La sanción, de 30.000 euros a la empresa y 3.100 a cada guardaespaldas, ha caducado por silencio administrativo
Las multas impuestas a 67 escoltas privados vizcaínos en junio del año pasado por llevarse la pistola a su casa por la noche en lugar de dejarla en el armero como obliga la normativa, han quedado condonadas por silencio administrativo al caducar el plazo para responder a los recursos, según informaron a este periódico fuentes solventes. La sanción era de 3.100 euros a cada guardaespaldas y de 30.000 a Seguritas como responsable de la infracción. Según las mismas fuentes, representantes gubernamentales y de la empresa de seguridad habrían mantenido varias reuniones para tratar el tema.
Los guardaespaldas alegaban falta de tiempo y que su seguridad está amenazada. Si su turno de trabajo acaba, por ejemplo, a las diez de la noche y al día siguiente tienen que ir a buscar al protegido a las siete de la mañana, tener que desplazarse hasta Getxo, donde se encuentra la base de la empresa y el armero, les supondría reducir sus horas de sueño y probablemente también al día siguiente su capacidad de trabajo.
Además, el hecho de que ETA haya colocado también a los escoltas privados en su diana después del atentando contra Gabriel Ginés en el barrio bilbaíno de La Peña el pasado noviembre, les obliga a redoblar su seguridad. Por estos motivos, el colectivo de seguridad privada ha reclamado que se les conceda la licencia para portar el arma las 24 horas.
Casillas vacías
La «excepcionalidad» que representa el caso del País Vasco, donde los acompañantes viven el terrorismo de forma directa, y la imposibilidad de incluir privilegios en la normativa general que afecta a toda España, habrían llevado a la condonación como salida menos traumática para este conflicto. Sólo se mantiene una de las sanciones, impuesta a un empleado por no colaborar con la investigación, indicaron fuentes cercanas al caso.
A raíz de la denuncia de un trabajador, la Intervención de Armas de la Guardia Civil realizó una inspección en las instalaciones de la empresa en Getxo y descubrió que 67 de las casillas donde se guardan las armas de los escoltas estaban vacías pese a que sus titulares no estaban de servicio en ese momento. Para entonces la práctica de llevarse la pistola a casa por las noches se había convertido ya en una rutina.
La Ley de Seguridad Privada de 1992 obliga a los vigilantes a depositar sus armas reglamentarias «al dejar de prestar protección». La norma está pensada para todos los empleados de seguridad que van armados, los que vigilan un centro comercial o un furgón blindado, pero «para la protección personal queda coja», opinaba entonces José Luis Aparicio, secretario de organización y administración de la Federación de Servicios de UGT.
Los 67 escoltas privados sancionados custodian a concejales, jueces y empresarios, entre otros profesionales en riesgo.
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