Cerca de 50.000 inmigrantes trabajan en España en tareas de vigilancia privada de forma ilegal, según los sindicatos. La ley exige la nacionalidad española y un curso de habilitación para poder ejercer de agente privado de seguridad. La trampa para vulnerar la normativa vigente es contratar a inmigrantes como «auxiliares» que realizan en la práctica tareas muy parecidas a los agentes con habilitación legal. Las empresas les dan uniformes prácticamente iguales, aunque los ayudantes no llevan placa ni armas. La causa de esta contratación de inmigrantes es la elevada demanda de las empresas de seguridad, que, según fuentes del sector, necesitan contratar a otros 21.000 agentes más para cubrir sus necesidades.
El sector de la seguridad ha crecido de forma impresionante en los últimos 10 años hasta el punto de que no es inusual ver a agentes privados en la vigilancia de edificios públicos y organismos oficiales. Lo deseable es que fueran agentes públicos quienes se encargaran de garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes. Pero dado que no parece posible, por lo menos el Ministerio de Interior debería controlar con más rigor al personal de las empresas de seguridad.
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