El Consejo de Ministros presentará
previsiblemente el próximo viernes el Proyecto de Ley de Seguridad
Privada tras varias semanas de consultas a distintas instituciones del
sector, aunque no presentará grandes variaciones con respecto al
anteproyecto elaborado el pasado mes de abril, según han informado a
Europa Press fuentes oficiales.
Fue el 12 de abril cuando el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría. Según anunció, la nueva Ley contemplará que las empresas de
detectives privados tendrán que hacer informes incluyendo los resultados
de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para
jueces y policías.
Esta será una de las principales novedades de la nueva ley que
incrementa "el control sobre la actividad de los detectives privados"
con nuevas obligaciones que consisten en "documentar los encargos en un
contrato escrito" y en que "además del libro-registro que ya llevan",
tendrán que elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que
conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados
obtenidos".
Ese informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial", precisaba el
anteproyecto en el que además se obliga a estas empresas a "presentar
una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior".
Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por
objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación
entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del
hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.
PROHIBIDO MATERIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTIMIDAD
Precisamente, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar
servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la
intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes
deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán
un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una
investigación judicial", explicó el ministro del Interior.
También se contemplan nuevos servicios que hasta ahora no estaban
regulados o necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de
videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas,
vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios
de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre
bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sobre este último punto, el ministro del Interior aseguró en su
momento que esta iniciativa también ha sido solicitada por Cataluña,
única comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias
transferidas.
