Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desmantelaron una trama dedicada a la falsificación de títulos de Bachiller y Formación Profesional en Tenerife.
La investigación partió de la Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la capital tinerfeña y comenzó el pasado mes de mayo.
Como resultado de las pesquisas, los agentes capturaron a 15 personas en total, a la vez que lograron identificar al individuo que elaboraba y vendía los documentos falsos.
Otras personas fueron arrestadas por adquirir los citados "títulos" y utilizarlos para acceder a importantes puestos de trabajo e, incluso, para presentarse a oposiciones de empleo público.
La mayoría de los detenidos pertenecen a la actividad de la seguridad privada y residen en Tenerife. No obstante, los funcionarios también descubrieron a personas relacionadas con la sanidad o la náutica.
El entramado delictivo estaba compuesto por un individuo que facilitaba el papel de Estado falso, es decir, el soporte con los modelos de título para Bachiller, FP1 y FP2.
Otro de los implicados elaboraba las titulaciones, para lo que utilizaba programas informáticos, escáner y sellos de caucho que imitan la firma de la titular del Ministerio de Educación.
El resto de los acusados son, fundamentalmente, vigilantes, que necesitaban un título de Bachillerato para acceder a puestos como director o jefe de Seguridad en empresas del subsector.
Los títulos eran elaborados por J.M.F.H., de 43 años. En el momento de su arresto, a dicha persona se le incautó diverso material, como papel de título en blanco, sellos de caucho y numerosas plantillas informatizadas de títulos que ya habían sido impresos y vendidos.
La facilidad para encontrar compradores radicaba en que esta persona regentaba una academia para vigilantes de seguridad y, además, estaba muy relacionada en dicho "mundillo".
Además, llegaba a utilizar tales falsificaciones como regalos en sus relaciones familiares y sentimentales.
Los títulos se podían conseguir previo pago en efectivo de cantidades que oscilaban entre los 800 y los 1.500 euros. A juicio de los investigadores, se trataba de un "módico precio" que eximía a los compradores de estudiar y superar los correspondientes exámenes oficiales. Los trabajos estaban tan bien conseguidos que llegaron a pasar el filtro de diversos organismos públicos.
Todos los implicados se hallan en libertad con cargos a la espera de la finalización de la instrucción del caso. Los responsables de la investigación no descartan que haya más detenciones.
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