Los incesantes asaltos en las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana están obligando a algunos vecinos a patrullar las calles para garantizar la seguridad. Ocurre ya en municipios como Barx y Cotes y supone la respuesta a un fenómeno clave: pese a que los robos con fuerza en viviendas alcanzaron en 2010 la cifra más alta de los últimos tres años, la vigilancia privada en urbanizaciones se ha reducido a la mitad con motivo de la crisis.
A los vecinos de Barx, en la Safor, no les basta con la vigilancia policial. Los residentes en la urbanización La Drova están dispuestos a todo para evitar más asaltos y se prestan a vigilar la zona día y noche. Actúan a pie, en vehículos y desde sus casas. Tres personas se encargan de organizar los turnos y las áreas a cubrir.
Esta comisión ha enviado una circular a los vecinos para que colaboren en una acción comunitaria «para el beneficio de todos» y «con la aprobación de la Guardia Civil y el Ayuntamiento». Los requisitos para formar parte son ser mayor de 21 años y residir en Barx.
«Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil están poniendo todos sus medios para evitar los robos, pero no son suficientes para parar los pies a los ladrones y por eso nos hemos ofrecido para complementar las labores de vigilancia», explica Javier, de la Asociación de Vecinos de La Drova.
Sin cable en Cotes
A finales de marzo, unos ladrones se llevaron 400 metros de cable de cobre de las farolas instaladas en una zona de expansión del municipio de Cotes. En esta ocasión fue el alcalde, José Gozálvez, el que patrulló con su coche por las calles para evitar robos en la zona. «Aquí la Policía Local soy yo», llegó a afirmar el primer edil. Gozálvez vigiló desde la ventana de su casa y salió con su coche a dar vueltas en busca de los delincuentes.
En el interior de Castellón, 13 alcaldes de pueblos de l'Alcalaten y Alto Mijares han propuesto crear una policía mancomunada ante la «desprotección» a nivel policial que sufren estos municipios, que a principios de año sufrieron 50 robos en sólo 15 días. Los consistorios no son ajenos a la crisis económica y si el coste económico del proyecto no es asumible por las arcas municipales se plantean la recuperación de los serenos y los alguaciles.
Para comprender estas acciones basta con echar un vistazo a las últimas estadísticas sobre robos facilitadas por el Gobierno. Hay una grave asignatura pendiente: los robos con fuerza en viviendas, con especial incidencia en las zonas de chalés. La tasa de robos ha crecido en los últimos tres años y 2010 su valor fue de 72, es decir 8 puntos más que en 2009.
«La situación socioeconómica explica este aumento», interpretó la delegada del Gobierno, Ana Botella. La crisis. La misma causa que manejan los vigilantes privados para explicar la drástica reducción de sus servicios en las urbanizaciones valencianas. En resumen: más robos, menos dinero, menos vigilancia y un refuerzo de agentes que a las urbanizaciones «parece que no llega», como lamentan los que residen en estas áreas.
«2012 aún será peor»
Según fuentes del sector de seguridad de UGT, «ha bajado hasta la mitad la contratación de vigilantes en las urbanizaciones. El aumento de robos no nos ha salvado de la crisis y 2012 aún será peor». En palabras de Saturnino Javier Martínez, secretario autonómico, «sólo las urbanizaciones más grandes pueden permitirse seguridad privada»
El sindicato considera que las patrullas vecinales «no son una solución y además son ilegales, puesto que las únicas figuras reconocidas para garantizar la seguridad son las fuerzas estatales, locales o autonómicas, o bien los vigilantes de seguridad privada».
Desde UGT advierten que los vecinos que deciden patrullar ante posibles ladrones «no tienen ni preparación ni medios para enfrentarse a un sospechoso en el supuesto caso de que sea violento, lo que supone un grave riesgo para su integridad».
Según estimaciones de Martínez, la reducción de vigilantes en las zonas de chalés «tampoco ha ido acompañada de un aumento de medios de seguridad más baratos, como sistemas de alarma o cámaras de seguridad». En resumen, «cuando baja el presupuesto, baja todo».
La misma idea corrobora Carlos Verdú, presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones (AVALUR). Según cálcula, aproximadamente un 10% de las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana pueden permitirse actualmente contratar seguridad privada: sólo medio centenar de las 500 existentes, las más lujosas.
Sin embargo, «ni aún así se erradica el problema», lamenta Verdú. En la urbanización Alfinach, situada en Puçol, se invierte 500.000 euros anuales en seguridad y sin embargo sus vecinos sufren entre tres y cuatro robos con fuerza.
En palabras de Verdú, «aquellos que han decidido vivir fuera de las ciudades tienen una preocupación creciente». A nivel de seguridad, describe, «estamos dejados de la mano de Dios». «La ley dice que todos somos iguales ante la ley, pero si vives en una urbanización pagas muchos impuestos pero no recibes los mismos servicios policiales que en un casco urbano. Esto debe cambiar», sentencia
