El Gobierno ha dejado sin formación a unos 4 millones de trabajadores -ocupados o desempleados- durante el primer año de vigencia de la Reforma “urgente” de la Formación para el Empleo.
El acceso a la formación de los trabajadores ha empeorado respecto al sistema anterior: por primera vez en 2015 no ha habido convocatorias de subvenciones para planes de formación de oferta estatales; los de las Comunidades Autónomas se están retrasando; y la formación bonificada en las empresas ha caído porque existe una gran inseguridad jurídica. Además, el sector de la formación ha sufrido una gran pérdida de empleos, unos 150.000 empleos directos y diferidos.
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