La policía está para perseguir los delitos, no para vigilar edificios´

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Enrique Paris Vidal, durante la entrevista. i ANDRÉS CRUZ

Las empresas de seguridad privada se presentan alternativa para labores como la vigilancia de sedes oficiales o la escolta de altos cargos ahora que está en pleno debate la puesta en marcha de la Policía Canaria. Ahora bien, piden a la Administración que en los concursos no prime lo más barato

RUBÉN ACOSTA
- El Gobierno canario ya ha dicho que los policías autonómicos no van a vigilar edificios públicos, ¿se abre una vía para incrementar los recursos privados para este tipo de trabajos?
- La seguridad privada no sólo está en este tipo de edificios, a veces pasamos desapercibidos pero estamos prestando servicios en centrales nucleares, aeropuertos, puertos, instalaciones de Defensa, etcétera. La vigilancia privada es una alternativa real y también está entrando en la escolta de los cargos públicos en el País Vasco o en la protección de los barcos atuneros españoles en el Océano Índico. La seguridad privada es un servicio a la sociedad aunque algunos intenten olvidarlo.


- ¿Qué experiencia hay en otras comunidades con policías autonómicas?
- En esas comunidades la seguridad privada complementa la labor de las policías públicas hasta tal punto que comisarías de los Mossos d'Esquadra en Cataluña las protege la seguridad privada y los agentes autonómicos se ocupan de la labor para la que han sido formados, es decir, para perseguir el delito. El sector aboga por un uso racional de los recursos y como somos subordinados y complementarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pues estamos haciendo este tipo de tareas y abiertos a ampliarlas cuando se nos pida. De hecho, hemos presentado a la Administración un informe de opinión de la sociedad sobre la seguridad privada y una de las conclusiones es que hay un porcentaje elevado de ciudadanos que ve con buenos ojos que los vigilantes privados estén en lugares como las zonas comerciales, algo que venimos reivindicando desde hace tiempo y que lleva años aplicándose en otros países y creemos que aquí también podría aplicarse, aunque requiere cambiar la actual ley, que está superada por la realidad.


- Tanto en la ley nacional como en la canaria se determina la seguridad de inmuebles y personas como funciones propias de las policías autonómicas. ¿Cómo se ve esto desde el sector privado?
- Hay un debate público sobre este tema que deben resolverlo los responsables políticos de las dos administraciones, pero desde el ámbito privado sí que entendemos que se deben optimizar los recursos disponibles. En función de las tareas a realizar se debe buscar la figura más apropiada y la más adecuada es la que tiene el nivel profesional y el coste más óptimo, por lo que entendemos que la seguridad privada está para prevenir básicamente con las tareas que se nos asignen y las fuerzas de seguridad públicas para intervenir.


- Entre las reivindicaciones del sector se encuentra la reforma de la ley para asumir y ampliar funciones, ¿en qué situación se encuentra esta petición?
- La ley en su momento fue necesaria porque reordenó el sector ya que veníamos de una legislación muy dispersa y en 1992 se reunificó todo en una sola norma. Sin embargo, esta ley eliminó el rango de agente de la autoridad que tenían hasta entonces los antiguos vigilantes jurados. A partir de ahí, la ley 23/92 se ha visto superada por el desarrollo de la sociedad porque en 18 años se ha evolucionado mucho y el propio Estado del Bienestar, comprometido ahora por la crisis, ha provocado una mayor solicitud de los servicios de seguridad privada. La ley necesita adaptarse a la realidad sobre todo en el ámbito competencial, es decir, creemos que podemos hacer más cosas de las que la ley nos permite.


- ¿Cómo son las relaciones del sector de la seguridad privada con las diferentes administraciones públicas canarias?
- Las relaciones son buenas y como asociación que representa al 60% del sector en Canarias procuramos que mejoren. Sin embargo, también insistimos mucho en que las administraciones tienen que liderar la mejora de los servicios de seguridad privada porque son las principales usuarias de los mismos. En Canarias el 60% de la demanda de seguridad privada procede de las instituciones públicas en sus diferentes niveles, por lo que son las llamadas a realizar un esfuerzo para mejorar el sector. Una de nuestras principales reivindicaciones es que se elaboren pliegos de condiciones que permitan que la adjudicación se haga a la mejor oferta y ésta no es necesariamente la más barata. En los últimos años hemos entrado en una deriva en que se ha entrado directamente en la subasta pura y dura, es decir, los pliegos de condiciones van a la oferta económica más barata, que ocupa hasta más del 80% de la baremación, con lo cual nunca van a mejorar los servicios porque se adjudican a empresas que no cumplen con los mínimos requisitos técnicos y de calidad, tampoco pueden pagar a sus empleados, cometen irregularidades manifiestas porque incumplen con muchas de sus obligaciones y elevan el índice de litigiosidad. Ya en 2007 el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley para mejorar el sector de la seguridad privada y hasta el momento no se ha cumplido.