Visto así, lo del IBI parece una cuestión menor. Aunque este rifirrafe entre administraciones tiene un beneficiario colateral: Ibercaja. La entidad asumió la gestión del edificio en el 2009 y se comprometió a abonar hasta 50.000 euros al año de ese recibo. Cuando se declaró BIC y la DGA dejó de pagar los 113.000 euros al consistorio, en el 2014, esta dejó de abonar sus 50.000 a la Expo. Y ya lleva ahorrados 150.000. Aunque ya gasta cerca de 300.000 al año pese a tenerlo cerrado, entre la seguridad privada y la limpieza.
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