Distintivos profesiones que aparecen en la Resolución del Ministerio del Interior, publicada este lunes en el BOE. De izda. a dcha. y de arriba a abajo, el distintivo profesional y los de "guarda particular", "guarda de caza" y "guardapesca marítimo". / boe.es
El Gobierno ha dado el primer paso para extender la seguridad privada y armada a los montes y el medio natural. Setenta y ocho horas antes de que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, exponga este jueves, 6 de septiembre, ante la comisión correspondiente del Congreso el balance de los daños provocados por los mayores incendios forestales de la última década, el Ministerio del Interior ha promulgado los nuevos requisitos formativos y de uniformidad de los “vigilantes privados del campo”, un primer paso para afincar el modelo de seguridad armada de pago en el medio natural.
La nueva disposición de Interior apareció en el BOE del 3 de septiembre y regula la formación y las pruebas que deberán superar los aspirantes a convertirse en “Guardas Particulares del Campo” o vigilantes privados de seguridad, con exámenes físicos por tramos de edad, conocimientos teóricos de los delitos contra el medio natural, primeros auxilios, métodos de autodefensa, procedimientos de detención y prácticas de tiro y manejo de armas, sin especificar, lo que incluiría el uso de rifles.
La orden del departamento del ministro Jorge Fernández Díaz ha sido acordada con su colega de Agricultura, Arias Cañete, y cuenta con el visto bueno del titular de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. En ella se desarrolla una regulación que dejó pendiente el Gobierno de José María Aznar en 1999. Entonces, la amenaza de ETA obligó al Ejecutivo a apelar a las empresas de seguridad privada para proteger a cientos de cargos públicos del PP, amenazados en el País Vasco y que rechazaban la escolta de la Ertzaintza o Policía Autonómica Vasca.
Ahora las circunstancias han cambiado, y los incendios que han arrasado más de150.000 hectáreasde bosques y fincas a lo largo de julio y agosto en todas las Comunidades Autónomas, comenzando por la Valenciana –la primera que derogó la prohibición de construir en terrenos afectados por incendios–, aparecen como una gran oportunidad y un argumento de peso para que los propietarios de fincas, montes y cotos de caza y pesca implanten vigilancia de pago, coordinada con los cuarteles de la Guardia Civil y los agentes del Servicio de Protección del Medio Natural (SEPRONA).
El nuevo ámbito de actividad ampliará las salidas profesionales hacia el sector privado de la seguridad de los miles de soldados y marineros profesionales que terminan sus contratos y han de abandonar las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil les reserva hasta el 75% de las nuevas plazas que convoca cada año y el Cuerpo Nacional de Policía, más del 50%. Con la privatización de la seguridad en el campo aumentarán sus posibilidades de convertirse en guardas armados de montes, fincas, ríos, costas y cotos, patrullando a pie, a caballo, en motos todo terreno, coches, lanchas y helicópteros.
El impulso a la seguridad privada en el medio natural contrasta con los grandes recortes de personal y material de prevención de incendios antes y durante este verano. A pesar del aviso de los técnicos sobre la sequía y el alto riesgo de incendios, es sabido que la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, marcó la pauta y se anticipó a los acontecimientos con una quita de 105,5 millones de euros, el despido inicial de 250 trabajadores y la supresión de retenes, medios aéreos, cuadrillas helitransportadas, torretas de vigilancia, maquinaria, vehículos y otros medios técnicos. Y que en pleno mes de agosto, perseveró con dos expedientes de regulación de empleo que enviaron al paro a 755 trabajadores de la empresa pública autonómica Geacam, encargada de la prevención y lucha contra los incendios.
Los sindicatos y las fuerzas políticas de la oposición han denunciado los recortes, la imprevisión y falta de coordinación ante los grandes fuegos que han quintuplicado los de 2011, con más hectáreas de bosque quemado que en los últimos diez años juntos, y, sobre todo, con la pérdida de doce vidas humanas. Sin embargo, no se puede decir que la política de ajuste presupuestario en todos los ámbitos relacionados con los servicios sociales esenciales y bienes públicos sea incoherente con el neoliberalismo privatizador que impregna las decisiones del PP en el Gobierno central y en la mayoría de los ayuntamientos y autonomías. En la lectura del desastre, los que se empeñan en reducir nuestra vida a cifras, ya han encontrado una nueva fuente de beneficio privado.
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