La reforma laboral lanzada por un decreto de urgencia en febrero de 2012 por el recién estrenado gobierno de Mariano Rajoy ha sido saludada por la mayoría de sectores empresariales. Sin embargo, no ha caído tan bien para algunos en el sector de la seguridad privada, uno de los mayores empleadores privados del país y donde una de las condiciones que ofrecía la nueva regulación -posibilidad de una empresa de 'descolgarse' del convenio colectivo sectorial si se encontraba en pérdidas- ha provocado la guerra entre distintas compañías. Según la reforma laboral aprobada por el PP, una empresa puede reducir las condiciones de trabajo (básicamente, el sueldo) de los empleados por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
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