El juez asegura que los dos tenientes coroneles asesoraban —a cambio de una retribución fija, comisiones, dádivas, invitaciones o regalos— a empresas que pujaban por obtener contratos en materia de seguridad privada, alimentación, limpieza o pólizas de seguros en el ámbito de Defensa, ayudándoles a preparar ofertas y recursos, facilitándoseles información privilegiada —como la entrega anticipada del pliego de condiciones técnicas— y prometiéndoles agilizar los pagos, una vez adjudicado el contrato.
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