Los representantes de los trabajadores contabilizan dos casos de amenazas graves y la Junta toma nota para evitar más
Puede que sólo sean dos desgraciadas excepciones y que el problema no vaya más allá, pero la junta de personal -los representantes de los trabajadores- de la Consejería de Justicia de Granada han querido expresar su preocupación por la -de momento, incipiente- extensión a su 'gremio' del inquietante fenómeno de la violencia contra los funcionarios públicos.
Los miembros de la junta de personal tenían en sus mentes lo que ha sucedido en los últimos tiempos con sus compañeros sanitarios y docentes, y saben que no es como para estar tranquilos. Han sido testigos del calvario de otros sectores del funcionariado y no quieren pasar por eso. Lógico. Los médicos, enfermeros, celadores o maestros han sido víctimas de todo tipo de agresiones -verbales y físicas- por parte de incívicos usuarios de esos servicios. La tensión llegó a tal punto que la Fiscalía Superior de Andalucía comenzó acusar de un delito de atentado a los agresores en lugar considerarlo como una simple falta. Un notable endurecimiento de la postura del Ministerio Público que luego fue emulada en otras partes de España.
En ambos casos no se llegó a las manos, pero las víctimas tuvieron que soportar amenazas y cajas destempladas, según la información facilitada por los integrantes de la junta de personal.
El protagonista del incidente de las oficinas del Registro Civil fue un ciudadano extranjero que, molesto porque algún trámite no se estaba solventando como el deseaba, increpó e insultó con insistencia a la funcionaria con machacona insistencia.
Al parecer -y para presentarse como víctima, cuando en realidad estaba siendo el 'verdugo-, el usuario amenazó con presentar una denuncia contra la trabajadora por un comportamiento supuestamente racista.
En Motril, el alborotador -según relataron los representantes de la junta de personal consultados por este periódico- fue un individuo que debía comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado al estar imputado en una causa.
Los delegados sindicales aportaron toda esa información a la hasta hora delegada de Justicia, Begoña Álvarez, en una reunión que mantuvieron poco antes de que la responsable política fuera ascendida a consejera de dicho departamento en el Ejecutivo andaluz. Álvarez recordó que la Guardia Civil, el cuerpo encargado de controlar los accesos a las distintas sedes judiciales, también tiene encomendada la misión de intervenir para poner coto a cualquier desorden público que pueda producirse.
Los representantes de los trabajadores elogiaron la labor que llevan a cabo los agentes del instituto armado, pero también recordaron que todos ellos son profesionales veteranos que están en segunda actividad, un detalle que creen que hay que tener en cuenta cuando se dan episodios de violencia.
De hecho, estos guardias suelen recabar apoyos cuando las cosas se ponen feas, según indicaron los medios consultados.
En el caso del Registro Civil, en el encargado de la seguridad es un vigilante privado, cuya presencia es más disuasoria que represiva.
Sea como fuere, la hoy consejera de Justicia se comprometió a hacer llegar las inquietudes de los representantes de la junta de personal a las autoridades encargadas de dirigir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Hace tres años, la Fiscalía Superior de Andalucía se comprometió sindicato de enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) a perseguir con todas las armas legales a su alcance la violencia contra los docentes. Era el principio de un cambio de calado en el enfoque del problema. A diferencia de lo que ocurría hasta entonces, la Fiscalía se decidió a considerar como un delito de atentado y no como una falta, la violencia contra los maestros.
Los delitos por atentado contra un funcionario público puede llevar a acarreadas penas de prisión, mientras que, si el incidente queda reducido a una falta, el agresor sólo debería abonar una multa.
Por otro lado, la Consejería de Educación habilitó por aquel entonces un servicio de atención telefónica para el asesoramiento jurídico del profesorado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario