Las Órdenes Ministeriales entraron en vigor el 18 de agosto de 2011 y, a día de hoy, siguen sin efecto. Los clientes cuentan con 10 años para cambiar sus alarmas, mientras que las empresas cuentan con numerosas prorrogas de gracia para homologar sus sistemas que siguen instalando a pesar de que no cumplen la normativa europea
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