Desde el 1 de enero los casi 9,5 millones de pensionistas que hay en nuestro país verán incrementadas sus rentas de jubilación un 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones aprobada unilateralmente en 2013 por el Gobierno del Partido Popular desde su entonces mayoría absoluta. Tras este escalofriante incremento, la pensión máxima de jubilación llegará a 2.567 euros (solo la cobran 232.643 pensionistas) al mes y la mínima a 636 euros mensuales. Los pensionistas tampoco tendrán la paga para compensar la desviación del IPC porque la ley del Partido Popular no prevé la compensación por la desviación de precios.
Y todo esto porque el Consejo de Ministros ha tomado hoy la decisión oficial de revalorizar un 0,25% las pensiones para 2017, acogiéndose a una ley que impuso desde la mayoría absoluta, muy lejos de la previsión de inflación del 1,2% y de la propuesta de UGT y CCOO en ese sentido, articulada mediante una Proposición de Ley de todos los grupos parlamentarios menos el Partido Popular, y que éste se encargó de bloquear mediante una artimaña parlamentaria. De esta manera, el Gobierno condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo una vez más. Pérdida que notarán desde este mismo mes de diciembre, en el que los precios subieron un 1,5%.
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