A éstos había que sumar los retos a los que tendrá que hacer frente la Seguridad Privada en los próximos años, que igualmente requerían un análisis conjunto.
Los días 16 y 17 de junio esa necesidad se atendió en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, gracias a la labor de 18 asociaciones (ACAES, ADSI, AECRA, AEDS, AES, AESPRI, APDPE, APRO SER, ASES, ASEFOSP, ASIS International España, CEUSS, FES, Foro EFITEC, GUAR- DERÍO, SEDS, PROTECTURI, TECNIFUEGOAESPI) y de Seguritecnia, que organizaron el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, que contó asimismo con la participación de ASELF, CC.OO., UGT- FES y FSTP-USO.
Tanto el contenido de las conferencias como la asistencia de 450 profesionales representaron una muestra del interés despertado por este acontecimiento, que cumplió con las expectativas del auditorio.
El Ministerio del Interior mostró su apoyo al Congreso, entre otros gestos, cediendo las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía de Canillas. Igualmente, funcionarios de la Unidad Central de Seguridad Privada colaboraron activamente con el comité organizador.
En el Congreso quedó patente la disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para escuchar las demandas de la Seguridad Privada y conocer de cerca los temas que le preocupan.
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil estuvieron presentes a través de su Director General, Francisco Javier Velázquez, que inauguró el congreso, y de otros representantes de ambos Cuerpos que participaron como ponentes en varios paneles.
Como ocurrió con la primera edición, se espera que el II Congreso Nacional de Seguridad Privada suponga el inicio de un nuevo ciclo para el sector, en el que surjan iniciativas y proyectos de diversa índole que fomenten su desarrollo en nuestro país.
Así lo consideró en la inauguración el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, quien vaticinó: "estoy seguro de que el resultado de estos debates será fructífero para el conjunto de la sociedad española y sentará las bases de un nuevo impulso al sector de la Seguridad Privada en España".
Durante su intervención, destacó varios aspectos que han evolucionado a lo largo de estos años en la Seguridad Privada española.
El principal, el aumento de la colaboración entre el ámbito privado y las FCSE. Para el responsable policial, España está en "uno de los mejores momentos de la buena relación
entre los dos ámbitos [público y privado]", que se pone de manifiesto en el incremento anual de los actos de colaboración: "más de 32.000 entre auxilios e informaciones, sin
contar las aportaciones diarias que el sector presta a las FCSE en materia preventiva e informativa".
Añadió que ese impulso de las relaciones entre Seguridad pública y privada "está contribuyendo decisivamente a alcanzar los buenos resultados obtenidos por nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la positiva valoración que los ciudadanos tienen de los operadores del sector".
Por otro lado, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil se refirió a la "modernización" en la regulación y en la gestión del sector de la Seguridad Privada. En
ese sentido, la mejor muestra para Velázquez son los datos: "84 nuevas empresas inscritas en el año 2010 (lo que significa que en la actualidad hay 1.541 compañías) y 660
centros de formación autorizados, con 253.313 habilitaciones concedidas y una facturación anual de 3.860 millones de euros", informó. En esa línea, mencionó el "importante
esfuerzo en la aprobación de reformas normativas" que se ha llevado a cabo en este tiempo.
"Mucho hemos hecho, pero es más lo que nos queda por hacer", concluyó.
Panel de Colaboración
Dentro del Panel de Colaboración Seguridad Pública y Seguridad Privada, el Comisario General de Seguridad Ciudadana Don José Marín Manzanera, afirmó que la colaboración entre la seguridad pública y la privada trae como resultado final "un beneficio para todos". Y para avanzar en esa relación, el representante del Cuerpo Nacional de Policía apostó por acometer un proceso de cambio basado en tres premisas: trascender el modelo actual de exigencia legal para pasar a un modelo de colaboración profesional y de corresponsabilidad del sector; crear un escenario de puesta en común de los recursos de ambas seguridades para que no sea únicamente la pública la que "aproveche" los de la privada; y establecer una verdadera alianza entre los dos ámbitos de la Seguridad.
En esta línea de actuación se enmarca el "Proyecto Colabora" de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), que fue presentado durante este II Congreso. La iniciativa, que entrará en funcionamiento en el próximo trimestre, según el Comisario General, parte de la idea de que "en Seguridad colaborar siempre suma, por lo que la inversión en colaboración es la más rentable".
El proyecto del CNP se encuentra legitimado por el propio modelo legal español, que concibe la Seguridad Privada como auxiliar y colaboradora de la pública, además de por diferentes planes estratégicos nacionales, como el de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que dispone la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y de conformar espacios de actuación concertada con el sector. Asimismo, está avalado por las buenas prácticas de colaboración que vienen desarrollando durante más de 30 años el CNP y la Seguridad Privada, las cuales se materializaron en el Protocolo de Colaboración de 2007.
"Fijar el modelo futuro de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Seguridad Privada y poner en valor e integrar los recursos de ésta". Éste es, según indicó el Comisario General de Seguridad Ciudadana, el objeto del "Proyecto Colabora", que va a servir para regular las actuaciones de cooperación y establece los programas de trabajo entre el Cuerpo al que representa y el sector privado de la Seguridad para lograr "una colaboración operativa, real y efectiva".
El CNP aspira con esto a convertirse en "el principal referente" en materia de colaboración, tal y como declaró Marín.
Detalló los puntos concretos en los que se articula el proyecto: fija como principios rectores de dicha colaboración la legalidad, la seguridad y la relación; establece los compromisos
que asume el CNP; contempla distintos grados de relación; expresa los objetivos y las líneas de actuación; dispone los niveles y canales de comunicación; y determina la metodología y los programas de trabajo.
En lo que se refiere a este último punto explicó que se han definido distintos programas de trabajo, cada uno de los cuales cuenta con una finalidad específica, destinatarios concretos, procedimientos de actuación diferenciados, instrumentos establecidos y una serie de características comunes.
Respuestas de la UCSP
Tras dar a conocer algunos de los aspectos contenidos en cuatro de las cinco Órdenes Ministeriales, el Comisario Jefe de la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía, Esteban Gándara Trueba, se sometió a varias preguntas elaboradas por las asociaciones organizadoras del evento. Antes, no obstante, aclaró que las nuevas normas tienen un límite que está marcado por la Ley de Seguridad Privada y por su Reglamento de desarrollo.
Se refirió a ello porque, en ese caso, "no era posible pedir algunas cosas a las Órdenes", a pesar de que hubiera consenso entre la Administración y el sector.
Entrando en la materia, la primera pregunta formulada estaba relacionada con la adaptación a las disposiciones en casos concretos.
Por ejemplo, se planteó la existencia de salvedades en la norma cuando la aplicación de elementos físicos de seguridad en la sede de una empresa es "imposible o innecesaria", o en aquellas instalaciones de compañías de Seguridad que solo se utilicen con fines administrativos.
La respuesta, señaló Gándara, se encuentra en la Orden de empresas, en la que se establecen unas medidas de protección físicas, pero que, cuando no es posible su instalación, ofrece también la alternativa de emplear sistemas electrónicos. "Las posibilidades que las Unidades Territoriales van a contemplar son las que establece el artículo 5 de la Orden de empresa", aseguró.
En relación con el caso de las instalaciones que solo se utilicen para realizar trabajos de administración, lamentó que no se previera durante la elaboración de las normas una cláusula que recogiera estos casos; pero, dado que ya están publicadas sí tendrán que cumplirse. Aún así, Gándara meditó la posibilidad de "encontrar una alternativa, que no está en la norma [...], si se acreditase el carácter meramente comercial de la sede".
La siguiente cuestión se refería la dificultad de cumplir la Disposición Adicional 6 Seguridad Privada Octava de la Orden de Medidas, según la cual la aprobación o actualización de una
norma será suficiente para su cumplimiento obligatorio e inmediato. En ese caso, hay profesionales que consideran que esto no es posible, ya que se requiere un tiempo para adaptar sus productos.
El Comisario Jefe de la UCSP recordó que el proceso de elaboración de una norma se prolonga varios años, por lo que el problema se dirime si los profesionales están "atentos" desde el inicio de un proyecto de normalización y si están presentes en los órganos que confeccionan dichas normas. Esta disposición "lo único que trata de hacer es mantener actualizado permanentemente el texto de la norma. Lo contrario supondría que desde que nace la Orden sea caduca", apostilló.
Otra duda estuvo relacionada con la gestión documental digital. Por un lado, se preguntó si para la presentación de libros de registros o contratos por parte de las empresas se estará en lo dispuesto en las leyes referidas al acceso electrónico a los servicios públicos; y por otro, si existen limitaciones para llevar esto a cabo. Con relación al asunto, Gándara contestó que, en base a la Orden Ministerial por la que se creó un registro electrónico en el Cuerpo Nacional de Policía, "mientras que la propia Administración no se adapte a los respectivos procedimientos en formato electrónico se continuará con el procedimiento físico tradicional".
Por otro lado, relacionado con la Orden sobre empresas, se planteó si un vehículo de una empresa autorizada para el transporte de fondos con los medios necesarios puede realizar entregas y recogidas múltiples en distintas rutas de lunes a viernes. Al respecto, el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía manifestó que "siempre en base a lo que indica la norma".
Sobre la Orden de Medidas, se le preguntó si, a la vista de las diferentes iniciativas que ha supuesto la Ley de Economía sostenible en otros ámbitos, se realizará algún esfuerzo formativo para evitar la "arbitrariedad de algunas resoluciones sancionadoras".
En la imposición de sanciones "no cabe la arbitrariedad", puntualizó el Comisario Gándara, puesto que los motivos sancionadores están especificados en la ley. A esto añadió además que "la Policía no sanciona sino que denuncia, y es la autoridad gubernativa la que propone y en su caso dispone la sanción administrativa".
Uno de las últimos asuntos que se trataron en la mesa redonda fue la posibilidad de “devolver” al vigilante de seguridad el carácter de agente de la autoridad, dado que así "se podría interpretar", del artículo 35 de la Orden sobre personal, planteó el moderador.
Esto "podría ocurrir", consideró, pero "sería errónea la conclusión de que se ha recuperado el carácter de agente de seguridad".
La cuestión a la hora de elaborar las normas, según explicó Gándara, era "si se podía mejorar la seguridad jurídica del personal de seguridad". En este caso, lo que pretendía la UCSP a través de dicho artículo fue "incluir en una norma jurídica un principio que hiciese tres cosas: facilitar la aplicación del criterio de la Fiscalía, que el juez encuentre un apoyo normativo y sentar los fundamentos para una futurible modificación de la Ley de Seguridad Privada para proceder a recuperar el carácter de agente de la autoridad".
Tríptic de l'assemblea 
