El Juzgado de Instrucción número 4 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) inició ayer el proceso penal contra 15 estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tras ser denunciados por dos vigilantes de seguridad que presuntamente resultaron heridos durante la entrada forzosa de estudiantes al rectorado para protestar contra el desalojo policial de unos 50 estudiantes que se encerraron en la Facultad de Filosofía y Letras contra el Plan de Bolonia.Los hechos ocurrieron el pasado 6 de marzo cuando los Mossos d'Esquadra entraron en la universidad a desalojar a una cincuentena de estudiantes que se habían encerrado como medida para protestar contra el Plan Bolonia y se produjo una carga policial. En respuesta, los alumnos se manifestaron frente al rectorado en varias ocasiones e intentaron acceder al Consejo de Gobierno del 18 de abril y a la Junta Permanente del 29 y 30 de mayo.Los 15 estudiantes están acusados de delitos de desórdenes, daños y lesiones, ya que los guardias de seguridad denunciaron los hechos ante los Mossos d'Esquadra por las lesiones sufridas y la UAB por los desperfectos ocasionados, aunque la institución educativa renunció a presentarse como acusación particular en el juicio.El vicerrector de Estudiantes de la UAB, Joan Carbonell, explicó a Europa Press que la universidad decidió presentar la denuncia al considerar que "las entradas violentas a despachos son perseguibles judicialmente", ya que atentan contra personas y contra bienes públicos.Con el mismo criterio, la UAB abrió el pasado junio 33 expedientes disciplinarios por estos mismos hechos que están a la espera de ser resueltos con el objetivo de "informar y sancionar si es preciso conductas y no ideas", que según la universidad están "orientadas a impedir reiteradamente el funcionamiento de los órganos de gobierno de la universidad, con una actuación violenta".Según una de las alumnas expedientadas y denunciadas, Gemma Amorós, los expedientes responden a "un reglamento franquista de 1954 que prohíbe las manifestaciones", aunque la UAB aclaró en un comunicado que se trata del "único vigente y aplicable que es el que utilizan todas las universidades para instruir expedientes disciplinarios".Asimismo, los estudiantes reclamaron hoy la cancelación del proceso judicial y del proceso disciplinario, al entender que se trata de una medida para "paralizar la lucha estudiantil contra la privatización de la universidad", por lo que las asociaciones de estudiantes preparan para la próxima semana nuevas movilizaciones.Esta postura recibió hoy el apoyo del sindicato USTEC·STEs, quien rechazó los métodos utilizados y solicitó al rectorado "reflexión para retroceder" y retirar los expedientes y las denuncias.
EUROPA PRESS.
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