lunes, 7 de febrero de 2011

El hurto de combustible en las gasolineras repunta debido a la crisis

La crisis económica ha afectado directamente a las estaciones de servicio aragonesas. La drástica reducción del tráfico rodado a partir del 2009 ha acarreado un descenso del 30% en la venta de combustible, aunque últimamente el consumo empieza a recuperarse lentamente a medida que la economía española sale de lo más hondo de la recesión.

Además, la crisis ha provocado un ligero incremento de un pequeño delito que las gasolineras siempre han padecido en mayor o menor medida: el hurto de combustible. Algunos automovilistas se aprovechan de que la mayoría de las estaciones son de autoservicio para llenar el depósito de sus vehículos y, en un momento de descuido de los encargados de la instalación, huir a toda prisa sin abonar el importe de la gasolina o el gasoil.

"Se trata de un problema intrínseco a la actividad que desarrollan los distribuidores de combustible", señala Luis Serrano, gerente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Zaragoza y Teruel. "Se vienen dando casos desde hace tiempo, pero lo cierto es que estos dos últimos años ha subido la incidencia de los hurtos".

HASTA 70 EUROS En la actualidad, las estaciones de servicio cuentan con avanzados sistemas de vigilancia que permiten identificar a los conductores y los vehículos implicados en los robos al descuido. De ahí que muchos casos se resuelvan ante el juez, como faltas de hurto, lo que aminora las pérdidas.

"Los importes impagados son de poca monta, de 70 euros como máximo", explica Luis Serrano, que insiste en que últimamente preocupa a las estaciones de servicio la competencia, "en algunos casos desleal", que sufren por parte de las cooperativas.

Los conductores que no pagan el combustible suelen elegir las estaciones de servicio situadas en las carreteras, lejos ya de la ciudad, pues las vías de salida suelen estar despejadas. Pero poco a poco se les está cerrando el grifo. "Hay conductores que a cualquier hora, de día o de noche, entran a pedir que les abras el surtidor", indica la cajera de la gasolinera Valcarce, en la autovía de Logroño. "Y luego ves que se sirven el combustible y salen a toda prisa sin pagar el importe", añade.

Pero este rudimentario método delictivo está de capa caída debido a la extensión del prepago y a la reaparición de los vigilantes nocturnos. "Cuando se abona de antemano el combustible servido, no hay manera posible de escaparse sin pagar, los ladrones están pillados", manifiesta la cajera, que subraya que los "caraduras son siempre conductores de coches, nunca camioneros".

DÍAS DE JALEO "Con el sistema de prepago no hay manera de irse sin abonar el combustible", confirma un gasolinero de la estación de servicio Bonavía, en Pedrola, al borde de la N-232. Con todo, durante el día, siempre hay algún conductor que logra marcharse sin pasar por caja. "Ocurre pocas veces, pero, los días de mucho jaleo, siempre hay alguien que se escabulle sin pagar", apunta el mismo empleado.

Los aficionados a viajar gratis en su automóvil suelen ser reincidentes. Se les juzga por la comisión de una falta de hurto, si son detenidos, pero pronto vuelven a merodear por las gasolineras.

sábado, 5 de febrero de 2011

Contratación y subcontratación de servicios de seguridad

El presente informe se emite en respuesta a una consulta formulada en relación la legalidad de un modelo de contratación y subcontratación de servicios entre empresas que no están autorizadas para la realización de las actividades que pretenden contratar.


El artículo 7 de la Ley 23/92, de 30 de julio, de seguridad privada establece que:
“para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un registro que se llevará en el ministerio del interior”, a cuyo efecto deberán reunir los requisitos en ella previstos.
Por otra parte el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada en su artículo 14.3 determina que:
“Los servicios y actividades de seguridad deberán ser realizados directamente por el personal de la empresa contratada para su prestación, no pudiendo ésta subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con empresas inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestación de los servicios o actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los mismos requisitos y procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contratación. La subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa contratante”.
El contenido de los artículos anteriores deja patente que las empresas de seguridad solo están autorizados para contratar aquellos servicios que pueden prestar y que solo pueden realizar aquellos para los que están autorizados.
Por lo tanto una empresa de instalación no podría realizar un contrato de centralización de alarmas, aunque su pretensión no fuera la de prestar ese servicio sino subcontratarlo con otra empresa autorizada para realizar esa actividad.
Conclusiones
Contestando de manera concreta a la pregunta, queda patente, que no es posible que una empresa de instalación realice los contratos de forma directa con el cliente, para después subcontratarlos con una empresa que sí está autorizada para la centralización de alarmas.
Esa posibilidad, no sería ajustada a la norma por los motivos expresados en los párrafos anteriores, ya que, el que no está autorizado para prestar un servicio no puede contratarlo. Estos contratos solo podrían ser realizados, directamente por una central de alarmas, que sí podría subcontratarlos con otra empresa igualmente autorizada para esta actividad. En la normativa de seguridad privada no se contempla ningún aspecto que impida o limite la contratación o subcontratación salvo los expresados anteriormente entre empresas de seguridad autorizadas.
Suplemento Temático: Los nuevos retos del Director de Seguridad

Fuente: Boletín SEGURPRI Nº 28
Fecha: Julio 2010

La fiscalía investiga la gestión económica de Laporta en el Barça

La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la gestión de Joan Laporta (ahora diputado en el Parlament y líder de Solidaritat Catalana) al frente del FC Barcelona. Las pesquisas se han incoado a raíz de una denuncia presentada hace unos días por un socio del club y que hace referencia a algunos apartados de la auditoría (due diligence) encargada por la actual junta del Barça, presidida por Sandro Rosell. En este informe se reflejaban presuntas irregularidades económicas y financieras cometidas por el expresidente barcelonista y algunos miembros de su equipo directivo.

La denuncia no solo va dirigida contra Laporta, sino también contra dos de los que fueron sus más estrechos colaboradores: Ferran Soriano, exvicepresidente económico del club y ahora presidente de la compañía aérea Spanair, y Joan Oliver, el exdirector general corporativo. Sin embargo, fuentes jurídicas indicaron que el peso de la demanda y de las sospechas recae sobre el expresidente barcelonista. Los presuntos delitos que se barajan son los de apropiación indebida (presunto desvío de fondos de la entidad) e, incluso, un delito societario. La auditoría encargada por la actual directiva del Barça desveló que las pérdidas acumuladas por Laporta durante sussiete años de mandato (2003-2010) eran de 48,7 millones de euros.
El informe desveló un sinfín de presuntas irregularidades supuestamente cometidas por Laporta y su equipo directivo. En la demanda presentada ante la fiscalía se detallan algunos aspectos: la operación de compra de unos terrenos en Viladecans, gastos con tarjetas de crédito sin justificación, la contratación de una agencia de detectives para espiar a directivos del club y el desembolso de honorarios a un abogado que intervino en un proceso judicial en defensa de los intereses del expresidente. Que en la demanda se precisen únicamente estos apartados no significa que la investigación no pueda ampliarse a otros capítulos recogidos en la due diligence.
LOS TERRENOS / La operación de compra de los terrenos de Viladecans se remonta a finales del 2007 y principios del 2008, cuando el FC Barcelona compró una parcela de 30 hectáreas en el término de Viladecans por la que se pagó 18,5 millones de euros. El equipo de Laporta explicó en el 2008 que se trataba de «una reserva estratégica de suelo», porque se encuentra ubicada entre la autovía de Castelldefels, el aeropuerto de El Prat y la delimitación de dominio público marítimo terrestre. E inicidió en que la parcela estaba habilitada para ser destinada a equipamiento deportivo. Al parecer, una parte importante de estos terrenos están sujetos a un régimen de protección medioambiental y su valoración es de 5,5 millones de euros, lo que supone una pérdida de 13 millones, según relata la auditoría.
SEGURIDAD PRIVADA / La due diligence también denunció el gasto de la junta de Laporta en seguridad, unos tres millones. Se refiere a 516.000 euros de servicios de seguridad del presidente y de su vivienda, pero también al seguimiento y vigilancia al que fueron sometidos cuatro directivos. El actual vicepresidente económico, Javier Faus, explicó en la asamblea de compromisarios de octubre del 2010 que en el club «no hay contratos ni propuestas ni informes de seguimientos, por lo que la naturaleza de estos servicios no resultan evidente». La anterior junta directiva del Barça, además, gastó 318.000 euros en tarjetas VISA «a través del escolta del presidente», según la auditoría. El informe desveló que existían partidas de gastos no justificados a través de facturas (restaurantes y locales nocturnos) y dinero destinado a viajes no deportivos.

Piden dos años de cárcel para los musulmanes que provocaron los incidentes en al Mezquita de Córdoba


El altercado se produjo en el interior del templo cuando los acusados, que pertenecían a un grupo de unos 110 turistas austríacos, agredieron a vigilantes de seguridad -llegando a herir a uno de ellos con una navaja- y a un agente de la Policía Nacional, que les instaron a dejar de rezar bajo el rito musulmán, ya que está prohibido.
Piden dos años de cárcel para seis de los ocho turistas musulmanes implicados en los incidentes de la Mezquita-Catedral de Córdoba ocurridos el 31 de marzo del año pasado, mientras que para los otros dos solicita dos años y medio y un año y tres meses, respectivamente.

CÓRDOBA Piden más de 15 años de cárcel para los ocho turistas del incidente en la Mezquita-Catedral

El fiscal les acusa de desorden público, lesiones y atentado contra la autoridad

El Ministerio Fiscal solicita dos años de cárcel para seis de los ocho turistas de religión islámica implicados en los incidentes de la Mezquita-Catedral de Córdoba ocurridos el 31 de marzo del año pasado, Miércoles Santo, mientras que para los otros dos solicita dos años y medio y un año y tres meses, respectivamente.
El altercado se produjo en el interior del templo cuando los acusados, que pertenecían a un grupo de unos 110 turistas austríacos, agredieron presuntamente a vigilantes de seguridad —llegando a herir a uno de ellos con una navaja de diez centímetros de hoja— y a un agente de la Policía Nacional, que les instaron a dejar de rezar bajo el rito musulmán, ya que está prohibido en ese recinto.
M.S.S., H.K., O.A., H.B.A., M.K. y N.M. están acusados de un delito de desórdenes públicos y otro de lesiones, por el que se enfrentan a dos años de cárcel cada uno. Además, a M.S.S. el fiscal le considera responsable de una falta de lesiones leves por las que pide una multa de seis euros diarios durante un mes y quince días. Por su parte, Z.E., considerado el líder de la acción, se enfrenta a un año y tres meses de cárcel por un delito de desordenes públicos, así como a una multa de seis euros diarios durante veinte días por una falta de maltrato de obra. El implicado para el que el fiscal pide mayor pena es E.G., que además de estar acusado de un delito de desordenes públicos, es autor de un delito, según el Ministerio Público, de atentado a la autoridad, por lo que se enfrenta a una pena total de dos años y seis meses de prisión.
El Ministerio Fiscal relata en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, que sobre las 17:45 horas del 31 de marzo del año pasado, los acusados, junto a un grupo de unas 110 personas que estaban interconectados por medio de walki-talkies, accedieron a la Mezquita-Catedral liderados por Z.E. y empezaron a rezar bajo el rito musulmán a sabiendas de la prohibición que les impedía realizarlo.
Un vigilante del templo se acercó a ellos y les indicó que el rezo musulmán no estaba permitido en la Mezquita-Catedral, momento en el líder Z.E. se levantó y le propinó un puñetazo en la cara al vigilante. En el forcejeo, M.S.S. se abalanzó sobre el vigilante y «esgrimiendo una navaja de unos diez centímetros de hoja, le lanzó una cuchillada hacia el pecho» que pudo esquivar, aunque le ocasionó un corte en la mano izquierda.
Además, otro vigilante que acudió en auxilio de su compañero resultó lesionado en la mano al tratar de repeler otra agresión.
Los vigilantes avisaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar para restablecer el orden e identificar a los turistas de religión musulmana. Uno de ellos, E.G., que llevaba muletas debido a una lesión anterior, agredió a unos de los agentes cuando éste le pidió que dejara de hablar por teléfono, según el relato del fiscal. Este incidente puso en solfa las propias medidas de seguridad de la Mezquita-Catedral y provocó que el Cabildo Catedralicio llegara a estudiar el refuerzo en los controles de acceso al templo en las horas de visita.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Acta de Seguridad Privada - (25/01/2011)

Para ver las actas clicar en el titular

Artículos modificados del Acta Seguridad de Privada - (25/01/2011)

Para ver los articulos clicar en el titular 

Detienen a 23 personas tras esclarecer 70 robos de cobre y se intervienen cuatro toneladas

La Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones en relación con estos hechos

Agentes del Equipo de Patrimonio de la Policía Judicial, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han detenido a un total de 23 personas por su implicación en una red que se dedicaba al robo de cobre en toda la provincia, incautándose de cuatro toneladas de este material en una importante operación llevada a cabo en Huelva, con la que se ha logrado esclarecer un total de 70 robos de cobre.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las primeras detenciones tuvieron lugar este miércoles en la barriada Marismas del Odiel, de Huelva capital. Asimismo, se registró una chatarrería ubicada en Moguer y otra en Huelva, donde fueron intervenidas un total de cuatro toneladas de cobre. De igual forma, se intervinieron dos furgonetas, utilizadas de forma habitual por los detenidos para transportar la mercancía robada. 
El responsable de la chatarrería, que recepcionaba el cobre sustraído, ha sido imputado como presunto responsable de un delito de receptación. Con estas detenciones se han logrado esclarecer de  momento más de 60 robos acontecidos a lo largo y ancho de la provincia de Huelva, desde el año 2009 hasta finales de 2010.
Las investigaciones no se dan por cerradas y continuarán, por lo que no la Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones en relación con estos hechos.
La Benemérita ha señalado que debido a la proliferación de robos de material de cobre, sobre todo, hilo y cable de transformadores, bobinas y otras conducciones eléctricas, a nivel nacional, y en concreto en esta provincia de Huelva, agentes del equipo referido iniciaron una investigación, que comenzó con el análisis de los delitos cometidos desde el año 2009 hasta noviembre de 2010.
Al mismo tiempo, se fueron recibiendo novedades sobre detenciones de personas que habían sido sorprendidas robando este material. Durante este periodo se mantuvieron entrevistas con los responsables de las empresas de seguridad, quienes fueron facilitando partes diarios con vehículos sorprendidos in fraganti, o en lugares sensibles de ser objeto de robo de este material. Otros campos de estudio han sido los libros de registro de las empresas dedicadas a la recepción de cobre.
La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Moguer.

 
Fuente: Europa Press
27/01/11

Las cámaras pasan el examen

Expertos en protección de datos verifican la legalidad del sistema de videovigilancia de Oviedo



La Policía Local de Oviedo presentaba el año pasado el nuevo sistema de videovigilancia para controlar el tráfico en la ciudad, para vigilar el acceso de vehículos en zonas peatonal y para velar por la seguridad ciudadana en el casco antiguo de la ciudad. Un sistema que generó -y genera todavía hoy cuando se está poniendo a punto el sistema- recelos por parte de vecinos, usuarios de las vías y de algunos partidos políticos. ¿Pueden sentirse los vecinos tranquilos con este tipo de vigilancia o hay que tener recelos porque puede verse conculcado el derecho a la intimidad? Varios expertos en protección de datos han analizado para LA VOZ el sistema y han sido contundentes: el sistema es legal, verificable y el ciudadano cuenta con resortes suficientes ante posibles abusos del propio vigilante.
De este modo, el abogado experto en la Ley de Protección de Datos Ramón Robles explicaba que la videovigilancia debe de tener “una finalidad concreta; no puede ser destinada a otros usos diferentes de los que se señalan en la autorización”. Así, una cámara cuyo destino sea la captación de matrículas de vehículos, tiene que ser destinada a este fin; no obstante, señalaba el letrado, ante la comisión de un delito, la autoridad competente -como un juez- puede reclamar las imágenes captadas por cualquier sistema de videovigilancia, ya sea público o privado, independientemente de la utilidad que conste en su permiso.
En este caso, para la colocación de siete cámaras de vigilancia en el casco antiguo de Oviedo hay una autorización que firma el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, quien indica que el permiso es concedido al ayuntamiento “con fines de seguridad pública”. “Si algún día aparece una secuencia de imágenes con cuestiones que nada tienen que ver con seguridad, se podría reclamar amparo legal”, señaló Robles. Otra cuestión importante es que la zona vigilada “tiene que estar perfectamente señalizada, el usuario tiene que saber que tiene una serie de derechos”.
El experto y abogado Juan Manuel Rebaque entiende que los afectados por este sistema “puedan estar recelosos; no debe de ser cómodo para un vecino saber que cada vez que sale de casa o entra te están gravando”. No obstante, el letrado señala que la Ley contempla una serie de garantías en este aspecto. Una de ellas en el tiempo de almacenado de las imágenes captadas por el sistema. “A los 30 días deben de ser destruidas salvo que estén en uso en una investigación judicial”, informaba el abogado. Asimismo, Rebaque apunta a que todo ciudadano tiene derecho al acceso y rectificación de la información recogida por las cámaras. Señala, además, que el permiso de la Delegación del Gobierno debe de tener en cuenta una autorización previa de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Principado, como así consta. Ese comité está presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, “con lo que se garantiza un estudio judicial”.
Idoneidad y proporción Otra prueba que debe superar el sistema, continúa Rebaque, es que éste debe de cumplir con los preceptos de idoneidad y de intervención mínima. Es una cuestión que también consta en el citado informe: “Los medios técnicos a emplear para la consecución de los riesgos para las personas y los bienes son idóneos y proporcionados”.
El experto Martín López explicaba, por su parte, que el ayuntamiento tiene la obligación de registrar en la Agencia de Protección de Datos las imágenes que se van a captar con el sistema, ya sea a personas -como en el circuito del casco antiguo- o a matrículas de coches (en las entradas a las zonas peatonales). “A partir de este momento -informa el abogado- hay que tener especial cuidado en controlar quién tiene acceso a estas imágenes; deben de ser agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado o, en este caso, de la Policía Local. Se debe de saber también si será una empresa privada la que gestione el dispositivo para controlar el uso y destino de los datos recogidos”. En definitiva, el sistema pasa el examen, pero el teórico, a la espera del práctico.

 
Fuente: La Voz de Asturias
26/01/11

Suplemento Temático: Videovigilancia

Mas exigirá a Zapatero 29 traspasos pendientes y revisar 6 incompletos


El president visitará el lunes la Moncloa dispuesto a aplicar a fondo la táctica del 'peix al cove' | Mas reclamará también el cumplimiento íntegro de las inversiones del Estado en Catalunya | De los 40 traspasos pedidos por el tripartito en el 2006, CiU sólo da por bien cerrados 5

Reclamar 29 traspasos pendientes y revisar otros 6 incompletos, además de exigir el cumplimiento íntegro de las inversiones del Estado en Catalunya, es el guión con que Artur Mas tiene intención de acudir el próximo lunes a su entrevista con José Luis RodríguezZapatero en el palacio de la Moncloa. Un primer encuentro con el presidente del Gobierno español después de ser elegido presidente de la Generalitat en el que, a la vista de las circunstancias que lo rodean, piensa ir a lo práctico y aplicar a fondo la táctica del peix al cove para intentar sacarle todo el partido posible.
Consciente de que la situación política española se encuentra en un final de etapa y de que muy probablemente el actual inquilino de la Moncloa no continúe después de las elecciones generales del 2012, la idea de Mas no es arrancar grandes compromisos de futuro, sino cerrar cuantos más asuntos pendientes mejor, máxime en un momento en que el papel del Estado de las autonomías está puesto en cuestión tanto por el PP como por el PSOE. La voluntad es llegar a la cita del lunes –y así se le ha trasladado al Gobierno– con la negociación del plan de viabilidad financiera de la Generalitat muy bien encauzada, si no cerrada, para poder dedicarla a repasar los compromisos adquiridos con Catalunya y hasta ahora, en opinión del nuevo Govern, no satisfechos.
“Esta es cuando menos nuestra intención, otra cosa será si lo conseguimos”, subrayó ayer Francesc Homs al término de la reunión del Govern, apenas veinticuatro horas después de la audiencia con el Rey. Con este planteamiento, Mas llevará a la entrevista con Zapatero la lista de 40 traspasos que, derivados de la aprobación del Estatut, el tripartito se había fijado como objetivo para la anterior legislatura –2006-2010– y de los que, según el balance de CiU, sólo se han conseguido 5, ya que otros 6 se han realizado de forma incompleta y 29 siguen aún pendientes. De los incompletos, entre los que destacan los trenes de cercanías y regionales, el presidente de la Generalitat reclamará que sean revisados convenientemente, al tiempo que insistirá en que se ejecuten los que, más de cuatro años después, continúan encallados.
Entre estos sobresalen algunos como las becas, la evaluación de la calidad de las universidades, la ampliación de funciones y medios personales y materiales en materia de justicia, la formación sanitaria especializada, la autorización de laboratorios farmacéuticos, el salvamento marítimo o las funciones y servicios de la Seguridad Social; mientras que los únicos cinco que CiU da por bien cerrados son los servicios de asignación del ISBN, la expedición y homologación de títulos no universitarios, las funciones en materia de notarías y registros, los servicios y fundaciones relativos a actividades de seguridad privada, y la inspección de trabajo.
Mas también planteará a su interlocutor el cumplimiento estricto de lo establecido en la disposición adicional tercera del Estatut con relación a las inversiones del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras. Un concepto por el que CiU –de hecho, el propio candidato–, durante la campaña electoral del 28-N, llegó a esgrimir que el Gobierno adeudaba a la Generalitat más de 2.700 millones de euros. El objetivo, con todo ello, no es ir al encuentro con Zapatero a la desesperada en busca de acuerdos –“no tenemos necesidad”, justifican fuentes del Govern–, sino intentar obtener lo que sea posible y dejar claro, en cualquier caso, que para la Generalitat se trata de una reunión de trabajo, y no simplemente protocolaria y de buena sintonía entre las dos partes. Algo que, a la vista de las frías relaciones personales entre los dos presidentes, no entra en los cálculos de Mas.
Lo que sí ayudaría al clima es que el Gobierno diera el visto bueno cuanto antes al plan de ajuste de la Generalitat, en cuya negociación está plenamente enfrascado, con suma discreción, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell. La situación es tan delicada que requiere medidas urgentes, y prudencia, en opinión del equipo de Mas. Una consigna que ayer no siguió Oriol Pujol, que con unas declaraciones enCOMRàdio provocó un incendio político que el portavoz del Govern tuvo que sofocar. “A ver si hablamos claro, la situación financiera de la Generalitat es tan dramática que prácticamente no se pueden pagar las nóminas”, aseguró el presidente del grupo de CiU en el Parlament y secretario general adjunto de CDC. “Ya sé que el Govern en esto debe ser más prudente, yo no tengo por qué ser tan prudente”, precisó.
Las manifestaciones tuvieron que ser enmendadas por FrancescHoms en un intento de transmitir un mensaje de tranquilidad a los empleados de la Generalitat. “No hace falta que se preocupen”, insistió al término de la reunión del Govern, con la idea de que, aunque la situación sea complicada, todos cobrarán sus nóminas sin problemas a final de mes. La garantía ya la dio el propio conseller de Economia al presentar el pasado viernes las líneas maestras del plan de ajuste de las finanzas de Catalunya, y a ella se remitió el portavoz del Govern para intentar calmar a los funcionarios por la alarma creada y zanjar, de paso, la polémica.
Una polémica que, sin embargo, no obviaron las fuerzas de la oposición, que censuraron el “alarmismo” a su juicio provocado por las afirmaciones de Oriol Pujol, que consideraron impropias de un partido de gobierno.

Sindicatos denuncian que Seguridad Integral Canaria ha despedido en enero a más de 100 trabajadores

IC, USO y UGT aseguran que la empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez ha reducido un ocho por ciento los salarios de los trabajadores para “financiar” los despidos de sus compañeros

Intersindical Canaria (IC), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) han denunciado este martes que la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) ha despedido desde el pasado 31 de diciembre a 112 trabajadores de sus centros en Gran Canaria y Tenerife.
El secretario regional de la sección de seguridad privada de IC, Jacobo Ortega, mostró su “repulsa” por esta decisión que la empresa achaca, según explicó, a una supuesta falta de liquidez motivada por el “retraso” de las administraciones públicas –principal cliente de SIC- en efectuar pagos correspondientes a 2009 y 2010 por valor de 21,1 millones de euros.

Ortega lamentó que al resto de la plantilla, alrededor de 2.000 personas, se haya visto afectada de forma paralela por una reducción salarial del ocho por ciento, es decir, alrededor de 100 euros por mes y trabajador.

Esta medida, que se produjo sin aviso “oficial”, está destinada “a que los propios trabajadores financien” los despidos de sus compañeros, afirmó Ortega, que aseguró que esta estrategia persigue reducir la plantilla “sin que por ello se vean mermadas las arcas de la empresa”.

Hasta el momento unos 60 trabajadores han demandado a la compañía, la primera por volumen del sector en Canarias. Desde IC censuran que exista volumen suficiente de horas extra como para repartir éstas entre la plantilla y no prescindir de ninguno de los empleados.

Asimismo los tres sindicatos han criticado el “continuo desprecio” de la empresa hacia sus trabajadores, ya que argumentan que no les son reconocidos sus derechos, además de negárseles “el abono de antigüedades, pluses horas extras” o la elaboración de unos cuadrantes de horarios que permitan una correcta conciliación de la vida laboral y personal.

El representante sectorial de UGT, Juan José Socorro, informó de que el comité de empresa de SIC consta de 21 trabajadores, “19 de los cuales son mandos intermedios”, como jefes de cámara o responsables de equipos de video vigilancia.

“En las últimas elecciones cuatro sindicatos presentaron entre 40 y 50 candidatos”, de los que según explicó, “el 90 por ciento acabó por caerse de las listas” debido a las “presiones” de la empresa.

Además de SIC, Miguel Ángel Ramírez es dueño del Grupo Ralons, que recientemente ganó el concurso de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los sindicatos confían en que la presión ejercida desde sus organizaciones junto a Inspección de Trabajo permitan frenar una segunda oleada de despidos, que prevén para el mes de febrero.

Además han previsto movilizaciones para el día 8 de febrero, a las 10:00 horas, frente a la sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ser uno de los centros donde más trabajadores de SIC hay en la actualidad. Estas acciones está previsto que se extiendan a juzgados, hospitales o edificio de la administración pública donde Seguridad Integral Canaria dispone de contratos.

Un procesado por ofrecer drogas alega que halló las pastillas en el suelo de la discoteca

IBIZA | N. G. G. Un joven británico de 26 años juzgado por ofrecer drogas al responsable de la seguridad de la discoteca Space negó ayer haberse dirigido al trabajador y añadió que las pastillas que llevaba encima las acababa de encontrar tiradas en el suelo.

J. B. fue juzgado ayer por la Sección Primera de la Audiencia por un delito contra la salud pública por el que la fiscal le pide cinco años de cárcel. Junto a él debía ser procesado otro joven británico que no acudió a la vista; aunque la fiscal pidió la suspensión, el tribunal la rechazó pues ya se había aplazado antes y J. B. se había trasladado desde el Reino Unido expresamente.

El acusado relató que el 17 de agosto de 2009 el otro imputado y él estaban en Space cuando se percató de que había algo en el suelo. Al cogerlo, vio que era una bolsa de plástico que contenía pastillas. «No sé lo que eran, me lo encontré en el suelo, no tenía ni idea de su composición», indicó sobre la sustancia, que resultó ser bencilpiperazina.

«Entonces se acercó un vigilante y me agarró, me sacó de la discoteca, me pidió que lo acompañara a la parte superior y allí yo mismo le entregué las pastillas», declaró el joven, que añadió que otro empleado cogió a su amigo.

Sin embargo, el responsable de la seguridad del local explicó que estaba recorriendo la discoteca cuando los dos jóvenes británicos se le acercaron y uno le preguntó al oído si quería pastillas. «Les dije que no, que no quería saber nada y me marché. Entonces les dije a mis chicos que fueran a buscarles y les llevaran a una sala contigua. Allí les indiqué que sacaran lo que llevaban en los bolsillos y ellos lo hicieron voluntariamente», indicó el trabajador. Las pastillas, según su testimonio, se quedaron sobre una mesa hasta que llegó la Guardia Civil.

El letrado de J. B. pidió su absolución. Consideró «raro» que se dirigieran precisamente al trabajador para ofrecer droga cuando no cumple el perfil de joven británico asiduo a la discoteca y resaltó que según la declaración del empleado no le enseñaron drogas ni hablaron de dinero, con lo que no habría venta. En caso de condena, pidió que se le impusiera solo un año de cárcel pues la sustancia no causa grave daño.

La vigilancia privada en los buses se someterá a la Junta de Seguridad

La posibilidad de que los autobuses urbanos que suban a la barriada Príncipe Alfonso cuenten con seguridad privada y videovigilancia será sometido a la Junta Local de Seguridad.

Así lo solicitó ayer al pleno el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien contestó en nombre del gabinete a la moción de urgencia que sobre este punto concreto había presentado el Partido Socialista Obrero Español.
Reflejó el jefe del ejecutivo que en esta materia concreta se producía un problema con dos derechos fundamentales. Por un lado, el de los usuarios que han de tener garantizado su servicio hasta la citada barriada y en segundo lugar el de los propios trabajadores que han de contar con una  tranquilidad a la hora de desarrollar sus cometidos, sin que se ponga en peligro su seguridad.
Reflejó que a lo largo de los últimos meses había tenido la oportunidad de reunirse con la propia empresa, los representantes de los trabajadores e incluso con la asociación de vecinos, así como con los  técnicos especialistas en materia de seguridad.
De las conclusiones que se habían derivado de la misma se entendía que era mejor una solución adoptada con las brigadas cívico-sociales que con la llegada de vigilantes jurados.
Si especificó que era una medida que parecía había dado sus frutos, “pero estamos hablando de un tema, donde, desde luego, hay que tocar madera de manera constante”.
Si le dijo a la portavoz socialista que no descartaba ninguna posibilidad, pero que pensaba que debía ser incluido en una reunión de la Junta Local de Seguridad y que por esa razón iba a comentarle al delegado del Gobierno que lo incluyera en el orden del día de la próxima sesión.
Desde el punto de vista del presidentes es una buena oportunidad para que  en una de estas reuniones, los técnicos presentes den su opinión sobre si la adopción de medidas de estas características tendría consecuencias positivas.

Una medida que estaría en manos de la misma empresa de autobús
Aunque es una cuestión que se abordó en la sesión plenaria, no puede olvidarse que la adopción o no de esta medida, en última instancia, estaría en manos de la propia empresa de autobuses que, en definitiva, sería quien tendría que correr con los mencionados gastos y que todavía no se ha pronunciado al respecto.
Por esta misma razón, el mismo presidente Vivas cuando se comprometió a presentarlo a la Junta Local de Seguridad, si dijo con anterioridad que también es obligatorio el paso previo de escuchar las opiniones de la propia empresa concesionaria del servicio, a los representantes de los trabajadores y además a la asociación de vecinos.
Es una situación que ahora mismo parece haberse calmado con la adopción de las medidas que se han tomado en las distintas reuniones que todas las partes realizan en la sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.

Arrestada una mujer acusada de un delito continuado de hurto en Tudela

Pamplona, 1 feb (EFE).- La Policía Foral ha arrestado a una vecina de Madrid de 39 años, identificada como M.P.H., como presunta autora de un delito continuado de hurto cometido en Tudela, después de ser sorprendida por los vigilantes de un centro comercial cuando llevaba a cabo un hurto de ropa y de artículos de alimentación.
La mujer estaba acompañada por un hijo suyo menor de edad, según ha informado hoy el Gobierno navarro que ha explicado que los vigilantes del centro comercial en el que se produjo el intento de hurto observaron en las cámaras de seguridad cómo la posteriormente detenida se introducía en un probador de ropa con un carro lleno de prendas de ropa y otros productos y salía de la estancia con el carro prácticamente vacío.
Eso llevó a los vigilantes a alertar a la Policía Foral, que dio el alto a la mujer sospechosa, según la citada fuente que ha indicado que en la inspección que le realizaron los agentes observaron que portaba bolsos forrados de papel aluminio para eludir los sistemas de detección de alarmas y que, además, en su vehículo poseía otros artículos de los que no pudo justificar su procedencia.
Finalmente, para completar las diligencias de este caso, los agentes acudieron a varios comercios de la zona para averiguar si habían sufrido robos o hurtos recientemente y recoger, así, las pertinentes denuncias.
La mujer detenida había hurtado, presuntamente, varias prendas de ropa, como vaqueros y jerséis, artículos de electrónica e informática, diversos productos alimenticios y recambios para el automóvil. EFE

Cinco detenidos por pegar a cuatro empleados de un prostíbulo en Donostia

EL ALTERCADO SE INICIÓ CUANDO LOS VIGILANTES LES INVITARON A SALIR, YA QUE ERA LA HORA DE CIERRE



DONOSTIA. Un total de cinco hombres fueron detenidos en la madrugada de ayer acusados de agredir a dos vigilantes y a dos trabajadoras de un local de alterne en Donostia, según informó el Departamento vasco de Interior.
La Ertzaintza indicó que los hechos tuvieron lugar sobre las 3.30 horas, en un local desde el que se avisó a la Policía vasca de que se estaba produciendo una pelea con el resultado de varias personas heridas.
Varias patrullas se desplazaron al lugar para recoger información de lo sucedido, a la vez que se solicitaba asistencia sanitaria para cuatro personas, dos vigilantes y otras dos trabajadoras, que habían resultado heridas con contusiones y hematomas.
Según los testigos, los presuntos agresores abandonaron el lugar a bordo de dos turismos que circulaban a gran velocidad y por dirección contraria sentido Irun. Uno de los turismos fue interceptado y sus cinco ocupantes fueron arrestados, acusados de un presunto delito de lesiones.
Al parecer, el altercado se inició cuando los vigilantes de seguridad del local invitaron a los clientes a salir, ya que era la hora de cierre.
En el lugar de los hechos, un club de alterne, los agentes encontraron varias puertas de acceso forzadas con restos de sangre, así como un palo de madera que uno de los ahora arrestados utilizó para golpear a las víctimas.
Los arrestados, cinco varones de entre 24 y 27 años de edad, fueron trasladados a dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial.

Provocan un incendio en una nave abandonada cuando robaban hierro

Los bomberos tuvieron que sofocar ayer durante horas un incendio originado en una nave abandonada de Valencia, en la que hace años era la fábrica de cerveza Damm, tras originarse un incendio por causas que están siendo investigadas. Al parecer, el fuego se inició al caer sobre la basura acumulada la chispa de un soplete que alguien estaba utilizando para robar el hierro de la antigua fábrica para venderlo como chatarra.
De hecho, el jueves de la semana pasada agentes de la Policía Local de Valencia detuvieron a dos hombres cuando se encontraban robando este metal en una nave próxima a la calcinada.
El vigilante de seguridad alertó del fuego a las 15.30 horas de ayer, al ver salir humo del sótano, de unos 100 metros cuadrados.

Detenido por amenazar con una pistola de fogueo a un hombre en una discoteca

El arrestado confundió a su víctima con la persona que le atracó 20 días antes en una calle de Valencia


Agentes de la policía nacional detuvieron el pasado domingo de madrugada a un hombre acusado de amenazar con una pistola de fogueo a otro en una discoteca de Valencia. Al parecer, el arrestado pensó que se trataba de la misma persona que hacía unos 20 días le había atracado en una calle de la ciudad y le había sustraído la cartera y el teléfono móvil, según apuntaron fuentes conocedoras del suceso, ocurrido en torno a las cinco de la madrugada.
El sospechoso, de 25 años y nacionalidad boliviana, abordó a su víctima en los lavabos de la discoteca, situada en la avenida del Puerto de Valencia, y le encañonó pensando que se trataba del hombre que días atrás le había asaltado para robarle.
La víctima, también de origen suramericano, logró zafarse de a su agresor y salió del baño pidiendo ayuda. Tras él salió el ahora detenido esgrimiendo una pistola y causando el pánico entre los allí presentes, que en ese momento disfrutaban de la música, ajenos a la disputa que había tenido lugar en el baño.
Los vigilantes de seguridad de este local de ocio lograron reducir al hombre armado, y comprobaron que se trataba de una pistola de fogueo. Asimismo dieron el aviso a la policía nacional y varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos, situado en la avenida del Puerto de Valencia.
La policía nacional procedió a la detención del sospechoso, acusado de un delito de amenazas graves. El arrestado, de 25 años y nacionalidad boliviana, fue puesto a disposición del Juzgado de instrucción número 11 de Valencia. Tras alegar que había confundido a su víctima con el hombre que le atracó hace días y el juez lo puso en libertad con cargos.

El Supremo aplaza la vista contra los Grapo por un asesinato en Vigo

El Tribunal tenía previsto revisar la sentencia que condenó a penas de 135 y 144 años a cinco miembros del grupo



El Tribunal Supremo ha aplazado la vista pública que estaba previsto que celebrara este martes su Sala de lo Penal para revisar la sentencia que condenó a penas de entre 135 y 144 años de prisión a cinco miembros de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo) por el asesinado de dos vigilantes de seguridad cometido en Vigo el 8 de mayo de 2000.

Fuentes del alto tribunal señalaron que la razón del aplazamiento es la baja que sufre la letrada de uno de los condenados, que le impide asistir al acto. Aún no se conoce una nueva fecha para la resolución de estos recursos, cuyo ponente será el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró probado el pasado febrero que Fernando Silva Sande, Mónica Refojos Pérez, Israel Torralba Blanco, Marcos Martín Ponce y Esther González Ilarraz colocaron tres cargas explosivas cuando el furgón circulaba por la carretera provincial de Vigo y que, tras reventarlo, los dos primeros dispararon contra sus ocupantes, causando la muerte de Gonzalo Torres Lage y Jesús Sobral Otero e hiriendo a Manuel Espada Pérez.

A juicio de los magistrados, los hechos fueron constitutivos "sin lugar a dudas" de dos delitos de terrorismo con resultado de muerte, cuatro de lesiones, depósito de explosivos y robo con violencia o intimidación, por los que todos menos González Ilarraz fueron condenados a 135 años de cárcel. A esta última se le impusieron nueve años más de prisión porque, a diferencia de los anteriores, no había sido condenada todavía por integración en organización terrorista.

El tribunal de la Audiencia, integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri (ponente), absolvió al histórico líder de los Grapo, Manuel Pérez Martínez, 'camarada Arenas', que se enfrentaba a una petición de 152 años de prisión, al considerar que no consta que tuviera "ni conocimiento ni dominio" de estos hechos.

También eximió al jefe del aparato de falsificación de la organización, José Luis Elipe López, para quien el fiscal pidió una pena de 12 años por un delito de falsedad en documento, porque el Tribunal de Gran Instancia de París ya le condenó en 2003 por estos mismos hechos.

REPARTO DE FUNCIONES

La sentencia recogió en su capítulo de hechos probados que los cinco condenados se repartieron las labores para llevar a cabo el asalto, de forma que Silva Sande hizo de "artillero" colocando las cargas explosivas con Refojos; Torralba de "vigía" controlando el paso del furgón con "una linternita con una luz verde"; y Martín Ponce de "artificiero" ocupándose, junto a González Ilarraz, del "vaciado" del furgón.

El tribunal acreditó la participación de los cinco terroristas a partir de la declaración de los imputados y después de encontrar en el lugar de los hechos y en el vehículo utilizado para la huída seis muestras de sangre de Martín Ponce, huellas de Refojos y anotaciones manuscritas realizadas por Silva Sande que estaban incorporadas a cuatro bombas lapa que el 'comando' había abandonado.

Los hechos se produjeron a las 7.45 horas del 8 de mayo de 2000 cuando los cinco terroristas, dirigidos por Silva Sande, colocaron tres cargas explosivas cuando el furgón circulaba por la Carretera Provincial de Vigo en dirección a la Gran Vía trasladando fondos a la sede del Banco de España en Pontevedra.

Tras la parada del furgón blindado, los acusados abrieron fuego contra los guardias jurados Gonzalo Torres Lage y Jesús Sobral Otero, que murieron en el acto, y Manuel Espada Pérez, que resultó gravemente herido. Además, sufrieron lesiones otras tres personas que se encontraban en ese momento en el lugar de la explosión.

En su huída, los acusados abandonaron las tres bolsas de dinero que habían logrado extraer del furgón, ya que contenían moneda fraccionaria, así como tres artefactos explosivos. El atentado fue reivindicado por los Grapo mediante un comunicado que remitieron a varios medios de comunicación de Vigo.

Vigilancia privada para evitar ocupaciones en los pisos públicos


Las empresas públicas optan por guardas de seguridad o instalar puertas de hierro |En este barrio quedan seis viviendas ocupadas y en proceso judicial

Las empresas públicas de viviendas luchan contra las ocupaciones de pisos protegidos con vigilantes de seguridad. Esto es lo que pasa desde hace muchos meses en el barrio del Gornal, en l'Hospitalet, donde hay seis procesos judiciales abiertos para expulsar a quienes habitan allí de manera ilegal. La historia de estos pisos públicos de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, antes Adigsa, y las ocupaciones viene de lejos. Según fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat, a principios del 2010 existían 14 pisos ocupados de los 212 existentes. La situación salió a la luz pública hace unos meses cuando uno de los inquilinos ilegales se suicidó en un parque público tras recibir una orden de desahucio.
Lo cierto es que la usurpación de viviendas en esta promoción de l'Hospitalet ha llegado a tales extremos que hace más de un año Adigsa tuvo que contratar vigilancia privada para evitar el fenómeno denominado “patada en la puerta”, por el que familias sin recursos económicos y sin acceso a una vivienda ocupan los pisos vacíos. Viviendas que, normalmente, están desocupadas a causa de los retrasos en las adjudicaciones o por los problemas de financiación que encuentran los adjudicatarios a la hora de comprar la residencia.
Antes era habitual este tipo de vigilancia permanente para evitar los robos de material durante la construcción de la promoción. Ahora se considera de lo más normal disponer de un sistema de seguridad para evitar usurpaciones de viviendas, ya sean libres o protegidas. Adigsa no ha sido la única. La empresa pública del Consell Comarcal del Barcelonés, Regesa, también ha tenido que recurrir a este sistema para controlar sus viviendas. Hace menos de un año en una promoción de 97 pisos en la calle Mare de Déu del Port, la empresa tuvo que cambiar el bombín de todas las viviendas porque robaron las llaves y contratar vigilancia privada para evitar las ocupaciones. También en el barrio de la Catalana ha implantado un sistema de control, en el que combina la vigilancia personalizada con las cámaras de seguridad durante las 24 horas. El Patronat Municipal de l'Habitatge del Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, opta por instalar puertas de hierro en aquellas residencias que quedan desocupadas de manera temporal.
Fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat explican que “las ocupaciones ilegales han sido y son una preocupación social de la administración pública”. En este sentido, destacan que las familias o personas que están de manera ilegal en las viviendas del Gornal pueden dirigirse a la Mesa Tècnica de Valoració, que está integrada por técnicos de Benestar Social y de l'Oficina d'Habitatge Municipal, y plantear su situación. Se trata de una entidad que evalúa la situación personal de las familias que no disponen de ingresos y necesitan una vivienda. Durante el año 2010, la Mesa Tècnica de Valoració ha propuesto 30 familias a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para la adjudicación directa de viviendas destinadas a emergencias sociales.c

Detenido por robo con violencia en una tienda

El individuo entró en el local, ocultó varias botellas y amenazó al vigilante de seguridad con una navaja al ser descubierto 



La Policía Nacional informó ayer de la detención de A. M. G., conocido como 'El Manco', de 45 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación. Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento comercial de la calle Rocío. El vigilante de seguridad vio que un cliente tomaba varias botellas de licor y las ocultaba en el interior del abrigo, dirigiéndose a la salida.
Al acercarse el vigilante, le dio un fuerte empujón emprendiendo la huida. Sin embargo, el vigilante le dio alcance, momento en que este individuo se volvió y, esgrimiendo una navaja, le amenazó con matarlo si se acercaba.
Este hombre, que es manco del brazo izquierdo, se dio a la fuga. Agentes policiales, advertidos de la comisión del delito, tras dar batidas por la zona le localizaron en la calle Virgen de la Luz.
El detenido mostró en todo momento una gran resistencia, intentando autolesionarse en varias ocasiones. 'El Manco' ha sido detenido en 36 ocasiones por motivos diversos, especialmente robos.