Los cuatro internos de Fontcalent no pueden acercarse a sus parejas a menos de 500 metros
En España se han colocado 18 pulseras identificativas desde el inicio del programa
Cuatro hombres que cumplen prisión por malos tratos han salido de permiso en la provincia gracias a la implantación de pulseras provistas de GPS, que alertan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil si se les ocurre incumplir las órdenes de alejamiento contra las ex parejas y acercarse a menos de 500 metros de ellas, según consta en una respuesta del Gobierno a la diputada popular Susana Camarero, recogida por Europa Press.
En total, 18 presos de toda España se han beneficiado de este programa, implantado por los ministerios de Interior, Justicia e Igualdad desde el pasado mes de julio, en colaboración con los jueces. Alicante es la provincia con más reos que se aprovechan de esta oportunidad, junto con Ciudad Real. A estas provincias le siguieron Madrid y Pontevedra, con tres cada una; mientras que en Mallorca, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia tuvieron un interno cada provincia con permiso de salida con GPS.
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Esta medida se puso en marcha el pasado de mes de julio. Entonces, el Gobierno anunció el pasado miércoles que tres mil maltratadores irán siempre acompañados por un aparato localizador (un GPS) que alertará a la Policía y la Guardia Civil en caso de que se acerquen a menos de 500 metros de distancia de sus víctimas.
Con esta medida, el Ministerio de Igualdad pretende hace efectiva de una forma más contundente la seguridad de la mujer, documentar el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento y disuadir al agresor. Además, el departamento dirigido por Bibiana Aído firmó un protocolo de actuación con los Ministerios de Justicia e Interior, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer para garantizar y homogeneizar su operatividad en toda España.
Estos aparatos, fabricados por Telefónica y Securitas, constan de tres terminales. Dos de ellas son una especia de teléfonos móviles, uno para el agresor y otro para la víctima. El de la mujer, además, contará con un botón del pánico. Por otra parte, el maltratador llevará una pulsera, amoldable tanto a la muñeca como al tobillo para que esté en todo momento localizable. Tendrá una autonomía de seis meses. En caso de que se rompa la correa o el individúo se separe más de diez metros del móvil, el dispositivo mandará una señal de alerta a un centro de control único de nueva creación.
La distribución de los dispositivos, que se realizará mediante una resolución judicial, se realizará en todas las Comunidades Autónomas.
Todo el procedimiento se realizará desde un centro de control, que será el único que reciba las señales de alarma. En un plazo de 24 horas, y después de que se comunique la disposición judicial a los agentes (locales, autonómicas o nacionales), este centro dará de alta en el sistema los datos de la víctima y del inculpado, así como el cuerpo policial responsable de la protección y del periodo estipulado de vigencia de la medida.
Este sistema de seguimiento tiene dos tipos de avisos: alarma y alerta, que están graduados de mayor a menor riesgo. Las alarmas se generarán en caso de incidencia técnica grave, como que deje de funcionar o se produzca la rotura del brazalete, la separación de éste de la unidad 2Track (nombre técnico de los aparatos) o la descarga de la batería. Además, también se considerará alarma si el inculpado entra en la zona de exclusión o se aproxima a la víctima y se pierde la cobertura del sistema de localización. En todos los casos, en cuestión de segundos el centro de control avisará a los agentes designados para que intervengan.
Cálculos
Hace unos meses, el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, calculaba que la provincia necesitaría un centenar de pulseras con localizador GPS. Por ahora, sólo cuatro personas llevan el dispositivo (18 en todo el país), según la información facilitada por el Gobierno.
En la actualidad, 2.200 mujeres que están en riesgo de sufrir una agresión machista. El peligro es extremo para tres de ellas y alto para 49, según cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno
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