Antiviolencia multa al Elche con 9.000 euros

Ramírez califica la sanción de "indignante y fuera de lugar". El consejero delegado asegura que se adoptaron las medidas exigidas

J. PALOMAR La Comisión Antiviolencia acordó ayer proponer una multa de 9.000 euros al Elche por los distintos incidentes acaecidos en el estadio Martínez Valero, el pasado domingo, durante el encuentro Elche-Hércules.
Cinco mil de esos nueve mil euros son, según detalla Antiviolencia, por desobedecer las instrucciones de las autoridades policiales sobre contratación y colocación de vigilantes de seguridad suficientes para recibir y controlar a los aficionados. A juicio de la Comisión la desobediencia provocó serios altercados públicos en el interior del campo, que fueron finalmente solventados tras varios requerimientos de las Fuerzas de Seguridad a los responsables del club quienes, transcurridos cerca de 30 minutos, facilitaron la intervención policial.
Los otro cuatro mil euros han sido por las deficiencias mostradas en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir que en el mencionado partido fueran introducidos un palo de madera de medio metro de longitud, diversas latas de refrescos y varias botellas grandes, además de un espray de pintura con bote metálico.
Estas decisiones han creado un gran malestar en el seno de la entidad ilicitana. El consejero delegado, Juan Carlos Ramírez, no dudaba ayer en poner el grito en el cielo y mostrar su contrariedad por lo que considera una auténtico atropello. "Nosotros hemos hecho lo que nos pidieron. Exigieron 60 guardiajurados y los pusimos. En cada puerta había dos o tres policías cacheando a los espectadores... si se les cuela gente con objetos no es culpa nuestra. Esto es indignante y fuera de lugar. Nos han machacado".

Multas a aficionados
Por otra parte, seis aficionados también han sido sancionados con 13.000 euros. Uno de ellos, con cinco mil y prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un periodo de dos años por provocar una seria alteración del orden público y ser el autor del destrozo de varios inodoros de los aseos públicos del estadio. Otros cuatro han sido multados con 4.000 euros y prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un periodo de 12 meses por intentar agredir violentamente a varios aficionados del equipo visitante provocando una seria alteración del orden público y una avalancha de aficionados. Y un sexto aficionado arrastra también una multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un periodo de 12 meses por lanzar una botella de cristal contra la caravana de autobuses que trasladaban a los aficionados del Hércules provocando una alteración del orden público.
El Comité de Antiviolencia pasó por alto los gritos racistas que se profirieron en contra de Wakaso desde el anillo superior del estadio, donde estaba situada la afición del Hércules y que reflejó en el acta el árbitro.

 

La flota demanda al Gobierno el uso de armas de mayor calibre para hacer frente a los piratas

El sector y el Ejecutivo estudian que los vigilantes privados empleen ametralladoras de más alcance

P. PIÑEIRO - VIGO El sector atunero y el Gobierno analizan la posibilidad de que los vigilantes de seguridad privados que protegen a los atuneros que faenan en aguas del Índico puedan emplear armas de mayor calibre y alcance de forma que puedan actuar a más distancia que la que permiten los fusiles de asalto que ahora se utilizan mayoritariamente en esta flota.
Así lo señalaron a este diario fuentes del sector que precisaron también que esta posibilidad, planteada por las empresas de seguridad ante el incremento de los ataques piratas, cuenta con la oposición a conceder las debidas autorizaciones por parte de países de la zona, como Seychelles, donde tiene su base de operaciones esta flota.
Otras fuentes apuntan que el Gobierno ha entrado ya en negociación con las autoridades del país africano sobre este asunto, que se trató en la reunión que el miércoles mantuvieron los armadores con altos cargos del Ministerio de Defensa. Desde ese departamento no se ofrecieron detalles del encuentro, excepto que se informó a los armadores sobre el consenso de la cumbre europea de Palma, en la que se aprobó la propuesta española de intensificar el control de los puertos de los que parten los piratas para sus ataques o que se valoró el cumplimiento de los objetivos de la Operación Atalanta.
Desde el sector de la seguridad de los barcos se reconocía ayer la demanda de armas de mayor calibre que las actuales –de calibre 5,56 y 7,62 mms –, que "limitan la capacidad de respuesta ante ataques" y se recordaba como ejemplo el ataque con lanzagranadas sufrido la pasada semana por el atunero "Albacan". "Demuestra lo cerca que llegaron a estar los piratas, casi en fase de abordaje", indicaron.
La posibilidad que ahora se plantea es el uso de armas de calibre 12,70 "con mayor alcance y cadencia de tiro y como complemento de la fusilería, de lo que depende directamente el éxito de una acción". Además, señalaron la necesidad de "una buena negociación" con Seychelles para que autorice la entrada y embarque de este armamento.
Por otra parte, ocho piratas somalíes fueron condenados a 20 años de prisión por un juzgado de la ciudad keniana de Mombasa, según informaron ayer medios locales.
Los ocho condenados somalíes fueron detenidos el 11 de noviembre de 2008 por una fragata británica cuando intentaban secuestrar en un abordaje armado el barco danés "Powerful" en aguas del golfo de Adén.

La piratería en el Índico rebrota con un modelo de seguridad en tela de juicio

“Alerta máxima en el Índico”. La calma en las aguas tras un período en el que el mar ha estado revuelto ha dejado de nuevo a los pesqueros que faenan en esas aguas más expuestos a los piratas, de los que está “plagada” la zona.
Y los atuneros españoles vuelven al primer plano de la actualidad, con el modelo de seguridad en entredicho. Primero fue el secuestro del Playa de Bakio. Después, la petición de los armadores de embarcar infantes de Marina para protegerse de los ataques piratas. Posteriormente, el secuestro del Alakrana y, finalmente, la controversia en torno a la seguridad privada que el Gobierno ha autorizado en los buques en sustitución de militares que reclaman los armadores.

Estos están satisfechos con la labor de los vigilantes que desde el pasado mes de noviembre protegen a los atuneros que faenan en el Índico. En los últimos días, tres buques pesqueros españoles repelieron ataques piratas gracias a los agentes de seguridad privada que van embarcados en los atuneros. Un cuarto buque consiguió escapar. En dos casos se produjo un tiroteo.

El jueves fue entre los corsarios y el Albacán, propietario de la armadora Albacora. El viernes entre los piratas y el Intertuna II, de la misma compañía. La diferencia es que el primero de ellos tiene bandera española y los vigilantes de seguridad son españoles. El segundo navega bajo pabellón de Seychelles y los agentes son británicos.

Satisfacción

Desde la compañía destacan la profesionalidad de todos los agentes, tanto los españoles como los británicos, y la ayuda de la seguridad privada y la misión Atalanta. Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esto indica que “las medidas adoptadas están funcionando” y los medios son “eficaces”.

Pero el problema está en las condiciones en las que trabajan esos agentes y en las consecuencias que eso puede tener para el sector, según fuentes del entorno consultadas por este periódico. Han trascendido las quejas de varios trabajadores que denuncian haber sido despedidos alegando que no han superado el periodo de prueba, cuando en realidad habían viajado a España en un relevo rutinario.

Asimismo, han manifestado su malestar por las condiciones de trabajo en lo que respecta a armamento y equipamiento, al margen de la formación. La empresa concesionaria del servicio, Segur Ibérica, salió al paso mediante un comunicado negando los despidos y los problemas con los agentes y destacando la “efectividad del servicio”. Pero, para las empresas de seguridad privada esto no es suficiente. Fuentes del sector destacan que “la piratería es un problema creciente con implicaciones terroristas que van en aumento”. Por ello, aseguran, “hay una oportunidad de negocio que defender” que se puede ver perjudicada por la forma de actuar de Segur Ibérica, a la que, según las mismas fuentes, se le “ha adjudicado el contrato sin experiencia en el mar y por sus relaciones especiales con Defensa cuando había otras empresas que tienen experiencia en protección marítima y están haciendo las cosas bien”.

El problema, según fuentes cercanas a las compañías de seguridad, es que la “empresa hizo una selección nula y una formación pobre”. Según Ismael Nettah, uno de los vigilantes que estuvo embarcado en el Índico y que fue despedido cuando viajó a España para efectuar un relevo, “los militares hicieron lo que pudieron en los tres días que estuvimos en la base de Cartagena (Murcia)”. Es más, denuncia que algunos de los agentes que sustituyen a los que han sido despedidos alegando que no han superado el periodo de prueba confiesan que “no han hecho ningún curso” antes de subir a bordo de los atuneros.

Fuente: Expansió.com


Suplemento Temático: Seguridad en el Transporte

Las enfermeras reciben cursos de autoprotección

En el 80% de los casos hay indicios que delatan al agresor, y el profesional debe advertirlos para poner en marcha estrategias


Ni la intuición ni la fuerza física funcionan. ¿Qué hacer ante una situación que se escapa de las manos? El Colegio Oficial de Enfermería acaba de impartir un curso de autoprotección para su colectivo. No es autodefensa ni tampoco artes marciales. Un centenar de enfermeras riojanas ha aprendido un conjunto de técnicas para lograr salir 'airoso' ante una crisis. El objetivo es zafarse, librarse del agresor para poder pedir auxilio y poner en marcha los protocolos previstos.
Pero, ¿se puede predecir un ataque? Vanessa Adán, enfermera y directora del curso de la Academia CIFE, asegura que sí en el 80% de los casos. Hay indicios que delatan al agresor: ansiedad, nerviosismo, sudor, invasión del espacio del otro, el tono y el ritmo de la voz elevados, no soporta que le interrumpan ni una negativa... Pistas suficientes para ponerse en alerta.


Hay tres puntos clave para observar: el lenguaje corporal, el verbal y el entorno. El 80% de las situaciones son agresiones verbales pero si no se sabe reconducir la escalada verbal para minimizarla puede derivar en una agresión física.

¿Y el entorno? Adán subraya su importancia: «Son lugares reducidos; el diseño de la consulta y del box no favorece nada al profesional en estas situaciones». La disposición de una mesa en una consulta puede convertirse en una trampa que no permitirá al médico salir de la estancia cuando un descontrolado paciente se levante de su silla y le acorrale. «La disposición del mobiliario debe ser tal que permita que el profesional sea el primero que pueda salir y pedir ayuda».

El objetivo, zafarse

El box es otro lugar de peligro. En él se encuentran jeringuillas, bisturíes, palos de suero... herramientas todas ellas que en un momento de tensión pueden transformarse en peligrosas armas en manos de un sujeto fuera de sí. «Son medidas de prevención que seguramente no van a impedir que surja la situación pero sí van a influir en que el profesional salga o no agredido».

¿Y cuando se produce el salto a la violencia física? «Enseñamos habilidades corporales, es la biomecánica de reconducción del cuerpo humano». «El objetivo es zafarse, no enfrentarse porque no podemos generar más violencia. Estaría al margen de la normativa sanitaria. Se aprovechan ángulos de seguridad, se juega con el equilibrio, las distancias, todo lo que nos permita escapar».

El control mental es otro pilar porque ¿de qué sirven las técnicas si en el momento clave el miedo paraliza la acción. La calma es clave. Pero no hay recetas mágicas, sólo el disponer de estrategias garantiza poder salir íntegro de la situación.

Fuente:La Rioja

Suplemento Temático: Seguridad en Hospitales

Videovigilancia en Alta Definición

El desarrollo de la HDTV en el mercado de la videovigilancia está aun empezando, pero va a tener un impacto muy significativo en el mercado de la vigilancia por vídeo, debido a que los clientes tradicionalmente han solicitado estándares de mayor calidad de imagen. La posibilidad de contar con imágenes más claras y nítidas es una de las metas más perseguidas por la industria de la videovigilancia.

Puede argumentarse que algunos de estos requerimientos pueden obtenerse gracias a las cámaras de red megapixel. Hay que aclarar que “megapixel” no se refiere a ningún estándar reconocido, sino más bien a una adaptación de las mejores prácticas de la industria y define en concreto el número de elementos del sensor de imágenes de la cámara digital. Sin embargo, la alta resolución conlleva grandes cantidades de datos, lo que a menudo compromete el número de imágenes por segundo que pueden ofrecer. Una cámara megapixel en sí misma no es sinónimo de alta calidad de imagen.


Por el contrario, una cámara de red que cumple con cualquiera de los estándares HDTV garantiza proporcionar una resolución, un número de imágenes por segundo y una fidelidad de color que permite asegurar la “calidad de vídeo” en todo momento.
¿Cómo funciona HDTV?


Los sistemas de transmisión de HDTV se identifican con tres parámetros principales: el tamaño de la imagen, el método de escaneo u obtención de la imagen, y el número de imágenes por segundo.

* Tamaño de la imagen: El tamaño de la imagen se define como el número de pixels horizontales por el número de pixels verticales, por ejemplo 1280x720 o 1920x1080. El número de pixels horizontales a menudo se omite, dado que va implícito en el contexto. De esta forma los diferentes sistemas se identifican como 720 o 1080 combinados con las letras i o p dependiendo del método de escaneo u obtención de imágenes que utilice. Dado que la televisión tradicional normalmente transmite en 704x576i (PAL) o 704x480i (NTSC) la información visual en una televisión HD es de dos a cinco veces mayor.

* Método de escaneo u obtención de la imagen: Existen dos técnicas para el escaneo de las imágenes: el barrido entrelazado y el progresivo, identificados con las letras i y p respectivamente. El barrido entrelazado fue presentado originalmente como un modo de mejorar la calidad de la imagen de una señal de vídeo sin consumir ancho de banda adicional. Este método pronto se generalizó en las televisiones analógicas. De forma simplificada la técnica consiste en dividir cada imagen en dos campos. El vídeo entrelazado, de este modo, reduce el ancho de banda de la señal por un factor de dos, permitiendo una mayor frecuencia de refresco y reduciendo el efecto parpadeo a la vez que mejora la representación del movimiento. Existen, no obstante, algunas limitaciones en el vídeo entrelazado. Por ejemplo, si los objetos de la imagen se mueven lo suficientemente rápido se encontrarán en diferentes posiciones cuando cada uno de los campos sea capturado. Normalmente éste efecto no es visible pero puede aparecer si el vídeo se muestra a menor velocidad de la que se usó en su captura o cuando se presenta como una imagen fija. Estas limitaciones pueden evitarse usando el método de barrido progresivo. Esta técnica captura, transmite y muestra todas las líneas en una única imagen. En otras palabras, las imágenes capturadas no se dividen en campos separados como en el barrido entrelazado de manera que no hay efecto parpadeo. Otro de los beneficios de esta técnica es que permite utilizar cada imagen para hacer copias en papel con calidad casi fotográfica. Esto puede ser fundamental si, por ejemplo, se quiere usar como evidencia o prueba en un juicio.

* Número de imágenes por segundo: Frame rate es el término en inglés que define el número de imágenes por segundo (fps) en una secuencia de vídeo. En los sistemas entrelazados este número a menudo es el número de campos, lo que implica que habitualmente es el doble, dado que hay dos campos en cada una de las imágenes. Históricamente uno de los aspectos más problemáticos ha sido el encontrar el ratio ideal de frecuencia de imágenes/campos. En aquellos países en los que las imágenes se dividen en dos campos, por razones que dependen más de la frecuencia del suministro eléctrico y que afectan a la estabilidad de la imagen, han acordado utilizar 25/50 fps (PAL) o 30/60 fps (NTSC). En todo caso, ambos sistemas son compatibles con HDTV y por tanto permiten alcanzar los requerimientos de ratio de imágenes completo (full frame rate) que se solicitan en muchas aplicaciones de video vigilancia.

Estandarización de HDTV

La presentación del estándar de compresión MPEG-1 supuso la base para la televisión digital e incitó el desarrollo de los estándares de televisión modernos en todo el mundo. Hoy el cuerpo de estandarización más importante para HDTV es la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). Este grupo, reconocido como el líder global en el desarrollo de estándares y autoridad en la práctica para cine, televisión, vídeo y multimedia, ha definido los dos estándares más importantes: SMPTE 296M y SMPTE 274M.
Básicamente, SMPTE 296M define una resolución de 1280x720 pixels usando barrido progresivo, mientras que SMPTE 274M define una resolución de 1920x1080 pixels usando tanto barrido entrelazado como progresivo. Con métodos de compresión digitales como MPEG-2 o H.264 el ancho de banda para un único canal es suficiente para transportar hasta cinco canales de TV digitales normales, o hasta dos canales HDTV que usen barrido progresivo.


Formatos HDTV

HDTV habitualmente asume el formato de pantalla amplio o panorámico de ratio 16:9 y una resolución horizontal de 1920 pixels con barrido progresivo. Consecuentemente crea imágenes con una resolución de 2.073.600 (1920x1080) pixels. El número de imágenes por segundo puede variar y se especifica después de la letra p, por ejemplo 1080p30 o 1080p50.
Otros formatos HDTV son 1080i y 720p. El aspecto de pantalla es el mismo para los tres, el 16:9. 1080i muestra 1920x1080 líneas con barrido entrelazado, mientras que 720p muestra 1280x720 (921.600) pixels con barrido progresivo.


Beneficios de HDTV para la vídeo vigilancia

Al trabajar con barrido progresivo las cámaras IP con rendimiento HDTV proporcionan una representación real del color e imágenes claras incluso de objetos que se mueven muy deprisa. Esto las convierte en una atractiva solución para las operaciones de vídeo vigilancia en las que se precisa gran nivel de detalle en la imagen.

Este desarrollo de la calidad ha sido solicitado desde hace mucho pero no ha sido posible hasta que las técnicas de compresión de vídeo no han sido lo suficientemente eficientes. H.264 es un estándar abierto que puede reducir el tamaño de los ficheros de vídeo digital, sin comprometer la calidad de la imagen, en más del 80% respecto al formato Motion JPEG, y hasta el 50% comparado con MPEG-4 parte 2. Dada esta flexibilidad y combinada con el consumo económico de ancho de banda y almacenamiento, se espera que H.264 sea adoptado más amplia y rápidamente que los estándares de compresión anteriores.
No cabe duda de que H.264 ha sido un paso necesario e imprescindible para la introducción de la HDTV en vídeo vigilancia. Esta compresión eficiente simultáneamente permite alta resolución, un alto número de imágenes por segundo y aspecto panorámico de pantalla (16:9). HDTV está basado en pixels cuadrados, similares a los de las pantallas de los ordenadores, de manera que el vídeo HDTV obtenido de productos de vídeo IP puede mostrarse tanto en pantallas HDTV como en monitores de ordenador estándar.


En definitiva, las mejoras en la calidad de imagen que aporta la televisión de alta definición (HDTV) han sido muy bien recibidas y están generando una gran demanda en el mercado de consumo. En consecuencia se espera una tendencia similar en el mercado de la vídeovigilancia tradicional. Las cámaras de red que cumplen los estándares HDTV representan una opción más que interesante para soluciones de vídeovigilancia que precisen imágenes de alta calidad.

Suplemento Temático: Videovigilancia


Fuente: http://www.casadomo.com/

Los camioneros de Spain-Tir protestan en la Zona Franca tras la ruptura de las negociaciones del convenio

Los trabajadores aseguran que la empresa es "abusiva". -Mañana los huelguistas pretenden marchar con sus camiones por Barcelona
Los camioneros de la empresa logística Spain-Tir han iniciado una protesta para quejarse por las condiciones de trabajo, que ellos definen como "abusivas". Los huelguistas pasarán esta noche delante de las oficinas de la empresa en la Zona Franca de Barcelona. Al principio de la tarde los parados ya empezaban a encender hogueras para combatir el frío. Para mañana, los camioneros tienen previsto efectuar una marcha con una cincuentena de camiones a través del centro para que sus quejas se hagan oír. La manifestación aún no ha sido aprobada por la Dirección General de Policía.


El paro se ha fraguado después de que Spain-Tir cesara ayer unas conversaciones que, según los trabajadores, iban por buen camino. "La empresa rompió de manera unilateral las negociaciones" aseguró Manuel Lora, camionero con 7 años de antigüedad en la empresa.


Los 50 trabajadores que se han sumado al paro son autónomos dependientes (Trade), lo que significa que al menos el 75% de sus ingresos dependen directamente de su actividad en Spain-Tir. El convenio que la empresa se niega a negociar fue autorizado en 2007 por la nueva legislación referente a este colectivo de trabajadores. Mientras este convenio no se concrete, la indefensión a la que están sometidos los camioneros provoca condiciones de trabajo "abusivas y despóticas", según afirman.

"Estamos trabajando con tarifas del año 95" afirma Francisco López. "Además -continúa Lora- la empresa nos obliga, bajo amenaza de despido, a efectuar trabajos que sobrepasan nuestro empleo de transportistas". "Aparte de transportar la mercancía Spain-Tir nos obliga a cargarla a través del almacén, a etiquetar los paquetes e incluso a veces a barrer los depósitos" denuncia el transportista, "y eso, claro, es lo que se ahorra la empresa en mano de obra".

Pero, según los camioneros, la empresa no solo ahorra en este aspecto. "El año pasado, Spain-Tir nos bajó el sueldo a los camioneros un 13%" cuenta uno de los huelguistas "y ese mismo mes los sueldos de los oficinistas aumentaron en un 2%". "Nosotros dependemos de esta empresa, pero ella nos hace pagar todo el mantenimiento de los camiones. ¡Incluso nos hace pagar la pintura con la que pintamos el logo de la Spain-Tir en el camión!". "Y no solo eso" insisten, "si tienes un accidente realizando alguna de las tareas externas, la empresa no solo no te cubre, sino que amenaza con el despido si te atreves a denunciar".

Los trabajadores afirman que lo que quieren es un convenio que les asegure un horario de trabajo, unas indemnizaciones en caso de despido... "Hasta ahora la empresa propone contratos de entre 6 meses y un año en los que no hay indemnización porque no se tiene en cuenta la antigüedad del trabajador". "La mayoría de los que están aquí llevan entre 10 y 25 años trabajando para esta empresa" ha recalcado el Presidente de la Asociación Nacional de Transportistas Manuel Segura.



Desde que la huelga empezó, las oficinas de Spain-Tir han sido custodiadas por dos furgonetas de los Mossos d'Esquadra. Los huelguistas afirmaron que la que la policía autonómica ha sido requerida por Spain-Tir por haberse dado amenazas de los transportistas a la empresa. Los camioneros aseguraron que esta acusación es "completamente falsa". Un responsable de los Mossos aseguró que "no ha habido ningún problema con las protestas". A su vez, la empresa también ha contratado un servicio de seguridad privada desde que se rompieron las negociaciones. Los vigilantes han afirmado que los parados "están muy tranquilos" y que "no son violentos, ni mucho menos". Spain-Tir no pudo ser contactada para consultar su versión del rompimiento de las negociaciones.

El Cabildo adjudica a Serramar la vigilancia

La Mesa de Contratación y los técnicos ratifican a la empresa que escogieron hace siete meses
JESÚS MONTESDEOCA


El Cabildo de Gran Canaria adjudicó ayer el servicio de vigilancia y seguridad a la empresa Serramar, de acuerdo a la propuesta de la Mesa de Contratación y en contra del dictamen del jefe de los Servicios Jurídicos de la propia institución, Carlos Trujillo, quien entiende que la actual concesionaria, Seguridad Integral Canaria, debió recibir mayor puntuación en el concurso público y mantener el servicio por otros dos años.

Seguridad Integral Canaria recurrirá la adjudicación por la vía administrativa, según anunció su director general, Miguel Ángel Ramírez, quien no descartó acudir a los tribunales de justicia si el Cabildo no atiende las reclamaciones de su empresa, que a su juicio "ahora también están avaladas por ese informe jurídico".

La consejera de Presidencia del Cabildo, Encarna Galván, firmó en la mañana de ayer la adjudicación provisional, siete meses después de que la Mesa de Contratación emitiera su propuesta a favor de Serramar. El retraso se debió a las alegaciones de Seguridad Integral Canaria y de Cecapyme, así como a las dudas de algunos miembros del órgano de contratación, por lo que se decidió encargar el nuevo informe a los servicios jurídicos.

Encarna Galván explicó que a la hora de adjudicar no se ha apartado de las propuestas de los técnicos, de la Mesa de Contratación y del propio dictamen de Trujillo, que en "todas las dudas de legalidad es coincidente con los criterios que ya adoptó en su momento el órgano de contratación del Cabildo". La única diferencia, apuntó, "era una valoración técnica de criterios subjetivos en el apartado de otras mejoras, que es además el más susceptible a variadas interpretaciones".


VALORACIONES. La consejera aseguró que tras recibir el dictamen del jefe de los Servicios Jurídicos, el pasado 18 de febrero, lo remitió nuevamente a los técnicos y a la Mesa, que obviaron las valoraciones realizadas por Trujillo. "Los técnicos, el día 4 de marzo, me contestan por escrito que se ratifican en las decisiones que tomaron en su día, en agosto del año pasado, basándose en las necesidades del Cabildo y en su conocimientos de la seguridad de la institución", agregó Galván.

Aunque es previsible que esta adjudicación acabe en los juzgados, Serramar empezará a prestar sus servicios en el próximo mes de abril, con una plantilla de unos 120 trabajadores, de los cuales 90 son subrogados de la actual concesionaria, lo que supone que el cambio de empresa no afectará a los actuales vigilantes. El contrato es por dos años, por un importe total de casi cinco millones de euros.

1.100 vigilantes privados de León están sin convenio desde 2008

Los sindicatos estatales convocarán una huelga general en Semana Santa


Unos 1.100 profesionales de la seguridad privada en la provincia de León, que desarrollan su trabajo como vigilantes jurados, escolta de explosivos y transporte de fondos, se encuentran desde hace dos años sin convenio laboral y con unas negociaciones prácticamente inexistentes.

Esta fue la causa de la manifestación que se celebró el pasado día 2 de marzo, convocada por los sindicatos UGT, CCOO y USO, para conseguir forzar a la patronal a retomar la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada, que afecta a 100.000 trabajadores en todo el país y que se encuentra paralizado desde finales de 2008. Con una mesa negociadora que se ha convocado después de 18 meses sin contactos.

Desde las centrales sindicales denuncian el enquistamiento del Diálogo Social, las propuestas inasumibles de la parte empresarial y la inviabilidad de las estrategias de acercamiento ya realizadas. Una situación que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general –de no iniciarse los contactos– del 29 de marzo al día 5 de abril, es decir, durante toda la Semana Santa.

Según el responsable del sector en la Federación de Servicios a la Sociedad (FES) de la UGT, Gregorio Fernández García, en la provincia desarrollan esta actividad un total de 12 empresas, con sueldos muy bajos ya que el salario base bruto es de apenas 1.035 euros, que se incrementan a los 1.151 en el caso de tener que portar un arma, y que tras los descuentos de IRPF y Seguridad Social se “ve reducido en la mayor parte de los casos a un salario que apenas supera los 800 euros”. Una cuantía que obliga a los trabajadores a realizar horas extras, con la particularidad de que las mismas se cobran por debajo de la hora ordinaria, “al contrario de lo que sucede en cualquier otro trabajo”, señala Fernández.

Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por los sindicatos con sentencias favorables a los representantes de los trabajadores, “por lo que las empresas deberían pagar una millonada a la plantilla”. Esto ha provocado que las empresas entiendan que las sentencias obligan a revisar la actual tabla salarial, ya que de otra manera y con el incremento de las horas extraordinarias se dispararían sus costes salariales.

Algo en lo que no están de acuerdo los sindicatos, que piden un incremento salarial del 1,4%, y que consideran que existen salarios muy precarios con sueldos mileuristas. Mientras los beneficios de las empresas de seguridad ascendieron a nivel nacional a 134 millones de euros durante el pasado año.

Asimismo, reprochan a los empresarios del sector que se escuden en la crisis para no negociar subidas salariales, cuando, a juicio de los sindicatos, el sector no ha sufrido hasta ahora la crisis y ha tenido unos “beneficios abusivos”.

las obras del AVE, objetivo otra vez de los ladrones de cable de cobre

Un total de cinco personas han sido detenidas por robar cable de cobre en dos operaciones en las que han participado agentes de las comandancias de la Guardia Civil de Cuenca y Valencia


Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cuenca en una nota de prensa, cuatro de los sospechosos fueron detenidos el pasado jueves en Villanueva de la Jara, después de que fueran sorprendidos por un vigilante de seguridad de la línea del AVE Madrid-Levante, cuando procedían a hacer cortes de cable de cobre del tendido eléctrico del trazado ferroviario de alta velocidad. Al ser sorprendidos se dieron a la fuga y fueron detenidos finalmente en Villanueva de la Jara, después de que vehículo en el que huían colisionó con el del vigilante de seguridad, que sufrió heridas de carácter leve.

Uno de los cuatro detenidos, que responden a las iniciales I.V.J., M.I. D.A. y N.D., es menor de edad y los tres restantes tienen edades comprendidas entre 25 y 49 años.

La segunda actuación se inició en la tarde del pasado domingo en la carretera N-III (Madrid-Valencia), a la altura de Minglanilla y finalizó en Utiel (Valencia), con la detención de J.B.A.I., de 29 años de edad. El detenido fue encontrado por la Guardia Civil cuando estaba, junto a un acompañante, al lado de un vehículo que se hallaba parado en el arcén con el capó levantado.Cuando guardias civiles del puesto de Minglanilla que iban en un coche patrulla pararon para ayudarlos, los dos hombres se dieron a la fuga con el vehículo junto al que se encontraban.

Este vehículo había sido sustraído en Villarreal (Castellón), por lo que se dio aviso a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, hacia donde habían huido los dos fugitivos.El vehículo fue localizado por la Guardia Civil en el momento en el que abandonaba la autovía A-3 en dirección a Utiel, donde se procedió a la detención de uno de los dos sospechosos cuando iba a huir a pie junto con su acompañante.

En el interior del vehículo fueron hallados unos trescientos metros de cable de cobre, por lo que se imputan al detenido un delito de robo de cable de cobre, otro delito de sustracción de vehículo de motor y otro de desobediencia grave.

Los cinco detenidos, junto con las correspondientes diligencias han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar.

De otro lado, la Guardia Civil ha detenido en Las Mesas a dos hombres, de 32 y 26 años, que fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer gasóleo de un camión que estaba aparcado en un estacionamiento de este municipio.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, después de que la Guardia Civil de Mota del Cuervo recibiera una llamada en la que se denunciaba que dos individuos habían forzado el tapón del depósito del camión y que iban a trasvasar el combustible a una garrafa, a través de una manguera, según informaron ayer las mismas fuentes.

La Policía Nacional arresta a un hombre acusado de sustraer hasta 9 bicicletas

Calle Alfonso X. El autor de los robos fue sorprendido por un vigilante de seguridad. Otro ladrón. Detenido por robar en una nave y en una furgoneta


Última actualización 10/03/2010@23:34:15 GMT+1

E. G.



La Policía Nacional ha detenido a un hombre, natural de Madrid, acusado de sustraer hasta nueve bicicletas cuyas sustracciones fueron denunciadas a partir del once de enero, según informaron fuentes de la Comisaría.

Las investigaciones comenzaron a raíz de una llamada efectuada a la Sala del 091 por un vigilante de seguridad, quien alertó de que había detenido a un individuo que utilizando una cizalla, que le fue intervenida, que pretendía apoderarse de una bicicleta asegurada mediante una cadena pitón, en un aparcamiento ubicado en la calle Alfonso X.

Tras recibir la llamada, una dotación policial perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana procedió a la detención, en torno a las 08.00 horas del pasado martes, en la citada calle, de un varón de 38 años de edad, cuya identidad responde a las iniciales S. R. S., natural de Madrid y al que le constan trece antecedentes, como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Las gestiones realizadas por los efectivos permitieron determinar, tanto por la zona de actuación como el objeto del delito y el modus operandi, al detenido como presunto autor de la sustracción de nueve bicicletas denunciadas a partir del 11 de enero. El detenido fue puesto a disposición judicial.

Roba en una nave y un vehículo

Además, los agentes de la Policía Nacional también han detenido a un hombre, súbdito portugués, de 46 años como presunto autor de un robo en el interior de una nave almacén y en una furgoneta estacionada en un garaje de la calle Maristas, a la altura del número 11.

Las diligencias policiales se iniciaron en torno a las 10.15 horas del pasado martes, cuando la Sala del 091 recibió una llamada por parte de los propietarios de una nave almacén, ubicada en la avenida de Juan Pablo II, que alertaron de que al llegar al lugar se encontraron con la puerta forzada y escucharon ruidos en el interior. Tras recibir el aviso, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudieron a la nave y tras realizar una inspección encontraron al detenido en el interior de un cuarto, por lo que procedieron a su detención. Se trata de un hombre de 46 años, cuya identidad responde a las iniciales J. M. C. M., súbdito portugués.

Además, el arrestado tenía en su poder una serie de efectos, algunos de los cuales procedían de un robo con fuerza en el interior de una furgoneta estacionada en un garaje de la calle Maristas, número 11, perpetrado el pasado día 7.

El detenido, al que le constan 15 antecedentes con tres identidades diferentes fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3, con las diligencias policiales.

Por su parte, en la fotografía aparecen los efectos intervenidos al detenido con el fin de poder identificar a los propietarios de los mismos.

Los jueces condenan por primera vez a dos pacientes a prisión por agredir a sanitarios

Uno de ellos intentó llevarse a golpes a su bebé ingresado en La Arrixaca y el otro arremetió contra su médico en la consulta


Los profesionales sanitarios llevan mucho tiempo reclamando a la Justicia que condene a quienes les agreden físicamente a penas de prisión. Hasta ahora, las denuncias terminaban siempre en multa, ya que las agresiones se consideraban falta y no delito. Pero 2009 se cerró con dos sentencias pioneras en la Región en la que los ataques a sanitarios se calificaron como un delito de atentado contra funcionario público, tipificado en el Código Penal con penas de entre uno y tres años de cárcel.


El juzgado de lo Penal número 5 de Murcia condenó en julio a dos años de prisión al padre que varios días antes había irrumpido en el materno infantil de La Arrixaca para llevarse por la fuerza a su bebé de dos meses de edad, que permanecía ingresado en el hospital tras haber nacido con síndrome de abstinencia. Al hombre se le había retirado la custodia, pero desobedeciendo las órdenes judiciales entró en La Arrixaca con una navaja y golpeó a las enfermeras que en ese momento cuidaban al bebé. La sentencia condena al acusado a un año por atentado contra funcionario público y a otro año por un delito de sustracción de menores en grado de tentativa.

La segunda sentencia viene firmada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que condena a ocho meses de prisión por atentado contra funcionario público a un hombre que pegó a su médico en la consulta de su centro de salud. Las dos condenas llegan después de fallos similares en otras comunidades autónomas. Además, no sólo las agresiones a sanitarios están empezando a considerarse atentado contra funcionario público. También los ataques a maestros y profesores comienzan a ser tipificados de esta manera. Así, en marzo de 2009 se condenó a un año de prisión a una mujer que se presentó en un colegio de Cieza y sin mediar palabra golpeó con el casco de su moto a la jefa de estudios.

En el cambio de actitud de la Justicia está siendo fundamental el papel de los fiscales, que están calificando estas agresiones físicas como atentados a funcionario público. Ahora, la Fiscalía Superior de la Región ha dado un paso más con la firma, ayer, de un protocolo de colaboración con la Consejería de Sanidad para intensificar la lucha contra la lacra de las agresiones. Gracias a este acuerdo, las denuncias de los afectados llegarán directamente a un fiscal encargado específicamente de este tipo de casos.

La consejera Ángeles Palacios presentó también los datos del informe anual del Plan de Prevención de las Agresiones, que ya adelantó ayer 'La Verdad'. El documento cifra en 288 el número de incidentes en 2009 (un 16% más que el año anterior), y destaca especialmente el aumento de agresiones físicas (un 18% más).

Palacios subrayó que para hacer frente a este problema las medidas de seguridad «aumentaron un 10,6%» en 2009. Así, en los últimos cinco años se ha pasado de contar con 11 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios a 140. Además, en un año se ha pasado de 31 centros con timbre antipánico a 101, y de 330 cámaras de seguridad en 2009 a 417 en 2010.

Los sindicatos piden más

Los sindicatos, sin embargo, consideran insuficientes los avances. Juan Antonio Blaya, secretario general de Satse, mayoritario en el sector de Enfermería, denunció que los 700.000 euros destinados por Sanidad a prevención suponen una reducción con respecto a años anteriores. Blaya presentó ayer junto al presidente del sindicato de profesores Anpe, Clemente Hernández, la I Jornada Regional sobre la No Violencia en los Centros Sanitarios y Educativos, que se celebrará el 17 de marzo y que contará con la presencia, entre otros, del juez de menores de Granada Enrique Calatayud y del presidente del TSJ de la Región, Juan Martínez Moya.

Detenida tras clavar en mano policía tijeras con las que se autolesionaba

Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, la detención de la mujer, de origen español, se produjo la tarde del pasado lunes en comercio de Valencia, donde fue sorprendida por un vigilante de seguridad cuando salía del local con varias bolsas preparadas para inhabilitar los sistemas de alarma, en cuyo interior había varias prendas que no había abonado.


Además de las bolsas y prendas, los policías le intervinieron un rollo de papel de aluminio, unos alicates, un destornillador y unas tijeras.

Según las fuentes, el vigilante tenía retenida a la mujer que, momentos antes, había entrado a un probador con varias prendas de ropa y posteriormente había salido sin ninguna de ellas, por lo que interceptada cuando salía del establecimiento.

Cuando los policías comprobaban lo que la sospechosa llevaba en las bolsas, ésta cogió unas tijeras con la que empezó a autolesionarse en un hombro.

Los policías se abalanzaron entonces hacia ella para arrebatárselas, pero la mujer se las clavó a uno de los agentes en la mano.

Tras ser detenida, los policías la trasladaron al hospital Clínico para que fuera atendida de las lesiones que se había producido.

Según las fuentes, durante la detención y el traslado, la ahora detenida estuvo continuamente amenazando a los policías, y una vez en el hospital, cuando estaba tumbada en una camilla, se lanzó al suelo en varias ocasiones y, cuando los agentes trataban de calmarla, le propinó una patada en la cabeza a uno de ellos.

La detenida, con antecedentes policiales, ya ha sido puesta a disposición judicial. EFE

El botellón se apodera del Muelle de Torrevieja y dispara el vandalismo

La Cofradía de Pescadores reclama más seguridad para poner freno a los desmanes que se repiten todos los fines de semana
M. PAMIES Los actos de vandalismo, protagonizados por pandillas de jóvenes que practican el botellón (consumo de alcohol en la vía pública) se ha multiplicado en el recinto del muelle pesquero de Torrevieja al punto de crear una profunda sensación de malestar y de inseguridad en el sector pesquero local, según explicaron a este diario fuentes de la Cofradía de Pescadores. La situación, aseguran, "se ha desmadrado al punto de no poder dormir tranquilos los fines de semana", comenta un preocupado patrón que, al igual que otros, ha sufrido desperfectos en sus embarcaciones, mientras desde la Cofradía temen por las artes de pesca y otros objetos que dejan apilados en la Lonja y que son susceptibles de arder, caso de los envases del pescado, para lo cuales se ha tenido que habilitar un recinto cerrado "porque ultimamente ésto se ha convertido en un cachondeo de mucho cuidado", comenta un pescador malhumorado. El Ayuntamiento ha reforzado el número de contenedores de vidrio en la zona. Hasta cinco que ayer estaban a rebosar, según constató este diario.


Desde la Cofradía de Pescadores consideran "insuficiente" que el extenso recinto portuario, con grandes facilidades de acceso, esté vigilado por un solo guardia jurado durante las noches del sábado y del domingo, así como en los días festivos, aunque "se debe considerar como misión imposible que una sola persona se atreva a enfrentarse con toda una turba", comentan desde este mismo colectivo profesional.



Contradique

Las autoridades del Distrito Marítimo de Torrevieja, que abarca desde la margen derecha del Rio Segura en Guardamar hasta Pilar de la Horadada, ya solucionaron hace meses el botellón que se organizaba los fines de semana en el contradique de poniente, dotando a este recinto portuario, desde el cual se embarca la sal, de las correspondientes medidas de seguridad.

Por ello este punto de encuentro de jóvenes, tanto locales como de la comarca, se ha trasladado últimamente al muelle pesquero. Fuentes de Gestión de Puertos de la Generalidad en Torrevieja reconocieron el problema y que sólo tienen un vigilantes para controlar las instalaciones, aunque en otros ámbitos relacionados con las actividades portuarias se cuestiona que ésto sea así. Al depender la rada portuaria local del Gobierno Valenciano -con anterioridad fue puerto de interés nacional dependiente del de Alicante-, sus instalaciones carecen de policía y quienes las atienden son auxiliares de administración, quizá por ello no existe un Plan de Emergencia del puerto, aunque los tres puertos deportivas ubicados en la misma rada sí lo tienen y operativo.

Parques mucho más seguros

Una empresa contratada por el ayuntamiento refuerza la seguridad en 21 recintos de ocio y deporte locales desde hace días, después de que se le adjudicara el servicio por 1,37 millones de euros durante dos años, prorrogables a otros dos.
Los niños, jóvenes, mayores y resto de vecinos que visitan con asiduidad o circunstancialmente los principales parques de recreo y deporte de La Laguna tienen desde hace días a alguien que les observa, aunque para bien. La empresa Seguridad Integral Canaria se encarga desde principios de marzo de un servicio con el que se pretende reforzar la seguridad en estos recintos tan utilizados durante gran parte del día y la noche. Si algunos de esos usuarios habituales u otros que no iban tanto o nunca temían por la integridad de su hijo o que le robaran, ahora no disfrutarán de plenas garantías, pero seguro que se sentirán mucho más seguros.


Tras convocar el concurso en septiembre, el ayuntamiento adjudicó el pasado 26 de febrero a dicha compañía la prestación de este servicio por un total de 1,37 millones de euros durante dos años prorrogables a otros dos. Como ayer se podía comprobar en parques tan célebres como Pedro González (La Vega), personal de la empresa deambula por las instalaciones desde las 12:00 a las 22:00 horas con su correspondiente uniforme, porra y otros equipos en pro de la mayor seguridad posible, contrarrestando así los "frecuentes" actos vandálicos que, según confiesa el edil de Servicios, Plácido Mejías, se sucedían desde hace años en unos recintos que cuentan con numeroso mobiliario urbano, juegos infantiles y otro patrimonio. La iniciativa permitirá reducir los daños en estas propiedades y, así, minimizar los perjuicios económicos al consistorio. Para el edil, resultaba imprescindible recurrir a esta externalización para impedir que la Policía local se ocupara también de este tipo de labores, en vez de a las funciones de seguridad ciudadana.

Aparte del citado parque La Vega, el proyecto se desarrollará en el de San Matías, Los Andenes, Montaña Pacho, Salud Alto, Feria Cedros (San Benito), La Constitución, Javier Fernández Quesada (Los Dragos), Narciso de Vera y Villa Hilaria. Además, la seguridad se llevará al parque Ana Bautista, al de Guajara, Mayber-Llombet, Pueblo Hinojosa, Avenida Libertad, El Polvorín, Elfidio Alonso (Las Torres), José Segura Clavell (Ofra-Ingenieros) y Mesa Mota. En total, se aportará seguridad a 220.000 metros cuadrados.

El servicio se ha dividido con un sistema de vigilancia diurna permanente consistente en la permanencia de, al menos, un guardia de 12 a 22:00 horas para un total de seis recintos. Además, se vigilará de noche, de 22 a 7:00 horas, con una persona para cada uno los dos parques con este servicio, si bien los demás disfrutarán de rondas nocturnas los 365 días del año formadas por tres equipos (tres vigilantes y tres vehículos).

Pese a estas constantes, la seguridad variará en función de la estacionalidad y los eventos lúdicos y deportivos que acoja cada sitio (incluidos sus entornos cercanos). Por eso, el consistorio ha pedido expresamente un servicio muy flexible para adaptarlo a las contingencias y necesidades que surjan, así como a las características de cada zona. También se contempla la colocación de cámaras de vigilancia desde el momento en que cierren los parques, opción que se aplicará precisamente en el de La Vega y en San Benito en coordinación con la Policía local .

Una «guardería rural» velará por la seguridad del campo y los agricultores

Garantizarán la seguridad tanto de los campos como de los propios agricultores. La nueva «guardería rural» que se pondrá en marcha en el municipio palaciego, vigilará las explotaciones agrícolas para mejorar su seguridad y la aplicación medioambiental en el entorno.


La iniciativa surge del convenio que ayer firmó el Ayuntamiento palaciego con la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de las Nieves para mantener, por un período de dos años, el servicio de vigilancia de guardas jurados. Estará integrado por dos vigilantes a los que, según explicaron fuentes municipales, se dotará de los medios adecuados para la patrulla y vigilancia de la zona de agricultura más intensiva de la localidad.

A efectos administrativos, dependerán de la cooperativa y vendrá a complementar la labor que realizan los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. «Será una relevante labor ya que se trata de pequeñas explotaciones agrícolas, con cultivos de invernaderos o de tratamiento muy delicado, como frutales, hortalizas y uvas, lo que también genera un intenso tráfico por los caminos rurales del entorno», explicó el alcalde de Los Palacios, Antonio Maestre. El regidor palaciego recordó que ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Junta un plan para acometer la mejora de la red de caminos rurales -del Ayuntamiento dependen unos 80 kilómetros y 40 de la Confederación- después de tres meses de temporal «que ha dañado su superficie».

El Colegio de Médicos advierte del repunte de agresiones físicas, aunque destaca la contundencia de las penas

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González-Vilardell, y el asesor jurídico de dicha entidad colegial, Santiago Campo, coincidieron hoy en advertir acerca del "repunte de agresiones físicas" cometidas en los últimos años por usuarios de la sanidad contra facultativos en el ejercicio de su profesión, un hecho, con todo, que contrapuso con un mayor endurecimiento también de las penas y sentencias condenatorias contra los infractores de estos casos.


En rueda de prensa, González-Vilardell detalló que, entre junio de 2009 y febrero de 2010, la entidad colegial registró un total de 34 procedimientos judiciales por agresiones, de los que cinco de ellos se instruyeron por episodios de agresión física y el resto por injurias y amenazas.


Así, y pese a que el número total de agresiones tanto físicas como verbales ha disminuido porcentualmente, lamentaron que los episodios denunciados son cada vez más graves, en referencia a casos como el ocurrido el pasado mes de enero, en el que una médico y un enfermero de un equipo de urgencias DCCU que atendía un aviso a domicilio en la localidad de El Viso fueron agredidos por un usuario que portaba un cúter.

Atendiendo al tipo de centros en los que se cometen este tipo de actos violentos, detallaron que del total de estas 34 agresiones, 19 se registraron en centros públicos de salud, dos en centros privados, seis en hospitales, cinco en dispositivos de urgencias y dos en servicios de valoración de incapacidades contra inspectores del INSS.

Con todo, ambos responsables destacaron que los procedimientos judiciales abiertos contra este tipo de casos son cada vez más contundentes, ya que se enjuician como delito de atentado contra la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y no como un mero juicio por faltas.

Así, y a modo de ejemplo, aludieron a recientes sentencias en las que se han llegado a condenar a los agresores por penas superiores a un año de cárcel e indemnizaciones que ascienden hasta los 3.000 euros por delitos de injurias graves contra la dignidad del profesional sanitario.

A juicio de González-Vilardell, las agresiones que en los últimos años se cometen contra el estamento médico "no son sino el reflejo de la crispación que vive actualmente la sociedad", motivo por el que apostó por "incrementar la educación de la población, recobrar el prestigio de la profesión y aumentar las medidas disuasorias, como timbres antipánico, cámaras de videovigilancia y vigilantes de seguridad".

Diálogos sin escoltas

De entre los numerosos despropósitos del Gobierno Zapatero destaca la negociación que mantuvo con los terroristas de ETA, de la que todavía se desconocen todos los detalles, pero que por lo investigado en el caso Faisán se puede intuir que oscila entre la chapuza y la alta traición. Pareciera que el PSOE se siente incapaz de tratar a los terroristas como merecen, con la fuerza moral, legal y policial que debe exhibir un Estado de Derecho frente a una pandilla de asesinos. Al contrario, se diría que la losa de los GAL se ha transformado en un freudiano sentimiento de culpa, que obliga a los de Ferraz a dirigirse a los terroristas en condiciones de igualdad, y muy dispuestos a negociar la paz a cualquier precio.


Algunos pretenden lavar su historia más negra en el blanco sudario de las víctimas. Ayer mismo, en el Senado, el presidente del Gobierno volvió a acusar al PP de no mostrar un apoyo incondicional a la política antiterrorista del Gobierno, y todo apunta a que al ver su proyecto y su imagen deshechos en la pavorosa realidad económica y social haya rescatado su proyecto más mesiánico, el de convertirse de nuevo en el hombre de la paz frente a los terroristas de ETA.

Cada día son más los indicios que señalan que los contactos entre el zapaterismo y la banda se están retomando. Dentro de estas coordenadas se engloba la noticia que ofrece hoy LA GACETA sobre la retirada de escoltas en el País Vasco, que nadie creerá que se fundamenta en el ahorro de dinero público. Es evidente que para desarrollar políticas de austeridad hay muchos gastos que recortar antes que suprimir esta eficaz medida de seguridad. Durante años, centenares de cargos públicos se han habituado a vivir con una sombra armada en los talones, con todo lo desagradable que eso tiene, pero es que la amenaza permanente de ETA lo exige. Muchos de los protegidos no son políticos profesionales, sino personas de a pie –administrativos, médicos, comerciantes– gente que lleva protección porque compagina su labor profesional con el sillón de concejal. Incluso se ha dado el caso en el que unos escoltas tenían que proteger a un vigilante de seguridad, valeroso edil en un pequeño pueblo, o a un controlador de parquímetros que hacía su ronda con dos tipos cubriéndole la espalda. Todos estos objetivos potenciales de ETA quedarán a merced de los asesinos cuando se les retire la escolta, y es lógico pensar que el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco no suprimirían la protección sin poder garantizar la seguridad de estas personas.

Sin embargo, sorprende la terrible amnesia de un Ejecutivo tan obsesionado con la Memoria Histórica. No se ha recordado lo suficiente aquel discurso de Zapatero, optimista hasta lo pueril, en la víspera del gran atentado de Barajas, que causó dos muertos y se llevó por delante un edificio entero, probablemente una de las acciones más poderosas de la historia de ETA. Todavía nadie ha asumido la responsabilidad de aquel desastre. Incluso aceptando que las conversaciones que se llevaban a cabo mientras los etarras cargaban la furgoneta estuviesen alimentadas de auténtica buena fe, (cosa más que dudosa a la vista del Faisán), alguien tendría que haberse marchado a casa, por puro bochorno. No pasó nada. Los únicos que pagaron los errores fueron los inmigrantes que quedaron sepultados en el aparcamiento de la T-4. Quizá por esto, porque la irresponsabilidad les salió gratis, se animan ahora a revivir el despropósito de la negociación.

Un año después en la consulta número 5

La muerte de la médico conmocionó a la Región pero no fue un punto de inflexión; al contrario, los ataques físicos han subido un 18% El asesinato de la doctora Moreno marcó a la sanidad murciana, que sigue sufriendo agresiones
Los pacientes aprovechan la espera frente a la puerta del médico para ponerse al día. Charlan de aquello que les duele y les ha llevado hasta ahí -ese catarro que no hay forma de que se vaya, esos huesos que no perdonan-, de lo caro que está todo, de los hijos, del fin de semana. Frente a la consulta número 5 del centro de salud de Moratalla es todo tan cotidiano, tan agradablemente rutinario, que el recuerdo de lo que aquí ocurrió hace ahora un año adquiere una sensación de irrealidad, de absurdo. Pero una placa recuerda que la joven doctora María Eugenia Moreno, de 35 años, fue asesinada a tiros el 11 de marzo de 2009 en este lugar.


La tragedia está grabada en la memoria de quienes fueron sus pacientes y aguardan ahora a la nueva doctora. «La recuerdo perfectamente, bajita, dulce, con una sonrisa», cuenta Juana Vaquero. No sólo conoció a la víctima. También a su verdugo, Pedro Navarro, de 74 años, un taxista jubilado que disparó contra la médico y contra un conductor de ambulancias, Juan Antonio Moya, que logró salvar su vida. «Pedro era una persona solitaria, casi no hablaba con nadie. Pero era vecino de mi padre y con él si charlaba algo más. Era reservado y taciturno, pero hasta ese momento no había dado muestras de violencia».

El asesinato de Moreno conmocionó a Moratalla y a toda la Región. Fue un revulsivo, un 'shock' que elevó a categoría de tragedia el problema siempre latente de las agresiones al personal sanitario. Los profesionales y los sindicatos exigieron medidas urgentes, y la Consejería prometió su cumplimiento. Se instalaron más cámaras de seguridad, más timbres antipánico. Se intentó concienciar a la sociedad con campañas y mensajes. Pero no hubo punto de inflexión, un antes y después. Al contrario, el balance de 2009 arroja un incremento de las agresiones del 16% y, lo que es más grave, en el caso concreto de los ataques físicos el incremento es del 18%.

288 agresiones

En términos cuantitativos, se produjeron 288 agresiones, de las que 60 (el 8%) fueron físicas. Son datos del informe anual del Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Murciano de Salud. Uno de los últimos incidentes se produjo la semana pasada en el hospital de Caravaca. Un paciente amenazó a un médico y tuvo que ser expulsado por un vigilante de seguridad. Según diversas fuentes, el atacante llevaba una navaja que finalmente no usó, aunque Sanidad no ha podido confirmar este aspecto.

Aunque parezca increíble, a algunos el asesinato de María Eugenia Moreno no les sensibilizó lo más mínimo. En Moratalla, por desgracia, lo saben. Hace poco, un paciente que llevaba más tiempo del que deseaba esperando entrar a la consulta le espetó a una médico residente: «Lo raro es que sólo pasen las cosas que pasan». Nuevamente, la insultada era una mujer. Los datos de 2009 demuestran que el 61,83% de las víctimas en Atención Primaria y el 71,3% en hospitales son mujeres. «Hay que tener en cuenta que ellas representan ya la mayoría de trabajadores de la sanidad murciana, pero pese a ello no hay duda de que sufren más este problema», explica la enfermera Mari Paz Rodríguez, que coordina el Plan de Agresiones junto al médico José Gómez.

Los dos forman un equipo que se encarga de acompañar y asesorar a todos los profesionales que sufren agresiones. También hablan con los agresores. En algunos casos, cuando no hay denuncia judicial por medio, tratan de hacer una especie de mediación que en muchas ocasiones da resultado. «El 52% de los agresores ha pedido disculpas», explican. Pero hablar con quienes vejan y atacan a los sanitarios tiene un interés extra: supone conocer qué mecanismos les llevaron a actuar así y cuáles son las causas de la agresión. «El primer motivo son los incumplimientos de las reglas del centro. Por ejemplo, acudir a su cita a tiempo». En segundo lugar, la exigencia de pruebas complementarias. «Mucha gente acude al médico creyendo que ya sabe lo que tiene porque lo ha leído en Internet», advierte Mari Paz Rodríguez.

La mayoría de agresores se sitúan en las franjas de edad de entre 25 y 35 años y de 60 a 75 años, y crece el número de mujeres denunciadas. Ellas provocan ya más incidentes en los hospitales que los hombres.

Urbanismo se queda sin seguridad por impagos

La Gerencia de Urbanismo se quedará esta semana sin vigilante de seguridad. La empresa que presta el servicio no aguanta más y ha decidido abandonar la concesión ante la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Jaén con ella. Provibe tampoco seguirá en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.


No hay más margen de espera. Los mensajes de auxilio lanzados por Provibe no han sido recogidos por la Administración municipal. Su propietario, Ramón Rodríguez, no encuentra más salida a su crítica situación que prescindir del vigilante que, hasta ahora, ha prestado servicio en la Gerencia de Urbanismo, al que le adeuda las tres últimas mensualidades. Pero, por desgracia, para Ramón Rodríguez, no será el último de sus trabajadores que engrosará las listas del paro, ya que seguirán el mismo camino los vigilantes del Nuevo Teatro Infanta Leonor. El Patronato de Cultura mantiene una deuda con Provibe superior a los trescientos mil euros desde diciembre de 2008. En esta cantidad, además de los servicios propios de seguridad del teatro, se incluye las facturas de las cámaras de videovigilancia que la sociedad de Ramón Rodríguez instaló como mejora del servicio, pero por las que no ha percibido todavía ni un euro.

La empresa Besser Sport Urban pasa por un trance similar al de Provibe y a la ciento de pequeños de proveedores del Ayuntamiento. El Patronato de Deportes tiene facturas pendientes con ella desde 2005. Le debe en total 206.000 euros por diferentes servicios, entre los que se encuentra la campaña escolar de natación de los tres últimos ejercicios. Su situación es tan dramática que, al igual que Provibe, habla de despidos para mantener la actividad. Es tal el desánimo de los proveedores con las autoridades municipales que se plantean constituirse en una plataforma para negociar con el Ayuntamiento el pago de las deudas. Javier Esturillo /Jaén

La Fiscalía pedirá prisión para todo el que agreda a un profesional sanitario

La consejera de Sanidad y el fiscal superior de la Comunidad han firma un convenio para agilizar la tramitación de denuncias por agresiones a profesionales sanitarios
La Fiscalía pedirá prisión para todo el que agreda a un profesional sanitario. Éste es uno de los compromisos que se deducen del convenio que han firmado hoy la consejera de Sanidad y Consumo, María Ángeles Palacios, y el fiscal superior de Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal para agilizar la tramitación de denuncias sobre agresiones a profesionales sanitarios que trabajen en el Servicio Murciano de Salud (SMS). El convenio, que tendrá vigencia hasta 2013 y será renovable cada dos años, establece cauces de comunicación y protocolos específicos de actuación en agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios. Esta iniciativa se traduce en que un fiscal se ocupará de tramitar, controlar y dar prioridad a todas las denuncias interpuestas por agresiones a estos profesionales. Además, la Fiscalía se ha comprometido a calificar estas acciones como delitos de 'atentando contra funcionario público' -en el caso de las físicas-, y no como faltas, tal y como ocurría hasta ahora, lo que implicaría la petición de penas de cárcel para estos ilícitos.


Palacios describió el nuevo convenio como “un paso importante” en la lucha contra las agresiones a profesionales sanitarios, y explicó que “pretende coordinar esfuerzos para combatir y, en la medida de lo posible, disminuir y evitar las agresiones contra el personal sanitario”. La responsable de Sanidad destacó que “contar con el respaldo de la Justicia es esencial para establecer unos límites necesarios en la relación entre médicos y pacientes”.

Es un convenio “sin precedentes” que mejorará ostensiblemente la investigación y la persecución de las agresiones al personal sanitario, al asegurar el castigo en el ámbito penal gracias a la colaboración y comunicación entre las instituciones. La consejera subrayó que el convenio no sólo promoverá una mayor eficacia y agilidad en la indagación y represión de las infracciones penales en materia de agresiones, “también se trata de proteger el prestigio de nuestros valiosos profesionales sanitarios, médicos y enfermeros”.

La consejera recordó que mañana se cumple un año desde el “horrible asesinato” de la doctora María Eugenia Moreno en el Centro de Salud de Moratalla, y adelantó que “durante la jornada de mañana los profesionales homenajearán a la doctora guardando cinco minutos de silencio”. “Todos nos sumaremos a este merecido recuerdo, que permanecerá siempre como acicate para nuestro trabajo diario”, añadió.

Plan de Agresiones del Servicio Murciano de Salud

Palacios englobó la firma de este convenio dentro del trabajo que se realiza desde hace años en la Región para evitar agresiones y perseguir a los infractores. La consejera insistió en que “la lucha contra las agresiones precisa de un enfoque multifactorial, como el planteado en nuestro Plan de Agresiones a Profesionales Sanitarios, en el que seguiremos avanzando, ahora con más fuerza gracias a este convenio”.

El Plan de Prevención de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia mantiene la elaboración constante de un mapa de riesgos, dinámico y actualizado que sirva como instrumento orientador para la adopción de las medidas necesarias de prevención. Por ello, existe una comisión de seguimiento del plan, que se reúne trimestralmente, y que ayer celebró su última sesión informativa.

Desde la puesta en marcha del registro informático de agresiones en 2006, se han comunicado 907 registros, con un total de 1069 profesionales agredidos. En 2009 se observa que persiste el aumento en la comunicación de agresiones, posiblemente debido al aumento de concienciación del personal sanitario al respecto y a una mayor divulgación del plan de prevención, al pasar de 242 agresiones en 2008 (107 en Hospitalaria y 135 en Primaria), a 288 en 2009 (133 en Hospitalaria y 155 en Primaria).

El último informe de la comisión de seguimiento del plan detalla que las categorías profesionales con el mayor número de comunicaciones de agresiones son Enfermería en Atención Hospitalaria, con un 39 por ciento de los casos, y Médicos en Atención Primaria con un 45 por ciento. Las formas de agresión más frecuentes son los gritos, insultos y las amenazas verbales. La agresión física, aunque es menos frecuente, ha aumentado sobre todo en Atención Primaria pasando de 9 casos en el 2008 a 21 casos en 2009.

Palacios mostró su preocupación por las agresiones, y a la vez recalcó como positivo que cada año se produzcan más comunicaciones, algo que “demuestra que la implantación del plan sigue aumentando”. Para la consejera “es importante tener en cuenta que en un año se llevan a cabo en nuestros centros más de veinte millones de actos médicos. Sólo en Atención Primaria se realizaron más de 14 millones de consultas entre Medicina y Enfermería, por lo que estamos hablando de un índice de agresiones por cada consulta que resulta ínfimo, aunque no por ello deja de ser preocupante”.

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad han aumentado un 10,6 por ciento en el último año. En los últimos cinco años los centros sanitarios públicos han pasado de contar con 11 vigilantes de seguridad a 140 en la actualidad, cinco más que el año pasado. Además, en sólo un año se ha pasado de 31 centros con botón antipánico a 101 este año y de 330 cámaras de seguridad en 2009 a 417 en 2010.