Á.M., La Laguna
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Julia Dorta, explicó ayer a EL DÍA que su área ya ha preparado los pliegos para sacar a concurso a corto plazo la seguridad en el teatro Leal, que volvió a suscitar polémica en el pleno del pasado miércoles con la aprobación, entre otros, de un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 324.014 euros para afrontar los gastos en este concepto y otras materias.
Durante el pleno, la edil socialista Silvia Maestre arremetió duramente contra el gobierno local al detectar facturas por "un vigilante" que ascendían a 5.200 euros al mes en un caso (con un contrato de tres meses) y de 4.024 euros mensuales con otra compañía (4 meses), si bien ambas empresas comparten el mismo CIF. Maestre considera totalmente excesivo que, en 2009, se gastasen 110.000 euros por "dos vigilantes" de seguridad por actuaciones "extras" en el teatro, cantidades que, a su juicio, en ningún caso se reintegrarán en su totalidad a los empleados.
Dorta prefirió en la sesión plenaria no intervenir ni aclarar estas afirmaciones y dejó que lo hiciera el edil de Hacienda, Juan Antonio Alonso, quien, sin embargo, no entró en los aspectos concretos de estos gastos. Ayer, sin embargo, la concejal sí creyó oportuno dejar claro que, aunque las facturas hagan alusión a un vigilante, en realidad se trata de "servicios de vigilancia" que incluyen cuatro personas durante el día (con dos turnos) y otra por la noche, con lo que los 5.200 y los 4.024 euros corresponden con el pago a cinco trabajadores al mes.
Nuevos mecanismos
Además, subrayó que este servicio se dio así hasta el cierre del pasado año y que, desde entonces, se han incorporado mecanismos de seguridad en el célebre recinto cultural que reducen el número de personas necesarias para esta prestación. No obstante, los técnicos están preparando los pliegos de un concurso para asignar la seguridad (sobre todo nocturna) a la empresa que ofrezca las mejores condiciones y garantías.
El PSC, por el contrario, censura el modo de actuar del gobierno en este caso y recalca que se repite el mismo procedimiento respecto a otros servicios y suministros, que no pasan por los pertinentes concursos pese a superarse de forma holgada los 18.000 euros que fija la normativa.
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