«Estamos intentando salvar al mayor número de compañeros posible», señaló ayer el presidente del comité de empresa de Securitas, Gerardo Prieto, que el miércoles asistió a una reunión en Madrid con representantes de la compañía de seguridad privada. La cita tenía como objetivo el inicio de las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 600 empleados de toda España, de una plantilla de 14.000 personas. El ajuste afecta inicialmente a 39 vigilantes de la delegación de Cantabria.
Aunque no se entró a negociar en profundidad el alcance del ERE, Prieto se mostró «muy contento» del resultado de este primer encuentro al observar en la patronal la voluntad de minimizar el alcance del recorte de plantilla. El portavoz sindical avanzó que según sus cálculos «el número de vigilantes afectados en Cantabria podría reducirse a la mitad o incluso más».
Esta conclusión la obtiene de los avances de la reunión de Madrid para reorganizar la plantilla desde el punto de vista administrativo, sobre todo en lo referido a las vacaciones, que permitirá reducir las horas extraordinarias y, por lo tanto, el impacto económico con lo que mejoraría el plan de viabilidad sin necesidad de tantos despidos.
El grueso de la negociación del ERE se abordará en una reunión «decisiva» que se celebrará, también en la capital de España, el próximo 3 de diciembre. Prieto acude en representación de la planta cántabra al igual que el resto de portavoces sindicales de las delegaciones repartidas por la geografía española. Al mismo tiempo, y como consecuencia del ERE, se están negociando diversas cuestiones pendientes del convenio colectivo.
En Cantabria la firma, en su división de seguridad, cuenta con una plantilla de 430 vigilantes por lo que el recorte propuesto supone casi el 10% del personal. El despido colectivo se registró el pasado 8 de noviembre y los sindicatos se centran ahora en rebajar su impacto y posteriormente pasarán a analizar la cuantía de las indemnizaciones establecidas «de salida» en 20 días por año con un límite de doce mensualidades.
El grupo sueco basa los recortes en la existencia de resultados económicos desfavorables y en las rescisiones de contratos por parte de las administraciones.
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