vigilante de seguridad también sufrió una agresión cuando se encontraba haciendo su trabajo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.
El pasado jueves, a un vigilante que trabaja en el Hospital Universitario también le robaron la moto. Fue en el momento en el que fue a cerrar la puerta del parking de estas dependencias sanitarias. Por esta oleada de robos que están sufriendo los profesionales sanitarios, los sindicatos han convocado una concentración para el próximo lunes a partir de las 11:00 horas en la puerta de todos los centros sanitarios.
Uno de los sindicatos que participarán en esta medida de protesta es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). La presidenta del sector de Sanidad en esta organización sindical, Milagros Corrales, condenó ayer a través de un comunicado enviado a los medios los “continuos robos, agresiones y maltrados que se están produciendo en los centros sanitarios, tanto a este personal como al no sanitario”. Además, la responsable de Sanidad en esta central sindical insta a las autoridades “a que pongan medios para salvaguardar la esguridad en todos los centros de trabajo. Esto es intolerable y debe solucionarse ya”, concluyó.

Polígonos, territorio de los cacos

sábado, 22 de enero de 2011

Resumen Jurisprudencial sobre Dietas y Kilometraje

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TEMA HORAS EXTRAS,Y VA OTRA A FAVOR

He aqui una de las sentencias mas recientes,sobre el tema de las HORAS EXTRAS

SENTENCIA