Con el anuncio realizado desde el Consistorio, donde se procede al recorte del 45% de los servicios que se venían realizando por parte de vigilantes de seguridad y auxiliares de servicios, se pone en riesgo el empleo del mencionado personal.
La Ley de Contratación Pública, así como el menor coste, no deben ser utilizados desde ámbitos políticos como elementos que contribuyan a la destrucción de ocupación, más si cabe, cuando no es del todo cierto, que situar a la policía local en la custodia de edificios municipales, cuando lo que debería ocurrir es que dicha policía realice sus funciones en aras de garantizar la mayor seguridad ciudadana posible, resulta como elemento capaz de disminuir el coste.
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