miércoles, 2 de marzo de 2011

El atunero 'Felipe Ruano' escapa de los piratas tras dos horas de acoso

La seguridad privada del atunero vasco evita el segundo intento de abordaje de piratas somalíes en lo que va de año en aguas del Índico 



El atunero vasco 'Felipe Ruano' consiguió zafarse ayer de un nuevo intento de secuestro por parte de un grupo de piratas, cuando se encontraba navegando dentro de las aguas internacionales del Índico, a unas 270 millas frente a la costa de Somalia.
La intervención de los agentes de seguridad del buque, propiedad de la empresa Pesquero Vasco Montañesa (Pevasa), con sede en Bermeo, fue de nuevo determinante. Este ha sido el segundo intento de abordaje de un pesquero vasco en lo que va de año. El anterior tuvo lugar el pasado 6 de enero con el 'Albatun Dos', de la compañía Albacora, como protagonista.
«Al ver que se aproximaban hasta una milla, los vigilantes activaron de inmediato el protocolo de actuación para estos casos y efectuaron una salva de disparos al aire para disuadir a los asaltantes», explicaron desde armadora del 'Felipe Ruano'. «Todo ha quedado en un susto; la tripulación se encuentra en perfecto estado», aseguraron poco después del incidente.
Eran las diez de la mañana -tres horas más en el Índico- cuando la tripulación del atunero detectó una embarcación sospechosa, desde la que, poco después, vieron lanzar al agua un esquife con bandidos armados que se aproximaba a toda velocidad.
No había tiempo que perder. El capitán puso el barco a toda máquina contra las olas y cuando los asaltantes se aproximaron a la distancia mínima de seguridad establecida los agentes dispararon varias ráfagas para disuadirles.
Tercer intento
Tras dos horas y media de acoso, los piratas desistieron en su empeño. Este es el tercer intento de secuestro que sufre el 'Felipe Ruano'. El primero de ellos tuvo lugar hace dos años, aproximadamente, cuando los atuneros vascos no llevaban aún seguridad privada a bordo, y el segundo en octubre del 2010. En aquella ocasión, la actuación de los agentes también fue determinante a la hora evitar el abordaje, ya que el pesquero fue atacado cuando se encontraba en pleno lance de pesca.
Las diferentes compañías que conforman el sector atunero congelador vasco temen un repunte de la piratería ahora que está a punto de finalizar el segundo de los periodos intermonzónicos.
Según el director gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros (ANABAC), Juan Pablo Rodríguez, «en marzo y abril nos vamos a encontrar con una climatología más apropiada para que se produzcan este tipo de ataques. Además, los piratas cada vez van mejor equipados y son más agresivos», recalcó.

UFP detecta infracciones a la seguridad y la prevención de riesgos labores en la nueva comisaría del aeropuerto de Almería

La Unión Federal de Policía (UFP) ha elaborado un informe para denunciar las condiciones de las nuevas dependencias asignadas en el aeropuerto de Almería y en el que señala "graves disfunciones" entre las que destacan la "precaria ubicación" del recinto, que no cuenta con ningún tipo de "medidas de seguridad pasiva" y "dificulta" la labor de los agentes en materia de extranjería.
El citado informe, remitido al comisario provincial, es paralelo a un segundo en el que se critican las carencias en prevención de riesgos laborales y se recogen posibles incumplimientos a la ley como una inadecuada ventilación de las dependencias y una inexistente iluminación natural derivada de la falta de ventanas, o el riesgo de contacto eléctrico en los equipos y el mal emplazamiento de los vestuarios.
Según han precisado fuentes sindicales de UFP, ambos estudios apuntan que la Comisaría del aeropuerto, tras la ampliación de las instalaciones, no tiene en los accesos ningún tipo de seguridad pasiva, lo que "agrava la propia ubicación ya que linda de manera directa con unos servicios de uso público". No dispone, en concreto -señala- de un sistema de sectorización que impida la entrada de personas no autorizadas.
Los informes, realizados por la dirección regional de UFP y que han provocado que, por el momento, los agentes destinados en el aeropuerto no se hayan instalado en el nuevo recinto que consideran "inaceptable e inasumible", critican, asimismo, que el acceso, que se efectúa mediante tarjeta magnética, no está restringido únicamente a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía como "debería ser por obvio".
Tachan en esta línea de "incomprensible" que la nueva comisaría tenga "un más que difícil acceso" a la zona internacional y que la sala para albergar a los ciudadanos extranjeros "rechazados" se encuentre en territorio nacional cuando la "experiencia" con respecto a este aspecto de la Ley de Extranjería "determina la conveniencia de instalar éstas en las denominadas zonas internacionales".
"A efectos prácticos, un rechazado no debe entrar en territorio nacional, lo que da lugar a numerosos recursos por parte de abogados", sostienen los informes que añaden que esto hace que sean vigilantes de seguridad de empresas privadas los que deban realizar las custodias en unas "dependencias policiales que carecen de servicio de 24 horas", por lo que se propicia que "personal ajeno sin la supervisión de ningún agente este en la comisaría".
"Además -ahondan- estas salas no tienen en cuenta ningún parámetro de seguridad y se han hecho como si fueran meras oficinas" hasta el punto -destacan- que "las puertas de acceso están invertidas y no abren hacía afuera como debería ser por cuestiones más que obvias".
Con respecto al cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, desde UFP hacen especial hincapié en que existe un mal emplazamiento de los vestuarios, hay carencia de cuadros eléctricos individualizados, adolece de una adecuada ventilación de la estancia, la iluminación, a falta de natural en cada uno de los habitáculos, es insuficiente y critica la ausencia de señalización.

Salud replica que el centro de salud mental Polígono Norte dispone de "vigilante volante" y reja antivandálica

El subdirector de Servicios Generales del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Javier Soto, ha replicado este martes al sindicato CSI-F que el centro de salud mental del Polígono Norte dispone de un vigilante de seguridad "volante, aunque localizado", en respuesta a la queja de este sindicato de que se ha suprimido el vigilante que existía con presencia física pocos días después de registrarse varios agresiones a personal sanitario de este centro.
En declaraciones a Europa Press, Soto ha explicado que, entre las medidas de seguridad que se acordaron con los sindicatos tras registrarse las citadas agresiones el pasado 15 de febrero, "entre ellos el propio CSI-F", se encontraban la instalación de un control de acceso al centro "que se acciona desde el control de admisión, el cual tiene visibilidad a la puerta de entrada".
De igual forma, ha señalado que en aquella reunión se decidió también proteger la puerta de entrada al centro "con una reja anti-vandálica para evitar así que se entre al centro por la fuerza".
En cuanto al mantenimiento de un vigilante de seguridad de presencia física, ha puntualizado que "lo que se acordó fue que estuviese presente de 8,00 a 15,00 horas, mientras se terminaban las medidas de seguridad de sistemas antes mencionadas".
Por ello, ha aclarado que este servicio se mantuvo hasta el martes 22 de febrero. No obstante, ha enfatizado que, junto a estas medidas, "ya existía y sigue existiendo un vigilante de seguridad localizado y volante, que está pendiente de cualquier aviso que se produzca en el centro".
A juicio de Soto, detrás del "descontento" que están mostrando los trabajadores de este centro y los sindicato está su reivindicación del traslado al centro de salud de El Alamillo. "Creo que en el fondo las protestas como la de que con la reja que hemos puesto ahora sólo se dificulta la evacuación del centro, según sostiene CSI-F, responden a que quieren ese traslado ya", ha afirmado Soto, quien ha anunciado que está previsto que "en el plazo de un mes" pueda llevarse a cabo este traslado. "Vamos a intentar facilitar lo antes posible este traslado", ha zanjado.

Reprochan la retirada del vigilante de seguridad del centro de salud mental de Polígono Norte (Sevilla)

El presidente del Sector de Sanidad CSI-F de Sevilla, Fernando Castelló, ha elevado este mismo martes un escrito tanto a la Delegación Provincial de Salud como a la Dirección Gerencia del área hospitalaria Virgen Macarena, en el que reprocha a estas autoridades sanitarias la "retirada del vigilante de seguridad" del centro de salud mental del Polígono Norte, después de que el pasado día 15 de febrero se registrasen "múltiples agresiones contra profesionales" a manos de un usuario, lo que motivó precisamente el que desde Salud se anunciase la puesta en marcha de varias medidas de seguridad, entre ellas, la del vigilante de seguridad.
   Según recoge este escrito de CSI-F, al que ha tenido acceso Europa Press, ya desde el pasado día 23 de este mes, la Gerencia del Virgen Macarena "dio orden de la retirada de esta figura que garantiza la seguridad y tranquilidad de profesionales y usuarios", debido, al parecer, "a que tras la colocación de un portero automático y una puerta enrejada de acceso al centro, que permanece cerrada, se entiende que la presencia de esta figura no es necesaria".
   Pese a estas medidas, el escrito de queja de este sindicato pone de manifiesto que "no se han tomado las medidas correctoras oportunas que garanticen la seguridad", entre otros motivos porque "no se han instalado timbres antipático, ni cámaras de seguridad en el centro".
   Por ello, desde este sindicato dicen "no entender" como se retira la "única medida correctiva" que se ha tomado para evitar las agresiones, "como era la presencia de seguridad física".
   Sostiene en su queja elevada a Salud que, "según nos consta tanto por parte de los profesionales como por nuestra propia apreciación en las visitas que hemos realizado con posterioridad al centro", las medidas preventivas que se habían colocado en un principio había dado al centro "de una tranquilidad y dinámica de buenas maneras que hacía tiempo no se respiraba".
   "Con la medida de 'seguridad' tomada por esta Gerencia de colocar dicha cancela y portero automático, lo único que se proporciona es la incomodidad y carga de trabajo correspondiente a la auxiliar administrativa que recibe a todos los pacientes en el mostrador de entrada del centro", reprochan por contra.
   Además, desde CSI-F entienden que esta puerta enrejada "no proporciona más seguridad a los profesionales y usuarios, sino que más bien convierte al centro en un espacio aún más cerrado en caso de emergencia, ya que con el cerramiento electrónico y las barreras físicas implantadas solo se dificulta ostensiblemente la evacuación del Centro en caso de necesidad".
   Por todo ello, han solicitado en el registro que recoge Europa Press que coloquen "de inmediato" las medidas que se reflejan en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y en el protocolo de agresiones a profesionales "tales son colocación de timbres antipánico en cada uno de los puestos de trabajo, cámaras de seguridad tanto en los espacios comunes como en los exteriores del centro y, por supuesto, la implantación de personal de seguridad física".
   Finalmente, han pedido que se "priorice" el traslado de este centro a su ubicación definitiva, "que ya se tenía que haber producido a su enclave en el centro de salud del Alamillo". Por ello, han advertido que desde CSI-F se tomarán "todas las medidas legales que fueren oportunas si no se solucionan todas estas situaciones a la máxima brevedad".

martes, 1 de marzo de 2011

Dioni: de cuando los ladrones eran gente honrada

Me llama Dioni, el del furgón; sí, hombre, ese segurata que, el 28 de julio de 1989, a eso de las 7 de la tarde, estando al volante de un blindado de la empresa de seguridad en la que trabajaba, y habiendo hecho bajar a sus compañeros con una argucia, se dio a la fuga con más de trescientos millones de pesetas.
Dioni mereció una canción célebre de Sabina, "Con un par", la atención de la policía mundial y de Interpol y la dedicación de los agentes que le molieron a palos en Río de Janeiro, donde de todas formas disfrutó de mulatas, vinos y licores espirituosos.
Pensé enseguida: qué podrá querer de mí el reputado ladrón del furgón, a quien en Francia salió un imitador, si bien con menos salero, y llegué a la conclusión de que, sabedor de que me dedico al estudio del crimen, intentaría convencerme de que, dada la crisis que atravesamos, podríamos llevarnos limpiamente, como él aquella tarde, un furgón lleno de dinero. Confieso que me puse nervioso; porque, llegado el caso, ¿sería capaz de hacerlo? Como la criminología demuestra que el delito es cosa de la gente normal y corriente, y como soy un tipo normal y corriente, llegado el caso, ¿sería yo capaz de decirle al Dioni: "Adelante, Jalisco, no te rajes"?
Pero mi gozo en un pozo, descarga de adrenalina estropeada: resulta que el Dioni lo que quería es que le presentara un libro que ha escrito, Palabra de ladrón, que vende por internet con buena mano, no en vano le han nombrado "Padrino de los negocios online" en la feria Ecommretail Barcelona. Además, resulta que ha rodado un anuncio en el que se ve un furgón del que se caen unas bolsas de dinero: el Dioni va derechito hacia ellas y, cuando parece que se las va a apropiar, le dice al compi que ponga más atención, que se olvida la pasta. O sea, que no somos nada.
Dioni es un escritor que evoca los tiempos en que la pasaba repartiendo billetes, subiendo faldas, bajando escotes, saciando la sed de siglos del varón sietemachos que ha tenido la suerte de cumplir su sueño, si bien tras el mes de vicio siguieron siete de suplicio, como cantaba en su disco histórico, de cuando quiso ser cantante triunfante.
Tiene mérito el Dioni, que reconoce que robó aquellos millones, en un país donde los ladrones ni reconocen haber robado ni, claro, devuelven lo que afanaron. A él no le da corte decir en el fórum de la FNAC, en plena plaza de Callao, a cara descubierta, que con su hazaña no hizo daño a nadie, que se llevó un dinero que estaba asegurado, trescientos millones de pesetas que pagó la Unión y el Fénix, compañía que presidía por aquel entonces Mario Conde, al que por cierto tuvo de colega en Alcalá Meco. A Conde se le acusaba de haberse quedado con seiscientos millones, justo el doble de lo que afanó el Dioni. Ahora los dos andan en la radio, aunque en emisoras diferentes.
Una vez reconocido el pecado, Dioni es un buen tipo, abrumado por los miles de ladrones de la política, que roban más y peor que él, y además sin reconocer los hechos ni atreverse a contar por qué.
Bueno es que en esta época alguien nos alerte con su experiencia de que el delito no compensa: por mucho queaparente, y aparenta mucho –Brasil, las garotas y por ahí seguido–, no volvería a hacer lo mismo. Dioni es buen amigo de sus amigos, simpático, optimista, seguramente buen compañero de celda, generoso, y en su Palabra de ladrón (¿se imaginan una colección de testimonios de gente que está en o ha pasado por el trullo? Yo hice un agujero en el Banesto, Yo inventé el GAL, Yo dirigí la Guardia Civil y me lo llevé crudo...) cuenta lo que le pasó, aunque yo creo que no todo lo que le pasó: ¿acaso lo cuenta Winston Churchill en sus memorias, y eso que ocupan varios tomos?
Lo que el Dioni dice lo dice por experiencia, a veces gozosa y trémula, a veces soez y pánica. Irse a Brasil es el destino de todos los grandes sinvergüenzas, la gran fantasía exótica; irse allí y gastar dinero a manos llenas, en hoteles de lujo, champán francés y damas de compañía. Dioni lo ha hecho todo y lo cuenta con sinceridad, tiento y respeto, gustándose en su atrevimiento.
Si quieren saber lo que se siente cuando uno se convierte en millonario tras cometer un delito sin armas, violencia ni odio, no se lo pierdan. Dioni, con sesenta y un años, ya es bisabuelo: un viejo verde de cuando los ladrones eran gente honrada y robaban para vicios, que es lo suyo, sin ocultarse en el supuesto servicio a España o al partido. Palabra de ladrón.

La seguridad privada suma más plantilla que la Policía Nacional y la Guardia Civil juntas

En los dos últimos años aumentó el empleo en el sector, pero facturó menos

El sector de la seguridad privada no para de crecer en España, a pesar de la crisis. En los dos últimos años se han dado de alta 275 nuevas empresas y la plantilla de vigilantes ha aumentado en 6.500 empleos. La facturación sí ha bajado: un 5,5% en el 2009 y casi un 3% en el 2010. Hay más trabajadores, pero facturan menos horas de servicio. Si hace dos años el negocio demandaba 20.000 nuevos vigilantes, hoy dice tener sus necesidades cubiertas con los ya habilitados que se han reincorporado tras probar fortuna en otros sectores, como la construcción.
Según datos adelantados a La Voz por Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 13 grandes empresas del ramo en España y que acapara el 80% de la facturación, en la actualidad hay 89.500 vigilantes de seguridad en activo, aunque el número de habilitados es más del doble. A esta cifra en activo hay que agregar 30.507 escoltas, 17. 876 vigilantes de explosivos, 7.160 directores de seguridad y 2.822 jefes de seguridad. Todo ello suma 147.865 personas, que son más que las que aglutinan la Policía Nacional -64.045- y la Guardia Civil -79.401- juntos. De las fuerzas de seguridad públicas, la mayor plantilla la acaparan las policías locales (85.500), que ya son menos que los vigilantes de seguridad privada.
Margen de crecimiento
No obstante, el sector en España aún tiene mucho margen para crecer hasta equipararse al de los principales países de la UE. En la actualidad la ratio de fuerzas de seguridad privada por habitante (uno por 525) está entre las más bajas de Europa. Países como Polonia, con bastante menos población que España, tienen casi el doble de vigilantes de seguridad privada. De los seis grandes países de la UE, solo Italia tiene menos empresas de seguridad privada y menos vigilantes que España.
En Galicia el sector ocupa a unas 4.000 personas en labores de vigilancia y unas 1.200 más en instalación y mantenimiento de sistemas de alarma y videovigilancia. La reciente apertura de centros comerciales ha sido clave para amortiguar la crisis.
Según Roberto Lage, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga), la crisis ha agudizado el intrusismo en el sector por parte de empresas no habilitadas, especialmente en la instalación de sistemas, con la consiguiente caída de los precios.
El presidente de la patronal gallega califica de «inexplicable» el hecho de que el 60% de la facturación del sector en la comunidad esté en manos de empresas foráneas. En Galicia operan en la actualidad 82 empresas de seguridad privada, un 20% más que hace dos años.

La nueva ley de armas más restrictiva conocida en España


Va a cumplirse ya un mes desde que finalizó el plazo concedido por el Ministerio del Interior para presentar las alegaciones a un proyecto que se ha hecho muy famoso en tiempo récord, y es que no en vano gozaría del dudoso honor de convertirse en la «ley de armas» más restrictiva que se ha conocido en España.
Los afectados son muchos, aunque seguro que más de uno de ustedes se preguntará a qué viene esto del reglamento, el Ministerio, y ese millón y medio de expectantes ciudadanos. Para ser lo más breve posible, demos por sentado que, también en España, debe existir una ley que contemple y regule todo lo relacionado con las armas —fabricación, comercio, uso, mal uso, etcétera—, un tema que debe ser tratado de forma siempre muy rigurosa, y nadie lo duda.
Sin embargo, de lo que muchos sí nos hemos visto obligados a dudar es sobre la «idoneidad» —y no puedo ser más elegante— de nuestros reglamentadores para plantear el recambio de un texto legal con trece años en vigor, en el que hay cuestiones a modificar y para el que fabricantes, importadores, federaciones, etcétera, han solicitado cambios desde hace años. Pero de eso nada.
«Muerto el perro se acabó la rabia», quizás habrán pensado en la comisión encargada de alumbrar el reglamento; si erradicaban ese colectivo se acabarían los problemas, y casi hay que pensar algo así al trasladar a la realidad lo que propone esa oda al despropósito.
Por ejemplo, el preámbulo del potencial —Dios no lo quiera— reglamento, afirma que éste se ha redactado para armonizar nuestra norma con los países de la Unión Europea; pero ni en Francia, Italia, Alemania, Bélgica… existe nada comparable en su intención restrictiva y prohibitiva, siendo incluso muchos artículos de dudosa legalidad o hasta constitucionalidad.
Además, del texto se desprende un auténtico desprecio hacia un colectivo de cientos de miles de ciudadanos que no sólo son honrados, como merecen ser considerados todos, sino que lo demuestran fehacientemente desde las investigaciones y controles que la propia Administración realiza reiteradamente para concederles las licencias de armas.
El proyecto pretende prohibir lo que por décadas se ha adquirido con toda legalidad, lo que es legal en nuestros países vecinos, pero ni siquiera tiene el «detalle» de aclarar qué pasaría con esas armas (que en el caso de las semiautomáticas podrían cifrarse alrededor del millón), quizás dando por hecho que sus legítimos propietarios se desprenderían de ellas sin exigir una justa y lógica indemnización. Digo propietarios, pues como tal figuran en la Guía de Pertenencia que les expidió el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil, por supuesto pagando las correspondientes tasas. La prohibición de las semiautomáticas se aplicaría por la posibilidad de aumentar la capacidad de sus cargadores mediante «herramientas normales»: de verdad un planteamiento tan increíble en su concepción como absurdo en lo mecánico.
Medidas injustificadas
Pero ante todo, lo que sí han logrado con eficacia es que un montón de gente (e insisto en lo del millón y medio) se haya enfrentado a una enorme sorpresa por no comprender a qué viene esto, qué habrá sucedido para plantear esa sucesión de medidas cuyo talante no puede asimilarse en una sociedad moderna y democrática, inmersa en una comunidad de naciones en las que se hace imposible tal situación, y sin que se pueda esgrimir la menor justificación desde la seguridad ciudadana o nada parecido a una alarma social que pudiera relacionarse. Les recuerdo que hablamos de un reglamento para las personas «legales», pues nadie está en contra de que a la delincuencia armada se le apliqué todo el peso de la ley.
Pueden suponer que el sector industrial relacionado (unas 37.000 personas, según la Asociación Armera y la Asociación de Comerciantes de Armería, Acace) no puede ver más negro su futuro si es que esa barbaridad toma forma de reglamento. Se duda sobre lo que se podrá o no fabricar, importar, vender, usar… y esto ya ha supuesto que se perjudiquen muchos de los procesos relacionados con ese colectivo, desde la adquisición de materias primas a las campañas de publicidad, pasando por la potencial contratación de trabajadores. Claro que ya me imagino que esas 37.000 personas son una cifra intranscendente en un país con 4,5 millones de parados, sobre todo si no te afecta, como seguramente no afecta a ninguno de los redactores del proyecto.
Asociaciones profesionales y federaciones intentaron conseguir un clima de colaboración con los responsables ministeriales, pero se vieron también sorprendidos con un borrador que echaba por tierra todas sus expectativas, y hasta las palabras de los representantes oficiales. Incluso los distintos medios de prensa especializados —más de una veintena de publicaciones—, nos ofrecimos el pasado año con la mejor intención por si podíamos colaborar de alguna forma desde nuestra experiencia o nuestros archivos. Pero quedó muy claro que cometimos un imperdonable pecado de soberbia al suponer que unos simples mortales podíamos ni siquiera acercarnos a aquellas «alturas», y todavía estamos esperando que nos contesten. Ya dice el refrán: «No hay mayor desprecio que…».
Las armerías, en peligro
Hoy no hay espacio para más, pero sepan que de aplicarse el reglamento como está redactado es más que posible que prácticamente ninguna armería pudiera cumplir los increíbles requisitos de seguridad, y lo mismo cabe decir de los campos de tiro. Miles de personas perderán su trabajo, muchos cientos de miles serán perjudicados en la práctica de sus deportes o sus aficiones y, lo que es peor, se sentirán despreciados, insultados, literalmente maltratados sin la menor justificación y habiendo sido absolutamente legales.
Hay muchos artículos del proyecto que exigen una concienzuda reflexión, pero varios no logro comprenderlos o al menos entender qué se pretende evitar, o conseguir. Reconozco que quizás siendo tirador, cazador, coleccionista, entusiasta de las armas y hasta director de una revista con ese nombre seguro que les hablo con apasionamiento, pero es que no hay derecho a lo que quieren hacernos.

Suplemento Temático: Seguridad en Eventos Deportivos

Fuente: ABC
Fecha: 19/02/11

Los agricultores patrullan en los campos para evitar los robos de fruta

La organización agraria Coag estudia la posibilidad de contratar a vigilantes que cuiden los cultivos · Los hurtos de material en las comunidades de regantes ponen en peligro el riego en plena campaña


Los agricultores de la provincia están desbordados por los continuos asaltos que se están produciendo en el campo este invierno. Los hurtos comenzaron este otoño cuando los asaltantes se llevaban materiales como los tubos y alambres de las infraestructuras agrícolas. Los citricultores fueron los primeros en padecer los robos de fruta y los destrozos en los árboles, ahora también se han sumado los freseros quienes se están viendo seriamente perjudicados por la misma causa.

El responsable de Organización de Coag, Eduardo Domínguez, asegura que muchos de los propietarios se ven obligados a hacer guardia toda la noche en el campo para evitar los robos. "Lo de menos es la cantidad de fruta que vayan a llevarse, que no pasará de 200 ó 300 kilos, lo peor es que los destrozos en los campos, en ocasiones, son irrecuperables. Los daños que se producen en los lomos o al arrancar las matas tienen graves consecuencias en la producción", aseguró.

El representante de la Coag afirma que la intensidad de los robos ha crecido en esta campaña notablemente, en una valoración estimativa cree que se han podido incrementar por encima del 50% en comparación con campañas anteriores.

La situación parece generalizada pues también la organización empresarial Freshuelva remitió una carta a la Subdelegación del Gobierno para dar la voz de alarma. Lo cierto es que la Guardia Civil de Huelva está intensificando la vigilancia en los campos. Sólo en la primera quincena de febrero han sido detenidas 15 personas en fincas de Palos, Almonte, El Rocío y San Juan del Puerto por robos en los campos. Los agentes se incautaron en total de casi 1.000 kilos de fresa y 1.400 de naranja.

La organización agraria Coag está estudiando la posibilidad de contratar algún tipo de seguridad privada para vigilar los cultivos y, sobre todo, para evitar "una desgracia", asegura Eduardo Domínguez. El objetivo es contar con personal especializado en lugar de dejar que los agricultores se pasen la noche recorriendo los caminos de las fincas, vías agrarias que se quedan desiertas en cuanto cae el sol. "Queremos evitar enfrentamientos", dice Domínguez y de hecho ya ha ocurrido que un agricultor del paraje palermo El Príncipe bloqueó con su vehículo la entrada a su finca para impedir que los presuntos ladrones huyeran con 750 kilos de fresa. Este llamó a la Guardia Civil. El incidente se produjo a finales de enero sobre las 20:00. Domínguez reconoce que no siempre se denuncia un acto de este tipo porque se temen represalias y porque la denuncia "tiene pocas consecuencias para los presuntos autores de los robos, pues apenas llegan a estar unas horas retenidos".

Domínguez reconoce que la Guardia Civil ha reforzado las patrullas en los campos pero ni siquiera esto es suficiente en parajes como Las Malvinas o en Palos "donde las fincas son muy profundas y hay partes alejadas de la carretera se quedan completamente desprotegidas". Y añade que, de poco sirven los cercados de alambre, porque van preparados y los cortan con relativa facilidad. Con este panorama de fondo Eduardo Domínguez hizo un llamamiento público para que los ciudadanos eviten las compras fuera de los comercios habituales, "está claro que hay robos porque hay mercado y la única forma de pararlo sería que la gente no adquiriese este tipo de mercancías".

A los robos de fruta se suman los saqueos que han sufrido algunas instalaciones agrícolas de las comunidades de regantes. De las seis que existen en la provincia dos han denunciado asaltos, la de Palos de la Frontera y la del Piedras-Guadiana de Lepe. A las pérdidas se suma la preocupación de los agricultores de que una acción de este tipo les impida regar en un momento de la campaña en que el agua es clave para seguir produciendo.

La Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana denunció ante la Guardia Civil tres robos casi consecutivos en diversas instalaciones del término municipal de Lepe, lo que causó cierta alarma entre los afectados ya que las sustracciones de material casi inutiliza los sistemas de riego en los campos. Los ladrones se llevaron diversos materiales valorados en unos 20.000 euros, sin embargo el gerente de la comunidad, José Manuel Villegas, señaló que "no es ya tanto el valor del material como los perjuicios que la inutilización de las instalaciones puede causar entre los productores", mayoritariamente del sector de la fresa, y que se encuentran ahora en plena campaña de producción.

Los ladrones se llevaron tres transformadores de cobre, que pesan cada uno alrededor de un par de toneladas, "lo que indica que iban bien equipados para cargar con un material así. Además, deben tener cierta técnica puesto que los 200 metros de cable que sustrajeron de la estación de la presa de Los Machos se cortó con corriente", explicó el gerente de la comunidad.

Estos materiales se encuentran en casetas en medio del campo, donde se encuentran los mecanismos para bombear agua hasta las balsas de riego. Villegas señala que se han tomado algunas medidas de protección pero no deja de reconocer que las instalaciones están en el campo y que si los asaltantes se equipan poco se puede hacer. Su mayor temor es que los agricultores se queden sin posibilidad de regar en plena campaña.

Los trabajadores de Securitas Seguridad continúan con sus protestas en marzo

Tras manifestarse frente al Ayuntamiento de El Ejido, que no ha cumplido con el acuerdo, ahora lo harán en la sede de la capital 

Las 25 personas que se encargaban de vigilar los edificios municipales en el municipio de El Ejido volverán a salir a la calle para protestar por la pérdida de sus empleos, después de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Securitas Seguridad España y Star Servicios Auxiliares S.L. rescindiese el contrato contraído con el Ayuntamiento por el impago de éste último.
La concentración será el próximo día 14 frente a la sede de Securitas en Almería, situada en la calle Olula del Río número 3. Durante una hora, de 10 a 11 horas, los trabajadores protestarán por su situación, tras la convocatoria hecha por el Comité de Empresa. Sin embargo, el calendario de protestas no quedará ahí, ya que también han convocado concentraciones para los días 16 y 18 de marzo, en horario de 17 a 18 horas y de 11 a 12 horas respectivamente.
La decisión que han adoptado estos 25 trabajadores de salir a protestar llega tras haber perdido sus empleos y tener que enfrentarse a una «grave» situación que ha sido puesta en conocimiento del Departamento de Seguridad Privada y la Subdelegación del Gobierno. Según informó el presidente del Comité de Empresa de Securitas Seguridad España, Juan Manuel Gamero, de los dos años en los que la UTE ha estado prestando servicio al Ayuntamiento de El Ejido, tan sólo se han abonado tres mensualidades, quedando pendientes otros 21 meses que hacen que el valor de la deuda sobrepase el millón de euros.
No obstante, el pasado mes de octubre, miembros del equipo de gobierno mantuvieron un encuentro con responsables de la mercantil y en el mismo se comprometieron a hacer efectivas dos facturas. Según Gamero, tan sólo se pagó la primera, por lo que el compromiso alcanzado quedó en papel mojado. De ahí, que la parte mercantil se viese obligada a dejar de prestar el servicio, lo que provocó que 25 personas perdiesen su puesto de trabajo iniciado el año 2011. Ello ha provocado además que los edificios municipales que custodiaban estas personas estén hoy en día sin vigilancia alguna, entre ellos, el Teatro Auditorio, el depósito municipal o los mercados de abastos.
Aunque «por todos los medios» han intentado cobrar de la Administración local, sus esfuerzos no han tenido frutos, Incluso, el jefe del área de Contratación, José Alarcón, habría trasmitido al Comité de Empresa que «no hay dinero», quedando así la posibilidad de pagar prácticamente anulada. Ahora, la lucha de estos trabajadores se centra en que cuanto antes salga a licitación la prestación del servicio de seguridad en El Ejido, ya que según Gamero, el Artículo 15 del convenio colectivo da la opción a que estas 25 personas pasen a ser subrogadas a la empresa contratada siempre que se haga antes de que transcurra el año.
Ya han pedido la dimisión del alcalde de El Ejido, Juan Enciso. Lo hicieron el pasado día 18 de febrero frente al Ayuntamiento, al que le pidieron responsabilidades por la situación a la que se han visto abocados ante el impago. La próxima semana, las responsabilidades se las pedirán a la empresa en la que prestaban servicio. Según manifestó Gamero, entienden que al no tener servicios suficientes, Securitas Seguridad España haya tenido que prescindir de estos 25 trabajadores, aunque no comparten la decisión adoptada puesto que consideran que la dirección podría haber optado por traslados a otras delegaciones. Desde el Comité aseguraron que se les hizo llegar un listado con los nombres de las personas interesadas en esta opción, pero «la empresa no ha dado contestación y a la gente se le ha dado de baja», perdiendo así la antigüedad.
Fue en enero de 2008 cuando por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaba adjudicar la licitación pública convocada para la contratación del servicio de seguridad privada en los edificios e instalaciones municipales de El Ejido a la UTE Securitas Seguridad España y Star Servicios Auxiliares por importe total ofertado de 17,04 euros el servicio por hora y 10,79 euros el servicio del controlador.

Arrestados dos gallegos por comercialización de datos privados

La primera fase de esta operación iniciada a primeros de año se había centrado en la comunidad de Murcia y se había saldado con otros nueve detenidos



Agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional han culminado la segunda fase de una operación contra una red nacional dedicada a la obtención y comercialización ilícita de datos personales de carácter reservado, que se ha saldado con nueve detenciones, dos de ellas en Galicia, en A Coruña y Vigo.
La primera fase de esta operación iniciada a primeros de año se había centrado en la comunidad de Murcia y se había saldado con otros nueve detenidos. Uno de ellos era cabecilla de la trama, un alicantino que se hacía pasar por detective privado y perito judicial de investigación y que había sobornado al director de una oficina de empleo para obtener los datos. Los gallegos detenidos eran clientes de la red.

    Los agricultores piden una reforma del Código Penal para proteger el campo

    Elche (Alicante), 28 feb (EFE).- El presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Elche, Pedro Valero, ha pedido hoy una reforma del Código Penal que endurezca las penas por los robos que sufre el campo y contemple sanciones por los daños que se producen al asaltar una explotación agraria.
    Valero ha realizado estas declaraciones en el acto de protesta celebrado en la plaza de Baix de Elche por la muerte de un agricultor ilicitano cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles en una finca del término municipal ilicitano con signos de violencia.
    El fallecido podría haber sido agredido al encontrarse con alguien que trataba de robarle su cosecha de alcachofas.
    A la concentración han asistido cerca de medio millar de personas procedentes de colectivos como ASAJA, la Comunidad de Labradores de Elche, la Unió de Llauradors i Ramaders, la Comunidad de Riegos de Levante y la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique.
    También han acudido la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, y el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, entre otras personalidades del ámbito político.
    "Reclamamos cambios en la legislación actual", ha manifestado Valero, quien ha considerado "imprescindible" abordar "una reforma del Código Penal para que se endurezcan las penas y las sanciones no sólo tengan en cuenta el valor de lo robado, sino también de los daños que se producen cuando se asalta una explotación".
    Durante su intervención, precedida por cinco minutos de silencio en homenaje al agricultor fallecido y como muestra de solidaridad con sus familiares, Valero ha exigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "pongan todos los medios posibles para identificar al responsable del cruel asesinato" para que "cargue con toda su culpa".
    En este sentido, ha solicitado una "mayor implicación" por parte de las "autoridades competentes" para "combatir la oleada de robos" que, según ha dicho, están "sufriendo".
    "No hay ni un solo agricultor o ganadero de la provincia de Alicante que no haya sufrido robos en su casa, explotación o cultivos", ha afirmado.
    "Estamos hartos de reuniones y de falsas promesas", ha dicho Valero, quien ha agregado que "si las administraciones locales, autonómicas y nacionales no aumentan la presencia y vigilancia policial en el mundo rural", lo harán los agricultores.
    El presidente de ASAJA Elche ha lamentado que "la desprotección, la inseguridad, la incertidumbre y la derrota se han instalado en los propietarios de las explotaciones", a lo que ha añadido "la ansiedad" y "el miedo".
    Por su parte, el presidente de la Comunidad de Labradores de Elche, Antonio Valero, ha expuesto que "a la mala suerte en la venta de frutas y hortalizas se suma la lacra de los ladrones que roban" los productos del campo "y matan a la gente".
    "Queremos que la seguridad que existe en las ciudades se traslade a las zonas rurales", pues los agricultores no pueden "ejercer de vigilantes", ha remarcado. EFE 1011104

    Detienen a un avilesino que amenazó a un vigilante del San Agustín con un hacha

    D. G. B., que según la Policía cuenta con veinte detenciones anteriores por resistencia, desobediencia y robo, permanece en libertad con cargos


    A. P. G. 
    Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un avilesino que cuenta con numerosos antecedentes y que se presentó el miércoles pasado en el hospital San Agustín con un hacha. Tras prestar declaración ante la juez, el detenido quedó en libertad con cargos por amenazas graves con arma blanca a un guardia de seguridad, comunicaron en medios policiales. 

    Los hechos se produjeron a las cuatro de la tarde del día 23. La Comisaría avilesino recibió una llamada en la que se solicitaba presencia policial en el hospital avilesino ya que un individuo estaba profiriendo amenazas graves con un arma blanca y acababa de ser retenido por un vigilante del centro. 

    En medios policiales confirmaron ayer que el hombre en cuestión estaba profiriendo «amenazas en actitud muy agresiva hacha en mano» y que una vez en el centro hospitalario los agentes tuvieron que reducirlo. La Policía, según ha podido saber este periódico, comprobó que el detenido, el avilesino D. G. B., es un viejo conocido de la comisaría y de los juzgados locales ya que cuenta con una veintena de detenciones anteriores por resistencia, desobediencia y robo con violencia e intimidación, entre otros delitos. 

    En medios policiales comunicaron que el detenido había ido al San Agustín a solicitar información sobre un familiar que se encontraba hospitalizado y que por causas que no han sido especificadas comenzó a proferir amenazas de muerte e insultos al vigilante. El incidente se convirtió en alarma cuando el hombre sacó del interior de la mochila que llevaba al hombro un hacha. Afortunadamente, no hubo que lamentar ni un rasguño. 

    Siempre según la versión policial, agentes de la Policía Nacional de Avilés detuvieron a D. G. B., que pasó el pasado día 24 a disposición judicial. Tras prestar declaración en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3, que ese día se encontraba de guardia, la jueza dejó al avilesino en libertad con cargos. 

    El Gobierno contrata a 'dedo' el control de centros de menores

    El Gobierno canario  retira del servicio a Dialse y se lo entrega a Securitas sin pedir al menos tres ofertas.



    El desmantelamiento de una presunta red delictiva en el campo de la seguridad privada, con la detención de nueve vigilantes jurados que actuaban con titulaciones falsas en Tenerife, ha llevado al Gobierno de Canarias a rescindir unilateralmente el contrato de servicios con la empresa ganadora del concurso de vigilancia de los centros de acogida de menores del Archipiélago, Dialse, cuya vacante ha sido cubierta, sin mediar concurso ni procedimiento negociado alguno, por Securitas.
    Según ha podido saber CANARIAS AHORA, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, tras conocer la actuación policial a escala nacional en la que han sido detenidos nueve vigilantes de un centro de menores tinerfeño, decidió entregar a Securitas el servicio contratado a Dialse sin pedir al menos tres ofertas a empresas del sector.
    Securitas no obtuvo la segunda posición en la puntuación del concurso que ganara Dialse, cuyos impagos a Hacienda y a la Seguridad Social también han sido determinantes para perder el contrato, aparte de las titulaciones falsas de nueve de sus vigilantes.
    La empresa peninsular se hace cargo, en principio durante los próximos tres meses hasta la convocatoria de un nuevo concurso, de un servicio cuyo facturación oscila entre los 150.000 y los 200.000 euros mensuales.
    Los centros de menores cuya responsabilidad recae en el Gobierno de Canarias están ubicados en Tenerife (La Esperanza, Hierba Buena y Tabares) y Gran Canaria (La Montañeta y Gáldar).

    Salud blindada

    Piden seguridad en los centros | Propuestas: alarmas policiales o protección para los que denuncien


    Alarmas directas con la policía, vigilantes en las puertas y planes de evacuación. La sanidad madrileña pide más seguridad en los centros de salud.
    Aún conmocionados por la agresión a hachazos de tres profesionales en el centro El Naranjo de Fuenlabrada el pasado 25 de febrero, los sindicatos y la Consejería de Sanidad se sentaron ayer para analizar posibles medidas que garanticen un servicio seguro.
    Además de condenar públicamente "la salvaje agresión", la consejería se comprometió a convocar "en 8 o 10 días" según los asistentes a la reunión, la Comisión de Salud para atajar el problema de la violencia contra sanitarios.
    Estudio de causas
    "Lo primero es estudiar por qué hay agresiones", comentaba Elena Moral de CSIT. Por ejemplo, en el mismo centro de Fuenlabrada una médico denunció hace tres años un ataque. Terminó enjuicio, pero la mujer optó por cambiar de lugar de trabajo para sentirse más segura. Desde hace dos años cada centro de salud cuenta con un registro donde los profesionales pueden consignar cualquier agresión verbal o física. Los datos los maneja la Consejería de Sanidad.
    Sin embargo, el Colegio Oficial de Médicos asegura que "sólo uno de cada tres agredidos" denuncia mientras que, aseguran, "el 75% de médicos ha sufrido algún ataque". Más de la mitad de los conflictos se produce en Atención Primaria. Los sindicatos entienden que debe crearse un protocolo que proteja a quienes denuncien a pacientes o familiares porque si no "muchos no se atreven".
    Otra línea de actuación apuntada por los sanitarios es la creación de "un plan de emergencia que falta en muchos centros". Supondría vías de escape y botones de alarma con conexión directa con la policía. En ese sentido, también solicitan "formación para comportarse en situaciones excepcionales y de riesgo".
    El peligro del búnker
    "Tampoco podemos hacer de los centros búnkeres", comentan los trabajadores. Con esa idea desaparecieron las mamparas que separaban a los administrativos del público. Tampoco se ve con buenos ojos colocar controles en los accesos: "Haría mucho más lenta la visita al médico", analizan. Lo que sí se pide es un vigilante en la puerta de entrada.
    Mientras, ayer, el centro El Naranjo trató de dar un servicio normal. Las tres heridas con el hacha evolucionan "favorablemente de sus heridas" y el resto del personal se incorporó al trabajo. La Consejería de Sanidad se comprometió a, si lo desean, reubicar a las profesionales en otros puestos del servicio.
    EL APUNTE
    Prisión provisional para el agresor
    Abdelraham E., de 40 años, el presunto agresor de tres trabajadoras del centro de salud El Naranjo el viernes pasado, fue enviado ayer a prisión provisional por el juzgado de Instrucción Nº 4 de Fuenlabrada. Se le acusa de cuatro tentativas de homicidio. El hombre era paciente del centro de salud fuenlabreño, según fuentes sanitarias, que además añadieron que "no acudía allí por motivos psiquiátricos". Testigos del sucesos comentaron que Abdelraham "atacó todo lo que se le cruzó con bata blanca".

    La cárcel se queda vacía

    Desalojado el antiguo módulo de mujeres de la prisión de Carabanchel ocupado por medio centenar de rumanos dedicados a recoger chatarra

    El antiguo módulo de mujeres, la única construcción en pie de la antigua prisión de Carabanchel, se convirtió ayer en un ir y venir de personas. De chatarra, de papel usado, de carros de supermercado llenos de todo tipo de enseres. Todo rodeado de suciedad y deshechos. Unos 50 inmigrantes de origen rumano fueron desalojados por la policía a media mañana, tras seis meses de ocupación ilegal en los que se habían adueñado de los restos de la histórica cárcel. El propietario del solar, Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior), demolerá este último edificio del recinto.
    El desalojo comenzó a las once de la mañana, justo enfrente de la pequeña iglesia de Santa Magdalena, en la calle de Monseñor Óscar Romero. Una docena de policías se presentó junto con los responsables de Instituciones Penitenciarias y comenzó el deambular de personas. "¿Qué vamos a hacer con todo esto? Estoy aquí con mi familia y no sé qué vamos a hacer esta noche", se quejaba Ionus Huanca, de 23 años, que llegó a la antigua cárcel en septiembre.
    Los okupas utilizaron cajas y carros para sacar las toneladas de objetos que habían acumulado. Dentro, se habían fabricado pequeños pisos casi independientes donde vivían familias enteras. Tenían zonas de estancia, con sofás, televisiones de plasma y vídeos de última generación. Al lado, las habitaciones, algunas incluso con cortinas. La antigua piscina se había convertido en un improvisado vertedero al que arrojaban toda clase de desperdicios.
    Para contar con luz y agua, habían hecho enganches ilegales en las redes de la zona. "Hay un montón de bobinas de cobre ahí dentro", comentó un agente de la comisaría de Carabanchel.
    La zona de seguridad, el espacio existente entre los dos muros de ladrillo, era utilizado como almacén donde se acumulaban enormes pilas de papeles, coches destartalados y electrodomésticos. Llegaron a guardar más de 30 pequeños frigoríficos procedentes de algún hotel. Los rumanos aprovecharon que la policía les dio dos horas para cargar furgonetas enteras con el papel que había recogido en diversos puntos de la ciudad. El viento se encargó de dispersar parte de esos desperdicios, que incluían incluso recibos de la luz y el teléfono de vecinos de la capital. "Si esto sigue así, tendremos que volver a Bucarest, pero allí tampoco hay trabajo y no nos alcanza ni para comer", explicaba Enache Petre Florin, de 37 años y con dos hijos pequeños. Otros más afortunados llamaron a familiares y se marcharon a toda velocidad.
    A la una y media de la tarde, tres vigilantes de seguridad se hicieron cargo del edificio que quedó cerrado a cal y canto para evitar nuevas ocupaciones. Contaban incluso con perros amaestrados. "En cuanto el Ayuntamiento nos dé permiso, tiraremos abajo este módulo, que es el último vestigio de la cárcel", concluyó un responsable de Instituciones Penitenciarias.
    El grueso de la mítica cárcel de Carabanchel fue derruido a finales de octubre de 2008, después de desalojar también en aquella ocasión a 30 personas que permanecían en un extremo del recinto. Y eso pese a contar con una gran oposición vecinal, que quería que se mantuviera el edificio y se dedicara a la memoria histórica. Un momento álgido llegó con el derribo parcial de la cúpula el sábado 25 de octubre, que causó un gran estruendo. El solar, de 172.164 metros cuadrados, se destinará a un hospital, zonas verdes, dependencias ministeriales y pisos para unos 2.000 vecinos, según el convenio firmado entre el Ayuntamiento e Interior.

    Detectan varias irregularidades en cursos para desempleados de Granada subvencionados por la Junta

    La delegación de Empleo ha repartido en la última convocatoria nada menos que 20 millones de euros en cursos para la formación. Las academias y asociaciones deben cumplir unos requisitos para poder optar a ese dinero público, y después deben acreditar que se ha impartido correctamente el curso, que los alumnos han ido a clase, etcétera. Sin embargo, hasta la delegación de Empleo han llegado cuatro quejas de alumnos relativas a la calidad de dicha formación y al incumplimiento del compromiso de contratación. Todas ellas están siendo investigadas por la delegación de Empleo.
    Este periódico ha tenido acceso a una de las quejas, presentadas por dos alumnos en el Defensor del Ciudadano después de que un técnico de Empleo la archivara, al alegar la academia que los alumnos tenían "intenciones dañinas". En su reclamación ante el Defensor, los estudiantes explican que en el verano pasado recibieron una llamada de la directora de la academia para hacerles una entrevista personal y poder hacer un perfil profesional. Sin embargo, lo que les ofrecían era un puesto de comercial de ventas, que nada tenía que ver con el curso de Administrativo Polivalente de Pymes, que era la formación que habían recibido. Además, les ofrecían prácticas de tres horas, cuando el compromiso que debían ofrecer era un contrato de seis meses como mínimo. Posteriormente, los alumnos supieron que «documentos internos de la academia iban a ser presentados para sustentar posibles renuncias» de los alumnos a la contratación, algo que ellos nunca firmaron.
    La delegada de Empleo, Marina Martín, explica que «cada vez que hay reclamaciones, sea por el motivo que sea, se comprueba si la academia o asociación ha cumplido con todos los requisitos». En cuanto a las cuatro quejas que actualmente se investigan, no se ha cerrado aún el expediente informativo. No se ha aclarado tampoco si las academias efectivamente presentaron renuncias que presuntamente habrían 'falseado'.
    Vigilantes de seguridad
    Entre las irregularidades que se han denunciado a Empleo estaría otra denuncia presentada por una academia respecto a los cursos subvencionados de vigilantes de seguridad. Se refería a centros que habían recibido subvenciones de unos 26.000 euros para impartir cursos de vigilante de seguridad, sin contar con la necesaria acreditación del Ministerio del Interior.
    El no tener esta homologación, los alumnos no podrían inscribirse oficialmente como vigilantes al acabar el curso, porque el Ministerio no les reconocería el título. Tras la queja recibida en Empleo, se les dio un plazo a los centros para que se homologaran, algo que hicieron a posteriori, y gracias a lo cual podrán seguir con sus cursos subvencionados y no tendrán que devolver el dinero.

    Policía Nacional detiene a 9 personas por falsedad y revelación de secretos

    Santa Cruz de Tenerife, 28 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por presuntos delitos de falsedad documental, cohecho y revelación de secretos en una operación desarrollada en varias provincias españolas por la Unidad Central de Seguridad Privada, ha informado hoy a través de un comunicado.
    Entre los arrestados se encuentran vigilantes de seguridad, detectives privados y un director de una oficina de empleo, dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, entre otros.
    El comunicado señala que los agentes han desmantelado una trama organizada dedicada a la obtención y comercialización ilícita de datos reservados de carácter personal.
    Nueve individuos han sido detenidos en Valencia, Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid por delitos de cohecho, revelación de secretos y asociación ilícita.
    Entre los arrestados se encuentran dos detectives privados de Madrid, el director de una Oficina de Empleo dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia y otras seis personas relacionadas con agencias de "información comercial" con ámbito de actuación en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, aunque con ramificaciones en otras Comunidades Autónomas.
    Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos profesionales en donde han intervenido abundante documentación y material informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado.
    El escrito policial señala que el entramado delictivo estaba liderado por un individuo de Alicante que se atribuía la condición de "detective privado" o de "perito judicial de investigación".
    Esta persona había sobornado a un director de una Oficina de Empleo murciana para que le facilitase datos protegidos relativos a personas físicas.
    Posteriormente, vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios integrantes de la red.
    Los datos objeto de compraventa, como domicilios, teléfonos, DNIs, localización de bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones, situación laboral o categoría profesional, tenían como destinatarios finales a entidades bancarias y financieras, despachos de detectives y cualquier otra empresa interesada en los mismos, señala la información policial.
    En la investigación se ha acreditado que, en el último trimestre de 2010, los detenidos comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional.
    Sus expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales y durante un periodo de cinco años. El coste de cada uno de los informes oscilaba entre los 10 y 20 euros.
    El trasvase de los datos se realizaba adoptando extremas medidas de seguridad, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo, precisa la nota.
    El pago por los informes suministrados se efectuaba "en mano", normalmente cada quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar la obtención de elementos de prueba.
    En otra operación policial, llevada a cabo también por la Policía Nacional el pasado 17 de febrero, se informó de que nueve vigilantes de seguridad habían sido arrestados en Tenerife por falsedad documental al utilizar titulaciones académicas y diplomas de formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad privada.
    Ocho de los detenidos se encontraban actualmente trabajando como vigilantes en un Centro de Menores de Valle Tabares, en Tenerife.
    Además, dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados tras presentar falsas titulaciones.
    Otro de los detenidos obtuvo igualmente de forma fraudulenta su acreditación como vigilante de explosivos.EFE