Hasta ahora, la vigilancia de las siete centrales españolas estaba en manos de la seguridad privada, que se encargaba de la protección interior y perimetral. Pero las empresas que explotan las plantas solicitaron a principios de 2015 al Ministerio del Interior que fuera la Guardia Civil la que realizara esa labor y aseguraron que correrían con los gastos que generara ese nuevo dispositivo en el erario público.
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