El gerente de la estación de buses descarta contratar a vigilantes ante los casos de exhibicionismo

Admite que en los aseos "hay mirones, pero como en otras terminales"
Existen contactos en los baños, pero como en todas las terminales; no hay ninguna mafia, esto no es prostíbulo”. El gerente de la estación de autobuses de Vigo, Julio González, asegura asimismo que “los casos graves de exhibicionismo pueden contarse con los dedos de una mano, y todavía sobran”. Considera que la terminal está todo el día vigilada por “cuatro o cinco” empleados del departamento de limpieza, información o facturación, quienes “hacen un servicio de vigilancia entre comillas. No son Chuck Norris, claro. Aunque creo que un guardia jurado no solucionaría el problema, no puede hacer mucho más que los trabajadores; no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano”. Por la noche, cuando la estación está cerrada, otro empleado ‘vela’ por su seguridad.
A lo largo de sus veinte años al frente de la terminal viguesa, Julio González no recuerda ningún caso de exhibicionismo a menores en las instalaciones, a excepción de los dos que se llevaron a juicio en las últimas dos semanas. Los acusados: un hombre de 67 años y un octogenario. “Los mirones sí que son frecuentes en los aseos, como en otros lugares públicos. Es inevitable. Pero no hay nada más allá”, expresa el responsable. Es consciente de que los baños masculinos acogen “frecuentes” contactos entre personas del mismo sexo, pero reitera que son consentidos. “Si vemos a alguien en esta situación en el interior del aseo, los echamos fuera. Ya nos pasó un par de veces”, confiesa González. Lamenta que las miradas de estas personas que deambulan por la estación en busca de sexo se producen a menudo. “Te puedes sentir molesto, pero no podemos hacer nada”, dice.
Trabajo de la Policía
El gerente discrepa de algunos comerciantes que trabajan en la estación viguesa, quienes urgen la contratación de un vigilante de seguridad profesional. González deja en manos de la Policía los casos de exhibicionismo y ofrecimiento de prácticas sexuales a cambio de dinero que se puedan producir en los aseos de la terminal. “Cuando vemos algo extraño, llamamos a los agentes, y ellos mismos nos dicen que nunca actuemos. El 99,9% de los que se incomodan por las miradas hacia sus partes en el baño no denuncian, aunque nosotros los animamos a hacerlo”, finaliza el gerente.

El Colectivo Galego do Menor reclama personal de seguridad

Pese a que la estación de autobuses de Vigo cuenta con cámaras, los aseos, como es obvio, no tienen ningún tipo de sistema de seguridad. Para reducir los casos de exhibicionismo que según fuentes judiciales y policiales se producen en estas instalaciones, el Colectivo Galego do Menor reclama la contratación de vigilantes de seguridad, de los que carece la terminal. “No me consta que ninguno de los menores que reside en nuestros centros haya sido víctima de uno de estos casos, pero no se puede estar parado hasta que pase algo grave”, expresa el presidente de la asociación, Ángel Martínez. “Hay que buscar una solución; no podemos taparnos los ojos.”

Más de medio millar de efectivos vigilarán las calles y el tráfico

Un total de 550 personas velarán por la seguridad y la fluidez del tráfico durante la Semana Santa. Supone un incremento de cincuenta efectivos más con respecto al pasado año, según apuntó la concejal de Seguridad, Belén Pérez, durante la presentación del dispositivo especial de seguridad previsto para los próximos días.
Pérez apuntó que el dispositivo se activará esta tarde a las 16 horas y finalizará el próximo 13 de abril a las nueve de la mañana. «Lo que pretendemos es incrementar la vigilancia en el casco urbano ante la previsión de grandes aglomeraciones de personas, sin reducir la presencia de la Policía Local las 24 horas del día en las pedanías».
Setenta vehículos integran este dispositivo además de personal de Policía Local y Nacional, el Servicio Municipal de Emergencias, el servicio regional contra incendios, 061, seguridad privada, Cruz Roja, y el Servicio Urgente de atención Psicosocial (Sumas), «que intervendrá por primera vez en el plan de seguridad de Semana Santa», añadió la edil.
Aseguró que «el incremento de efectivos de este año se debe especialmente al importante aumento de la plantilla de policías locales y a la puesta en marcha del nuevo servicio Sumas».
La edil recordó a los lorquinos que «tomen precauciones ante las aglomeraciones y que eviten llevar las carteras en lugares inseguros, y los bolsos abiertos». Recomienda además que «ante un choque fortuito con otro viandante, revisen rápidamente sus pertenencias para comprobar que no ha habido robo».
Para los que quieran llegar hasta la ciudad en coche, se han habilitado 11.000 plazas de aparcamiento alejadas del centro de la ciudad para favorecer la fluidez, sobre todo los días de procesión.

El Ayuntamiento de Zaragoza instalará 51 videocámaras de seguridad

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha anunciado que el Ayuntamiento va a colocar más de medio centenar de cámaras de vigilancia, principalmente en las riberas del Ebro y el parque Luis Buñuel. Se instalarán donde no suponga una intromisión en la vida privada de los vecinos.
EFE. Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza prevé la instalación de 51 videocámaras de seguridad, principalmente en las riberas del Ebro y en el parque Luis Buñuel, para tratar de reducir los actos de vandalismo, según ha anunciado este jueves el alcalde, Juan Alberto Belloch.

El coste de cada videocámara será de algo más de 250 euros -50 euros por el aparato y el resto por el enganche-, por lo que la inversión es asumible, ha añadido el alcalde.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de la ciudad, el vicealcalde, Fernando Gimeno, ha explicado que cada una de las videocámaras requiere un informe específico que justifique su instalación para remitirlo a la Delegación del Gobierno y a la Comisión de Videovigilancia, lo que se hará en el plazo de dos semanas.

Gimeno ha puesto como ejemplo la pasarela del Voluntariado, sobre el río Ebro, donde el motivo que justificaría la instalación de una videocámara de seguridad es la aparición de pintadas.

La aprobación de los informes permitirá la instalación de unas cámaras más sofisticadas que las actuales, con una mayor definición de imagen que facilitaría la identificación de los autores de los actores de vandalismo.

Belloch ha precisado que estas videocámaras de seguridad, que solo se instalarán en zonas donde no puedan suponer una intromisión en la vida privada de los vecinos, solo ayudarán a reducir los actos vandálicos, y no tanto los delictivos, que -según ha recordado- son responsabilidad de la Policía Nacional.

Empleados de seguridad pedirán en Barajas reanudar las negociaciones convenio

Madrid, 2 abr (EFECOM).- Los sindicatos UGT, CCOO y USO han convocado al millar de trabajadores de los servicios de Seguridad Privada en el aeropuerto de Barajas a una concentración el próximo 8 de abril en la terminal 4 para pedir la reanudación de las negociaciones del convenio colectivo del sector.

Rafael Saldaña, responsable de UGT en Seguridad Privada, ha recordado a Efe que las negociaciones del convenio colectivo se rompieron el pasado mes de diciembre y "no ha habido ninguna reacción empresarial", por lo que los sindicatos han decidido convocar varias medidas de presión para expresar su malestar.

Saldaña, que ha resaltado que los trabajadores del sector tienen el sueldo congelado, ha manifestado que en España hay unos 100.000 trabajadores que desempeñan labores de seguridad, de los que unos 3.500 lo hacen en los aeropuertos españoles y, de ellos, un millar en las instalaciones de Barajas. EFECOM oas/lgo

UGT, CCOO y ELA critican la "guerra" que mantiene Prosegur y Blindados Grupo Norte

Los sindicatos han criticado también el despido de tres trabajadores del sector de Seguridad Privada
Los sindicatos UGT, CCOO y ELA criticaron hoy el despido de tres trabajadores del sector de Seguridad Privada, por la "inaplicación" de la cláusula de subrogación incluida en su convenio y la "guerra abierta" que mantienen las dos empresas del sector, Prosegur y Blindados Grupo Norte.
En rueda de prensa, la secretaria de la Federación de Servicios de UGT, Ana Fernández, explicó que la situación que ha llevado a la "total indefensión" de tres trabajadores surgió cuando Prosegur perdió el servicio del BBVA y que pasó, "como suele ser habitual en el sector", a adquirir a partir del 1 de abril Blindados Grupos Norte.

A raíz de esta pérdida del servicio, Prosegur "hace sus cuentas" y determina que tres trabajadores, es decir una tripulación, pasa a formar parte de la platilla de Blindados, "aplicando de esta forma la cláusula de subrogación que establece el convenio de Seguridad Privada".

Según recalcó Fernández, esta cláusula que "es claramente favorable a la empresa", es además la que "da estabilidad al empleo en el sector, ya que cuando se pierde un servicio, esos trabajadores afectados tienen que pasar a la empresa que lo acoge".

Sin embargo, añadió Fernández, Blindados Grupo Norte, que es quien debe acoger a los tres trabajadores, "también hace sus cuentas y dice que no le corresponde subrogar a ninguno de estos tres trabajadores", con lo que estas tres personas se encuentran "un día después en una situación de indefensión total, tratados como si fueran muebles viejos que nadie quiere".

Además, Fernández hizo hincapié en que el servicio del BBVA "se mantiene, aunque tenga que hacerlo otra empresa" con lo que estas empresas "tendrán que pedir a sus trabajadores que hagan horas extras para cubrir ese servicio, mientras hay tres trabajadores sin empleo y sin poder además trabajar en otro sitio ni cobrar paro hasta que se solucione su situación legal".

Ante esta situación, los sindicatos denunciaron ayer el caso ante Inspección y no descartan además emprender un calendario de movilizaciones "y llegar hasta donde haga falta". Su objetivo principal es que las dos empresas "cesen su guerra de competencia", "se sienten a hablar" y "de forma inmediata decidan quien readmite a estos trabajadores", expuso Fernández.

De no ser así, tendrá que ser un juez el que decida quien tiene razón, pero este proceso, según explicó Juanjo Celaya, de ELA, "puede ser muy largo, y mientras, "estos trabajadores, que tienen familias e hipotecas que pagar, pueden estar hasta cinco meses sin cobrar".

En este sentido, Zelaya también expuso que un ejemplo de la guerra entra las dos empresas es que se ha elegido además a los tres trabajadores "mas caros y con más antigüedad para que sea la otra empresa la que tenga que pagarles". Algo que demuestra a su juicio "que utilizan a los trabajadores como punta de ariete", una actitud "vergonzosa porque juegan con la vida de tres familias".

Comentarios de los lectores

El personal de Metro busca a un viajero que no pudo esperar en el andén

Una persona decidió este miércoles sobre las 18.00 horas hacer a pie el recorrido de su viaje desde la estación de Ópera a hasta la de Santo Domingo, ante la espera que le suponía la llegada del tren a la estación, según confirmaron fuentes de la compañía a Madridiario.
Ante la tardanza que sufrían los viajeros de Metro esta segunda jornada de paros en el suburbano, una persona decidió bajarse a las vías del tren desde la estación de Ópera en sentido a la de Santo Domingo, la siguiente en la línea número 2. Este incidente tuvo ocasión alrededor de las 18.00 horas, durante los paros realizados por los trabajadores de la empresa este miércoles.

La persona fue vista por los conductores de sendos trenes que se cruzaron en un punto no determinado de la citada línea. En ese momento, los convoyes continuaron su recorrido pero los jefes de estación fueron aviados de que una persona andaba por las vías.

Desde el control de la empresa se envió a vigilantes de seguridad para localizar al espontáneo que en esos momentos que al parecer andaba por las vías, sin que los enviados por la seguridad consiguieran localizarlo.
Por este motivo, todos los conductores de la Línea 2 recibieron instrucciones para disminuir la velocidad en torno a las estaciones colindantes a Ópera y en el ramal que comunica ésta con Príncipe Pío. Fuentes de la empresa aseguraron que la persona en cuestión pudo haber salido por una de las puertas de emergencia de los túneles o haber llegado a la estación próxima sin que nadie se diera cuenta.

"El cadáver habría sido identificado igual aunque un poco más tarde"

El jefe se seguridad de la Alhambra ayudó a identificar el cuerpo de Güéjar Sierra
Los indicios que le hicieron sospechar que el cadáver podía ser la persona que buscó doce años atrás fueron unas monedas y la marca del reloj: unos escudos en los bolsillos y un Q&Q en la muñeca. Manolo Álvarez, jefe de Seguridad del Patronato de la Alhambra y Generalife, leyó esos datos la semana pasada en la prensa local cuando la Guardia Civil publicó esta información al solicitar la colaboración ciudadana para ponerle nombre y apellidos al cuerpo que habían encontrado en Güéjar Sierra.

La Guardia Civil tomó los datos, le agradeció su colaboración y colgó. Pocos días después lo llamaban para anunciarle que su intuición era correcta y que el cadáver correspondía al turista que desapareció a la salida del Generalife hace más de una década. "El proceso ha sido más rápido pero estoy seguro que se habría resuelto igual en unas semanas", afirma Álvarez con modestia.

El caso es que, tras doce años, la familia del portugués puede ya descansar tranquila gracias a la aportación del vigilante de seguridad a este caso. Esa es la gran satisfacción de Álvarez. "Cuando se perdió había venido con su hijo y su nuera a visitar la Alhambra. Pasaron meses aquí y estaban muy afectados. Creo que no regresaron a Portugal hasta que no lo dieron por muerto. Aún así, años después seguían llamando para ver si había aparecido el cuerpo. Ahora sé que ya pueden estar tranquilos", relata el jefe de seguridad, que por aquel entonces todavía era sólo responsable de equipo en el monumento.

El desaparecido, que tenía 68 años de edad y estaba enfermo de alzheimer, se desorientó a tras su visita al Generalife y debió dirigirse hacia el paraje de Las Majadillas, donde fue encontrado casualmente el cuerpo por un excursionista.

La Audiencia Nacional plaza seis meses la decision del conflicto colectivo

El colegio La Chanca sufre un robo tras prescindir el Ayuntamiento de vigilantes

El colegio público La Chanca fue víctima, hace dos fines de semana, de un robo, cuando apenas se cumplían unos días desde que el Ayuntamiento de Almería decidiera prescindir de los vigilantes del centro.
Así lo ha criticado el Grupo Socialista y así queda de manifiesto en la denuncia que el director del centro, Pedro García, ha realizado ante la Comisaría de la Policía Nacional de Almería. Según recoge el escrito, el hecho se produjo entre las 13 horas del 21 de marzo y las 18.15 horas del día siguiente, cuando el representante del colegio fue avisado por una vecina de que «habían forzado la puerta de la oficina del conserje».
Al parecer, el autor del robo sustrajo del centro «distintos balones por valor de 150 euros».
Aunque el montante de lo robado «no es mucho, sí se produjeron daños materiales», ha informado la concejala Gema Pradal. «El día 14 cesaron de sus puestos y, el día 22, se presenta el primer robo en el colegio», ha advertido la edil socialista, que ha pedido al equipo de gobierno que restituya a los vigilantes en sus trabajos dado que, además de la seguridad que ofrecen a las instalaciones educativas, realizaban un bien social».
En este sentido, Pradal ha recordado que, merced a su presencia en el centro, éste permanecía también abierto de ocho de la tarde a 11 de la noche, así como los fines de semana, y que en él se llevaban a cabo «actividades deportivas, teatros, ensayos de Carnaval y talleres, con lo que se estaba quitando de la calle a unos niños que son carnaza para otros problemas mayores».
Unas actividades que, como ha aseverado el director del colegio a la concejala de Educación, Lola de Haro, «nos veremos obligados a suprimirlas si no disponemos de una persona que controle las entradas y salidas del personal autorizado» aunque «son totalmente necesarias en un barrio tan necesitado».

Imputados dos guardia civiles por torturas a un inmigrante

Dos guardias civiles han sido imputados por supuestamente pegar e insultar a un inmigrante por un hurto en un hipermercado. Fue el 26 de enero de 2008. El cabo Palomo, en prisión desde el pasado 13 de octubre por su supuesta participación en una red de tráfico de cocaína, es uno de los imputados por las torturas a un inmigrante de origen cubano. Junto a él, están imputados otro agente del puesto de Tavernes Blanques y un vigilante.

El 26 de enero de 2008, en un hipermercado en Alboraia, un vigilante de seguridad recibió el aviso del hurto de una cartera. Logró localizar a uno de los presuntos autores y avisó a la Guardia Civil. Palomo y su compañero acudieron al lugar. Ambos y el vigilante se llevaron al detenido junto al mar. Allí, los dos guardias civiles, especialmente Palomo, le pegaron de forma continuada mientras le insultaban y le amenazaban. Herido, el detenido fue trasladado al cuartel de Tavernes. Allí, el entonces cabo Palomo y su compañero imputado en esta causa se burlaron y le hicieron bailar tarareando supuestos sones cubanos. Palomo, según consta en la causa, llegó a amenazarle con la pistola.

Los hechos se conocieron cuando la Guardia Civil investigaba la red de tráfico de drogas en la que resultaron imputados Palomo y otro agente, también de Tavernes Blanques, bajo la dirección del juzgado 14 de Valencia, que hace un mes se inhibió en favor de un juzgado de Moncada para que investigue las torturas. El juez aún no ha decidido qué diligencias practicar.

Una empresa ignora dos sentencias que dan la razón a una empleada

Dos juzgados distintos reconocen a una vigilante su negativa a hacer turno de noche y a cambiar de destino. Los fallos, pese a ser firmes, no se cumplen

P.M. Un fallo que concluye "esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno" representa el final de un proceso judicial que debe acatarse. La empresa Segur Ibérica S.A. parece no tenerlo demasiado claro ya que en los últimos seis meses ha sido condenada en dos ocasiones -con sentencias firmes- a devolver a una trabajadora a su puesto original y con las mismas condiciones pero no aplica las resoluciones judiciales.

La empleada, vigilante de seguridad de Segur Ibérica en Granada, demandó a su empresa después de que se le cambiara el destino y el horario de los turnos de forma improcedente, según han estimados dos juzgados distintos. Los fallos son firmes y fueron dictados el 23 de septiembre de 2008 y el 10 de marzo pasados.

A pesar de todo el tiempo transcurrido (seis meses en el primer caso y casi uno en el segundo), la trabajadora sostiene que la empresa sigue imponiéndole las condiciones que los magistrados han rechazado en ambos procedimientos. Isabel Jiménez se ha visto obligada a recurrir de nuevo a los tribunales para solicitar que se ejecuten las sentencias, tal y como reconoció ayer a este periódico.

La versión oficial de Segur Ibérica, con la que contactó este periódico, se limitó a señalar que la empresa "cumplirá, como siempre ha hecho, con lo establecido en las sentencias".

Isabel Jiménez se incorporó hace cinco años como vigilante de seguridad a Segur Ibérica. Sus jefes le encomendaron el control de acceso de la fábrica de Santa Bárbara en El Fargue, que tiene contratada a Segur Ibérica para la vigilancia del recinto. Según ha explicado la trabajadora, aceptó el trabajo con la condición de no hacer turnos de noche. Así ocurrió durante los cuatro primeros años, hasta que el pasado 1 de julio la incluyeron en los cuadrantes que le obligaban a realizar cinco noches en horario de 18.00 a las 6.00 de la madrugada.

Isabel protestó por esta modificación de las condiciones de trabajo y al ver que no le hacían caso optó por acudir a los tribunales. La decisión de judicializar su relación laboral con Segur Ibérica sentó mal a sus jefes y al final acabó trasladada al Palacio de Congresos de Granada, un cambio de destino que también recurrió en el juzgado. La magistrada del Juzgado de lo Social número 5 de Granada consideró "injustificada" la modificación de las condiciones de trabajo que imponían a la vigilante la realización del turno de noche y obligó a Segur Ibérica a "reponerla a las condiciones anteriores". Sobre el cambio de centro de trabajo también se pronunció el pasado 10 de marzo el titular del Juzgado de lo Social 1 de Granada, quien declaró "injustificado" el traslado desde Santa Bárbara al Palacio de Congresos. El juez condenó a Segur Ibérica a "reponer" a la denunciante "en sus condiciones de trabajo". Las dos sentencias judiciales son firmes y establecen en su conjunto que Isabel Jiménez debe volver a prestar sus servicios de vigilante de seguridad en Santa Bárbara y sin realizar turnos de noche.

Ni caso. La empresa sigue sin acatar las sentencias. Isabel trabajó ayer mismo en el Palacio de Congresos. Allí recibió la visita de un inspector de trabajo "que se quedó asombrado por el hecho de que siguiera en este puesto", explicó. El funcionario levantó acta "para sancionar" a Segur Ibérica "por incumplimiento de sentencia", precisó Isabel. La propuesta de multa asciende a 6.250 euros, tal y como puedo comprobar la trabajadora al firmar el acta.

Segur Ibérica podía haber cumplido ambas resoluciones judiciales al ser firmes pero hasta el momento ha optado por mantener las cosas como están. La trabajadora asegura que ha recibido "amenazas" del tipo "ten cuidado con lo que haces porque no vas a ejercer más de vigilante". La empresa no pudo pronunciarse ayer sobre este extremo al encontrarse "de viaje" su responsable regional, Nicolás Bosch.

Isabel Jiménez demandó en primer lugar su derecho a no trabajar por las noches en Santa Bárbara. La magistrada le dio la razón al entender que entró con unas condiciones que después se vieron alteradas "haciendo más gravosa su prestación de trabajo por la incidencia del cambio en su vida personal y familiar" y que esa modificación del horario se hizo sin preaviso y sin comunicarlo a los sindicatos. Sobre el traslado al Palacio de Congresos, Segur Ibérica se escudó en que fue una petición del cliente, argumento descartado por el juez, que reconoce que hubo "quejas acerca del cumplimiento del servicio" pero no solicitud de cambio. La empresa aseguró también que Isabel no estaba en condiciones de trabajar por su inestabilidad emocional, criterio descartado por los médicos y que sirvió al juez para darle la razón.

«Este señor no trabaja para nosotros»

Cuando un portero se mete en líos y las Fuerzas de Seguridad acuden para poner orden, lo normal es que los responsables del local en cuestión renieguen de su empleado. «Este señor no trabaja para nosotros. Ni siquiera lo conocemos», suele ser la respuesta de los empresarios. A partir de ahí, poco es lo que se puede hacer para exigir la responsabilidad civil. No hay quien indemnice.
Controles preventivos
Los dueños de los establecimientos de ocio pueden exhibir esa coartada por una sencilla razón: lo habitual es que entre empleador y empleado no haya ningún vínculo 'oficial', ni un solo papel. Para qué hablar de un contrato. Pura economía sumergida.
Hartos de esa treta, los miembros de las fuerzas policiales han optado por la táctica de los 'controles preventivos'. Con el factor sorpresa de su parte, los agentes se llegan de cuando en cuando hasta ésta o aquella discoteca para identificar a los 'guardianes' de las puertas. Por decirlo coloquialmente, 'se quedan con sus caras' y luego, cuando ocurre algún incidente, ya no pueden escaquearse. Y sus jefes, tampoco.
Legislación actual
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en regular, en el año 2003, el derecho de admisión en los locales de ocio. El Ejecutivo andaluz pretendía introducir criterios de racionalidad y desterrar las conductas arbitrarias.
Dicha normativa establecía, entre otras cosas, que las salas de espectáculos debían contar con los servicios de vigilantes de seguridad titulados. La polémica estaba servida. La federación de asociaciones de empresarios de cine recurrió este punto por sentirse perjudicados, lo que permitió que, durante tres años, hasta que hubo resolución judicial, quedase en suspenso la obligación de contar con vigilantes acreditados.
A partir de 2007, los locales que que tienen un aforo superior a 300 personas deben contar con ese tipo de personal.
La Policía Autonómica, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se encargan de velar por el cumplimiento de la normativa.
En teoría, y a la espera de que llegue la nueva regulación que ultima la Consejería de Gobernación, los porteros deberían limitarse a controlar que los clientes abonen sus entradas y que en el local no entren menores de edad.
Pero lo cierto es que acostumbran a extralimitarse en sus funciones.
Para castigar estas prácticas, la legislación prevé ahora mismo multas de hasta 30.000 euros.

Una administrativa de Urgencias del Juan Ramón Jiménez (Huelva) sufre una agresión a manos de una usuaria

HUELVA, 2 (EUROPA PRESS) Una administrativa del Servicio de Admisión de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva sufrió anoche una agresión a manos de una usuaria sin identificar cuando ésta llegó al centro hospitalario. Según explicaron a Europa Press fuentes del centro y la Delegación de Salud, ante estos hechos, el personal de seguridad llamó a la Policía, personándose de inmediato en el hospital y llevándose retenida a la usuaria para su identificación. Así, tanto la dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez como la Delegación Provincial de Salud condenaron la agresión "totalmente injustificada". Se trata de un suceso "completamente aislado y que en ningún caso empaña el clima de confianza y respeto mutuo existente entre los usuarios y los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez" y aclararon que, de hecho, las agresiones en el centro mantienen una "clara tendencia a la baja, habiendo pasado un año desde que se registrara la última agresión a un profesional". Nada más tenerse constancia de este suceso, se activó el protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos, que implica tanto apoyo psicológico como asesoramiento jurídico al personal afectado. De hecho, esta misma mañana, han sido denunciados los hechos en la Jefatura de la Policía, tanto por parte de la afectada, que en todo momento ha estado acompañada por el responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, como de la dirección del hospital onubense. Esta actuación se enmarca dentro del 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones. El Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez cuenta con un circuito integrado de vigilancia con un total de 29 cámaras de seguridad, que supone un avance significativo en los medios disponibles para garantizar la seguridad relacionada tanto con las personas como con el edificio, sus bienes e instalaciones y una importante herramienta de apoyo para el personal de seguridad. Están situadas en todo el perímetro del centro --incluso en el túnel de servicio o la parte trasera del edificio industrial--, así como por el interior del hospital, repartidas de forma estratégica por los accesos, pasillos y puntos potencialmente más conflictivos. También cuentan con este sistema el Hospital Vázquez Díaz y el Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta, ambos pertenecientes a esta área hospitalaria. El sistema está integrado en un circuito cerrado digital de grabación permanente, que en todo momento respeta la intimidad y no interfiere para nada en la actividad asistencial. Por otra parte, el plan de prevención andaluz ha permitido dotar a los centros sanitarios de Huelva de 184 medidas de seguridad y protección --62 interfonos, 49 teléfonos directos con seguridad, 16 salidas alternativas, 20 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos y 37 vigilantes de seguridad, entre otras--. Estas medidas, con una inversión que superan los tres millones de euros, se están extendiendo a las nuevas infraestructuras sanitarias. ATENTADO A FUNCIONARIO A ello se añaden los encuentros mantenidos por la Consejería de Salud y los responsables del ámbito judicial, en los que la Administración sanitaria ha reiterado la necesidad de que la Fiscalía califique como delito de atentado las agresiones a personal sanitario en las que se haya producido un peligro real para la seguridad o la vida de los profesionales. De hecho, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han obtenido, en el primer trimestre de este año, un total de diez condenas por agresiones sufridas por profesionales de los centros sanitarios en el desempeño de su labor en toda la comunidad autónoma. De las condenas conseguidas en estos tres primeros meses del año, seis de ellas tipifican como delito de atentado a funcionario público la agresión sufrida por los profesionales en el desempeño de su actividad sanitaria. Además, conllevan condenas por falta de amenazas y lesiones. En dos de ellas, se ha dictado como medida adicional orden de alejamiento y prohibición de comunicarse al ciudadano condenado con los profesionales agredidos durante un plazo de seis meses y dos años, respectivamente. Las condenas dictadas en estas seis sentencias por delito de atentado y falta de lesiones y amenazas oscilan entre seis meses y un año de prisión, a lo que se suma además la inhabilitación de los condenados para el sufragio durante el tiempo de condena y multas de entre 45 y 360 euros.

Las agresiones al personal sanitario de Jaén-Norte se triplican en los últimos años

En 2008 se registraron 15 agresiones en el distrito frente a las 7 denunciadas en lo que va de año, dos de ellas en Linares
Salud sigue ampliando los sistemas de seguridad, como los timbres antipánico
Dos agresiones verbales en lo que va de año. Este es el balance que arrojan las estadísticas sobre agresiones a profesionales sanitarios del Distrito Sanitario Jaén-Norte en la ciudad de Linares. La última se registraba hace tan sólo unos días en el centro hospitalario de San Agustín y ha provocado, una vez más, las protestas del Sindicato de Enfermería (SATSE).
Aunque en la mayoría de los casos se tratan de agresiones verbales, como explica el director del distrito, Rafael Castillo, lo cierto es que desde que se contabilizan las agresiones sufridas por parte del personal de los centros sanitarios, allá por 2004, el número de registros ha aumentado considerablemente. «Existen principalmente dos motivos por los que hay un mayor número de agresiones registradas en el último año. Por un lado, los profesionales lo denuncian más, y por otro, los pacientes no se aguantan y recurren a la agresión a la hora de manifestar su insatisfacción ante el servicio o su desacuerdo con la actividad médica», apunta el director del distrito Jaén-Norte.
El doble
Las cifras hablan por sí solas. Si en el año 2004 tan sólo se registró una agresión en todo el distrito sanitario, en 2007 se alcanzó las 11 denuncias por algún tipo de agresión. Mientras, en 2008 fueron 15 las agresiones que se registraron en alguno de los centros de salud de Jaén-Norte, justo el doble de lo que se ha registrado tan sólo los tres primeros meses de 2009, dos de ellas en Linares, una a un médico y otra a una enfermera.
Cifras aparte, desde el SATSE aseguran que la situación diaria por la que pasan los profesionales de los centros de salud de Linares ha hecho que el espacio de trabajo se asemeje más a un campo de batalla en el que «el trabajador siente agredido, desprotegido e inseguro en la realización de su actividad diaria». «Los agresores campan a sus anchas con total impunidad, unos amenazando e insultando a los profesionales que trabajan en dicha unidad; otros fuman sustancias estupefacientes en los recibidores sin que nadie pueda evitarlo», indican desde el sindicato.
Una situación que hace menos de un año, y ante un nuevo capítulo de agresión, en esta ocasión física, llevó a los sanitarios de Linares a concentrarse a las puertas del Hospital y de los ambulatorios, para solicitar mejoras en las medidas de seguridad.
Conciliar derechos
Desde el pasado 2007, Salud inició, dado el aumento de agresiones en centros hospitalarios, un Plan de Actuación con el objetivo de dotar a los profesionales de diversas medidas de seguridad dentro del espacio de trabajo. De este modo, los denominados 'puntos calientes', donde se producen ataques al personal con más frecuencia, se instalaban timbres antipánico, video-cámaras de vigilancia en espacios abiertos y vigilantes de seguridad. Unas medidas que sin embargo demuestran, a tenor de los hechos, no ser efectivas totalmente. «Es un sistema complejo porque se enfrentan los derechos de integridad de los profesionales y de intimidad del paciente», explica Rafael Castillo.
Poco a poco, según comenta el director del distrito Jaén-Norte, se consiguen ampliar los sistemas de seguridad, aunque resulta más difícil en los centros de vieja construcción, donde, por ejemplo, no hay espacio para las puertas de escape en las consultas. «Normalmente la agresión se produce en el momento íntimo de un profesional con el paciente en la consulta, y ahí no se puede instalar la video-vigilancia, y en muchos casos no hay cabida para puertas de escape», explica Castillo, quien asegura que se sigue ampliando la instalación de timbres anti-pánico y a video-vigilancia en zonas como urgencias o la sala donde se dispensa la metadona.

Unos 2.000 efectivos velarán por la seguridad de la Semana Santa de Granada

Unos 2.000 efectivos de los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad participarán en el denominado "Plan Parihuela", que tiene como objetivo lograr que la Semana Santa de la capital de Granada transcurra sin incidentes de importancia.
El plan se pondrá en marcha el Domingo de Ramos y estará vigente hasta el Domingo de Resurrección, con un refuerzo especial para el Sábado Santo, día en el que se celebrará la Passio Granatensis, la estación procesional más importante de las últimas décadas en la ciudad, para la que se prevé gran afluencia de turistas.
Como cada año, se habilitarán los "pasillos de emergencia" en los laterales de Tribuna cercanos a calle Navas, en la calle Mesones y en la calle Colegio Catalino, que estarán vigilados por seguridad privada con colaboración de Protección Civil, según ha explicado hoy en rueda de prensa el concejal de Fiestas Mayores, José María Guadalupe.
Estos pasos peatonales deben estar libres en todo momento, ya que se trata de pasos permeables para posibles urgencias que se presenten a ambos lados de los desfiles procesionales.
Hasta el momento ya se han efectuado unas 150 actuaciones de carácter preventivo, mientras que para el Sábado Santo "se redoblarán los esfuerzos" en los aspectos de seguridad, prevención de emergencias y desvíos de tráfico.
Tráfico cortado
Precisamente por la afluencia masiva de autobuses de otras localidades que está prevista para ese día se van a habilitar desvíos de tráfico para que estos vehículos no accedan a la zona cercana al centro y no entorpezcan la circulación, ha informado el concejal de Movilidad, José Manuel García Nieto.
En concreto, se desviarán por tres rutas a los autobuses que entren en la ciudad por las diferentes vías de acceso y se les obligará a aparcar en la zona de Mercagranada hasta que por la noche vuelvan a recoger a los visitantes en los puntos determinados.
A partir de las 15.00 horas del Domingo de Ramos se cortará todo el tráfico en el centro de la ciudad hasta que terminen las procesiones, actuación que se llevará a cabo todos los días de la Semana Santa.
A este corte de vías se añaden las obras que se llevan a cabo en el Camino de Ronda, por lo que García Nieto ha pedido a los granadinos "que utilicen poco el coche" para evitar problemas mayores de tráfico.
Además, se vuelve a instalar el "Centro de Asistencia al Costalero", donde se pretende que los costaleros reciban asistencia antes y después de cada estación de penitencia para evitar lesiones.
Este año cuenta con la novedad de la patente Parihuela Individual Preventiva, que forma parte de la investigación para la reeducación postural de costaleros, al efecto de evitar perjuicios físicos que abocan en lesiones potenciales.
También se ha solicitado tanto a la Santa Iglesia Catedral como a los distintos templos de las Cofradías y Hermandades involucradas, la realización de un plan de autoprotección propio, asignando un responsable para asegurar el buen desarrollo en caso de emergencia en el interior de éste, así como su ordenada evacuación.
En el "Plan Parihuela" participan efectivos del Servicio Contra Incendios, Policía Local, Centro de Coordinación de Emergencias, Policía Nacional, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Protección Civil, Cruz Roja, y de las empresas Emasagra, Sevillana-Endesa, Telefónica e Inagra.

Detenida por robarle 13.000 euros a su amiga

En los últimos días las fuerzas de seguridad han detenido a siete personas en la ciudad.


La Policía Nacional detuvo en los últimos días a siete personas en la ciudad como presuntos autores de hurtos. La primera detenida es M.B.M.D., coruñesa de 48 años, presunta autora de un Delito de Hurto, con una detención anterior por el mismo motivo. Detenida por el hurto de 13.000 euros, del interior de un cajón de la mesa de una oficina perteneciente a una empresa con sede en el Lugar de San José (Polígono de los Artistas) de Meicende (Coruña). Se trata de una amiga de la víctima, es decir, de la propietaria de la nave donde está ubicada la oficina, la cual era persona de confianza. Tras su detención se pudo recuperar 3.320 euros, que la detenida tenía escondidos en una bolsa, en el interior del cuarto de contadores, detrás de un bote de pintura, del edificio donde vive, habiendo gastado el resto en pagar sus deudas.
Otros dos son A.J.M., de 35 años, natural de Madrid y vecino de Coruña, y M.M.G.V., (mujer), de 42 años, natural de Coruña y con el mismo domicilio que el detenido, ambos sin antecedentes. Se les imputa la sustracción de una serie de efectos valorados en más de 1000 euros, del interior de un establecimiento comercial sito al final de la Avda. General Sanjurjo, entre los que se encuentran diversos collares y colgantes.
El cuarto es E-N.V.R.C., venezolano de 29 años, con 9 detenciones anteriores. Detenido como presunto autor de varios hurtos cometidos en la misma tienda de ropa, sita en la calle Barcelona, en distintas fechas, por valor total de unos 1000 euros, aproximadamente.
V.M.G.M., de 38 años, natural de una localidad sita en la zona de Muros y vecino de Coruña y G.A.B.P., de 33 años, natural de Culleredo y vecino de Coruña, este último con 7 detenciones anteriores fueron detenidos como presuntos autores del hurto de video juegos "Play Station 3" valorados en más de 9500 euros. Gracias a la colaboración de los vigilantes de seguridad del Centro Comercial donde fueron detenidos, que habían detectado a los detenidos con anterioridad intentando sustraer dos juegos.
Y finalmente, J.G.N., de 42 años, natural de Barcelona y vecina de A Coruña, con 41 detenciones anteriores en Barcelona ,Cornellá, Oleiros, Hospitalet, Castellón, Ferrol y Coruña. En esta ocasión fue pillada "in fraganti" cuando intentaba huir de un Centro Comercial sito en la Zona de Cuatro Caminos, llevando en el interior de subolso prendas y efectos por valor de unos 480 euros aproximadamente y de otros cometidos en un Centro Deportivo sito en la Zona de Riazor.

Los vecinos del Clot denuncian inseguridad en el tramo de obras del AVE

Una asamblea de vecinos del barrio del Clot de Barcelona ha denunciado la inseguridad de la zona en la que se realizan las obras del AVE, después de que el pasado día 30 fuera apuñalado un hombre en un acceso provisional de peatones.

En un comunicado, los vecinos reclaman que "en el menor plazo posible" las administraciones municipal, autonómica y del Estado tomen medidas de seguridad extraordinarias, como vigilantes y video-vigilancia, en la zona de las obras, "preferentemente de noche".

El apuñalamiento se produjo a la altura del número 224 de la calle Clot, en un paso peatonal habilitado por las obras donde, según los vecinos, el agredido no tuvo posibilidad de escapar.

Los vecinos también piden una reunión entre las administraciones y la Asociación de Vecinos Clot-Camp de l'Arpa, la Asociación de Comerciantes de la calle Mallorca y la Plataforma Ave Litoral, para "establecer cuáles son los puntos más conflictivos de la obra y que requieren una atención específica", sin descartar vigilantes profesionales de Adif en rondas nocturnas, indican en el comunicado.

Los ladrones prefieren las urbanizaciones de alto standing

Ninguna zona se libra de los robos, pero las bandas organizadas tienen sus preferidas: aquellas en las que la renta per cápita es mayor, porque, además de ser más tranquilas, aseguran un mayor botín. Ni el imponente edificio del Centro Nacional de Inteligencia ni la patrulla que merodeaba por la zona impidieron que el día 18 de marzo, víspera del Puente de San José, se robarán tres chalés de una misma calle en Aravaca. Y lo peor puede estar por llegar. Como ha recordado a El Confidencial el inspector jefe de esta comisaría, Julio Martínez, “los analistas dicen que va a haber un incremento de asaltos en Semana Santa, por el incremento de la desocupación temporal de las viviendas”.



Aquel día, dos criminales chilenos, con antecedentes, asaltaron tres viviendas, una de las cuales estaba ocupada por “una víctima que se hallaba convaleciente. La ataron de pies y manos, la amenazaron con un destornillador y consiguieron robar”, pero la Policía les sorprendió in fraganti saliendo del domicilio y pudo detener a uno de ellos. “Se recuperó el botín y se logró identificar al segundo, que actualmente se halla en paradero desconocido y con una orden de detención nacional”, explica Martínez.



Según el barómetro del CIS de febrero de 2009, el 11% de los españoles percibe la inseguridad ciudadana como el principal problema de España. ¿Estamos seguros? ¿cómo se pueden evitar estos robos? ¿las bajas penas quitan el miedo de los criminales a robar nuestras casas?



Según el inspector jefe de Aravaca, “la baja penalidad es un problema porque, para los robos sin violencia contra el morador, no hay prisión preventiva y enseguida están en la calle. En toda la zona norte de Madrid es un problema endémico. Cuando un ladrón es sorprendido, se le pone a disposición judicial pero la mayoría no van a prisión preventiva. Falta una respuesta judicial-policial inmediata. El chileno detenido el día 18 en Aravaca ya había sido detenido hacía cuatro meses por la Guardia Civil, y el que se dio a la fuga tiene una batería de antecedentes por conflictos similares”.



¿Cómo funcionan las bandas organizadas?



El inspector afirma que los asaltantes prefieren robar en las zonas de urbanizaciones del norte de la capital porque indican “un plus de calidad”, pero “las bandas ya no se suscriben a una sola zona. Tienen una movilidad tremenda. Si notan presión policial se trasladan, y se adaptan al horario que más les conviene; últimamente entre las 19:00 y las 21:00 horas”.



Según Martínez, “lo normal es que “la seguridad privada” contratada en estas zonas “se complemente con la pública siguiendo un protocolo” pero “las alarmas no suenan siempre”. Y “si no nos entra una señal” y “los ladrones ya están dentro”, “su presencia es imperceptible”.


El experto argumenta que el diseño de los chalés -adosados, unifamiliares, con amplias zonas ajardinadas...- es un aliciente en los robos. “Lo que los ladrones hacen habitualmente es cerciorarse de que no hay nadie dentro con observaciones previas de la zona. Llaman por teléfono, al timbre...”.



Por ello, en festividades como la que se avecina la semana que viene, si vamos a irnos fuera, conviene que haya “solidaridad orgánica; que se le dejen las llaves al vecino y un teléfono para contactar con nosotros en la ‘línea caliente’ y que vayan vaciando el correo del buzón para que no de la sensación de que no hay nadie en la casa”, entre muchos otros consejos. Martínez sabe que “la Semana Santa es un periodo complicado” pero es conciente de que no hay que bajar la guardia nunca. “Nosotros no nos fiamos de cualquier periodo de normalidad aparente y siempre utilizamos los recursos lo mejor que podemos”, asegura.



Ascenso en la tasa de robos con fuerza en viviendas


Seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad evitará que la tasa de estos delitos continúe ascendiendo. Según el Ministerio de Interior, en 2008 se cometieron 37,1 robos con fuerza en viviendas por cada 10.000 habitantes, 4 más que el año anterior y 2008 registró uno de los peores datos de actas por posesión de armas u objetos peligrosos; 57.504, un 183% más que en 2003.



A pesar de estos poco halagüeños datos, España está entre los países europeos con menos delincuentes. El año pasado había 476 criminales por cada 10.000 habitantes; una de las tasas más bajas, sólo mejorada por Grecia, Portugal e Irlanda, y fue el año en el que más delitos se esclarecieron -339.150- y más detenidos hubo -269.137-. Este año 142.228 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil velan por nuestra seguridad (un 20% más que hace 5 años) pero siempre son pocos. “Cualquier policía querría más medios y más agentes”, termina.

La UPV lleva a medio centenar de estudiantes a los tribunales por los altercados contra Bolonia

Los miembros de Ikasle Abertzaleak están acusados de desórdenes públicos y destrozos

DV. Medio centenar de estudiantes han sido citados ante el juez por los graves altercados ocurridos en la UPV durante las protestas contra la adaptación de los estudios superiores a Europa -el denominado proceso de Bolonia-, una lucha que lidera el sindicato Ikasle Abertzaleak. Los alumnos están acusados de desórdenes públicos y deberán presentarse en mayo en los tribunales. Los miembros de la central estudiantil censuraron ayer con dureza las medidas «represivas» que han tomado los responsables académicos, principalmente la decisión del anterior equipo rectoral de solicitar la presencia de la Ertzaintza en los campus vascos con el fin de atajar los continuos actos vandálicos.
«Responsabilizamos a la UPV de las consecuencias que tenga para los estudiantes estos procesos judiciales», advirtió ayer Unai Txurruka, que ejerció de portavoz en una rueda de prensa del sindicato en el campus de Leioa para ofrecer los datos de lo que denominan «balance represivo de la Universidad». Detallaron que en total fueron 82 los alumnos identificados por la Policía autónoma durante las protestas contra la convergencia europea, de los que 48 están imputados. En las dos últimas semanas, han comenzado a recibir citaciones para el día 12 del próximo mes.
Cámaras de vigilancia
En mayo del año pasado, seis estudiantes ya tuvieron que comparecer ante el juez por causar disturbios. En esa ocasión, la UPV utilizó por primera vez las cámaras instaladas en el recinto universitario para identificar a los autores de los altercados. Los integrantes de Ikasle Abertzaleak, central mayoritaria en la Universidad, censuraron ayer el uso de estos dispositivos de vigilancia y la presencia de las «fuerzas de seguridad privada» para proteger las instalaciones.
Es la primera vez que el sindicato lanza un pulso al nuevo rector. «Aunque en las elecciones pasadas quiso ponerse la careta democrática, los estudiantes conocemos desde hace tiempo a Iñaki y su estilo de trabajo», censuraron. Advirtieron de que no se van a quedar «de brazos cruzados». «La lucha es el único camino», apuntaron. Justifican el rechazo al proceso de Bolonia porque «deja a las universidades en manos de empresas privadas» e impide «crear una UPV euskaldun y al servicio del pueblo».
Desde que está al frente de la institución académica, hace tres meses, Goirizelaia ha logrado que la vida académica se desarrolle sin incidentes de importancia. El primer Claustro lo celebró en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, el centro en el que estudió la carrera, un edificio con accesos más fáciles de proteger que el Aula Magna ubicada en el campus vizcaíno.

La Vall recibe el visto bueno de Urbanismo para instalar una planta fotovoltaica en San José

La adjudicataria techará los 8.000 metros cuadrados del parking del paraje, que continuará siendo gratuito para las visitas
La comisión territorial de Urbanismo ha autorizado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Vall d'Uixó en el paraje de San José para facilitar la instalación de una planta fotovoltaica en el aparcamiento de la zona turística. La pretensión es que la empresa local Heliotec, concesionaria de la planta, teche el aparcamiento e instale sobre este espacio paneles solares que producirán la energía.

Al respecto, el concejal de Urbanismo, Óscar Clavell, indicó que "este es un paso más para el inicio de las obras", que se realizarán "próximamente" aunque no pudo precisar la fecha. "De momento, se trabaja en compaginar la llegada masiva de turistas en verano y las obras para techar el aparcamiento e instalar las placas solares". "En breve, la empresa concesionaria, junto con la alcaldesa, Isabel Bonig, aportarán más detalles de la central fotovoltaica", añadió.

Cabe recordar que en el pleno del pasado octubre se adjudicó la instalación de las placas. La firma vencedora aportó algunas mejoras al proyecto inicial. Así pues, además de los beneficios ambientales y ecológicos de esta energía y las ventajas económicas que supondrán en un futuro para la localidad, habrá otras cuestiones positivas como que, gracias a este techado del aparcamiento, que seguirá siendo gratuito, los vehículos estarán protegidos de las inclemencias meteorológicas. También se instalarán cámaras de seguridad y se dispondrán vigilantes, cuestiones que, según Clavell, "no costarán ni un euro a los ciudadanos de la Vall d'Uixó". Asimismo, el concejal de Urbanismo destacó que "con la instalación de las placas solares se crearán puestos de trabajo en la localidad, algo que siempre es importante, pero más ahora en época de crisis". Cabe destacar que, en total, se techarán 8.000 metros cuadrados del aparcamiento de San José. La obra estará financiada por la empresa que se ha quedado la concesión y que será la encargada de vender y producir esta energía alternativa para electricidad, a cambio de pagar un canon anual al Ayuntamiento.

Además, la concesionaria se encargará de restaurar la denominada casa del guarda, situada en medio del aparcamiento, que se encuentra en estado de abandono. En ella, está previsto instalar un centro de educación ambiental para que los alumnos que vienen a visitar las Cuevas de San José aprendan cómo funcionan las placas fotovoltaicas".

Clavell recordó que este proyecto "es una apuesta más por la sostenibilidad en la localidad por parte del equipo de gobierno popular, que cree en un desarrollo tranquilo y que fomente las energías alternativas en la Vall d'Uixó".