EL SINDICATO UGT ha convocado una concentración en el sector de la seguridad privada en Aragón para el próximo 28 de septiembre en protesta por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. "Los trabajadores se han visto coaccionados para retirar las demandas de la diferencia en el precio de las horas extras a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo", denunció UGT en un comunicado.
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miércoles, 22 de septiembre de 2010
Protesta en el sector de la seguridad privada
EL SINDICATO UGT ha convocado una concentración en el sector de la seguridad privada en Aragón para el próximo 28 de septiembre en protesta por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. "Los trabajadores se han visto coaccionados para retirar las demandas de la diferencia en el precio de las horas extras a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo", denunció UGT en un comunicado.
Agrede a personal sanitario por no obtener cita fuera del horario establecido
El sindicato UGT la frecuencia de los incidentes en los que algunos usuarios «faltan en respeto a las normas y a los profesionales»
El Área de Gestión Sanitaria (AGS) del Campo de Gibraltar activó ayer el Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que incluye asistencia sanitaria y jurídica, así como apoyo psicológico, ante un episodio de violencia sufrido por un celador-conductor y un enfermero de la Unidad de Gestión Clínica Algeciras-Sur, en la barriada del Saladillo de Algeciras.
La secretaria comarcal de sanidad en atención primaria de FSP-UGT, Inmaculada Marfil, explicó que los hechos se produjeron cuando un paciente solicitó cita con su médico de cabecera pasadas las doce del mediodía El celador que atendió al usuario en el mostrador le explicó que tendría que esperar hasta el día siguiente porque a partir de las doce sólo se atendían urgencias, ante lo cual el paciente se puso violento y agredió tanto al celador como al enfermero que acudió en su ayuda al escuchar sus gritos. «Quedó en unos arañazos y en un susto, pero lamentamos que con tanta frecuencia los usuarios falten el respeto a las normas y a los profesionales», apuntó.
Medidas de seguridad
Tanto el Área Sanitaria como la Delegación Provincial de Salud manifestaron su «solidaridad y apoyo» a los agredidos. Los sanitariostienen previsto cursar la correspondiente denuncia contra el agresor en las próximas horas.
El AGS recordó que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se cosidera como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. De hecho, este año el agresor de un médico del centro de salud de Bonanza de Sanlúcar, ha sido condenado a un año de prisión por unos hechos acaecidos en enero de 2009.
Salud condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones.
El SAS pone a disposición de sus trabajadores un plan de prevención con el objetivo prioritario de reducir las posibles agresiones incorporando, además de un protocolo de actuación con asistencia jurídica y apoyo psicológico, una serie de herramientas tales como cursos de formación en manejo de situaciones conflictivas, adaptaciones de locales y ubicación de profesionales y análisis de las incidencias que se producen, entre otros.
Los responsables del AGS y UGT recordaron que el centro de salud situado en la barriada de El Saladillo cuenta con diversas medidas de seguridad, entre las que se incluye la presencia de un vigilante durante 24 horas, así como timbres antipánicos en las consultas.
Jóvenes y familias convierten en pisos zulos del Raval sin luz ni agua
Lavan la ropa en un lavamanos de los rellanos y se bañan en gimnasios y en duchas playeras
Inquilinos sin recursos optan por vivir en estudios de unos 20 metros cuadrados sin lavabo ni cocina
Tres días por semana familias sin recursos se dirigen a un pequeño despacho de la calle de la Cera, 53 para pedir información de «los estudios baratos». Dicen buscar un taller de fotografía o un estudio para tocar música, pero en realidad terminan viviendo en zulos de entre 15 y 30 metros cuadrados sin luz, agua ni gas, a veces con niños. Los edificios, ubicados en los números 53 y 55 de la calle de la Cera y en el 22 de la calle de Salvador suman un centenar de estudios destinados a actividades profesionales pero casi todos han convertidos en viviendas habituales de personas sin recursos.
La mayoría de los inquilinos ha realizado por su cuenta conexiones ilegales a la luz del edificio, lo que ocasiona frecuentes fallos en el suministro, y muchos de ellos también han hecho empalmes de agua a la tubería principal. Alguno incluso ha fabricado una ducha en medio de la sala que utilizan varios vecinos para bañarse. La pobreza también agudiza el ingenio. Ninguno cuenta con cédula de habitabilidad pero los administradores hacen la vista gorda.La precariedad y la insalubridad que en ocasiones deben sufrir los vecinos (las plagas de pulgas y cucarachas de todo tipo y tamaño son constantes en las fincas) conllevan una recompensa a final de mes: los zulos tienen un precio muy competitivo: desde 160 a 300 euros, menos que una habitación en un piso compartido. Familias inmigrantes, jóvenes pintores, artistas y cantantes sin recursos tienen una marcada preferencia por estos estudios.
Los tres inmuebles pertenecen al mismo propietario: una empresa de sociedad limitada, según consta en el registro de la propiedad. Los inquilinos cuentan con un contrato de subarrendamiento válido por un año prorrogable.
VISITAS POLICIALES / «Lo más duro de vivir aquí es compartir el lavabo con todos los pisos de la planta. Casi siempre está sucio, nadie lo limpia y termina siendo algo deprimente. Es lo que llevo peor», comenta un vecino del número 53 de la calle de la Cera. Los lavabos compartidos también son una fuente constante de conflictos entre vecinos. El número 55 recibe la visita casi a diario de la policía. La sobreocupación de los pisos hacen que muchos vecinos pasen todo el día y la noche en los rellanos y se generen peleas violentas. En los últimos meses, la noticia de un apuñalamiento y el rumor sobre una violación en uno de los inmuebles ha extendido el temor en el vecindario.
Los vecinos de los bloques colindantes se quejan del ruido constante producido por el uso intensivo del inmueble 55, al que también suelen acceder indigentes y drogodependientes que duermen en los rellanos y en las escaleras. «Me tuve que ir porque no aguantaba más. Tenía borrachos a todas horas frente a mi puerta y soportaba la venta de drogas todo el día y toda la noche frente a mi puerta», asegura Olivia, una exvecina del bloque 55 donde también operó durante algunos meses un local after hours ilegal. La creciente inseguridad en los bloques ha obligado a la contratación de un vigilante de seguridad privado en el número 53 de la calle de la Cera.
La precaria situación de los estudios hace que muchos profesionales se nieguen a instalar su despacho en este tipo de inmuebles y que la demanda de vivienda crezca. El fenómeno ya se extiende a otros inmuebles de oficinas en las cercanías de la plaza de Castilla.
Los 10 puntos clave para hacer frente a la huelga
EXPANSIÓN explica, en colaboración con los bufetes Baker & McKenzie y MLA Associates cómo pueden proceder las empresas a la hora de enfrentarse a la huelga general convocada para el 29 de septiembre, y qué derechos y deberes tienen los trabajadores que decidan secundar la misma.
El próximo 29 de septiembre de 2010 tendrá lugar la huelga general que ha sido convocada por las comisiones ejecutivas de las Confederaciones Sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Todas las empresas y trabajadores deben de tener en cuenta una serie de puntos básicos para saber cuál es la forma legal de proceder ante este paro general
1. Derecho fundamental. La huelga es un derecho fundamental e individual de los trabajadores que se encuentra especialmente protegido. Todos los empleados sometidos a una relación laboral, ya sea de carácter ordinario o especial, tienen derecho a secundarla durante todo el día 29 de septiembre o durante parte de dicho día. Además, el empleado pueden sumarse a la huelga, e igualmente abandonar la huelga a la que se adhirió previamente.
2. Comunicación previa. Los trabajadores que se unan a la huelga no están obligados a comunicarlo a la empresa previamente, por lo que es posible que hasta el mismo día 29 de septiembre la empresa no tenga conocimiento fehaciente de los trabajadores que decidan sumarse a la huelga.
Uno de los temas más peliagudos es si la empresa puede preguntar o no previamente a los trabajadores si van a secundar la huelga. La recomendación general es que no se debería requerir a los empleados esta información, puesto que cualquier medida que se interprete como un modo de desincentivar la participación de los trabajadores en la huelga podría ser considerada una violación del derecho de huelga.
Sin embargo, los expertos laboralistas también creen que sí se puede llegar a preguntar con carácter meramente informativo, sin ninguna exigencia por supuesto, siempre y cuando la empresa objetivamente necesite esa información para garantizar el derecho a trabajar de los que no quieren secundar la huelga.
Por ejemplo, “sería lógico preguntar al vigilante de seguridad si tiene pensado venir a trabajar, porque en caso negativo otra persona tendrá que ocuparse de abrir la puerta del edificio y controlar el acceso de los empleados que quieran venir a trabajar”, explican. En todo caso, la respuesta que diera el trabajador no sería vinculante: en cualquier momento podría sumarse a la huelga o desistir de su participación inicial”.
3. Asamblea informativa. El Comité de Empresa, los delegados de personal o los propios trabajadores pueden solicitar a la empresa la convocatoria de una asamblea, avisando con 48 horas de antelación, para tratar el tema de la huelga. En este caso, la compañía debe facilitar un lugar del centro de trabajo, si bien la misma se tendrá que desarrollar fuera del horario laboral.
4. Remuneración. El ejercicio del derecho de huelga es una de las causas de suspensión del contrato de trabajo y, en consecuencia, las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo quedan exoneradas.
El trabajador en huelga no percibe el salario correspondiente a los días u horas no trabajadas. El derecho de huelga repercute tanto sobre el salario base como los complementos salariales, incluyéndose la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y de las pagas extraordinarias, así como el complemento de participación en beneficios y excluyéndose únicamente las percepciones extrasalariales.
Las vacaciones no se ven afectadas por el ejercicio del derecho de huelga, ni en su duración ni en su retribución.
5. Obligaciones establecidas. Durante la suspensión del contrato de trabajo por la huelga, las obligaciones complementarias de ambas partes se mantienen, como el deber mutuo de buena fe, deber de secreto y sigilo profesional, prohibición de competencia desleal, etc. y su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias.
6. Sanciones. La compañía no puede ejercer ninguna medida que se entienda lesiva del derecho de huelga. En este sentido, el ejercicio del derecho de huelga no puede ser causa de despido -despido que podría ser calificado como nulo-, ni tampoco puede dar lugar a la imposición de otro tipo de sanciones. Asimismo, mientras se desarrolle la huelga, la empresa no puede sustituir a los huelguistas.
7. Servicios mínimos. Excepcionalmente, la ley permite que las compañías puedan establecer servicios mínimos de mantenimiento y seguridad para evitar daños o deterioros en el patrimonio de la empresa durante la huelga. En estos casos la empresa deberá acordar dichos servicios mínimos y designar aquellos trabajadores que deban encargarse de la prestación de los mismos de acuerdo con el Comité de Huelga.
8. Piquetes. Durante la huelga, el empleado puede dar publicidad sobre la misma a otros trabajadores de forma pacífica, así como hacer piquetes informativos o persuasivos. Sin embargo, el trabajador huelguista no puede coaccionar física o verbalmente a otro trabajador para que se una a la huelga, ni puede realizar manifestaciones ofensivas contra otros trabajadores o contra la propia empresa.
9. Seguridad Social. En cuanto a los aspectos en materia de Seguridad Social de la huelga, si ésta afecta a la totalidad de la jornada, se suspende la obligación de cotizar por parte de la empresa y del propio trabajador. Si la huelga afecta a parte de la jornada, existe obligación de cotizar únicamente por la retribución percibida proporcionalmente al tiempo trabajado, cotizándose por los salarios realmente percibidos.
10. Posibles disturbios. Finalmente aunque actualmente no se espera que la huelga conlleve la existencia de actos violentos o agitación social de carácter grave, las compañías deben estar preparadas y adoptar las medidas que sean razonables si existe cualquier señal de disturbios o posibles daños personales o materiales en la compañía. Las medidas a adoptar dependerán en cualquier caso de las circunstancias concurrentes pero podrían incluir avisar a la policía, el cierre de la oficina o requerir a los empleados que no acudan a trabajar.
UGT y CC.OO. avisan: los piquetes van a garantizar la huelga
Los sindicatos quieren que se cierren en Madrid el 29-S todas las escuelas infantiles, colegios e institutos
Cuando sólo queda una semana para el 29-S y cada vez son más las voces que rechazan la convocatoria de la huelga general, CC. OO. y UGT han advertido que «habrá muchos piquetes» que actuarán de forma contundente para «garantizar el derecho a la huelga».
EFE
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, también se refiriró a la existencia de piquetes, pero del lado de las empresas, ya que existen «determinados sectores» que «coaccionan» a los trabajadores para evitar que secunden la huelga bajo amenaza de sanciones, despidos o impago de salarios vinculados a la productividad. «Eso sí es un piquete bien organizado para impedir que ese día la gente ejercite un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga», dijo en Madrid.
Los sindicatos han amenazado también con no respetar los servicios mínimos que se fijen en el sector del transporte «si son abusivos», según declaró ayer el secretario de organización de UGT Confederal, José Javier Cuvillo. Además, subrayó que «la responsabilidad de lo que ocurra será del ministro José Blanco».
Fomento presentó ayer a los representantes de CC.OO. y UGT su propuesta de servicios mínimos, que dista bastante de la presentada por éstos el lunes. Así, el Ministerio quiere que opere el 25% de los vuelos nacionales e internacionales programados, el 20% de los trenes de larga distancia y AVE y el 30% de Cercanías. Los sindicatos exigen que no haya vuelos internacionales y solo uno nacinal entre los principales aeropuertos. Tampoco quieren que circulen trenes y, en Cercanías, un 25% en las horas punta.
Objetivo, paralizar Madrid
Donde han puesto «toda la carne en el asador» los sindicatos es en Madrid, feudo del PP. Las negociaciones con la consejería de Presidencia de la Comunidad madrileña están siendo muy duras, dadas las contundentes exigencias de CC.OO. y UGT.
Estos quieren que el 29-S no abra ningún centro de educación infantil, colegio e instituto, tanto público como concertado. Ni que haya transporte escolar. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha planteado que en cada centro de enseñanza esté, al menos, su director, el jefe de estudios y un auxiliar de control para que puedan recibir y atender a los escolares que acudan al mismo.
En transporte, los sindicatos piden que el metro de la capital funcione al 25% entre las 6 y 9 horas y las 18 y 21 horas. El resto del día, sin servicio. La Comunidad de Madrid quiere que el suburbano circule al 30% durante toda la jornada, al igual que la EMT. En sanidad, se ha llegado a un preacuerdo para que los hospitales cuenten con el personal que hay un domingo o festivo y que los centros de atención primaria puedan atender las urgencias. Las negociaciones continuarán hoy, fecha en la que se conocerán también las propuestas de servicios mínimos de la Generalitat valenciana. Entre las voces que ayer rechazaron la huelga general cabe destacar a la CEOE, que ha pedido a las empresas que el próximo día 29 abran sus locales y negocios y que solo recurran al cierre de los mismos cuando peligren las instalaciones o los bienes de la empresa o se impida «gravemente» el proceso normal de producción. La patronal califica la huelga como «política», que además resulta «contradictoria, equivocada, incongruente, inoportuna, innecesaria, inútil y lesiva para los intereses de España y de las empresas y trabajadores».
La imagen de España
En parecidos términos se expresó el Instituto de la Empresa Familiar, para quien el paro «tendrá un efecto económico negativo, perjudicará la recuperación y la creación de empleo, empeora la imagen de España en el exterior dificultando el acceso a recursos financieros y eleva el clima de confrontación social, ya de por sí muy deteriorado».
En este sentido hay que añadir que el departamento de Exteriores del Reino Unido, el Foreign Office, ha lanzado una advertencia a los británicos que visiten España a finales de septiembre para que tengan en cuenta la «posible» huelga.
Asimismo, la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (Fedett), considera la huelga «incongruente, inoportuna, innecesaria e inútil, además de lesiva para los intereses del país así como de los trabajadores y de las empresas».
Dos de las asociaciones de autónomos más importantes, ATA y Conae, manifestaron ayer su rechazo a la convocatoria de los sindicatos.
martes, 21 de septiembre de 2010
La policía expulsa a las empresas de alquiler de coches del aeropuerto
MIGUEL MANSO. PALMA. La Policía ha zanjado de cuajo una práctica con más de 25 años de historia. Los empresarios de alquiler de coches ya no recogen a sus clientes en el interior de la terminal de llegadas. Y los usuarios, al aterrizar en Mallorca, no encuentran a nadie que porte un cartel con su nombre.
La prohibición afecta a los cientos de ´rent a car´ de la isla sin oficina en Son Sant Joan; todos menos ocho multinacionales –Auriga, Europcar, Goldcar, Hertz, Avis, Atesa, Record y Sixt–. Las expulsiones del ´paraíso´ comenzaron la semana pasada pero ayer adquirieron carácter oficial y sin vuelta atrás. Propietarios y trabajadores de más de una decena de compañías se dieron cita a las puertas de la terminal. Los había grandes –Hiper Rent a Car, Centauro, Vanrell– y familiares –Mallorcar, Seguí, Autos Nifers, Sol&Mar–. En el interior aguardaban varios directivos del aeropuerto, media docena de policías y siete vigilantes. Cuando los profesionales cruzaron el umbral salieron a su paso los agentes y los guardias. Un policía impidió al fotógrafo de este diario tomar imágenes desde el interior de las instalaciones.
"No pueden estar aquí. Carecen de acreditación para desarrollar su actividad", les espetó un subinspector. Los alquiladores miraron a su alrededor y empezaron a señalar a personas que portaban letreros con nombres de turistas. Ninguno lucía acreditación. Eran taxistas, chóferes de autobuses y empleados de agencias de viajes y agroturismos. El subinspector les explicó que trabajaban para empresas con oficinas en el aeropuerto. "No todos", replicaron. "Ustedes tienen que esperar fuera por razones de seguridad. Yo les daré una copia de la norma", insistió el oficial. "Marchaos, ya habéis conseguido lo que queríais", concluyó amable, en un claro guiño por la presencia de dos periodistas. "Los policías disienten, pero deben cumplir órdenes", explica Pep Lluís Pla, propietario de Mallorcar.
Los empresarios atribuyen el cambio de instrucciones a la dirección del aeropuerto, que, presionada por las multinacionales de ´rent a car´ con oficina en la terminal, exigen su destierro. "Pagan mucho dinero por estar allí y dicen que les quitamos clientes potenciales, pero es incierto porque solo esperamos a personas con reserva por internet", detallan los afectados. Este diario solicitó la versión de lo sucedido a un portavoz del aeropuerto, pero no obtuvo respuesta.
Pep Lluís Pla ha enviado una carta al delegado del Gobierno, Ramon Socías, donde detalla el "atropello" que sufren él y sus compañeros. "La semana pasada me sacaron nueve tíos [guardias de seguridad] a pulso por orden del director de Son Sant Joan. Una conducta más primitiva no se puede dar", se queja. "Quienes pagamos los impuestos en Balears somos nosotros, no las multinacionales que operan dentro", remacha África, de Seguí Rent a Car.
Pepe, de Autos Nifers, recibe clientes sujetando un rótulo desde hace décadas. Aunque "muchas veces" les han requerido abandonar las instalaciones, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) nunca estiró tanto la cuerda. Ahora les confina en la sombría cuarta planta del aparcamiento. "Los vigilantes nos han dicho que no podemos estar ni a la puerta de la terminal de llegadas", suspiran. A la cuarta planta del parking los clientes no se acercan ni con mapa, se indignan. El quebranto es elevadísimo para pequeñas compañías que acuden cinco veces al día a Son Sant Joan. "La semana pasada perdí a un señor de Nueva Zelanda que venía con una reserva de 1.100 euros. Yo iba con la documentación para firmar y el coche, pero no le encontré. Algunos compañeros se exponen a que el touroperador les rescinda el contrato porque ha recibido muchas protestas de clientes", ilustra Pep Lluís. Las empresas grandes como Centauro cuentan con 200 usuarios diarios pendientes del rótulo de un empleado. Los afectados acudirán a la Justicia y solicitarán medidas cautelares para continuar su actividad en Son Sant Joan. Hasta que eso ocurra, si sucede, vivirán desterrados en la umbría cuarta planta.
La prohibición afecta a los cientos de ´rent a car´ de la isla sin oficina en Son Sant Joan; todos menos ocho multinacionales –Auriga, Europcar, Goldcar, Hertz, Avis, Atesa, Record y Sixt–. Las expulsiones del ´paraíso´ comenzaron la semana pasada pero ayer adquirieron carácter oficial y sin vuelta atrás. Propietarios y trabajadores de más de una decena de compañías se dieron cita a las puertas de la terminal. Los había grandes –Hiper Rent a Car, Centauro, Vanrell– y familiares –Mallorcar, Seguí, Autos Nifers, Sol&Mar–. En el interior aguardaban varios directivos del aeropuerto, media docena de policías y siete vigilantes. Cuando los profesionales cruzaron el umbral salieron a su paso los agentes y los guardias. Un policía impidió al fotógrafo de este diario tomar imágenes desde el interior de las instalaciones.
"No pueden estar aquí. Carecen de acreditación para desarrollar su actividad", les espetó un subinspector. Los alquiladores miraron a su alrededor y empezaron a señalar a personas que portaban letreros con nombres de turistas. Ninguno lucía acreditación. Eran taxistas, chóferes de autobuses y empleados de agencias de viajes y agroturismos. El subinspector les explicó que trabajaban para empresas con oficinas en el aeropuerto. "No todos", replicaron. "Ustedes tienen que esperar fuera por razones de seguridad. Yo les daré una copia de la norma", insistió el oficial. "Marchaos, ya habéis conseguido lo que queríais", concluyó amable, en un claro guiño por la presencia de dos periodistas. "Los policías disienten, pero deben cumplir órdenes", explica Pep Lluís Pla, propietario de Mallorcar.
Los empresarios atribuyen el cambio de instrucciones a la dirección del aeropuerto, que, presionada por las multinacionales de ´rent a car´ con oficina en la terminal, exigen su destierro. "Pagan mucho dinero por estar allí y dicen que les quitamos clientes potenciales, pero es incierto porque solo esperamos a personas con reserva por internet", detallan los afectados. Este diario solicitó la versión de lo sucedido a un portavoz del aeropuerto, pero no obtuvo respuesta.
Pep Lluís Pla ha enviado una carta al delegado del Gobierno, Ramon Socías, donde detalla el "atropello" que sufren él y sus compañeros. "La semana pasada me sacaron nueve tíos [guardias de seguridad] a pulso por orden del director de Son Sant Joan. Una conducta más primitiva no se puede dar", se queja. "Quienes pagamos los impuestos en Balears somos nosotros, no las multinacionales que operan dentro", remacha África, de Seguí Rent a Car.
Pepe, de Autos Nifers, recibe clientes sujetando un rótulo desde hace décadas. Aunque "muchas veces" les han requerido abandonar las instalaciones, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) nunca estiró tanto la cuerda. Ahora les confina en la sombría cuarta planta del aparcamiento. "Los vigilantes nos han dicho que no podemos estar ni a la puerta de la terminal de llegadas", suspiran. A la cuarta planta del parking los clientes no se acercan ni con mapa, se indignan. El quebranto es elevadísimo para pequeñas compañías que acuden cinco veces al día a Son Sant Joan. "La semana pasada perdí a un señor de Nueva Zelanda que venía con una reserva de 1.100 euros. Yo iba con la documentación para firmar y el coche, pero no le encontré. Algunos compañeros se exponen a que el touroperador les rescinda el contrato porque ha recibido muchas protestas de clientes", ilustra Pep Lluís. Las empresas grandes como Centauro cuentan con 200 usuarios diarios pendientes del rótulo de un empleado. Los afectados acudirán a la Justicia y solicitarán medidas cautelares para continuar su actividad en Son Sant Joan. Hasta que eso ocurra, si sucede, vivirán desterrados en la umbría cuarta planta.
Paz en Ferrocarrils
Desconvocada la huelga fijada para hoy
Empresa y trabajadores pactan reconducir el recorte salarial del 5%
Los Ferrocarrils (FGC) funcionarán hoy con normalidad. La huelga prevista para hoy fue desconvocada ayer después de que empresa y trabajadores alcanzaran un acuerdo.
El tercer paro convocado como protesta por la rebaja salarial del 5%, no se llegará a producir porque comité de empresa y FGC se han comprometido a negociar otro convenio colectivo que permitirá recuperar progresivamente el descuento aplicado a raíz del decreto de la Generalitat del mes de junio y que afectaba a los trabajadores del sector público.
Recuperación salarial
Hasta que se pacte el nuevo convenio, a los empleados de FGC se les seguirá recortando el sueldo un 5%, aunque en contrapartida entrará el vigor el convenio vigente (que hasta ahora no se había aplicado) y que prevé actualizaciones salariales superiores al IPC.
Con este acuerdo, ayer los trabajadores se mostraban satisfechos. "Estamos contentos pero hubiéramos preferido que no se nos aplicara el decreto", dijo Daniel Montesinos, miembro del comité de empresa. Montesinos considera que el conflicto laboral "ya se puede dar por cerrado" y destaca que los trabajadores han logrado "recuperar la capacidad de negociación con la empresa".
Para los usuarios, la mejor noticia es que hoy podrán coger el tren con normalidad.
TMB LOGRA MULTAR A UN 20% MÁS DE USUARIOS QUE SE CUELAN EN EL BUS
Coto al estafador. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha iniciado la segunda parte de su campaña de concienciación de los usuarios para que no se cuelen en el transporte público. El lema elegido es Quila fa la paga.
La primera parte de la campaña, bajo el título Et creus molt llest?, ha funcionado en lo que respecta al control. En los autobuses, se han impuesto un 20% más de sanciones por no haber pagado el billete; en el metro, un 3% más. En total, se han abierto 43.641 expedientes entre enero y agosto, el 76% de ellos en el metro.
Parte de este aumento se debe al incremento del personal, que según TMB, "en los últimos años" ha crecido entre un 15 y un 20%. En la actualidad, entre autobuses y metro, hay "un centenar" de interventores, aunque en el caso del suburbano hay que añadirle el personal de seguridad procedente de compañías privadas, que también pueden poner multas.
Precisamente, desde esta semana estos vigilantes acompañan a los controladores de los autobuses, después de que el Departament de Interior haya autorizado a TMB a que puedan trabajar por las calles de la ciudad.
Empresa y trabajadores pactan reconducir el recorte salarial del 5%
Los Ferrocarrils (FGC) funcionarán hoy con normalidad. La huelga prevista para hoy fue desconvocada ayer después de que empresa y trabajadores alcanzaran un acuerdo.
El tercer paro convocado como protesta por la rebaja salarial del 5%, no se llegará a producir porque comité de empresa y FGC se han comprometido a negociar otro convenio colectivo que permitirá recuperar progresivamente el descuento aplicado a raíz del decreto de la Generalitat del mes de junio y que afectaba a los trabajadores del sector público.
Recuperación salarial
Hasta que se pacte el nuevo convenio, a los empleados de FGC se les seguirá recortando el sueldo un 5%, aunque en contrapartida entrará el vigor el convenio vigente (que hasta ahora no se había aplicado) y que prevé actualizaciones salariales superiores al IPC.
Con este acuerdo, ayer los trabajadores se mostraban satisfechos. "Estamos contentos pero hubiéramos preferido que no se nos aplicara el decreto", dijo Daniel Montesinos, miembro del comité de empresa. Montesinos considera que el conflicto laboral "ya se puede dar por cerrado" y destaca que los trabajadores han logrado "recuperar la capacidad de negociación con la empresa".
Para los usuarios, la mejor noticia es que hoy podrán coger el tren con normalidad.
TMB LOGRA MULTAR A UN 20% MÁS DE USUARIOS QUE SE CUELAN EN EL BUS
Coto al estafador. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha iniciado la segunda parte de su campaña de concienciación de los usuarios para que no se cuelen en el transporte público. El lema elegido es Quila fa la paga.
La primera parte de la campaña, bajo el título Et creus molt llest?, ha funcionado en lo que respecta al control. En los autobuses, se han impuesto un 20% más de sanciones por no haber pagado el billete; en el metro, un 3% más. En total, se han abierto 43.641 expedientes entre enero y agosto, el 76% de ellos en el metro.
Parte de este aumento se debe al incremento del personal, que según TMB, "en los últimos años" ha crecido entre un 15 y un 20%. En la actualidad, entre autobuses y metro, hay "un centenar" de interventores, aunque en el caso del suburbano hay que añadirle el personal de seguridad procedente de compañías privadas, que también pueden poner multas.
Precisamente, desde esta semana estos vigilantes acompañan a los controladores de los autobuses, después de que el Departament de Interior haya autorizado a TMB a que puedan trabajar por las calles de la ciudad.
El Defensor del Pueblo estudia el caso del escolta en huelga de hambre
Vitoria, 20 sep (EFE).- La Institución del Defensor del Pueblo, presidida por María Luisa Cava de Llano, ha iniciado el estudio del caso de Raúl, el escolta de Vitoria que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 15 de agosto para reclamar una reducción de su horario para cuidar a su hija de tres años.
El escolta presentó una demanda judicial hace un año en la que pedía la reducción de su jornada pero la juez encargada del caso desestimó su demanda aunque instó a la empresa a que, a la hora de hacer valer su poder de organización de los servicios, se guiara "por el principio de buena fe", cuestión que, según Raúl, la firma de seguridad ha incumplido.
La empresa de seguridad, Sabico, le ofreció trabajar 15 días al mes en lugar de 17 pero Raúl rechazó esta opción al entender que si seguía en el mismo servicio, en Vitoria, le iba a ser imposible conciliar trabajo y familia, debido a que se ve sometido a jornadas laborales superiores a las ocho horas diarias Este escolta se dirigió al Defensor del Pueblo y hoy ha recibido la carta de esta institución, a la que ha tenido acceso Efe, en la que le comunica el inicio del estudio de su caso, aunque le recuerda que la presentación de un escrito ante este órgano "no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales ni interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas".
La pasada semana, el Ministerio de Igualdad informó a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social sobre este caso, después de una queja remitida por la asociación española "Vigilantes Asociados". EFE
El escolta presentó una demanda judicial hace un año en la que pedía la reducción de su jornada pero la juez encargada del caso desestimó su demanda aunque instó a la empresa a que, a la hora de hacer valer su poder de organización de los servicios, se guiara "por el principio de buena fe", cuestión que, según Raúl, la firma de seguridad ha incumplido.
La empresa de seguridad, Sabico, le ofreció trabajar 15 días al mes en lugar de 17 pero Raúl rechazó esta opción al entender que si seguía en el mismo servicio, en Vitoria, le iba a ser imposible conciliar trabajo y familia, debido a que se ve sometido a jornadas laborales superiores a las ocho horas diarias Este escolta se dirigió al Defensor del Pueblo y hoy ha recibido la carta de esta institución, a la que ha tenido acceso Efe, en la que le comunica el inicio del estudio de su caso, aunque le recuerda que la presentación de un escrito ante este órgano "no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales ni interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas".
La pasada semana, el Ministerio de Igualdad informó a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social sobre este caso, después de una queja remitida por la asociación española "Vigilantes Asociados". EFE
lleven seguridad privada
"Realmente pueden complicar la situación. ¿Cómo sabemos que no son piratas?", avisa el responsable de la Fuerza Naval en aguas de Somalia
ANTÓN LUACES - A CORUÑA La presencia de personal civil armado en los buques atuneros que faenan en aguas del Océano Índico preocupa a los mandos de la Fuerza Naval Europea (EU Navfor). Así se desprende de las declaraciones efectuadas por el coronel Richard Spences, jefe de Estado Mayor de esta organización tras la llegada a la zona de Sea Marshall, una empresa británica que ofrece protección en el golfo de Adén mediante la utilización de buques reconvertidos y tripulados por ex soldados de fuerzas especiales de Ucrania, y la posibilidad de que otra firma, la Protection Vessels International, también británica, siga los pasos de la primera.
Esta contratación significaría un desembolso diario de unos 10.000 dólares (unos 7.600 euros). Pero los los estamentos militares de la UE Navfor creen que no es positiva. Su jefe de Estado Mayor afirma que no tiene problemas "con la seguridad privada, entendida como la provisión de hombres para manejar las mangueras contraincendio, hombres para reforzar la vigilancia, y tareas por el estilo. Pero en cuanto usted comienza a incorporar armas de fuego, la situación cambia por completo, fundamentalmente por la falta de autoridad legal y responsabilidad por parte de esas compañías privadas de seguridad armadas".
España ha autorizado la contratación de vigilantes privados armados por parte de los armadores de atuneros que faenan frente a las costas de Somalia y evitar la acción de los piratas de la zona, pero según el coronel Richard Spencer "no hay mucha diferencia entre un grupo de protección embarcado a bordo de un buque mercante, o de un grupo a bordo de su propia embarcación para proveer la seguridad. Realmente existe la posibilidad de que ellos compliquen la situación. ¿Cómo sabemos que no son piratas?".
ANTÓN LUACES - A CORUÑA La presencia de personal civil armado en los buques atuneros que faenan en aguas del Océano Índico preocupa a los mandos de la Fuerza Naval Europea (EU Navfor). Así se desprende de las declaraciones efectuadas por el coronel Richard Spences, jefe de Estado Mayor de esta organización tras la llegada a la zona de Sea Marshall, una empresa británica que ofrece protección en el golfo de Adén mediante la utilización de buques reconvertidos y tripulados por ex soldados de fuerzas especiales de Ucrania, y la posibilidad de que otra firma, la Protection Vessels International, también británica, siga los pasos de la primera.
Esta contratación significaría un desembolso diario de unos 10.000 dólares (unos 7.600 euros). Pero los los estamentos militares de la UE Navfor creen que no es positiva. Su jefe de Estado Mayor afirma que no tiene problemas "con la seguridad privada, entendida como la provisión de hombres para manejar las mangueras contraincendio, hombres para reforzar la vigilancia, y tareas por el estilo. Pero en cuanto usted comienza a incorporar armas de fuego, la situación cambia por completo, fundamentalmente por la falta de autoridad legal y responsabilidad por parte de esas compañías privadas de seguridad armadas".
España ha autorizado la contratación de vigilantes privados armados por parte de los armadores de atuneros que faenan frente a las costas de Somalia y evitar la acción de los piratas de la zona, pero según el coronel Richard Spencer "no hay mucha diferencia entre un grupo de protección embarcado a bordo de un buque mercante, o de un grupo a bordo de su propia embarcación para proveer la seguridad. Realmente existe la posibilidad de que ellos compliquen la situación. ¿Cómo sabemos que no son piratas?".
Un año por amenazar a su psiquiatra
Oviedo, M. PÉREZ
El fiscal mantiene la pena de un año de prisión para un ovetense acusado de un delito de atentado por amenazar a una psiquiatra del centro de salud de La Ería. El acusado amenazó a una auxiliar de psiquiatría -según manifestó ayer ella en el juicio- con coger la pistola de su padre, un agente de Policía, y matar a su médica y a todo paciente o psiquiatra del centro de salud. El acusado reconoció los hechos, aunque matizó que «en ningún momento» su intención era cumplir la amenaza. Además, se definió como una persona «corpulenta y que habla alto» y reconoció que quizá por esto la auxiliar podría haberse sentido amenazada con su actitud.
En el juicio también declaró en calidad de testigo la persona que interpuso la denuncia. Se trata de la psiquiatra que atendía al denunciado, a su vez coordinadora del centro. «Cada vez hay más casos de agresiones a profesionales de la medicina. Es mi obligación como ciudadana denunciar los hechos», explicó en la vista oral que tuvo lugar ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.
Por su parte, la defensa pidió la libre absolución de su cliente, al entender que la actitud que demostró en el centro de salud «no se corresponde con un delito de atentado». Según expuso la defensa, «existe un exceso verbal, porque para que sea delito alguien tiene que sentirse amenazado. Ha existido una falta de educación». Asimismo, la defensa argumentó que la denunciante «no avisó a los vigilantes de seguridad y tardó en formular la denuncia», argumentos que, a su juicio, indican que no se sintió amenazada.
Al parecer, la elaboración de un informe evaluando al paciente fue el motivo que enfadó al acusado. Él solicitó a la doctora un informe psiquiátrico para presentar ante un tribunal, pero, según se dejó entrever ayer en el juicio, el informe no habría resultado del agrado del paciente.
El fiscal mantiene la pena de un año de prisión para un ovetense acusado de un delito de atentado por amenazar a una psiquiatra del centro de salud de La Ería. El acusado amenazó a una auxiliar de psiquiatría -según manifestó ayer ella en el juicio- con coger la pistola de su padre, un agente de Policía, y matar a su médica y a todo paciente o psiquiatra del centro de salud. El acusado reconoció los hechos, aunque matizó que «en ningún momento» su intención era cumplir la amenaza. Además, se definió como una persona «corpulenta y que habla alto» y reconoció que quizá por esto la auxiliar podría haberse sentido amenazada con su actitud.
En el juicio también declaró en calidad de testigo la persona que interpuso la denuncia. Se trata de la psiquiatra que atendía al denunciado, a su vez coordinadora del centro. «Cada vez hay más casos de agresiones a profesionales de la medicina. Es mi obligación como ciudadana denunciar los hechos», explicó en la vista oral que tuvo lugar ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.
Por su parte, la defensa pidió la libre absolución de su cliente, al entender que la actitud que demostró en el centro de salud «no se corresponde con un delito de atentado». Según expuso la defensa, «existe un exceso verbal, porque para que sea delito alguien tiene que sentirse amenazado. Ha existido una falta de educación». Asimismo, la defensa argumentó que la denunciante «no avisó a los vigilantes de seguridad y tardó en formular la denuncia», argumentos que, a su juicio, indican que no se sintió amenazada.
Al parecer, la elaboración de un informe evaluando al paciente fue el motivo que enfadó al acusado. Él solicitó a la doctora un informe psiquiátrico para presentar ante un tribunal, pero, según se dejó entrever ayer en el juicio, el informe no habría resultado del agrado del paciente.
Detenidos tres jóvenes de 20 años por robar ropa en varios comercios valorada en 1.300 euros
SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres jóvenes de 20 años por supuestos hurtos en varios comercios de Santander y Maliaño de los que presuntamente se llevaron ropa valorada en unos 1.300 euros.
Según informa la Policía en nota de prensa, los agentes fueron alertados por los vigilantes de seguridad de un centro comercial tras sorprender a los tres jóvenes manipulando un instrumento con el que inutilizaban las alarmas de las prendas, que iban guardando después en una bolsa de plástico.
Tras observarlos y hacer un seguimiento, fueron interceptados en el aparcamiento del centro comercial. Uno de ellos intentó darse a la fuga y arrolló a un cliente, al que causó pequeñas lesiones al arrojarle al suelo. También arremetió contra uno de los vigilantes cuando fue detenido. En la bolsa que llevaban se encontraron prendas valoradas en 600 euros.
Poco después, al llegar dos patrullas policiales, se registró también un vehículo, propiedad de uno de los detenidos, en el que se incautaron más prendas sustraídas con el mismo 'modus operandi' en otros comercios de la zona de Maliaño.
En total, se recuperaron 25 prendas, camisetas, jerseys, botas de fútbol, pantalones, chubasqueros y sudaderas de primeras marcas, todo ello valorado en 1.300 euros, y fueron devueltas a los responsables de los centros.
Los tres arrestados, que responden a las iniciales C.R.C., J.M.C. y E.S.R. y carecen de antecedentes, han sido puestos a disposición judicial y han quedado pendientes de que se celebre el juicio rápido.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres jóvenes de 20 años por supuestos hurtos en varios comercios de Santander y Maliaño de los que presuntamente se llevaron ropa valorada en unos 1.300 euros.
Según informa la Policía en nota de prensa, los agentes fueron alertados por los vigilantes de seguridad de un centro comercial tras sorprender a los tres jóvenes manipulando un instrumento con el que inutilizaban las alarmas de las prendas, que iban guardando después en una bolsa de plástico.
Tras observarlos y hacer un seguimiento, fueron interceptados en el aparcamiento del centro comercial. Uno de ellos intentó darse a la fuga y arrolló a un cliente, al que causó pequeñas lesiones al arrojarle al suelo. También arremetió contra uno de los vigilantes cuando fue detenido. En la bolsa que llevaban se encontraron prendas valoradas en 600 euros.
Poco después, al llegar dos patrullas policiales, se registró también un vehículo, propiedad de uno de los detenidos, en el que se incautaron más prendas sustraídas con el mismo 'modus operandi' en otros comercios de la zona de Maliaño.
En total, se recuperaron 25 prendas, camisetas, jerseys, botas de fútbol, pantalones, chubasqueros y sudaderas de primeras marcas, todo ello valorado en 1.300 euros, y fueron devueltas a los responsables de los centros.
Los tres arrestados, que responden a las iniciales C.R.C., J.M.C. y E.S.R. y carecen de antecedentes, han sido puestos a disposición judicial y han quedado pendientes de que se celebre el juicio rápido.
Un vigilante de seguridad del AVE resulta herido tras caerse por un barranco de siete metros
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un vigilante de seguridad de las obras del AVE en la localidad coruñesa de Rianxo ha resultado herido en la madrugada del martes tras caerse por un barranco de unos siete metros de altura.Según ha explicado a Europa Press la Central de Emerxencias 112-Galicia, la llamada de alerta se realizó sobre las 1.28 horas del martes, cuando un particular avisó que el trabajador, que se encontraba patrullando, se había caído por un barranco de unos siete metros en el viaducto de Rialiño.
Al lugar del suceso se desplazaron los Bomberos de Boiro, que rescataron al vigilante, y una ambulancia del 061, que trasladó al herido, de 30 años, al Hospital Clínico de Santiago con politraumatismos, aunque su estado no reviste gravedad.
Por otra parte, otro trabajador, de 43 años, ha resultado herido en la mañana del martes en un accidente laboral ocurrido en la ronda de Nelle, en A Coruña, cuando se precipitó de una altura de tres metros. Al herido fue trasladado al Hospital Modelo por el 061 con dolor en la espalda.
Finalmente, otro accidente laboral ha tenido lugar a las 22.07 horas del lunes en O Porriño (Pontevedra), donde un trabajador de una empresa de componentes para vehículos ha resultado lesionado. El hombre, que ha sido trasladado al PAC por el 061, presentaba varias contusiones.
Un vigilante de seguridad de las obras del AVE en la localidad coruñesa de Rianxo ha resultado herido en la madrugada del martes tras caerse por un barranco de unos siete metros de altura.Según ha explicado a Europa Press la Central de Emerxencias 112-Galicia, la llamada de alerta se realizó sobre las 1.28 horas del martes, cuando un particular avisó que el trabajador, que se encontraba patrullando, se había caído por un barranco de unos siete metros en el viaducto de Rialiño.
Al lugar del suceso se desplazaron los Bomberos de Boiro, que rescataron al vigilante, y una ambulancia del 061, que trasladó al herido, de 30 años, al Hospital Clínico de Santiago con politraumatismos, aunque su estado no reviste gravedad.
Por otra parte, otro trabajador, de 43 años, ha resultado herido en la mañana del martes en un accidente laboral ocurrido en la ronda de Nelle, en A Coruña, cuando se precipitó de una altura de tres metros. Al herido fue trasladado al Hospital Modelo por el 061 con dolor en la espalda.
Finalmente, otro accidente laboral ha tenido lugar a las 22.07 horas del lunes en O Porriño (Pontevedra), donde un trabajador de una empresa de componentes para vehículos ha resultado lesionado. El hombre, que ha sido trasladado al PAC por el 061, presentaba varias contusiones.
lunes, 20 de septiembre de 2010
sustituir a los ertzainas por personal de seguridad privada en todas las funciones que sea posible
Interior planea la privatización de la Ertzaintza
El departamento baraja sustituir a los ertzainas por personal de seguridad privada en todas las funciones que sea posible
La progresiva privatización de los servicios de la Ertzaintza que han venido denunciando los sindicatos ha echado a andar. Y es que, según ha desvelado la sección de ELA en la Policía vasca, el Departamento de Interior tiene intención de sustituir a ertzainas por agentes de seguridad privada en todas aquellas funciones que sea posible. Con este objetivo, la Consejería que dirige Rodolfo Ares ha enviado un requerimiento a todos los jefes de unidad en el que les insta a elaborar una relación de todos los puestos bajo su mando susceptibles de ser ocupados por trabajadores de empresas privadas.
Con el encabezamiento Puestos susceptibles de ser cubiertos por seguridad privada, dicho documento insta a los responsables policiales a realizar "una valoración y análisis sobre qué puestos de su unidad podrían ser ocupados por personal de seguridad privada sustituyendo a los ertzainas". En lo que se refiere a Bizkaia, el Departamento excluye de este posible trueque las oficinas de atención al ciudadano, el centro penitenciario de Basauri, los palacios de justicia de Barakaldo y Bilbao, la Casa de Juntas y las Juntas Generales. El plazo para llevar a cabo ese listado concluye hoy mismo, por lo que los cambios podrían ser inminentes.
A la espera de que se clarifique en qué se concreta esta medida, el sindicato ELA vaticinó ayer que afectará al menos a las tareas de seguridad que llevan a cabo actualmente los ertzainas, así como a los agentes que se encargan de la atención directa al ciudadano en las comisarías. Todos ellos podrían ser sustituidos por personal privado, presumiblemente en las 26 comisarías de la Policía vasca en la CAV.
En una nota informativa interna a la que ha tenido acceso este periódico, ELA se lamenta de que "desgraciadamente, las peores previsiones se van cumpliendo", en referencia a la intención de Rodolfo Ares de "atacar las condiciones laborales de la Ertzaintza y de centralizar y privatizar todo lo posible". Un objetivo que, según su parecer, queda demostrado por la circular enviada por las jefaturas territoriales a cada jefe de unidad.
Falta de plantilla La central abertzale critica que este afán de "subcontratar todo lo que consideren posible" tendrá consecuencias en la segunda actividad de los er-tzainas, ya que "eliminará puestos susceptibles de ser ocupados por compañeros en esa situación administrativa", en referencia a los agentes con minusvalías o con una cierta edad. ELA denuncia la "progresiva precarización de las condiciones laborales" y concluye que el modelo impuesto por Ares "pone en duda, incluso, el carácter de servicio público que prestamos", al dar a entender que las funciones de los ertzainas pueden ser llevadas a cabo por personal contratado.
Un portavoz de ELA valoró ayer a DEIA que esta iniciativa es producto, de nuevo, de la falta de personal de la Ertzaintza, y que persigue "rascar agentes de cualquier sitio para no incrementar la plantilla". Agregó, llevando la situación al extremo, que "sólo falta que en el futuro veamos patrullar a una pareja de seguridad privada con un er-tzaina". Todos los sindicatos reclaman la ampliación de la plantilla del tope actual de 8.000 agentes.
El departamento baraja sustituir a los ertzainas por personal de seguridad privada en todas las funciones que sea posible
La progresiva privatización de los servicios de la Ertzaintza que han venido denunciando los sindicatos ha echado a andar. Y es que, según ha desvelado la sección de ELA en la Policía vasca, el Departamento de Interior tiene intención de sustituir a ertzainas por agentes de seguridad privada en todas aquellas funciones que sea posible. Con este objetivo, la Consejería que dirige Rodolfo Ares ha enviado un requerimiento a todos los jefes de unidad en el que les insta a elaborar una relación de todos los puestos bajo su mando susceptibles de ser ocupados por trabajadores de empresas privadas.
Con el encabezamiento Puestos susceptibles de ser cubiertos por seguridad privada, dicho documento insta a los responsables policiales a realizar "una valoración y análisis sobre qué puestos de su unidad podrían ser ocupados por personal de seguridad privada sustituyendo a los ertzainas". En lo que se refiere a Bizkaia, el Departamento excluye de este posible trueque las oficinas de atención al ciudadano, el centro penitenciario de Basauri, los palacios de justicia de Barakaldo y Bilbao, la Casa de Juntas y las Juntas Generales. El plazo para llevar a cabo ese listado concluye hoy mismo, por lo que los cambios podrían ser inminentes.
A la espera de que se clarifique en qué se concreta esta medida, el sindicato ELA vaticinó ayer que afectará al menos a las tareas de seguridad que llevan a cabo actualmente los ertzainas, así como a los agentes que se encargan de la atención directa al ciudadano en las comisarías. Todos ellos podrían ser sustituidos por personal privado, presumiblemente en las 26 comisarías de la Policía vasca en la CAV.
En una nota informativa interna a la que ha tenido acceso este periódico, ELA se lamenta de que "desgraciadamente, las peores previsiones se van cumpliendo", en referencia a la intención de Rodolfo Ares de "atacar las condiciones laborales de la Ertzaintza y de centralizar y privatizar todo lo posible". Un objetivo que, según su parecer, queda demostrado por la circular enviada por las jefaturas territoriales a cada jefe de unidad.
Falta de plantilla La central abertzale critica que este afán de "subcontratar todo lo que consideren posible" tendrá consecuencias en la segunda actividad de los er-tzainas, ya que "eliminará puestos susceptibles de ser ocupados por compañeros en esa situación administrativa", en referencia a los agentes con minusvalías o con una cierta edad. ELA denuncia la "progresiva precarización de las condiciones laborales" y concluye que el modelo impuesto por Ares "pone en duda, incluso, el carácter de servicio público que prestamos", al dar a entender que las funciones de los ertzainas pueden ser llevadas a cabo por personal contratado.
Un portavoz de ELA valoró ayer a DEIA que esta iniciativa es producto, de nuevo, de la falta de personal de la Ertzaintza, y que persigue "rascar agentes de cualquier sitio para no incrementar la plantilla". Agregó, llevando la situación al extremo, que "sólo falta que en el futuro veamos patrullar a una pareja de seguridad privada con un er-tzaina". Todos los sindicatos reclaman la ampliación de la plantilla del tope actual de 8.000 agentes.
Blindados Grupo Norte pretende romper el oligopolio de Prosegur y Securitas
La empresa de transporte y tratamiento de efectivo, Blindados Grupo Norte, que actualmente dispone de una cuota de mercado del 5%, está afrontando un fuerte plan de expansión para arrebatarle a los dos grandes operadores, Prosegur y Grupo Securitas (que actúa con la marca Loomis), su posición de dominio en el sector. El primero ostenta el 49% mientras que el segundo controla un 41%. El resto del sector se lo reparten diferentes pequeños operadores.
Blindados, inicialmente propiedad en su mayoría de Grupo Norte (GN), dio entrada en su capital, en 2008, a diferentes cajas de ahorro. En la actualidad Caja Duero, Caja Burgos y Caixa Penedés disponen cada una del 28% mientras que GN controla solamente el 16%.
Con el advenimiento a la propiedad de las entidades financieras citadas entró un nuevo equipo gestor encabezado por su director general. Julio de la Sen que explica a NEGOCIO su business plan. “En cinco años esperamos controlar ya el 20% del mercado y convertirnos antes de una década en el segundo operador”. Para ello han puesto en marcha una fuerte expansión. Si en 2008 cubrían el 40% del territorio español, en la actualidad ya es el 65% y a principios de 2011 abrirán un nuevo centro logístico en Levante y en 2012 darán servicio en el 85% de España.
Los socios financieros actuales han comprometido las necesidades de capital que la empresa va a tener en ese plan de expansión y que se cifran en torno a los 11 millones de euros en el próximo lustro.
Este sector está estancado en un negocio que en 2009 movió 327 millones. Los incrementos son parejos al IPC. Para De la Sen, “existen desde hace muchos años una serie de ineficiencias que los operadores dominantes no han querido subsanar porque los márgenes del negocio han sido siempre muy altos”. Un dato, los precios que pagan los clientes (el 50% corresponden al sector bancario y el resto a retail), han crecido en las dos últimas décadas un 277% mientras que la inflación ha aumentado un 218%. “Por eso se pueden mantener crecimientos de Ebitda del 23%” afirma De la Sen, “nosotros nos conformaremos con menos”.
De la Sen plantea un crecimiento del pastel actual abriendo una tercera vía de ingresos que consistirá en dar servicio a las pymes, descargando de esa labor a las entidades financieras que podrán destinar ese recurso excedentario a mejoras internas de eficiencia. “En cinco años el negocio del sector debería rondar los 500 millones y en una década doblarse” prevé.
Blindados se plantea reducir la tarifa de precios a sus clientes en torno a un 30% en relación con lo que se está cobrando por otros operadores. De entrada, plantean obtener mejoras de eficiencia y trasladarlas al cliente. Después simplificar la tarifa no cobrando por el transporte de dinero y solamente un % sobre el volumen de efectivo tratado de tal manera que el cliente pueda saber el coste exacto de su utilización de cash. “Los clientes saben exactamente el coste que para ellos tiene la utilización de tarjetas que depende de cada negociación particular. Podemos establecer una media de 0,8%. Siempre se ha dicho que el cash es el medio de pago más caro. Nosotros proponemos a nuestros clientes que sepan ahora exactamente cuánto les va a costar”. De la Sen no quiere dar un porcentaje exacto ya que “vamos a hacer trajes a medida de cada necesidad” pero la cifra puede oscilar entre un 1% a un 0,2%.
Blindados, inicialmente propiedad en su mayoría de Grupo Norte (GN), dio entrada en su capital, en 2008, a diferentes cajas de ahorro. En la actualidad Caja Duero, Caja Burgos y Caixa Penedés disponen cada una del 28% mientras que GN controla solamente el 16%.
Con el advenimiento a la propiedad de las entidades financieras citadas entró un nuevo equipo gestor encabezado por su director general. Julio de la Sen que explica a NEGOCIO su business plan. “En cinco años esperamos controlar ya el 20% del mercado y convertirnos antes de una década en el segundo operador”. Para ello han puesto en marcha una fuerte expansión. Si en 2008 cubrían el 40% del territorio español, en la actualidad ya es el 65% y a principios de 2011 abrirán un nuevo centro logístico en Levante y en 2012 darán servicio en el 85% de España.
Los socios financieros actuales han comprometido las necesidades de capital que la empresa va a tener en ese plan de expansión y que se cifran en torno a los 11 millones de euros en el próximo lustro.
Este sector está estancado en un negocio que en 2009 movió 327 millones. Los incrementos son parejos al IPC. Para De la Sen, “existen desde hace muchos años una serie de ineficiencias que los operadores dominantes no han querido subsanar porque los márgenes del negocio han sido siempre muy altos”. Un dato, los precios que pagan los clientes (el 50% corresponden al sector bancario y el resto a retail), han crecido en las dos últimas décadas un 277% mientras que la inflación ha aumentado un 218%. “Por eso se pueden mantener crecimientos de Ebitda del 23%” afirma De la Sen, “nosotros nos conformaremos con menos”.
De la Sen plantea un crecimiento del pastel actual abriendo una tercera vía de ingresos que consistirá en dar servicio a las pymes, descargando de esa labor a las entidades financieras que podrán destinar ese recurso excedentario a mejoras internas de eficiencia. “En cinco años el negocio del sector debería rondar los 500 millones y en una década doblarse” prevé.
Blindados se plantea reducir la tarifa de precios a sus clientes en torno a un 30% en relación con lo que se está cobrando por otros operadores. De entrada, plantean obtener mejoras de eficiencia y trasladarlas al cliente. Después simplificar la tarifa no cobrando por el transporte de dinero y solamente un % sobre el volumen de efectivo tratado de tal manera que el cliente pueda saber el coste exacto de su utilización de cash. “Los clientes saben exactamente el coste que para ellos tiene la utilización de tarjetas que depende de cada negociación particular. Podemos establecer una media de 0,8%. Siempre se ha dicho que el cash es el medio de pago más caro. Nosotros proponemos a nuestros clientes que sepan ahora exactamente cuánto les va a costar”. De la Sen no quiere dar un porcentaje exacto ya que “vamos a hacer trajes a medida de cada necesidad” pero la cifra puede oscilar entre un 1% a un 0,2%.
Els i les joves diuen No! a la reforma laboral, acte a la Universitat de Barcelona per la Vaga General
AVALOT-Joves de la UGT de Catalunya i la resta d’entitats juvenils dels sindicats organitzen un acte conjunt a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UB.
"Mentiras" capítol 7, tenim un mercat de treball rígid
Ja ha sortit el capítol 7 de la sèrie "Mentiras" que publica la UGT de Catalunya a través de la webwww.mentirasdelacrisis.net, aquesta sèrie, que mostra en un seguit de vídeos curts per internet exemples de les "Mentides" que utilitzant la crisi s'utilitzen per retallar drets dels treballadors i justifiquen la convocatòria de la vaga general.
En aquest capítol s'analitza la mentida de que el mercat de treball és rígid: Diuen que el nostre mercat de treball és rígid, però som el país d'Europa amb més contractes temporals i més nombre d'acomiadaments. Tenim més de 6.000 convenis col·lectius, encara que el 90% de les empreses no tenen treballadors.
Mª Teresa Fernández de la Vega: “los liberados sindicales se ajustan a la legalidad vigente sin resquicio de duda”
A continuación transcribimos las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, 10 de septiembre, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre los liberados sindicales:
- En primer lugar la vicepresidenta primera afirmó que “los liberados sindicales, desde que estamos en democracia, están regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el Estatuto de los Trabajadores, y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, por lo tanto se ajustan a la legalidad vigente sin resquicio de duda”.
- En segundo lugar quiso subrayar que “los datos sobre liberados son públicos, existe un registro público y en la Administración General del Estado, los liberados sindicales representan el 0,14% del total de funcionarios”.
Y por último, Mª Teresa Fernández de la Vega quiso señalar que “el Gobierno no está dispuesto a entrar en el juego del Partido Popular, que no es otro que el de cuestionar, con la excusa de la crisis, un derecho de los trabajadores. Un derecho que ha hecho posible el modelo social europeo que es una seña de identidad de todos los países de la Unión Europea”.
Cándido Méndez: “Los sindicatos van a dar un giro democrático a los acontecimientos”
“El Gobierno debe rectificar, debe volver a la trinchera en la que tiene que estar”, manifestó el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Santiago Alejo González, durante la asamblea de pensionistas y jubilados organizada por Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UPJP) y la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, con motivo de la preparación de la huelga general del 29 de septiembre.
En unas instalaciones abarrotadas de gente el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, quiso rendir homenaje al trabajo de los jubilados y pensionistas en la defensa de libertad y la democracia y en la construcción de los pilares de la democracia española.
“Un reconocimiento a vuestra trayectoria pasada, presente y futura, porque teneis mucho que aportar todavía al progreso, a la democracia y a la libertad sindical en este país” señaló.
Méndez subrayó que “el 29 de septiembre los sindicatos vamos a dar una respuesta global el en toda Europa para exigir que no se sigan aplicando políticas que se definen eufemísticamente como de austeridad pero que son de sacrificios que recaen sobre las víctimas de la crisis, y políticas que protegen a los causantes de la crisis”.
El Secretario General de UGT ha recordado que “se han hecho unas reformas que nos van a dejar en el furgón de cola de la recuperación económica o peor, en la vía muerta, y eso no lo podemos permitir”.
“No es un problema de los sindicatos, es un problema que afecta a las clases trabajadoras y al conjunto de la sociedad, porque está en juego el futuro de nuestro país” ha añadido, “tenemos que dar un giro democrático a los acontecimientos en la huelga general porque vamos por mal camino en una mala situación y la situación por este mal camino puede empeorar”.
Méndez ha resaltado que “tenemos que conseguir que se rectifique en profundidad” porque aceptar la rebaja salarial, la congelación de las pensiones, contrareforma laboral que ahonda en la precariedad, las políticas de ajuste que retrasan la recuperación de la economía o la imposición de la jubilación a los 67 años no es modernización. “Estamos en un panorama y en un pais en el cual ni los jóvenes ni los pensionistas llegan a mileuristas, y esto hay que resolverlo”, ha finalizado.
600 euros de multa por grabar 30 centímetros de pasillo
Con el objetivo de grabar las frecuentes agresiones que sufría en la puerta de su domicilio, hizo instalar una cámara en el interior de su casa para que grabase, a través de un orificio, lo que sucedía justo delante de su puerta. En concreto, quedó probado que grababa 30 centímetros de espacio del pasillo. Los vecinos la denunciaron por captar su imagen sin su consentimiento cada vez que pasaban por allí y ha sido condenada a 600 euros de multa
La Resolución 00777/2010 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) relata perfectamente el alcance de la normativa de protección de datos de carácter personal en cuanto a la protección de la imagen personal se refiere, aunque ni haya dato personal, ni haya fichero, ni responsable del fichero, da igual.
Examinemos el caso concreto, y saquemos conclusiones:En primer lugar los hechos. La Resolución señala como HECHOS PROBADOS, los siguientes:
- 1º: una vecina instaló una cámara de videovigilancia en la puerta de su domicilio, desde el interior y abriendo un hueco en la puerta para facilitar la visión hacia el rellano de la escalera. La citada cámara se instaló sin permiso alguno de la Comunidad.
- 2º: la persona imputada instaló en la parte superior derecha de la puerta de su domicilio, una cámara modelo EU-K020CMP con fines de vigilancia y seguridad, toda vez que, según ha alegado, su hija menor de edad y ella misma habían sido objeto de amenazas y de intentos de agresión por parte de algunas vecinas del inmueble, habiendo sufrido también daños en la puerta de la vivienda provocados por el lanzamiento de pintura sobre la misma.
- 3º: la referida cámara enfocaba la zona de la entrada de su domicilio, captando una zona de unos 30 centímetros de superficie del rellano colindante a la puerta de su vivienda.
- 4º: las imágenes no se grababan en ningún sitio, sólo se visualizan.
- 1º: la imagen personal se considera un dato de carácter personal, porque así lo establece el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).
- 2º: la LOPD establece con carácter general que para el tratamiento de los datos personales (la imagen) se requiere el consentimiento del titular, esto es, el consentimiento de los que vayan a ser captados por esa cámara (los que pasen por el pasillo). Consentimiento que claro no existía.
- 3º: la AEPD entonces, aplicando el régimen sancionador, le multa con 600 euros por tratamiento de datos de carácter personal sin consentimiento.
Y por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a que se exige que exista un fichero de datos para la aplicación de la LOPD también se obvia completamente.
Ciertamente, son cada vez más los profesionales en materia de protección de datos que afirman que la AEPD está generando mucha inseguridad jurídica, siendo completamente imposible de prever el resultado de una resolución ante dos casos similares o incluso teniendo un informe jurídico de esa misma Administración que reproduzca el mismo supuesto de hecho.
Y por último una pequeña comparativa. Recientemente una mujer ha sido condenada a 720 euros de multa por fingir una violación; la consecuencia jurídica de grabar 30 centímetros de pasillo de un edificio es casi la misma que la de fingir una violación, denunciando a unos señores inocentes. A mi juicio (quizá no muy sano) tanto el bien jurídico protegido en un caso y en otro, como las repercusiones fácticas para los implicados, distan mucho más de esos 120 euros de diferencia.
Fuente: samuelparra.com
13/09/10
13/09/10
Escoltas en paro
Han defendido las libertades en el País Vasco, han sacrificado su vida personal para proteger a otras personas y, ahora, les echan para ahorrar
Un escolta protege a su cliente mientras come en un restaurante
«No creo que se te ocurra hacerlo».
Mientras lo decía, el escolta (llamémosle D.) se abrió la chaqueta para enseñar su arma. El tipo al que hablaba, que antes se había metido la mano en el bolsillo, miró al escolta y rápidamente hizo una señal a su compañero para largarse corriendo. D. los persiguió: su protegido ya estaba a salvo.
Había salido a dar un paseo y encontrarse con su mujer y su hijo, a los que protegía otro guardaespaldas. Al reunirse, la mujer contó a D. que estaban siendo seguidos por dos tipos. «Yo no estoy ‘‘mordido’’ –dijo D.– les vigilo». Los dos tipos ya reconocían al guardaespaldas de la mujer, pero no a él, escolta del marido. D. tomó un poco de distancia, vio a los dos hombres, los consideró muy sospechosos, como si planeasen algo, un secuestro quizá, y mandó al guardaespaldas de la mujer que metiese a la familia en el coche y que se fuesen «a toda hostia».
La madre entra en el coche, entra el padre, pero el hijo, de repente, se escapa con la bici. El guardaespaldas sale corriendo tras él. D. ve la escena desde lejos y mira a los dos sospechosos, que se han puesto tensos. En su mente la idea es tozuda: él protege al hombre, no al hijo, tampoco a la mujer. Se mueve con ángulo suficiente para intentar ver dónde están el niño y el guardaespaldas, y no perder de vista a los dos tipos. Todo va muy rápido y, a la vez, muy lento.
Por fin el guardaespaldas vuelve con el hijo y la bici. La mete en el maletero. D., que lo observa todo, se va acercando a los sospechosos. Entra el niño en el coche, entra la madre. Va a entrar el padre. Uno de los dos sospechosos se mete la mano en el bolsillo...
Una vida en tensión
Mientras lo decía, el escolta (llamémosle D.) se abrió la chaqueta para enseñar su arma. El tipo al que hablaba, que antes se había metido la mano en el bolsillo, miró al escolta y rápidamente hizo una señal a su compañero para largarse corriendo. D. los persiguió: su protegido ya estaba a salvo.
Había salido a dar un paseo y encontrarse con su mujer y su hijo, a los que protegía otro guardaespaldas. Al reunirse, la mujer contó a D. que estaban siendo seguidos por dos tipos. «Yo no estoy ‘‘mordido’’ –dijo D.– les vigilo». Los dos tipos ya reconocían al guardaespaldas de la mujer, pero no a él, escolta del marido. D. tomó un poco de distancia, vio a los dos hombres, los consideró muy sospechosos, como si planeasen algo, un secuestro quizá, y mandó al guardaespaldas de la mujer que metiese a la familia en el coche y que se fuesen «a toda hostia».
La madre entra en el coche, entra el padre, pero el hijo, de repente, se escapa con la bici. El guardaespaldas sale corriendo tras él. D. ve la escena desde lejos y mira a los dos sospechosos, que se han puesto tensos. En su mente la idea es tozuda: él protege al hombre, no al hijo, tampoco a la mujer. Se mueve con ángulo suficiente para intentar ver dónde están el niño y el guardaespaldas, y no perder de vista a los dos tipos. Todo va muy rápido y, a la vez, muy lento.
Por fin el guardaespaldas vuelve con el hijo y la bici. La mete en el maletero. D., que lo observa todo, se va acercando a los sospechosos. Entra el niño en el coche, entra la madre. Va a entrar el padre. Uno de los dos sospechosos se mete la mano en el bolsillo...
Una vida en tensión
La realidad a veces parece ficción y los escoltas en el País Vasco ya están acostumbrados. Para ellos, lo peor no son esos momentos de tensión, ni cuando madrugan, aún de noche y no encienden la luz de la cocina, para no dar pistas por si te vigilan. Lo peor tampoco es mirar debajo del coche todas las mañanas, ni prohibir a los hijos montarse antes que tú. Te acostumbras, incluso, a llegar a casa después del trabajo lleno de escupitajos, de pintura o huevos. Eso no es lo peor, eso no es nada. Lo realmente insoportable es no poder ser sincero con tu hijo. Contarle que eres comercial, que das clase, que tienes que viajar mucho. Pero nunca, nunca decirle que eres escolta.
Porque no se puede decir muy alto en el País Vasco, pese a que los escoltas han sido fundamentales para el desarrollo de las libertades. «Nosotros hemos permitido que la gente vaya a votar, que la bandera de España pueda salir a la calle. Hemos ayudado», cuenta uno. Y ahora les dan la espalda, se olvidan de ellos y se van a la calle, al paro, y a buscarse la vida donde puedan porque la crisis ha recortado también la preocupación por la seguridad. Y porque al amenaza de ETA, por ahora, no existe. Los escoltas están de más.
Han dedicado su vida a la persona que protegían, pero ahora son un bulto extraño. Casi todos viven en un pueblo fuera del País Vasco, donde se conocen y donde les alquilan la casa gente de confianza. Si han conseguido salvar la vida familiar, tienen que soportar la crisis económica con la pareja. Aunque ése el caso más raro. Normalmente se han separado, porque no han sido capaces de compatibilizar la vida familiar y la laboral. Demasiadas horas lejos de casa, con horarios que siempre cambian. Son la sombra incómoda para algunos y necesaria para casi todos. Son los hombres de las gafas de negro (para poder mirar sin que se sepa adónde), que conducen, esperan, vigilan y caminan detrás de su protegido, por el lado derecho si son diestros, para poder sacar el arma con agilidad; por la izquierda si son zurdos. Su misión es ser discretos y a la vez marcar su territorio.
Quien recibe los golpes
Porque no se puede decir muy alto en el País Vasco, pese a que los escoltas han sido fundamentales para el desarrollo de las libertades. «Nosotros hemos permitido que la gente vaya a votar, que la bandera de España pueda salir a la calle. Hemos ayudado», cuenta uno. Y ahora les dan la espalda, se olvidan de ellos y se van a la calle, al paro, y a buscarse la vida donde puedan porque la crisis ha recortado también la preocupación por la seguridad. Y porque al amenaza de ETA, por ahora, no existe. Los escoltas están de más.
Han dedicado su vida a la persona que protegían, pero ahora son un bulto extraño. Casi todos viven en un pueblo fuera del País Vasco, donde se conocen y donde les alquilan la casa gente de confianza. Si han conseguido salvar la vida familiar, tienen que soportar la crisis económica con la pareja. Aunque ése el caso más raro. Normalmente se han separado, porque no han sido capaces de compatibilizar la vida familiar y la laboral. Demasiadas horas lejos de casa, con horarios que siempre cambian. Son la sombra incómoda para algunos y necesaria para casi todos. Son los hombres de las gafas de negro (para poder mirar sin que se sepa adónde), que conducen, esperan, vigilan y caminan detrás de su protegido, por el lado derecho si son diestros, para poder sacar el arma con agilidad; por la izquierda si son zurdos. Su misión es ser discretos y a la vez marcar su territorio.
Quien recibe los golpes
Los cargos públicos en el País Vasco se habían acostumbrado a ellos. Ahora es tiempo de despedidas. «Recuerdo en 2004, en un municipio del País Vasco, un día de elecciones. La Ertzainza estaba muy ocupada cubriendo todos los colegios electores con el doble de protección que en el resto de España. Yo fui con mi concejal a votar y al salir nos avisaron de que había unas 300 personas esperándonos. No podían ayudarnos y tampoco íbamos a quedarnos allí dentro todo el día. Salimos, nos metimos entre el tumulto. Yo iba detrás de mi protegido, era más bajo que yo y me dieron con un palo de una bandera que se rompió en mi cabeza. Es mi labor, tuve que protegerle», cuenta un escolta, ahora en paro y que se ha dejado los últimos ocho años de su vida en el País Vasco. «Pero yo al menos trabajaba en las grandes ciudades. Lo peor es cuando estás en un pueblo, cuando tienes que llegar al trabajo 45 minutos antes, con la pistola en la mano, para rastrear el lugar o vas por carreteras estrechas, sin nada a los lados, donde tampoco se ve el horizonte y donde sabes que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa».
Su trabajo es evitar la agresión, poniendo todos los medios para que no haya ningún incidente: «A ver, si tenemos dos orejas, dos ojos y sólo una boca, es porque la Naturaleza quería que viésemos y escuchásemos el doble de lo que hablamos. Esa es la labor del escolta–describe el representante sindical de Uso–. Nuestro trabajo es más de precaución que de intervención. Tenemos que ser observadores, muy fríos. No podemos pensar que todo el que parece sospechoso es un posible asesino. Y a la vez, debemos lograr que los vecinos nos vean con naturalidad, no resultar incómodos ni agresivos para ellos». En realidad, para un escolta mejor que lucir cualidades es crear dudas, incertidumbre. Puede que lo mejor sea no hacerse notar.
El estrés es evidente. Pero no es fácil cogerse bajas ni tiempo para descansar. De ellos depende toda la vida del protegido. O, al menos, dependía.
En marzo se dejó sin trabajo a 60 personas entre el País Vasco y Navarra. La decisión de retirar la seguridad se hace tras un análisis entre el Ministerio de Interior y el Departamento de Interior vasco. A veces se deja la protección a la mitad, a veces se retira completamente. Se ha decidido que ex concejales que viven lejos de donde trabajaron ya no necesitan ser protegidos. Eso fue en marzo. Ahora se han retirado 90 servicios en el País Vasco y 40 en Navarra. Y los ex concejales tienen miedo, porque puede que no haya atentados mortales, pero los vándalos siguen ahí. «Es un alto el fuego raquítico», dice uno.
Sin tiempo para reciclarse
Su trabajo es evitar la agresión, poniendo todos los medios para que no haya ningún incidente: «A ver, si tenemos dos orejas, dos ojos y sólo una boca, es porque la Naturaleza quería que viésemos y escuchásemos el doble de lo que hablamos. Esa es la labor del escolta–describe el representante sindical de Uso–. Nuestro trabajo es más de precaución que de intervención. Tenemos que ser observadores, muy fríos. No podemos pensar que todo el que parece sospechoso es un posible asesino. Y a la vez, debemos lograr que los vecinos nos vean con naturalidad, no resultar incómodos ni agresivos para ellos». En realidad, para un escolta mejor que lucir cualidades es crear dudas, incertidumbre. Puede que lo mejor sea no hacerse notar.
El estrés es evidente. Pero no es fácil cogerse bajas ni tiempo para descansar. De ellos depende toda la vida del protegido. O, al menos, dependía.
En marzo se dejó sin trabajo a 60 personas entre el País Vasco y Navarra. La decisión de retirar la seguridad se hace tras un análisis entre el Ministerio de Interior y el Departamento de Interior vasco. A veces se deja la protección a la mitad, a veces se retira completamente. Se ha decidido que ex concejales que viven lejos de donde trabajaron ya no necesitan ser protegidos. Eso fue en marzo. Ahora se han retirado 90 servicios en el País Vasco y 40 en Navarra. Y los ex concejales tienen miedo, porque puede que no haya atentados mortales, pero los vándalos siguen ahí. «Es un alto el fuego raquítico», dice uno.
Sin tiempo para reciclarse
«Nosotros tenemos que vernos como oncólogos. Tratamos contra un cáncer. Está claro que si se vence al cáncer o éste se vuelve inofensivo, nosotros sobramos. Creíamos que esto iba a ser para siempre, pero ahora parece que no. Ojalá que se acabe, es lo que queremos todos. Y nosotros tenemos que reciclarnos», afirma otro escolta del País Vasco, aunque éste aún trabaja. Se supone que todos tienen 20 horas anuales para hacer cursos y reciclarse. Pero como tantas veces la teoría está lejos de la práctica. «¿Cuándo cojo yo esas horas? Llevo trabajando cuarenta y tantos días, lejos de casa, sin descanso. Si tomamos las horas, alguien tendrá que sustituirnos. Si nos sustituyen es un gasto más que la empresa pasa al cliente. Y éste no tiene ninguna gana de gastar más». Desde Interior y en el Gobierno vasco se considera ahora que la protección es un lujo. «El comunicado de ETA es el recurso perfecto para continuar con los recortes. Nos hemos dejado la vida y ahora no cuentan con nosotros», se enfadan los escoltas.
Hubo unos años en los que tener protección se convirtió en un modo de demostrar poder. Cuántos más, más importante. «El Pocero» llegó a contratar a cerca de 30 personas para protegerse. Hoy casi todos esos se han quedado sin trabajo. Pero en el norte, cuando la amenaza de ETA era constante, los escoltas eran una necesidad vital para los que no querían plegarse ante el terror.
Una sombra habitual
Hubo unos años en los que tener protección se convirtió en un modo de demostrar poder. Cuántos más, más importante. «El Pocero» llegó a contratar a cerca de 30 personas para protegerse. Hoy casi todos esos se han quedado sin trabajo. Pero en el norte, cuando la amenaza de ETA era constante, los escoltas eran una necesidad vital para los que no querían plegarse ante el terror.
Una sombra habitual
A mediados de los noventa el PP comenzó a pagarse su seguridad para hacer vida normal en un territorio de riesgo. Las amenazas y el miedo fueron creciendo, los jueces pidieron protección, también los periodistas. Todo el que fuera valiente necesitaba vigilar sus espaldas y el escolta se convirtió en una sombra habitual e imprescindible. El protegido tenía que llamarlo cada vez que hacía un movimiento. Con casi nadie se tiene tanta intimidad como con un escolta y «nosotros no podemos pensar en ellos como si fueran un cliente sin más. Se crea un empatía y una relación muy estrecha. En época electoral–dice uno– oías muchas cosas, comentarios que luego no puedes contar. El secreto confidencial forma parte de nuestro trabajo».
También el miedo. Un compañero sufrió un atentando. Nunca se supo si fue para él o para su protegido. Pero lo sufrió. Los escoltas lo recuerdan y piensan que están preparados para soportarlo. «Yo estuve con un concejal socialista y tuvimos un incidente bastante fuerte. Pero actué sin pensar. Lo que tienes que hacer es lo mejor para la persona para la que trabajas. A veces es defenderle y a veces es cogerle y salir corriendo. Yo actué, lo resolví. Sin más. Después, en casa, me entró la flojera». Tienen recursos para engañarse. Piensan que los ataques no sólo buscan el daño, sino que además, están cargados de simbolismo. Es decir: un atentado bien elaborado, que suponga dinero y trabajo debe tener repercusión mediática. Se habla más de un cargo público que de un escolta.
El futuro, en Irak
También el miedo. Un compañero sufrió un atentando. Nunca se supo si fue para él o para su protegido. Pero lo sufrió. Los escoltas lo recuerdan y piensan que están preparados para soportarlo. «Yo estuve con un concejal socialista y tuvimos un incidente bastante fuerte. Pero actué sin pensar. Lo que tienes que hacer es lo mejor para la persona para la que trabajas. A veces es defenderle y a veces es cogerle y salir corriendo. Yo actué, lo resolví. Sin más. Después, en casa, me entró la flojera». Tienen recursos para engañarse. Piensan que los ataques no sólo buscan el daño, sino que además, están cargados de simbolismo. Es decir: un atentado bien elaborado, que suponga dinero y trabajo debe tener repercusión mediática. Se habla más de un cargo público que de un escolta.
El futuro, en Irak
Ahora más que miedo por su vida, temen por su futuro. La crisis les estaba afectando como a todo el mundo y vieron cómo se reducían las dietas y cómo les pedían cuentas por cada café que bebían. Ellos aguantaron. Ser escolta es lo que saben hacer. Es su trabajo. Viven de eso. «Queremos que el Ministerio nos utilice también para los casos de violencia de género. Ahora mismo se encarga la policía, pero no son suficientes y nosotros haríamos muy bien». Pero no les hacen caso y se han dado cuenta de que hay que buscarse la vida en otros lados. Un futuro posible es irse lejos, como han hecho algunos, como seguridad privada, allí, a Irak.
Fuente: La Razón
10/09/10
10/09/10
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