Servicios de vigilancia en depósitos de explosivos

En contestación a un escrito remitido, al que se adjunta denuncia formulada por la empresa “XX” contra la empresa “YY”, relativa a la prestación de servicios de vigilancia por parte de esta última, en depósitos de explosivos de titularidad ajena, actividad que, según el escrito, sólo puede ser desarrollada por empresas que estén autorizadas para la actividad de protección de bienes, esta Unidad Central de Seguridad Privada pone de manifiesto lo siguiente:

En el artículo 5.1 de la Ley de Seguridad Privada y en concordancia con el artículo 1.1 del Reglamento que la desarrollan, se relacionan las actividades y servicios que únicamente podrán ser desarrollados por empresas de seguridad.

Se enumerando en el apartado a) del artículo 1.1 la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones; en el apartado c) el depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras; y el apartado d) el transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior, a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el Ministerio del Interior...,El apartado 2 de este mismo artículo, incluye dentro de las actividades descritas en los párrafos c) y d) la custodia, los transportes y la distribución de explosivos, sin perjuicio de las actividades propias de las empresas fabricantes, comercializadoras y consumidoras de dichos productos.
En relación con lo anterior, y si bien no se menciona expresamente la actividad de "depósito", debe entenderse que se trata de una omisión involuntaria, teniendo en cuenta que el propio apartado c), al que remite, habla de depósito de objetos peligrosos, y que la Orden de 23 de abril de 1997, sobre empresas de seguridad, regula pormenorizadamente los requisitos que deben reunir los depósitos de explosivos de las empresas de seguridad registradas y autorizadas para la prestación de este tipo de servicios.

De la legislación anteriormente expuesta, y como respuesta concreta a la denuncia planteada, y siguiendo el criterio de la Secretaría General Técnica, al cual se alude en el escrito, y que no concuerda con la interpretación que del mismo hace la empresa
“XX”, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.
Si se trata de custodiar un depósito comercial de explosivos cuya titularidad no pertenezca a una empresa de seguridad, la vigilancia del mismo podrá realizarse (no dice que deberá) por empresas de seguridad que estén autorizadas solamente para la actividad de vigilancia y protección (Art. 5.1. a) de la Ley 23/1992, y el artículo 1.1.a) del Reglamento de Seguridad Privada), mediante la utilización de vigilantes de seguridad con la especialidad de explosivos, sin perjuicio de que puedan estarlo también para otra u otras actividades., en cuyo caso no es necesario que la empresa de seguridad que vaya a prestar dicho servicio posea además, autorización para la actividad de depósito y custodia.
2.
Si la empresa de seguridad está autorizada para la actividad de depósito y custodia, y es contratada para realizar un servicio en un depósito comercial o de consumo, la propia actividad de depósito y custodia incluye también la de vigilancia.
3.
Por último, sólo se requerirá autorización para el ejercicio de las actividades previstas en los artículos 5.1.c) de la Ley 23/1992 y 1.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada (depósito, custodia, etc.), cuando los explosivos vayan a ser custodiados en los depósitos propios de la empresa de seguridad.Por todo lo anterior, en principio las actividades realizadas por la empresa “YY”, no serían constitutivas de infracción administrativa, toda vez que la misma está inscrita y autorizada para las actividades de depósito y custodia, además de la de transporte y distribución.

Sergio Ramos, año y medio en la picota

Fue el primer fichaje nacional de Florentino, pero ven un estancamiento en la progesión de su fútbol
Sergio Ramos fue el único fichaje nacional de Florentino Pérez en su primera etapa como presidente madridista. Una joya en bruto que llegó al equipo blanco el 1 de septiembre de 2006 tras pagar 27 millones de euros al Sevilla y asegurarse un contrato de ocho temporadas. Sin embargo, esa joya no ha acabado de pulirse y las dudas sobre su rendimiento aparecen cada dos por tres. René, hermano y representante del jugador, estuvo hace unos días en el Santiago Bernabéu a instancias del club para conocer de primera mano el estado físico y anímico del lateral internacional. Y es que existe preocupación por el estancamiento deportivo del defensa sevillano.

Florentino Pérez y Jorge Valdano tienen plena confianza en Sergio Ramos, aunque son conscientes de que su rendimiento deportivo no ha seguido la progresión esperada. Pellegrini ha manifestado que seguirá utilizándolo de lateral argumentando que así aprovecha “su imponente condición física”. Sin embargo, la última temporada del sevillano ha provocado roces con sus compañeros y con la entidad.

Ramos disputó muchos encuentros lesionado que le obligaron a jugar infiltrado. Su rendimiento no llegó a dar el nivel esperado y acumuló tarjetas y expulsiones hasta que todo explotó en el Ono Estadi. El defensa mostró su disgusto por haberse sentido solo y no notar el respaldo del club tras aquella expulsión que llegó por una segunda tarjeta amarilla que luego los Comités le quitaron, al tiempo que reconoció haber atravesado un mal momento debido al cansancio y quizá por las consecuencias de haber jugado infiltrado en varios partidos. Aquel episodio motivó un claro divorcio con Ramón Calderón y su junta, que siguieron dándole largas para la ampliación de contrato que le prometieron, pero cada vez que se acercaba el momento de hacer realidad el nuevo contrato ponían excusas siendo emplazado para más adelante. Una renovación vitalicia que no llegó porque Ramón Calderón no quiso volver a ser el centro de las críticas tras inventarse esta estrategia para dar gusto a las vacas sagradas del vestuario como Raúl, Casillas y Guti, entre otros.

Pero su bajo rendimiento esta temporada también ha sido motivo de quejas de algunos compañeros, porque en esa posición de lateral les dejaba vendidos con sus constante y estériles subidas al ataque. Un rendimiento y unos roces que los nuevos dirigentes quieren atajar. De ahí la llamada a su representante, al que transmitieron que esperan máxima concentración, implicación y dedicación del jugador. Que confían en sus posibilidades y que cuando llegue el momento abordarán su renovación.

Desde un detective a irse a los toros

A principios de temporada el club estudió la posibilidad de contratar a un detective privado para vigilar que su vida privada no perjudicaba a su rendimiento en el campo. Las últimas dudas sobre su implicación fueron cuando en el descanso del encuentro ante el Valladolid en el Bernabéu, el jugador abandonó el campo en el descanso para irse a los toros.

Los Mossos ya tienen más de 15.000 agentes tras graduarse la XXII promoción

* Es la primera tras el despliegue del Cuerpo en Catalunya.
* Montilla los elogió, pese a "la crítica legítima de un caso puntual".
El Cuerpo de Mossos d'Esquadra ya cuenta con 15.096 agentes, después de la graduación de la XXII promoción del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) en Mollet del Vallès (945 mossos y 691 policías locales), la primera tras el despliegue del Cuerpo en toda Catalunya.
Durante el acto de promoción, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha elogiado a la policía catalana, "que cuenta con el total apoyo del Govern", ya que "la crítica legítima de un caso puntual" (como el juicio a varios agentes por presuntos maltratos a un detenido en la comisaría de Les Corts, entre otros casos), "no podrá esconder el respeto y reconocimiento" de la ciudadanía a los Mossos.

Las medidas sobre reestructuración bancaria deben contar con el Diálogo Social

UGT considera que el Real Decreto Ley sobre Reestructuración Bancaria, previsto aprobar hoy en Consejo de Ministros, es una de las medidas económicas de mayor calado político de esta legislatura, ya que facilita el camino hacia una nueva ordenación mapa financiero y por ello debe formar parte del Diálogo Social. El sindicato, que valora el objetivo de fortalecer el sistema financiero, considera que es urgente su aplicación y reclama vigilancia para evitar que se abra la vía a la privatización de las Cajas de Ahorro en las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como la participación sindical en todo el proceso, entre otras cuestiones por las repercusiones que dichas intervenciones pueden tener sobre el empleo.

El Real Decreto Ley, que en su elaboración adolece de falta de diálogo con las organizaciones sindicales, contiene una serie de medidas que implementan las herramientas que ya están en marcha para proporcionar liquidez a las entidades financieras y restaurar el flujo de crédito a familias y empresas. Tras la reunión de los Estados miembros de la UE, en noviembre del pasado año, en España se constituyó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, dotado inicialmente con 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones de euros, al que han recurrido más de 50 bancos y Cajas por un total de 19.300 millones de euros, y se habilitó el aval a entidades ante la emisión de deuda para dotar a las entidades de un mecanismo para reforzar sus emisión de deuda a medio plazo, reforzar la calidad del crédito y mejorar el acceso a los créditos mayoristas de bancos y cajas de ahorro. Ambas medidas pretendían proporcionar más liquidez a bancos y Cajas para reanudar su actividad con normalidad. Sin embargo no parece que hayan cumplido plenamente el objetivo de dar mayor fluidez de crédito al mercado.

España cuenta con 286 entidades financieras, 159 bancos, 46 cajas de ahorro y 81 cooperativas de crédito, que emplean a 270. 855 trabajadores (según un informe elaborado por UGT sobre el sistema financiero español). Todas han visto depreciarse sus activos, teniendo que asumir pérdidas en sus activos cada vez mayores (16.193 millones en 2008, casi un 75% más que el pasado año), ver aumentar la morosidad (la tasa de marzo se situó en el 4,27%) y reducirse el beneficio, que aunque siguen siendo elevados han pasado de 29.230 millones de euros en 2007 a 20.332 millones el pasado año (antes de 2005 no superaban los 16.000 millones).

Los bancos han apostado más por la externacionalización, mientras que las cajas lo han hecho por la construcción, el sector más castigado por la crisis. El sistema bancario español muestra un exceso de capacidad que puede hacer peligrar la viabilidad de algún banco, cooperativa de crédito y sobre todo de alguna caja de ahorros. UGT considera que pueden plantearse problemas de solvencia de entidades financieras, es decir dificultades para satisfacer los pagos que tengan fijados para el corto o medio plazo que pueden poner en peligro la viabilidad futura de alguna entidad. Por eso, UGT comparte la necesidad de garantizar cuanto antes la estabilidad del sistema, aunque hasta ahora, salvo la intervención en Caja Castilla-La Mancha no se ha registrado ningún otro ‘sobresalto’.

El Real Decreto establece una serie de medidas, que deben ponerse en marcha con carácter urgente, para incrementar la fortaleza y la solvencia del sistema financiero, con el objetivo de salvaguardar a los acreedores, conseguir una reestructuración que adecúe el sistema financiero y restablecer el flujo de crédito a la economía. Para ello establece la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tendrá carácter transitorio, personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines, y que se dotará de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones de los Fondos de Garantía bancarios, de Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Otorga el control al Banco de España, dejando a los poderes públicos, a las Comunidades Autónomas, al margen de cualquier actuación.

Este instrumento actuará:

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Con carácter voluntario en los procesos de reestructuración de las entidades que así lo requieran, para lo que tendrán que plantear un plan de futuro al Banco de España y el Fondo entrará temporalmente como inversor a través de participaciones preferentes, acciones en el caso de bancos, cuotas participativas en las cajas de ahorro o cuotas sociales si se trata de cooperativas de crédito. Este fondo será el único que tendrá derechos políticos, además de los órganos de gobierno de cada entidad.

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Intervendrá obligatoriamente en entidades con problemas de solvencia, donde se aplicará la Ley de Intervención y Disciplina Bancaria. En ese caso se cambiará a todos los miembros del gobierno de la entidad y tomaría el control el Banco de España, quedando las Comunidades Autónomas al margen.

El modelo pretende resolver dos problemas que se habían constatado tras la intervención de la Caja Castilla-La Mancha: la insuficiencia de recursos de los actuales fondos y poder dar entrada a terceros en estas entidades porque no es posible subastar una entidad de ahorros, como se hizo en su día con Banesto, ya que en las Cajas no hay acciones con voto, se llaman cuotas participativas que no tienen derechos políticos.

UGT advirtió del peligro de otorgar este derecho, ya que implicaba un cambio radical de la naturaleza jurídica de estas entidades de ahorro y daría el primer y fundamental paso para su privatización o bien para articular un cambio de modelo en la representación de los órganos de gobierno de las mismas, favoreciendo la entrada en ellos de sectores privados y/o públicos en el mejor de los casos, desnaturalizando el origen y finalidad que estas entidades tienen.

Para UGT es necesario:

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Incorporar su contenido al Diálogo Social, ya que es una de las medidas económicas de mayor calado político de esta legislatura

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Vigilar que, en el proceso de actuación del FROB, no se abra la vía a la privatización de las Cajas de Ahorro

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Mantener la supresión del derecho a voto de las cuotas participativas y consecuentemente su representación en los órganos de gobierno para evitar la privatización diferida y encubierta de estas entidades. Restarle valor político no va en detrimento de su valor como elemento de financiación y para la obtención de recursos

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No dejar sólo en manos del Banco de España el control del Fondo, y que la Comisión designe una representación del Ministerio de Economía porque es un tema clave para la sociedad y se nutre de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

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Mantener la participación social en el Consejo de Administración de las Cajas

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Participación sindical en todo el proceso sobre las actuaciones del FROB

Sicur 2010, en marcha

Sicur, Salón Internacional de la Seguridad, ha comenzado los preparativos para la celebración de su décimo séptima edición que, organizada por Ifema, tendrá lugar del 2 al 5 de marzo de 2010.

A nueve meses vista de su celebración, tras un reajuste de fechas que sitúan a Sicur en la primera semana de marzo, las previsiones para esta próxima convocatoria son optimistas. El decidido apoyo de la industria a la feria, así como el positivo balance de resultados de la pasada edición, en la que se registró una cifra récord de visitantes, con la asistencia de 39.755 profesionales, y la mayor participación empresarial de toda su trayectoria con la presencia de 737 expositores directos, reafirman la posición de Sicur como uno de los salones de referencia en seguridad en el contexto internacional.

La feria contará, una vez más, con el respaldo y participación activa de las principales asociaciones que representan a los diferentes sectores que configuran la oferta de Sicur. Entre ellas, AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad, que ostenta la Presidencia del Comité Organizador; así como Aproser, Asociación de Compañías Privadas de Servicios de seguridad; Asepal, Asociación de Empresas de Equipos de Protección Laboral, y Tecnifuego/Aespi, Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios, que ocupan las tres vicepresidencias del Comité.

Sicur ha informado que, sensible a la actual coyuntura económica, ofrecerá condiciones de participación especialmente ventajosas a los clientes que anticipen su compromiso de participación y un esquema general de tarifas muy competitivo, que busca facilitar en lo posible la presencia de las empresas en la feria.

El contenido de Sicur se articulará en torno a tres áreas monográficas en representación de los tres grandes sectores de la feria: Sicur Prolabor, la marca que comprende la oferta en prevención de riesgos laborales; seguridad contra incendios, y security - seguridad contra intrusión, robo y agresión.

Por otra parte y en su visión integral de la seguridad, Sicur tiene como objetivo dar otro paso adelante en el desarrollo del sector security, favoreciendo el encuentro de la seguridad pública y privada dentro de la feria.

De esta manera, la próxima edición de Sicur se perfila como el punto de encuentro con la innovación, el foro donde conocer las últimas propuestas y soluciones en seguridad en todas sus perspectivas y el lugar de contacto con todos los agentes del mercado. Una feria que bajo un enfoque integral acercará al profesional a una oferta en permanente evolución avalada por un sector sólido, competitivo y comprometido con la sociedad.

El 'Giner de los Ríos' será demolido este año para construir la Ciudad de la Justicia

El derribo se realizará antes de Navidad y acabará con los problemas de vandalismo que sufre el edificio en la actualidad pese a la vigilancia privada
El Ministerio derribará el Giner de los Ríos para construir la nueva Ciudad de la Justicia. La decisión la anunciará en Albacete el próximo 8 de julio la subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, Marta García Nart, y el arquitecto titular del mismo departamento, en una visita que realizarán para presentar el nuevo proyecto tanto al Ayuntamiento como al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Tal y como explicó a este diario el gerente territorial de Justicia, Luis Miguel Fresneda, ese día se anunciará la demolición total del edificio del antiguo Giner de los Ríos, donde se ubicará las nuevas dependencias de los juzgados albaceteños ya que no se ajusta a las necesidades ni de espacio ni arquitectónicas de las instituciones judiciales en la capital, y se realizará una presentación preliminar del nuevo proyecto que supondrá la construcción de tres edificios independientes, uno destinado a la sede de los Juzgados Centrales de Albacete, otro para albergar al Instituto de Medicina Legal y un tercero destinado a acoger el Archivo Territorial de Justicia.
Con ello se solucionarían los problemas de espacio que tradicionalmente tiene la justicia en Albacete, ya casi desde la construcción del nuevo edificio a principio de los ochenta, y que hace que los diferentes órganos judiciales estén dispersos por varios puntos de la ciudad.
El objetivo del Ministerio es que los trabajos de demolición del edificio, que data de los años cincuenta, antes de que acabe el año. Con ello se acabarán los problemas de vandalismo que está sufriendo el edificio en los últimos meses y que está ocasionando importantes destrozos.
Contratar vigilancia
Así lo reconoció el gerente territorial de Justicia, que explicó que cuando la Diputación cedió el edificio al Ministerio, cesó la vigilancia privada que tenía contratada la institución provincial. Por ello, la propia Gerencia tuvo que solicitar una partida para la contratación de la vigilancia privada que realiza una «cobertura dinámica» que se complementar con la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, tal y como explicó el propio gerente. Pero la vigilancia no ha frenado el problema, «aunque lo ha paliado bastante». No obstante, Fresneda reconoció que la vigilancia del edificio «no es fácil» debido a «sus grandes dimensiones», aunque explicó que dentro no hay mobiliario que puedan robar «más allá de alguna puerta». Pero la Policía recibe denuncias casi a diario de actos vandálicos e incluso han llegado a incautarse varios objetos a un chatarrero de Albacete aunque en su mayor parte eran tapas de alcantarilla, puertas o tubos que se habían llevado los vándalos del edificio. Pero estos hechos tampoco preocupan en exceso a Justicia «ya que el edificio está predestinado a la demolición».
Tras el derribo del actual edificio, se pretende que las obras puedan comenzar a finales del 2010 «una vez que se haya superado toda la tramitación administrativa que es de inexorable cumplimiento».
Con el derribo quedará limpia una parcela de unos 34.000 metros cuadrados para las nuevas dotaciones judiciales de Albacete, que el Ministerio de Justicia valoró en cerca de 15 millones de euros, tal y como se contempla en las partidas plurianuales establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.

El tramo berciano del Camino de Santiago, en el 'III Plan Autonómico de Seguridad en Zonas Turísticas y Comerciales' de la provincia

Además de León, Astorga, Ponferrada, Las Médulas y San Isidro. Estará operativo del 1 de julio al 31 de agosto. Este programa supone un refuerzo para garantizar la seguridad en las zonas que experimentan un aumento de población en la época estival.
Desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, en colaboración con las policías locales y con la seguridad privada, incrementarán su presencia y la vigilancia en las zonas turísticas y comerciales, según el plan aprobado por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El Plan de Seguridad en Zonas Turísticas y Comerciales, que responde al objetivo genérico marcado por el Ministerio de Interior de entender la prevención como "la mejor garantía de la seguridad", se pone en marcha en los meses en que se acentúa la concentración de gente en los parajes y lugares de interés turístico, zonas monumentales o enclaves comerciales de la Comunidad, que cada año registra un mayor número de visitantes que se inclinan por el turismo de interior.

Los objetivos de este Plan pretenden conseguir un incremento de los niveles de presencia y prevención policial que conlleven una mayor seguridad subjetiva, tanto de los ciudadanos de la propia provincia como de los visitantes.

Ámbito provincial

Los puntos estratégicos establecidos en el Plan para la provincia de León son cuatro núcleos urbanos, León, Astorga, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, a los que se ha añadido otras tres áreas que constituyen enclaves naturales turísticos muy visitados, como son Las Médulas, la Estación Invernal de San Isidro, y el Camino de Santiago a su paso por la Comarca del Bierzo.

El Plan se traduce en un aumento de la presencia policial en las áreas citadas, mediante el incremento de patrullas uniformadas con funciones de vigilancia, asesoramiento en materia de seguridad, prevención y reacción ante la comisión de hechos delictivos.

Otro de los objetivos se dirige a agilizar los tiempos de tramitación de denuncias, acortando los tiempos de espera. En paralelo a la acción disuasoria y preventiva que conlleva la presencia policial, el plan prevé un incremento de los contactos con responsables de hostelería, restauración, comercio, oficinas de turismo, etc, por ser estos profesionales los que están más directamente en relación con la población a la que pretende llegar la iniciativa.

Además, este Plan se refuerza desde hace varios veranos con la organización de Jornadas de Turismo y Seguridad, un instrumento de coordinación con los hosteleros y profesionales de empresas turísticas y que pretende reforzar los mecanismos de prevención, control y seguridad en los establecimientos que acogen a los turistas.

Otro de los factores a destacar es la colaboración con las policías locales y la seguridad privada, cuerpos policiales con los que ya se han establecido mecanismos y órganos de coordinación y colaboración en materia de seguridad ciudadana, como son las Juntas Locales de Seguridad

El Plan, cuya vigencia se prolongará hasta el próximo 31 de agosto prevé, por ejemplo, la circulación de fotografías, perfiles y modus operando de delincuentes que actúen en esta época y en este tipo de entorno, como rateros o carteristas.

Para difundir y dar a conocer el Plan se editarán folletos informativos que recogerán las principales recomendaciones a los ciudadanos que se difundirán en hoteles, agencias de viajes, instituciones, etc. Podrán encontrarse también en las oficinas del C.N.P. y G.C. y se mantendrán encuentros y entrevistas con asociaciones de empresarios y representantes del sector turístico, así como con representantes institucionales con competencia en dicha materia.

Camino de Santiago

Este año además se ha incluido por primera vez en el Plan el tramo del Camino de Santiago que discurre por la Comarca del Bierzo, al considerar que este trazado es de los más concurridos de la provincia de León.

El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, explicó que esta inclusión pretende establecer una programación de seguridad para el Camino de Santiago que el año que viene, Año Jacobeo, constituirá uno de los objetivos principales de seguridad del Plan Autonómico de Seguridad en Zonas Turísticas y Comerciales.

La zona de acción se centrará en la carretera LE-142 desde PK 36,000 hasta la N-VI PK 432,100 (Alto del Cebreiro) y localidades situadas al paso de ambas vías.

Se intensificara aún más la presencia de patrullas en los itinerarios utilizados por los peregrinos, con especial incidencia en el horario de 6 a 12 horas, y se mantendrá un contacto permanente con los responsables de los albergues de peregrinos y otros establecimientos utilizados por éstos, a fin de tener conocimiento de la mayoría de las incidencias que se puedan registrar.

Las patrullas irán provistas de formularios para recoger denuncias in situ, tanto en español como en otros idiomas de uso común (principalmente inglés y francés), para infracciones delictivas contra el patrimonio y extravío de documentación.

Zonas de Interés Turístico

En León:

- Plaza de San Marcelo y Botines
- C/ Ancha y Barrio Húmedo
- Plaza de la Catedral
- Plaza de San Isidoro
- Plaza de San Marcos
- Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC)

En Ponferrada:

- Plaza de la Encina y aledaños
- Plaza del Ayuntamiento y Arco del Reloj
- Castillo de los Templarios

En Astorga:

- Plaza de Santocildes
- Av. de la Muralla
- Plaza de la Catedral
- Palacio de Gaudí

Zonas de Interés Comercial

En León:

- C/ Ordoño y aledañas
- Establecimiento de El Corté Inglés
- Zona Comercial Espacio León
- Zona Comercial León Plaza

En Ponferrada

- Zona Comercial abierta La Cebra
- Centro Comercial El Rosal

En Astorga:

- Todo el centro de la ciudad incluyendo la zona de interés turístico.

También se vigilarán y controlarán las estaciones de RENFE, FEVE y Autobuses. Se priorizará la asistencia y ayuda a personas necesitadas o que demanden auxilio o colaboración policial y se controlará la estancia de visitantes en hoteles, hostales y pensiones. Así mismo, se establecerá dispositivos de seguridad en grandes eventos, competiciones deportivas, artísticas, culturales, etc.

Resultados 2008

A lo largo del II Plan Autonómico de Seguridad en Zonas Turísticas y Comerciales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron un trabajo positivo, según la valoración realizada este viernes por el Subdelegado del Gobierno, y que se ha saldado con 806 infracciones penales y 50 detenidos.

Francisco Álvarez destacó el gran número de reuniones de coordinación celebradas tanto con policías locales, 41, como con entidades de seguridad privada, 68 en 2008.

Esta labor conjunta posibilitó que en estas zonas se realizaran 4.048 identificaciones y 1.250 controles a vehículos.

En este sentido el Subdelegado del Gobierno en León manifestó que León "es una provincia que disfruta de un buen nivel de seguridad y ésta es una impresión que también manifiestan los numerosos turistas que cada año recorren la provincia".

El personal del Hospital Santa Ana protesta contra la agresión a 5 compañeros

Un hombre entró en el servicio de Urgencias y atacó a varias personas que se encontraban allí
Algo más de medio centenar de trabajadores sanitarios, administrativos y celadores del Hospital Santa Ana de Motril se concentraron ayer ante las puertas del Servicios de Urgencias del centro sanitario para protestar y condenar la agresión que sufrieron dos celadoras, el jefe del servicio de urgencias, un vigilante de seguridad y un agente de la policía nacional, cuando un individuo entró en las urgencias y agredió a todas las personas que encontró a su paso.

Los manifestantes, que permanecieron en completo silencio durante algo más de cinco minutos, portaban carteles en los que se pedía "No Más agresiones".

La directora gerente del Área Sanitaria Granada Sur, Ángela Palacios, indicó que se habían activado el Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz, protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos y que implica tanto apoyo psicológico como asesoramiento jurídico al personal afectado.

Unos vigilantes interceptan a dos carteristas en un centro comercial

El verano provoca que se disparen las alarmas falsas en distintos establecimientos
Vigilantes del centro comercial Carrefour Norte interceptaron a dos presuntas carteristas, las jóvenes P.C.P. y G.C.J., de 21 y 26 años de edad, respectivamente, tras cometer un posible hurto en las citadas instalaciones comerciales sobre las 18:30 del pasado miércoles, según ha podido conocer este medio. Los vigilantes alertaron a la Policía Nacional cuyos agentes identificaron y denunciaron a las dos jóvenes que quedaron emplazadas para la celebración de un juicio rápido por hurto de menor cuantía. La comisaría ya ha resaltado oficialmente en varias ocasiones la importante labor que desarrollan los servicios de seguridad de acreditadas empresas como Carrefour.

Fuentes de la brigada de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía han reportado también que las elevadas temperaturas están provocando que se estén disparando las alarmas de numerosos establecimientos comerciales y de domicilios particulares sin que estos avisos parezcan responder a causas delictivas ya que, indicaron las citadas fuentes, no se está detectando un aumento de los robos con fuerza en unos y otros lugares. También, arguyen esas mismas fuentes, mantenimientos precarios de las alarmas provocan que estos dispositivos salten más de la cuenta.

Sucesos Detenidos cuatro hombres acusados de robar materiales en una obra del AVE tras amenazar al vigilante

VALENCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valencia detuvieron a cuatro hombres, de entre 18 y 44 años, acusados de robar materiales en un tramo de una obra del Tren de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Comunitat Valenciana tras amenazar al vigilante de seguridad con barras de hierro y piedras, según informaron en un comunicado fuentes de Jefatura.

Los detenidos, la mayoría de origen español, fueron detenidos sobre las 14.00 horas, cuando supuestamente se disponían a llevarse el material de la obra, en la calle Jaime March de Valencia, en una furgoneta.

La Policía recibió un aviso que le alertaba del robo y se dirigió al lugar, donde observó a estos cuatro hombres en una furgoneta marca Renault Express, quienes al ver a los agentes se bajaron del vehículo y se dieron a la fuga a la carrera.

Los agentes comprobaron que en el interior de la furgoneta se encontraba diverso material, y averiguaron que momentos antes estos cuatro hombres accedieron a la obra en dos vehículos, en los que cargaron cobre, hierro y demás material. Al ser recriminados por el vigilante, comenzaron a amenazarle con barras de hierro y a lanzarle piedras.

Seguidamente, los agentes dieron una batida por la zona y recibieron en el transcurso de la búsqueda un comunicado de sala 091 en el que alertaba de que los sospechosos podrían haber regresado a la obra.

Inmediatamente, los policías se dirigieron al lugar, donde localizaron a cuatro de los sospechosos en las inmediaciones, por lo que les detuvieron como presuntos autores de un delito de robo con intimidación. Los detenidos, tres de ellos con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial.

Prisión para cuatro jóvenes por comprar con tarjetas de crédito manipuladas

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Sant Boi de Llobregat decretó el ingreso en prisión de cuatro jóvenes pakistaníes acusados de realizar compras en un centro comercial con tarjetas bancarias manipuladas, según informaron hoy los Mossos d'Esquadra.

La policía catalana detuvo a Jasey Nicky S., de 23 años, Sukhdeep T., de 21, Maninder Singh B., de 22, y Harpreet Singh R., de 28, después de que los vigilantes de seguridad de un centro de Sant Boi requirieran su presencia al detectar que intentaban realizar una compra con una tarjeta manipulada.

Los cuatro detenidos se encontraban en una joyería y uno de ellos se interesó por un reloj valorado en 200 euros, entregando a la dependienta su pasaporte y una tarjeta de crédito para pagar.

Pese a que en los dos documentos coincidían los datos, la dependienta observó que en el ticket de pago no concordaban, sospechando que esta tarjeta había sido manipulada.

Cuando abandonaron la tienda, la dependienta avisó a los vigilantes, que iniciaron la búsqueda de los jóvenes, localizando a dos de ellos y, poco después con la colaboración de los Mossos, a los otros dos.

La policía averiguó que habían realizado compras en dos tiendas más, por un valor superior a 700 euros, e inició las gestiones para localizar los aparatos informáticos para manipular las tarjetas.

Los cuatro arrestados se alojaban en dos habitaciones alquiladas en un hotel de Sant Boi, donde encontraron aparatos informáticos para manipular tarjetas, un ordenador portátil, tarjetas bancarias, soportes de plástico en forma de tarjeta y productos comprados con estas tarjetas manipuladas.

El Colegio de Enfermería de Jaén ve "inadmisible" el "alarmante incremento" de agresiones a sanitarios

AÉN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Jaén consideró hoy "inadmisible y alarmante" el incremento de agresiones a profesionales sanitarios que se está produciendo en la provincia "en los últimos tiempos".

Ante esta situación, instó a las administraciones a "tomar cartas" en el asunto y a implantar medidas "realmente protectoras y disuasorias" para los profesionales que ejercen su labor en los centros de salud y hospitales jiennenses, con el objetivo de que no se repitan casos como el recientemente ocurrido en Alcalá la Real, donde una enfermera fue agredida por un usuario, según manifestó en un comunicado.

Para el presidente de la institución colegial, José Francisco Lendínez, las agresiones a los sanitarios "no deben quedar impunes", por lo que animó a todos los profesionales de enfermería a que denuncien cualquier tipo de agresión, tanto física como psicológica.

En este sentido, especificó que más del 80 por ciento de los insultos a profesionales sanitarios no se denuncia. "La lucha contra las agresiones es uno de los objetivos principales de este Colegio, por lo que tenemos a disposición de nuestros colegiados un gabinete jurídico en el que pueden recibir cualquier tipo de asesoramiento al respecto", señaló Lendínez.

Igualmente, informó de que "está empezando a cristalizar una vieja reivindicación" de la profesión como es que este tipo de hechos sean tipificados como delitos y no como faltas. "Aún así queda mucho camino por recorrer como aumentar la seguridad de las enfermeras y enfermeros e implantar medidas disuasorias como la incorporación de vigilantes de seguridad las 24 horas del día, o la presencia en las consultas de timbres que permitan avisar", analizó.

Respecto al caso de la profesional de Alcalá la Real, el Colegio de Enfermería de Jaén adelantó que se personará como acusación particular. Desde la institución colegial mostraron su satisfacción de que la Fiscalía haya calificado el hecho como delito de atentado y no como falta.

Los hechos se produjeron la semana pasada cuando la denunciante, que se encontraba practicándole curas a una paciente, fue agredida verbal y físicamente por otro usuario que se encontraba en la misma sala de curas. Ambos estaban separados por un biombo, el mismo objeto que fue utilizado por el agresor al arrojárselo a la cabeza a la enfermera, que sufrió heridas en la cara.

Interior impide que la huelga de escoltas desproteja a los amenazados por ETA

Prohíbe que los guardaespaldas de Euskadi y Navarra paren
La protesta comienza el martes y Cataluña se sumará el miércoles
El Ministerio del Interior ha dado órdenes tajantes: la huelga indefinida a la que están convocados a partir del martes los 100.000 trabajadores de la seguridad privada de toda España no puede disminuir ni un ápice la protección de las personas amenazadas por ETA ni el blindaje de las «infraestructuras críticas», objetivos de la banda y de otros grupos armados. El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, ha fijado unos servicios mínimos del cien por cien para todos aquellos vigilantes privados que están involucrados en la salvaguarda de «derechos fundamentales como la vida, la libertad ideológica o la seguridad que se ven permanentemente amenazados por la actividad terrorista».
La resolución firmada el 23 de junio por el número dos del Ministerio del Interior, a quien la ley atribuye desde 2002 la facultad de regular la «prestación de servicios esenciales» en los paros de la seguridad privada, apela continuamente a la amenaza terrorista para impedir que los escoltas privados del País Vasco y Navarra secunden la huelga.
Según datos de Interior, en estas dos comunidades hay 1.492 personas escoltadas, 1.168 en Euskadi y 324 en la comunidad foral. De ellas, 1.329 (el 89%) están protegidas por en torno a 2.500 agentes privados, la mitad de los guardaespaldas profesionales que existen en España. Estos vigilantes están pagados por el Gobierno central, que se hace cargo de los gastos de seguridad de 803 amenazados, y por el Ejecutivo de Vitoria, que paga los escoltas a 526 posibles objetivos.
En 2007, últimas cifras disponibles, las dos administraciones se gastaron 170 millones de euros en esta seguridad complementaria para amenazados por ETA, que son, en su inmensa mayoría, dirigentes, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales y concejales socialistas y populares del País Vasco y Navarra.
La Secretaría de Estado de Seguridad explica que «la sociedad en general es víctima del terrorismo», pero «no cabe duda, pues así lo demuestran los atentados perpetrados, que diversos colectivos son más vulnerables a sufrir esta lacra».
El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba recuerda que, para conjurar esta constante amenaza, la Administración central y vasca han tenido que recurrir «a la contratación de servicios de protección de personas mediante empresas de seguridad privada» debido a la «insuficiencia de medios humanos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de estas personas» objetivos de ETA. Y esa protección no puede verse afectada por los huelguistas, sean cuales sean sus reivindicaciones. Tampoco puede disminuir la protección de los puntos estratégicos del país, donde el 75% de los guardias jurados deberá estar de servicio como si fuese un día normal.
Interior apela, de nuevo, al riesgo de atentados contra estas instalaciones en su resolución: «Hay que tener en cuenta que las infraestructuras críticas, como son las de transporte, energía, salud, información, telecomunicaciones, alimentación y finanzas, son posibles blancos de actuaciones de organizaciones terroristas».
El Gobierno recuerda que estos centros, que suman 1.397 puntos neurálgicos por todo el país, están «sometidos a especiales medidas de seguridad, prevención y control por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad», pero que los funcionarios «cuentan con el auxilio y colaboración de los vigilantes».
Seguridad esencial
«La seguridad de estas infraestructuras se considera esencial para el normal desarrollo de la convivencia social», arguye la Administración para restringir, también en este campo, el derecho a huelga de los agentes que protegen: centrales nucleares; plantas petroquímicas; refinerías y depósitos de combustibles; fábricas y almacenes de armas de fuego y explosivos; plantas de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables; servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad, y centrales de alarmas.
El mismo porcentaje, un 75% de servicios mínimos, establece el Ministerio del Interior para los nudos de transportes públicos (puertos, aeropuertos y ferrocarriles) y centros de telecomunicaciones, que también considera como «infraestructuras críticas» para la seguridad del Estado.
La huelga indefinida, que comienza en casi todo el país el 30 de junio -Cataluña se sumará a partir del 1 de julio-, está convocada por el colectivo Alternativa Sindical, que agrupa a siete sindicatos y tres asociaciones del sector. El objetivo del paro es reclamar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y denunciar el intrusismo laboral.

Prosegur adquiere dos grupos peruanos de seguridad por 18 millones de euros

El Grupo Prosegur ha alcanzado un acuerdo para la adquisición en Perú del 100% de Orus y Orus Seguridad Electrónica, empresas especializadas en las áreas de vigilancia y alarmas, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo de compra implica para el grupo de seguridad español una inversión total de 25,6 millones de dólares americanos (aproximadamente 18,5 millones de euros), e incluye la asunción de las deudas financieras de ambas compañías.

Prosegur indicó que con esta adquisición "continúa avanzando en su estrategia de desarrollar todos los servicios de seguridad en los mercados en los que está presente, impulsando de este modo su capacidad para ser el socio estratégico de sus clientes y actor global de seguridad privada".

El negocio de vigilancia de Orus tiene una plantilla de más de 4.400 empleados repartidos en 18 delegaciones a lo largo de todo el país. Por su parte, la actividad de alarmas de Orus Seguridad Electrónica tiene una plantilla de más de 400 trabajadores y cuenta con unas 19.000 conexiones, principalmente residenciales.

El grupo peruano Orus cerró el ejercicio 2008 con una facturación superior a los 146 millones de soles peruanos (unos 34 millones de euros).

Lo no contado sobre la videovigilancia

La Agencia Española para la Protección de Datos celebró en enero de 2009 su 2ª Sesión Anual Abierta, con la presentación de la Guía sobre Videovigilancia. Sin embargo, hay ciertos temas sobre los que la Agencia se ha visto obligada a pasar de puntillas. Y es que la Protección de Datos, en su aplicación más estricta, es un animal salvaje e incontrolado capaz de comerse al más pintado.

¿Sabías que...

...la DGT no debería poder sancionar a nadie por las infracciones captadas por sus cámaras?

La jurisprudencia constitucional prohíbe la valoración de pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales.

La intimidad es un derecho fundamental protegido, entre otras normas, por la LOPD, que exige el cumplimiento de un Deber de Información por parte del Responsable del Fichero al afectado de quien se recaban los datos de carácter personal.

Según la AEPD, la matrícula de un vehículo es un dato de carácter personal toda vez que hace identificable a una persona física.

Ergo… si la DGT no cumple con su Deber de Información con respecto a las cámaras de vigilancia del tráfico, se produce una vulneración del derecho fundamental a la intimidad de las personas y las imágenes tomadas no deberían ser utilizadas como prueba.

… el Responsable del Fichero, aunque no grabe imágenes, está obligado a informar sobre derechos cuyo ejercicio no es posible?

La Instrucción 1/2006 de la AEPD exige que se informe a los afectados de lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, aún cuando no se graben imágenes.

Esto implica que el Responsable del Fichero está obligado a informar a los afectados de unos derechos que en realidad no pueden ejercer, porque no hay fichero.

Además, el Responsable del Fichero que deniegue un derecho por cualquier motivo (por ejemplo, inexistencia de fichero), está obligado a informar al afectado de la posibilidad de recurrir a la tutela de derechos de la Agencia.

… aunque se grabe, los derechos de rectificación, cancelación y oposición son imposibles de ejercitar?

En realidad no es del todo imposible rectificar ni cancelar tu imagen en una grabación, pero se necesitan programas de edición de video muy caros, así como una competencia técnica que no está al alcance de todo el mundo.

Con respecto a la oposición, se podrían utilizar programas de reconocimiento facial con el parámetro de no grabar las caras de las personas que se han opuesto al tratamiento, pero esto sería más propio de una película de Hollywood que de una pyme o comunidad de propietarios española.

… el derecho de acceso en videovigilancia puede llegar a suponer una infracción de la LOPD por cesión de datos?

El Responsable de Fichero que atienda una solicitud de derecho de acceso sobre una grabación de video, seguramente pensará en aportar una captura de video o una simple imagen de la secuencia sin manipular.

Muy probablemente, en la secuencia aparezcan otras personas, lo que implicaría una comunicación de datos sin el consentimiento de estas otras personas.

La comunicación de datos fuera de los casos en los que está permitida es una infracción muy grave de la LOPD, con sanciones entre 300.000 y 600.000 euros.

… el fichero de videovigilancia también está sujeto a la obligación de realización de copias de respaldo y recuperación, al menos semanalmente?

El fichero de videovigilancia, aparte de las obligaciones legales de notificación del fichero, calidad, información y consentimiento, debe cumplir con todas las medidas de seguridad de nivel básico: elaboración de un documento de seguridad, definición de las funciones y obligaciones del personal, registro de las incidencias sufridas, control de acceso a la información por el personal autorizado, identificación y autenticación de dicho personal, identificación y gestión de los soportes… y realización de una copia de seguridad semanal.

¿Para qué una copia de seguridad de unas imágenes que estás obligado a cancelar en un plazo máximo de 30 días? En otras palabras, no hay un plazo mínimo, ni siquiera hay obligación de grabar, pero si se graba hay que hacer una copia de seguridad semanal.

En cualquier caso, ¿qué sentido tiene la imposición de una copia de seguridad semanal en un Reglamento de Desarrollo de una Ley Orgánica que tiene por objeto garantizar y proteger un derecho fundamental de las personas? ¿Quién es la Agencia para sancionar a una empresa temeraria que no quiere hacer copias de seguridad de sus datos?

… un fichero de videovigilancia no debería ser borrado hasta pasados 20 años, o incluso nunca?

La cancelación en el plazo de un mes no implica el borrado, sino el bloqueo del fichero para la atención de las posibles responsabilidades, y sólo durante el plazo de prescripción de éstas.

Al término del Informe 0672/2008, el Gabinete Jurídico de la AEPD se confiesa incapaz de concretar un plazo para la prescripción de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, ya que “en el caso de la videovigilancia habría que tener en cuenta además el supuesto especifico de que la toma de imágenes puede constatar la comisión de un delito o una infracción administrativa que debe ser puesta en conocimiento de una autoridad, debiendo conservarse las imágenes a disposición de ésta.”

Si acudimos al artículo 131 del Código Penal, descubriremos que el plazo máximo de prescripción de los delitos es de 20 años, salvo los delitos de lesa humanidad y genocidio, que no prescriben nunca.

En conclusión… ¿estás seguro de que necesitas una videocámara en tu establecimiento?


Suplemento Temático: Videovigilancia

Suplemento Temático: LOPD

Un millar de pubs y discotecas corren el riesgo de quedarse sin portero que vigile el acceso

272 personas se examinan el domingo para optar a 1.600 puestos Cines y teatros ignoran el decreto que les obliga a contratar porteros
El primer examen para ser portero titulado se celebrará este domingo en el aulario de Informática de la Universidad Politécnica. Y habrá una segunda prueba en diciembre. Pero sólo hay 272 aspirantes en toda la Comunitat, de ellos 178 en Valencia. El decreto del Consell 197/2008 de 5 de diciembre exige que todos los locales públicos donde se vendan entradas o con más de dos puertas de acceso tengan un servicio específico de admisión. O sea, una persona que haya superado las pruebas que le capacitan para estar en la puerta y poner orden si es preciso. Un portero titulado, en definitiva.
Pero estos 272 aspirantes de la primera convocatoria no van a ser suficientes para cubrir las 1.600 plazas que los empresarios del sector de las discotecas y pubs calculan que necesitan para dar cumplimiento a la normativa del Consell. «Son muy pocos», aseguró Juan José Carbonell, de la Asociación Valenciana de Discotecas.
Carbonell explicó que el ocio nocturno que cubre su sector lo forman 239 discotecas y 561 pubs en toda la Comunitat Valenciana, 800 establecimientos en total. La organización empresarial considera que cada local necesita una media de dos porteros titulados. De este modo, los empresarios del ocio nocturno no podrán cubrir unas 1.300 plazas de portero cualificado en casi 700 locales.
Entre las funciones del portero se encuentra la reserva de admisión. Está obligado a regular la entrada en el local, evitarla cuando haya un exceso de aforo o se exceda del horario, no permitir el acceso a los menores y facilitarlo a las personas discapacitadas que cumplan los requisitos.
También debe evitar que se saque bebida a la vía pública, que el espectáculo se realice dentro del local e impedir que entren o instar a abandonar el local a quienes dificulten el desarrollo del espectáculo. «Impedirán el acceso, y en su caso la permanencia, a quienes manifiesten actitudes violentas... los que porten armas... ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia en los términos previstos en el Código Penal», asegura el decreto.
«Los que estén consumiendo drogas o sustancias estupefacientes o muestren síntomas de haberlas consumido, así como los que muestren signos evidentes de estar embriagados» tampoco deben entrar o deben ser invitados a salir del local por el portero.
La medida se adoptó, en principio, para regular el sector de las actividades de ocio y recreativas. Pero la redacción del decreto hizo extensiva la norma a sectores de escasa o nula conflictividad. Los empresarios del sector del espectáculo no se dan por aludidos y esperan ver el desarrollo del decreto o sencillamente no esperan nada porque no saben nada.
Antecedentes
El decreto tiene su origen en un desafortunado suceso a finales del pasado año en Madrid. Un joven de 18 años, Álvaro Ussía Caballero, falleció la madrugada del 15 de noviembre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por la paliza que le propinaron tres porteros de una conocida discoteca. Los servicios médicos hallaron al joven tumbado y seminconsciente en un jardín próximo a 'El balcón de Rosales', pero falleció cuando era trasladado al hospital.
Para evitar hechos tan lamentables e irreparables, la Generalitat se apresuró a articular un decreto que entrará en vigor a finales de este año. Pero el mencionado decreto ha sembrado el desconcierto entre los empresarios.
El hecho es que para el examen del próximo domingo hay sólo 272 inscripciones en toda la Comunitat. La mayor parte de los aspirantes a porteros de esta primera hornada corresponde a gente que trabaja en pubs y discotecas..
Cuando en seis meses el decreto entre en vigor, la Policía Autonómica realizará inspecciones y sancionará a quien lo incumpla, aseguraron ayer fuentes de la Conselleria de Gobernación.

Ruiz Seco da la orden de mantener ‘a raya’ los delitos en la Región

El general Jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha insiste en que «no podemos conformarnos» con la actual tasa de infracciones: «tenemos la obligación de reducirla»
latribunadetoledo.es

Bajo un sol de justicia, el general de brigada Joaquín Eugenio Ruiz Seco tomaba ayer posesión de su nuevo cargo como general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha. Un acto en el que dio su primera orden formal a los agentes, «descansen armas», y dejó clara su primera prioridad: la de mantener ‘a raya’ los delitos en la región. Y es que, si bien la tasa de infracciones penales en la comunidad -33 delitos por cada 1.000 habitantes- está por debajo de la media nacional -47,8- «no podemos conformamos», advirtió.
Una reflexión que también trasladó al ámbito nacional, ya que los delitos no entienden de demarcaciones autonómicas. «La tasa de infracciones penales está 20 puntos por debajo de la media de la UE», pero «hay algunos indicadores y zonas que presentan índices elevados y tenemos la obligación de reducirlos», remarcó.
No obstante, Ruiz Seco valoró la «eficiencia» de la Guardia Civil castellano-manchega, que el año pasado ejecutó 50.500 actuaciones, con un promedio de «138 acciones diarias en beneficio directo de la comunidad».
Por otro lado, avanzó que el camino a seguir por este Cuerpo de Seguridad «está claro» y pasa tanto por mejorar la formación, los medios y las instalaciones de la Benemérita, como por «profundizar en la colaboración con la Policía Nacional, las policías locales, la seguridad privada, las diferentes instancias judiciales y las administraciones».
Durante su alocución, Ruiz Seco también recordó la gran implantación de la Benemérita en la comunidad, que cubre 96,7 por ciento del territorio y da servicio a lo 68 por ciento de su población, además de atender las seguridad vial de más de 19.000 kilómetros de carreteras. En este sentido, renovó el compromiso con la región, donde la Guardia Civil realiza «su trabajo con eficacia desde sus 262 puestos».
Unas palabras que atendieron atentos desde la tribuna de autoridades el jefe del Ejecutivo regional, José María Barreda, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, el delegado de Gobierno en la comunidad, Máximo Díaz Cano y el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.
Velázquez fue el encargado de cerrar el acto de ayer en Toledo, donde valoró la amplía experiencia de Ruiz Seco en la Guardia Civil, cuerpo al que accedió en diciembre de 1975.
En su discurso reflexionó sobre los retos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben mantener el «delicado equilibrio entre lograr cada vez una mayor cuota de libertad, con la conservación de los niveles de seguridad que nos exige una sociedad moderna y democrática».
Asimismo, reiteró que «los riesgos que nos afectan superan fronteras y territorio» por lo que ahondó en la «ineludibles» colaboración entre las diferentes administraciones territoriales.
Velázquez resaltó además que el Ministerio del Interior es «consciente» de que la demanda de la seguridad en una sociedad avanzada no se limita sólo a la seguridad ciudadana y, por ello, se ha hecho un esfuerzo en las plantillas de la Policía y la Benemérita, que han aumentado hasta los 145.000 efectivos, 6.490 en Castilla-La Mancha.
Para reforzar su discurso, citó como ejemplo el incremento del 3 por ciento previsto en la partida de seguridad en los Presupuestos Generales del Estado, «aún en momentos de austeridad».

Emotivo Recuerdo al inspector Puelles.
El recuerdo a la última víctima del la banda terrorista ETA, el inspector de la Brigada de Información de la Policía Nacional, Eduardo Puelles, asesinado la pasada semana en Arrigorriaga, estuvo muy presente en el acto de ayer, bien en los discursos de Ruiz Seco y Velázquez, bien en el emotivo homenaje a los agentes caídos en acto de servicio con el que se cerró la jornada.
«Nadie muere mientras no se le olvide y nosotros no olvidamos al inspector Puelles», concluyó Velázquez.

FOTO CONGRESO OSONA 2009

DE IZQUIERDA A DERECHA:

Josep Alsina, Pepe Alvarez y Luis Martinez

Catarroja pide un crédito para pagar la seguridad privada de los barracones

El PSPV de Catarroja ha reclamado al equipo de gobierno (PP-UV) las facturas por la vigilancia de los colegios Joan XXIII y nº 5, ambos en barracones, para «comprobar este desorbitado y excesivo gasto».
El Ayuntamiento ha pedido un préstamo de 15.500 euros, para pagar la seguridad privada de ambos centros desde diciembre a octubre de 2008. «Sólo en diciembre, la vigilancia del Joan XXIII costó casi 8.000 euros y el colegio nº 5, cerca de 6.000", explican desde el PSPV.
El portavoz del PP, Francisco Guillem, señaló: «Es ilógico criticar la seguridad de los colegios». Además, advierte que en cualquier obra «hay que ocuparse del mantenimiento y es obligación del Ayuntamiento tener los centros en las mejores condiciones».

Agreden a dos celadoras del Hospital Santa Ana de Motril

El individuo también golpeó al jefe de Urgencias, a un vigilante de seguridad y a un agente de la Policía Nacional

EFE Dos celadoras del servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril fueron agredidas en la medianoche del miércoles por un hombre que irrumpió en las instalaciones del centro sanitario y, tras insultarlas, las golpeó sin mediar palabra.

Según informaron fuentes de la Delegación provincial de Salud y del Cuerpo Nacional de Policía de Motril, el supuesto agresor accedió al hospital sobre las 23.00 horas y, tras una discusión con las dos celadoras que estaban de servicio en ese momento, las insultó y golpeó sin mediar palabra.

El individuo, un joven residente en la citada localidad granadina identificado como J.M.A.C., también atacó al jefe del servicio de Urgencias y a un vigilante de seguridad que se hallaban en el lugar de los hechos, así como a uno de los agentes de la Policía Nacional que acudieron al hospital tras ser avisados por el personal sanitario.

El supuesto agresor, que tiene antecedentes penales, se encuentra ahora detenido, después de que ambas celadoras denunciaran los hechos ante la Policía.

Los directivos del área de gestión sanitaria Sur de Granada han activado el ´Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz´, protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos y que implica tanto apoyo psicológico como asesoramiento jurídico al personal afectado.

El citado departamento sanitario y los compañeros de las celadoras agredidas han convocado una concentración en señal de protesta por este suceso a las 11.00 horas de hoy en la puerta del servicio de urgencias del Hospital Santa Ana de Motril.