El caso de la guarda de Ciaño destapa el malestar de los profesionales del sector por las condiciones en las que trabajan
Langreo, L. M. D.
Intrusismo profesional, falta de seguridad en el trabajo, jornadas laborales de más de 12 horas, ausencia de garantías jurídicas que respalden su trabajo... El caso de la vigilante de seguridad de las obras del centro comercial de Ciaño, que primero denunció haber sido violada para rectificar y aseverar después que se había tratado de un intento de agresión sexual, ha destapado toda una serie de problemas laborales en este sector. Los colectivos profesionales de vigilantes de seguridad lo tienen claro: los vigilantes apenas tienen protección.
Desde la asociación Vigilantes Asociados (Vigias), su presidente, Francisco Suárez Viñas, explicó que en el caso de la vigilante de Ciaño «nunca debería haber estado haciendo el servicio ella sola». El colectivo considera que, dadas las dimensiones de la obra a vigilar -una mediana superficie comercial- y que el trabajo se llevaba a cabo por las noches «en esa obra deberían trabajar siempre dos personas» que además, tendrían «que estar armadas». El presidente de este colectivo de vigilantes afirmó que la zona de las Cuencas, como otras áreas industriales de Asturias, «suelen ser conflictivas en lo que se refiere a intentos de robo» y por ello «lo mejor sería estar armado con la pistola reglamentaria», un revólver 38 especial y no vigilar únicamente «con una defensa de goma de 50 centímetros», el único medio de protección con el que contaba la joven vigilante en el momento en el que presuntamente la agredieron.
El presidente de Vigilantes Asociados afirmó que la vigilante de Ciaño contaba con todos los permisos profesionales en regla, pero también se denunció que «la jornada laboral que afrontaba era normalmente de 12 horas, sola, sin apenas protección y en una obra que, en parte de su perímetro no estaba vallada, por lo que cualquiera podía acceder a ella». Este tipo de situaciones, según Francisco Suárez Viñas, «son relativamente habituales dentro del sector». Para esta asociación profesional, muchas compañías empiezan a ahorrar en la vigilancia de sus instalaciones. «Siempre va a ser más barato tener a una que a dos o más personas, aunque no sea lo adecuado», apuntó Suárez Viñas.
Este punto de vista es compartido por los sindicatos. Desde UGT se afirma que «el establecimiento de los servicios de seguridad bajo criterios exclusivamente económicos conduce a situaciones de desprotección» como el que presuntamente ocurrió en Langreo. En parecidos términos se expresa USO, que reclama que los criterios de seguridad «se basen en la objetividad y no en un puro afán mercantilista para abaratar a cualquier precio los servicios».
Asociaciones profesionales y sindicatos coinciden también en la necesidad de modificar «de forma urgente» la Ley de Seguridad Privada, que entró en vigor en 1992. «Está desfasada», afirma el presidente de Vigias, que denuncia que los dos mayores problemas de la profesión son «el intrusismo» y la «desprotección jurídica». A nivel nacional, de las aproximadamente 100.000 personas que trabajan como vigilantes de seguridad, el 25 por ciento «carecen del curso homologado por la Policía Nacional» que es necesario para conseguir la tarjeta de identificación personal (TIP), requisito imprescindible para trabajar en una empresa del sector. «Se contrata a gente sin formación por ahorrar», indica Francisco Suárez Viñas. Respecto a la falta de protección jurídica, este es uno de los aspectos de la Ley de Seguridad Privada que «más urge corregir». Tal y como explica el presidente de Vigilantes Asociados «cuando trabajamos, los vigilantes carecemos del estatus de agente de la autoridad. Esto nos impide poder actuar en muchos casos. No pedimos ser agentes todo el día, como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Sólo cuando estemos trabajando». Suárez Viñas recordó que es algo similar a lo que ocurre con los socorristas de las playas. «No pueden obligar a nadie a que los obedezca, carecen de autoridad para ello. Es algo meramente disuasorio».
Además, cuando los vigilantes deben acudir a los juicios a testificar, «lo hacemos como personas individuales, con nuestro nombre, apellidos y dirección», no como los policías, de los que sólo se informa de su número de identificación. «Esto abre la puerta a posibles represalias cuando has estado testificando en contra de una persona o un grupo problemático, al que tú mismo has visto delinquiendo, que han sido detenidos cuando tú llamaste a la Policía». La reforma legal es respaldada, además de por las asociaciones profesionales, por todos los sindicatos. UGT, CC OO y USO consideran que el reglamento «debe solucionar este tipo de situaciones, que dejan sin protección a los vigilantes».
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