UGT seccion sindical Securitas Vic (Barcelona)

lunes, 31 de enero de 2011

UGT culpa al Ayuntamiento de El Ejido de la situación de los trabajadores de Securitas

ALMERÍA.- La Federación de Servicios (FES) de UGT Almería denuncia la situación en la que se encuentran los 25 trabajadores/as de la empresa Securitas de Almería, que presta actualmente sus servicios para el Ayuntamiento de El Ejido, ya que el incumplimiento del consistorio en los pagos a dicha empresa, desde hace más de un año, está poniendo en peligro la estabilidad laboral de estos trabajadores y trabajadoras.

Como ha informado el secretario general de FES UGT Almería, Ángel Amat, “la empresa amenaza con suspender el servicio si el Ayuntamiento no abona los importes que le adeuda, lo que supondría que estos veinticinco trabajadores y trabajadoras perderían su puesto de trabajo”.

Ante esta situación, el responsable sindical ha manifestado que “desde FES UGT Almería hacemos un llamamiento a la responsabilidad del equipo de gobierno del municipio de El Ejido, para que efectúe a la mayor brevedad el abono de lo adeudado a la empresa, evitando así, que sea el personal el que finalmente sufra las consecuencias del incumplimiento del consistorio ejidense”.

Securitas apuesta por la Movilidad Sostenible

Securitas, multinacional sueca especializada en Seguridad, apuesta por la movilidad sostenible incorporando a su flota los scooters eléctricos Govecs.

Los scooters irán destinados a cubrir la vigilancia en grandes instalaciones, aportando a la vigilancia una ausencia de ruido y emisiones.

Su funcionamiento silencioso permite a cada vigilante escuchar lo que sucede a su alrededor, lo que aumenta la concentración y la seguridad. Les permite también acceder donde se requiera sin alertar al sospechoso con el ruido del vehículo, gozando del factor sorpresa a su favor.
En el acuerdo firmado, SECURITAS pretende mostrar su implicación en las nuevas

tecnologías que aportan un beneficio para el medio ambiente, así como su interés en desmarcarse del resto de compañías del sector.

Casesa amplía capital para comprar otros grupos de seguridad

La empresa controlada por el fondo Baring se refuerza con 17 millones para crecer en un sector en proceso de consolidación por la crisis.

Castellana de Seguridad (Casesa), quinto grupo de seguridad del país, busca adquisiciones para ganar cuota de mercado en España.

La empresa controlada por el fondo español Baring ha ampliado capital en 17 millones de euros para financiar su crecimiento y dar el salto para convertirse en la tercera empresa del sector, por detrás de Prosegur y Securitas.

“Buscamos empresas que ganen dinero y que no estén apalancadas, no nos importa la zona geográfica”, dice Pedro Luis Navarro, consejero delegado del grupo.

La bajada de precios que sufre el sector está llevando a las empresas a estudiar la posibilidad de integrarse en grupos mayores, a juicio de Javier García Saldaña, accionista fundador de Casesa y director general.

La empresa acaba de firmar un contrato valorado en cinco millones de euros para proveer servicios de seguridad al Ministerio de Defensa y ha ampliado un acuerdo con Eroski para dar servicios de seguridad al grupo de distribución alimentaria en Murcia, Almería, Málaga. Madrid, Tarragona, convirtiéndose en proveedor de referencia en estas zonas.

Ventas en 2010
Casesa elevó un 9,5% sus ventas en 2010, hasta 140 millones de euros. La compañía está participada por Baring (62%), Javier García Saldaña (33%) y el equipo directivo (5%). En relación con los cambios normativos que está acometiendo el Gobierno, Casesa pide una mayor flexibilidad del marco laboral y un descenso de la morosidad de las administraciones públicas.

“El periodo medio de cobro ha pasado a ser de 360 a 400 días”, asegura Pedro Navarro, exgestor de la empresa de limpiezas Única (hoy en manos de la multinacional danesa ISS), que prevé un ejercicio 2011 duro para la industria por el ajuste presupuestario público. Pese a este panorama, la responsabilidad del sector aumenta. “Estamos realizando tareas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la falta de convocatorias de nuevas plazas por la crisis”, sostiene García Saldaña.

Casesa, que cuenta con 4.500 empleados y tiene una cuota importante entre los escoltas que protegen a ciudadanos amenazados por el terrorismo en el País Vasco, dice no estar interesado en la posible venta de Segur Ibérica, cuarto mayor operador del sector, que los fondos Corpfin, MCH y N+1 podrían vender en los próximos meses.

sábado, 29 de enero de 2011

El principio de acuerdo en pensiones ha reconducido las medidas que el Gobierno quería imponer

UGT y CCOO explican el contenido del principio de acuerdo en pensiones

“Este principio de acuerdo es positivo porque ha neutralizado, reconducido y reorientado las medidas que quería imponer el Gobierno con su propuesta inicial de reforma del Sistema Público de Pensiones”.

La Secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha realizado estas declaraciones en un encuentro informativo en el que ambos sindicatos han informado a cerca del principio de acuerdo entre los Interlocutores Sociales y el Gobierno, así como del estado de otras materias de negociación como el de la reforma de la Negociación Colectiva, o las Políticas Activas de Empleo.

UGT y CCOO han subrayado que se trata de un principio de acuerdo muy importante que va a tener repercusiones positivas en otros ámbitos de la negociación del acuerdo global. El Secretario de Organización y Comunicación de UGT, ha explicado que este gran acuerdo pretende “reforzar la cohesión social en nuestro país y afianzar el Sistema Público de Pensiones” y ha subrayado que “deberían sumarse los partidos políticos porque toca materias de gran importancia para la reactivación económica y la recuperación del espacio de la negociación del que nunca debieron salir estas materias”.

Carmen López ha manifestado que el nuevo sistema de acceso a la jubilación mantiene los 65 años como edad de referencia para percibir el 100% de la pensión con carreras de cotización de 38 años y medio, e incluye la nueva referencia de los 67, para percibir también el total de la pensión tras 37 años de cotización.

La Secretaria de Política Social ha señalado que los sindicatos han logrado mantener, en las mismas condiciones, la posibilidad de una jubilación anticipada a los 61 años en tiempos de crisis y las jubilaciones parciales a los 61 años, una opción importante para que, a través de contratos de relevo, se renueven las plantillas.

López también ha explicado que se han determinado medidas para conseguir beneficiar las carreras de cotización de colectivos muy perjudicados por la estructura del mercado de trabajo como los jóvenes y las mujeres. Se podrán reconocer porcentajes de cotización con programas formativos para los jóvenes y con los periodos en los que ciertas personas abandonan el mercado de trabajo por el cuidado de hijos.

También se ha hecho referencia a la actuación relativa a los acuerdos de 2006, con la integración de los Regímenes Especiales (Empleadas de hogar y Agrario), el reglamento para acceder a la posibilidad de coeficientes reductores de la edad de jubilación en trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos.

El 1 de febrero ambas organizaciones reunirán sus órganos máximos de decisión entre congresos, donde se discutirán los contenidos de los acuerdos, el perímetro del acuerdo global y se tomarán posiciones de cara a la firma del conjunto de los acuerdos, tanto de aquellos que se están tratando de forma sectorial y como de lo que pudiera ser el acuerdo global.

La Ley española de seguridad ciudadana

La Ley 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana es la ley básica que regula la convivencia de los españoles y su seguridad pública.
La Ley 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana o “Ley Corcuera” como se la conoce comúnmente fue creada para regular las conductas sociales que podían suponer amenazas para la convivencia social y la actuación de las fuerzas de seguridad en los supuestos de infracciones, identificaciones y privación de la libertad deambulatoria.
La identificación policial y la privación temporal de la libertad en España
La Constitución española, en su artículo 17, garantiza el derecho de libertad y seguridad de los ciudadanos, de ahí que todos los preceptos de la ley deban ir en concordancia con dicho artículo.
Es ya normal y aceptado por la sociedad, la presencia de agentes de la ley realizando controles, inspecciones y verificaciones de identidad en las calles para denunciar posibles infracciones y prevenir delitos. Efectivamente, la presente Ley que se trata, faculta a los mismos para intervenir de una manera determinada, pero siempre garantizando los derechos constitucionales.
Para que sirva de guía se detallan las facultades de los agentes con respecto a esta Ley en materia de identificación y las conductas inadecuadas que los mismos realizan en ocasiones vulnerando así derechos fundamentales.
Las actuaciones que los agentes españoles pueden realizar
Los agentes pueden realizar controles e inspecciones en las vías de circulación a cualquier hora y en cualquier sitio, aunque debe saberse que los controles y los puntos de verificación no son lo mismo.
Los controles son autorizados por la Subdelegación del Gobierno y tienen una finalidad concreta, además de que se realizan cortes de carriles de circulación, balizamientos, etc. Deben estar bien señalizados y preservar la seguridad del tráfico, incluyendo un lugar adecuado para la detención de vehículos.
Los puntos de verificación son realizados por una patrulla como mínimo para la identificación selectiva de vehículos y personas en prevención de la delincuencia y faculta a los agentes para realizar registros superficiales a los enseres y al interior de vehículos y ropa.
Todos los ciudadanos mayores de catorce años están obligados a ir identificados con el DNI, aunque deben saber que el pasaporte u otro medio de documentación oficial es admitido para este efecto. En caso de no poder ser identificados por ningún medio admitido en derecho o por terceras personas ya identificadas que den suficiente fiabilidad a los agentes, estos pueden requerir la presencia de los ciudadanos en dependencias policiales por el tiempo mínimo imprescindible para realizar gestiones de averiguación de identidad.
La intervención de enseres personales en España
Los agentes pueden intervenir enseres y decomisarlos para la presentación de pruebas de una infracción cometida o simplemente para preservar la seguridad ciudadana, de tal manera que por ejemplo constituye prueba de la infracción de tenencia ilícita de drogas la posesión de una bolsa con supuesta marihuana que será decomisada en base al artículo 25.1 de la presente Ley, para su posterior análisis y denuncia.
Las armas prohibidas siempre son intervenidas y denunciadas, las legales deben ir acompañadas de su documentación y además las legales y los objetos susceptibles de ser utilizados como arma podrán ser intervenidos en diversas circunstancias y lugares dependiendo de la posibilidad de vulnerar la seguridad ciudadana. Por ejemplo un bate de beisbol en el maletero de un vehículo puede ser intervenido y denunciado un sábado por la noche en una zona de discotecas, aunque el bate en sí mismo no sea ilegal.
Lo que no pueden hacer los agentes españoles
Los agentes de la ley deben hacer cumplir la ley, pero deben de respetarla ellos y garantizar la legalidad de sus acciones y su amparo constitucional de tal manera que deben informar en todo momento de las acciones que realizan, su base legal, las obligaciones del ciudadano y los derechos que le asisten en un lenguaje claro y comprensible que no dé lugar a dobles interpretaciones.
Los agentes deben garantizar la integridad física y moral de los ciudadanos por lo que no podrán registrar desnudando en la vía pública a personas para mirar en el interior de la ropa, ya que solo está permitido el registro superficial de ropa y enseres.
Las mujeres deben ser registradas por mujeres y los hombres por hombres, además de que nunca podrán ser desnudados integralmente ni unos ni otros, ni siquiera en dependencias policiales sin autorización judicial o sin haber sido partícipes o autores de un delito tipificado en el Código Penal vigente y que además sea totalmente necesario.
La Ley en España garantiza el trato respetuoso a los ciudadanos
El trato de los agentes debe ser siempre cordial y esmerado pero firme, con respeto y educación, no debe permitir el ciudadano la falta de respeto ni el trato degradante, pero tampoco confundiendo este con la firmeza y seriedad de los agentes que no son comerciales de tienda.
Las dependencias policiales a las que se requiera al ciudadano deben ser las más cercanas posibles aunque no sean del mismo cuerpo que efectúa la identificación, siendo por el mínimo tiempo imprescindible para la realización de labores de investigación, denuncia o verificación.

Fuente: suite101.net
Fecha: 11/12/10

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Máxima alerta ante el Hércules-Barça en el estadio Rico Pérez

Actuación policial en un partido del Hércules, en Alicante. | Ernesto Caparrós

Cerca de un centenar de agentes de diversos cuerpos policiales forman parte del dispositivo especial de seguridad que desde primera hora de la mañana de este sábado velará para que el partido entre el Hércules CF y el Barcelona CF discurra con total normalidad.

A pesar de que la Policía Nacional en Alicante no ha catalogado el encuentro como de "alto riesgo", sí hay "máxima alerta" por la afluencia de personas que desde primera hora de la tarde llenarán las gradas del estadio Rico Pérez. En concreto, se espera que 29.000 personas presencien uno de los partidos más esperados desde que el equipo alicantino subió a la división de honor.

Por ello, 40 agentes de la demarcación de Valencia se trasladarán este sábado hasta Alicante para servir de apoyo. Según fuentes policiales, esta semana se reunieron los directivos del Hércules con los responsables policiales para diseñar el protocolo de actuación que incluye Policía nacional, Bomberos, Policía Local y Protección Civil, además de seguridad privada contratada por el club.

Desde primera hora de la mañana del sábado, los agentes revisarán el estadio alicantino con una unidad canina para que detecten si hay algún artefacto explosivo que pueda empañar la jornada deportiva. El dispositivo, según fuentes policiales, también vigilará a varias peñas alicantinas que está incluidas en un listado de seguidores ultra.

Agricultores plantean pagar con fondos Proder vigilancia privada

Ante la segunda oleada de robos de cobre que han sufrido más de 40 agricultores de la comarca de Tordesillas durante este último mes, con pérdidas que ascienden a más de 300.000 euros, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Valladolid, solicitará el lunes una reunión tanto con el delegado de Gobierno, Miguel Alejo, como con el presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, para requerirles «un aumento importante de efectivos de seguridad en la zona y más patrullas durante todo el tiempo que haga falta».

Según aseguró el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez Velasco, el colectivo agrícola baraja la posibilidad de contratar a una empresa privada a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural PRODER para que peine la zona por la noche y así impedir que los ladrones desvalijen la maquinaria agrícola de las explotaciones, explicó Rodríguez Velasco, quien agregó que «si la seguridad pública no actúa nosotros tendremos que actuar con seguridad privada».

En busca del cobre

José Luis Peláez Díez ya no sabe cómo proteger sus explotaciones agrarias situadas en las localidades de Villavieja y Velilla después de sufrir dos robos durante el último mes. «En Nochevieja me robaron un pívot y hace tres días me robaron otros dos, y cada uno de ellos tiene un coste de 4.000 euros, por lo que yo ya no se qué hacer porque esto no se puede aguantar más» asegura este agricultor de toda la vida, a quien en noviembre de 2010 los cacos le destrozaron todo el cableado de cobre de los pívots, los aspersores y varias baterías.

Pero estas no son las únicas incursiones de los amigos de lo ajeno que se han producido durante los últimos 30 días en la zona. Agricultores de Berceruelo, Marzales, Tordesillas, Vega, Villavieja, Velilla y Villalar, entre otros muchos municipios, también han sido víctimas de hurtos. El cobre con el que se fabrica toda la maquinaria para trabajar el campo se ha vuelto a poner de moda entre los cacos, quienes aprovechan la noche para hurtar todos los cables posibles de este metal y venderlo en el mercado negro, donde puede obtener un beneficio económico de seis euros por kilo.

«El cobre de un transformador alcanza un precio alto en el mercado, pero el daño económico que causan al agricultora es tres veces más, ya que deben sustituirlo por uno nuevo para poder seguir adelante con el trabajo de sus explotaciones», asegura Alberto Cano, a quien en un año y medio le han robado tres veces, con pérdidas económicas que ascienden, asegura, a más de 22.000 euros.

«La última vez fue en el mes de noviembre y me robaron un arado valorado en unos 13.000 euros y además se llevaron cruces de riego por un valor de 8.500 euros y me destrozaron la caseta del pozo» explica Cano, quien manifestó que «esta situación ya no hay quien la soporte y las autoridades tienen que poner remedio, ya que si esto continua así muchos de nosotros no tendremos dinero suficiente para reponer los aparejos y será nuestra ruina».

Bandas organizadas

Además de las explotaciones de la zona de la comarca de Valladolid, desde Asaja aseguran que los robos se han extendido a los pueblos del área de Tudela de Duero y a la comarca de Tierras de Medina y añaden que «no sabemos quiénes son pero están organizados en bandas».

Por su parte la organización agraria Upa Valladolid propuso ayer al grupo popular de la Diputación de Valladolid, quienes a su vez plantearon en el pleno ordinario de la institución la creación de un seguro contra robos en el medio rural, que «sea la propia institución provincial la que cubra el cien por cien de los gastos que acarrearía dicho seguro, ya que siempre somos los agricultores los que cargamos con todo y no es de recibo que se pretenda asfixiar aún más a los agricultores y ganaderos con una nueva carga económica proponiendo un nuevo seguro sin que las administraciones competentes carguen con el coste que supondría suscribir dicho aseguramiento», subrayó el secretario general de Upa Valladolid, Francisco Fernández.

Además de esta propuesta, Fernández exigió a las Administraciones públicas una ampliación en el número de efectivos que se encargan de la seguridad del medio rural ya que «cada vez hay más robos y con más frecuencia y la seguridad es cada vez menor».

100 personas velarán por la seguridad del Granada - Betis

Los seguidores béticos serán recibidos directamente por la Policía Nacional y escoltados hasta sus localidades

REDACCIÓN Más de un centenar de personas entre Policía Nacional y seguridad privada velarán por la seguridad en el partido Granada CF-Betis que se disputa el próximo domingo, a las 12:00 horas, en el estadio de Los Cármenes. Los seguidores béticos serán recibidos directamente por la Policía Nacional y escoltados hasta sus localidades.

Además, habrá cacheos y una especial atención para evitar que alguien pueda acceder al campo con entradas falsificada, según informa Gegsa en un comunicado.

Asimismo, se va a duplicar el número de efectivos en las puertas de entrada para evitar las avalanchas. La organización del partido solicita a los socios y aficionados que asistan al encuentro que lleguen a la zona en transporte público y con el tiempo suficiente para pasar el protocolo de seguridad a la hora de acceder al campo.

El dispositivo policial en esta ocasión también se amplía a la ciudad para evitar cualquier enfrentamiento entre aficionados de uno y otro equipo que se pueda producir en la zona centro de la ciudad.

También habrá presencia policial en el exterior del campo para evitar problemas con los seguidores de uno y otro equipo que no consigan entradas.

En el banquillo tras ofrecer estupefacientes a un vigilante de seguridad

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears se desplazará el martes a Ibiza para celebrar tres juicios por tráfico de drogas. En el primero se sentarán en el banquillo dos jóvenes británicos, que se enfrentan a una condena de cinco años de prisión y al pago de una multa de 1.320 euros. Uno de ellos ofreció pastillas de sustancias estupefacientes al vigilante de seguridad de una discoteca, el 18 de agosto de 2009 de madrugada. En otra de las vistas orales se juzgará a un ciudadano senegalés que fue sorprendido por la Policía Local ofreciendo MDMA (éxtasis) a turistas anglosajones en plena calle, en el centro de Sant Antoni. | r. s.

Dos detenidos por hacer grafitis en vagones de tren en Cabeza del Buey

Mérida, 28 ene (EFE).- Vigilantes de Seguridad Privada de la Estación de Ferrocarril de Cabeza del Buey (Badajoz) y agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres de 18 y 28 años, y vecinos de Majadahonda (Madrid), como presuntos autores de un delito de daños consistente en hacer grafitis en vagones de tren.

En una nota, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha informado hoy de que los detenidos fueron sorprendidos realizando esas pintadas y que la actuación policial se inscribe en el "Programa Coopera", cuyo objetivo es potenciar el apoyo operativo mutuo mediante el intercambio bidireccional de información entre la seguridad privada y la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día de ayer cuando los vigilantes sorprendieron a dos jóvenes realizando grafitis en uno de los vagones de la estación de ferrocarril de Cabeza del Buey, por lo que alertaron a la Guardia Civil.

En el momento de ser detenidos, se explica, se les intervienen los botes de pintura con las que pintaron el vagón, causando unos daños valorados en unos 4.500 euros.

Los jóvenes presuntamente se desplazaron en un vehículo a la localidad pacense para llevar a cabo las pintadas, portaban una cámara fotográfica y móviles con las que una vez finalizadas las pintadas, colgar las imágenes en Internet.

La Delegación añade que realizar grafitis en lugares no autorizados puede constituir una falta tipificada en el Artículo 626 del vigente Código Penal y que, no obstante, si los daños causados sobrepasan los 400 euros, se puede considerar un delito de daños, como se trata en este caso.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Cabeza del Buey. EFE

Detectado en un avión a Vigo vistiendo pantys con droga

Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad del Aeropuerto de Sevilla detuvieron a J.R.R., de 20 años y vecino de Pontevedra, por un supuesto delito contra la salud pública, al tratar de embarcar en un vuelo a Vigo con 2,6 kilos de hachís ocultos en unos pantys de mujer.

El joven fue interceptado por los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Sevilla San Pablo en la zona de embarque al haber hecho saltar la alarma, dando aviso los vigilantes al agente que se encontra-ba supervisando el dispositivo de embarque de pasajeros del vuelo con destino a Vigo. Según los vigilantes, el pasajero tenía algo en las piernas que impedía que pudiera pasar el control y que él aseguraba que se trataba de unas tobilleras especiales.
Debido al nerviosismo del pasajero, el agente de la Guardia Civil se llevó al individuo aparte, y éste le manifestó que efecitamente lleva unas tobilleras que podían hacer sonar el arco de seguridad. El agente desconfió y le hizo pasar a un cuarto para realizarle un registro minucioso.
Fue en ese examen minucioso. donde el agente detectó que el joven llevaba puestas unas medias de mujer y dentro de ellas un total de 220 bellotas de hachís, repartidas 110 en cada pierna. El peso total de la droga intervenida era de dos kilos y seiscientos gramos .
Tras el hallazgo, la Guardia Civil detuvo a J.R.R. que pasó a disposición judicial. Una vez que el juez sevillano le tomó declaración, el joven ingresó en prisión acusado de un delito contra la salud pública.
El joven, de 20 años, tenía intención de viajar hasta Vigo con la droga escondida bajo las medias y debajo de su ropa, pero el detector destapó la trampa.

viernes, 28 de enero de 2011

El sector sanitario registró 16 agresiones físicas el año pasado

En los últimos años la concentración de personal sanitario a las puertas de un hospital o centro de salud en la provincia para protestar por una agresión a un compañero se ha vuelto demasiado frecuente.

Prueba de ello es que, según los datos de la Delegación Provincial de Salud, en 2010 se registraron 16 agresiones en el ámbito sanitario -desde médicos a celadores o personal administrativo-, una cifra escandalosa y que no tiene por qué ser la total, ya que según explicaron, la delegación sólo registra las agresiones físicas que han sido denunciadas a la Administración y en cuyas causas ejerce como abogado de la acusación particular el letrado del SAS en Huelva.

El mismo problema tiene el Colegio de Médicos, que sólo lleva un registro de las agresiones del personal colegiado y que demanda la cobertura jurídico del organismo.

Por ello, según el registro del Colegio, en 2010 sólo se registraron dos agresiones físicas a médicos. En ambos casos hubo lesiones, baja laboral, se abrieron diligencias y se celebró juicio.

En este sentido, en declaraciones a Viva Huelva, aplauden que desde hace algunos años todas las agresiones de este tipo se están juzgando como atentado a un funcionario público en vez de como un delito de faltas, como pasaba con anterioridad.

También en ambos casos, los facultativos trabajaban en la Administración Pública -uno en un centro de salud y otro en un servicio de urgencias extrahospitalaria-. Además, uno de los agresores tenía antecedentes psíquicos y el otro de toxicomanía.
Volviendo al registro de la Delegación de Salud, la cifra de 2010 contrasta con la de 2009, cuando sólo se registraron dos agresiones, cifra que desciende a una en el caso de 2008. Sin embargo, en 2007 la cifra vuelve a aumentar hasta las 12 agresiones, mientras que en 2006 fueron 17.

Causas y soluciones
Más allá de la frialdad de los datos estadísticos, está el drama de alguien que es agredido en su puesto de trabajo. No hay nada que justifique este tipo de actuaciones, aunque desde el ámbito sindical siempre han destacado que la presión y la sobrecarga de trabajo existente en la sanidad pública no contribuye a evitar las agresiones.

Mientras, desde la Delegación de Salud se han intentado tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad y prevenir estos desagradables episodios.

De hecho, según indicaron a Viva Huelva, han invertido más de ocho millones en la instalación de 184 medidas de seguridad: 62 interfonos, 49 teléfonos directos a seguridad, 16 salidas alternativas, 20 videocámaras en espacios abiertos y 37 vigilantes.

La deuda de Justicia a una empresa pone en peligro a 1.200 empleados

Ahogados por una deuda de la Generalitat. Javier Alonso, director financiero de la empresa de seguridad privada Sequor Seguridad S.A., denunció ayer que la Conselleria de Justicia les debe 2,4 millones de euros por la vigilancia prestada en diferentes juzgados de la Comunitat entre 2007 y 2009. «Han pasado más de tres años y siguen sin pagarnos», lamentó.

El impago pone en peligro miles de puestos de trabajo. «Ante esta deuda y la constante reducción del crédito por parte de los bancos nos encontramos en una situación crítica», reconoció Alonso. Tanto que el sueldo de más de mil vigilantes de la empresa corre peligro. «Si no cobramos antes del verano 1.200 empleados se quedarán sin cobrar la nómina», lamentó Alonso.

El importe total a cobrar es de casi dos millones y medio de euros. «En marzo de 2009 acabamos el servicio y desde entonces nos adeudan 2.472.925 euros. La situación es vergonzosa», afirmó Alonso.

Los trabajos de Sequor Seguridad S. A., antiguo Grupo Cetssa, comenzaron en 2005 y se desarrollaron en juzgados de Valencia, Sagunto, Castellón, Benidorm y Elche, entre otros. En total, 50 vigilantes prestaron servicios de seguridad en edificios y locales de diversos órganos judiciales de toda la Comunitat Valenciana.

Las irregularidades en el pago se remontan a septiembre de 2007, aunque ya había una factura pendiente de diciembre del año anterior. La explicación de la Conselleria ha sido siempre la misma: la falta de dinero. «Nos decían que no había dotación presupuestaria», afirmó el director financiero de la empresa de seguridad privada, que tiene sede en Barcelona.

Alonso matizó que, pese a la situación, las relaciones con la Generalitat siempre han sido correctas. «En todo momento han tenido buenas palabras hacia nosotros. Durante 2009 nos sentamos con ellos a negociar aunque en 2010 el contacto ya fue vía email».

Pero la espera llegó a un punto de inflexión. «Nos pagaron 300.000 euros y nos dijeron que lo único que podían hacer era firmarnos un documento en el que reconocen la existencia de las facturas y la imposibilidad de saldarlas», manifestó.

En el escrito, con fecha de febrero de 2010 y firmado por la Dirección General de Justicia, aparece una relación de las cantidades a débito. Las facturas mensuales van desde los 383 euros hasta los casi 150.000.

En dicho documento, se asegura que la Conselleria «procederá al pago de estos importes una vez que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente».

Sin embargo, hace un año la empresa tomó la decisión de presentar una reclamación ante al administración valenciana. Tras tres meses de silencio, optaron por acudir a los tribunales. «Hemos procedido a presentar una denuncia ante los juzgados pero la lentitud en la Justicia hace que cuanda salga la sentencia seguramente sea demasiado tarde», se quejó Alonso.

Fuentes de la Conselleria de Justicia no pudieron confirmar ayer esta denuncia.

Sin más plantilla

Mientras, el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, reconoció ayer que no se producirá un incremento de las plantillas en los juzgados durante este año, sino que se mantendrán las que existen con refuerzos en supuestos puntuales.

«Este no es un momento de incremento de plantillas, sino de agradecer el esfuerzo que hacen funcionarios y jueces por trabajar», afirmó tras reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, en la Ciudad de la Justicia.

Gastaldi manifestó que se habilitarán plantillas para los juzgados que se creen el 30 de junio, «pero las dotaciones de plantilla que existen se van a mantener, ajustadas a las necesidades y con los refuerzos a que haya lugar cuando algún supuesto puntual lo requiera».

Una reparación de 2.270 euros

bilbao. El pasado 22 de octubre un estudiante de la Facultad de Bellas Artes, con las capacidades mentales aparentemente alteradas, se abalanzó en el Guggenheim sobre una obra de Jan Victors con una mini navaja provocando diversos daños de carácter superficial. Previamente había solicitado una entrada en el stand de Amigos del Museo, colectivo al que pertenecía desde hace tiempo, para posteriormente dirigirse a rasgar con su navaja el cuadro Booz recibe la herencia de Elimelec del artista Jan Victors, que formaba parte de la muestra La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del St. del Museum.

Afortunadamente, la rápida intervención de una vigilante del Departamento de Seguridad del Museo fue determinante para que la obra sufriera un daño menor y reparable. El cuadro pudo ser reparado en tres semanas por los trabajadores del departamento de conservación y restauración del Museo, por lo que los gastos ascendieron solo a 2.270 euros. Según reveló ayer la diputada de cultura, Josune Ariztondo, el agresor ya ha abonado el coste de la restauración.

Pocas veces los políticos se ponen de acuerdo, pero ayer fue una de esas ocasiones. El suceso no se podía haber evitado. El Guggenheim tiene un nivel alto de seguridad, pero ninguno de los grandes museos del mundo está al abrigo de agresiones a sus obras. Una pequeña travesura de Banksy, el llamado terrorista del arte, puso de manifiesto, por ejemplo, que las fuertes medidas de seguridad de instituciones como el British Museum no pudieron evitar una acción en una de sus salas. En 2005, el conocido graffitero colgó una falsa pintura rupestre de un hombre con un carrito de la compra y los responsables del museo tardaron casi 24 horas en localizarla. Y durante la exposición Dadá en el centro Pompidou, Pierre Pinoncely, un artista excéntrico, la emprendió a martillazos contra el célebre urinario de Marcel Duchamp. Hasta el Guernica, de Picasso, sufrió hace años, cuando aún no había llegado a Madrid, el ataque de un loco.

Los datos son preocupantes. Los museos son escenarios silenciosos en los que el rito de la contemplación no siempre sucede de una forma respetuosa. Un 1 o un 2% de los visitantes que pululan en los museos tocan las obras y un 5% se acerca demasiado.

seguridad Durante la comisión de cultura de las Juntas Generales de Bizkaia se habló de la seguridad del Guggenheim Bilbao, una seguridad que según dejaron bien claro todos los grupos políticos, nadie pone en cuestión. Arturo Aldecoa, portavoz del Partido Popular, preguntó a Ariztondo sobre las medidas de control que se van a adoptar para intentar prevenir "en lo posible" este tipo de casos. Según explicó la responsable de cultura foral, " entre los múltiples procedimientos que el museo Guggenheim Bilbao tiene en vigor, que ascienden a 24, para la gestión de las obras de arte y su exhibición, se encuentra el de un Plan de seguridad para las exposiciones. Dicho Plan detalla las medidas de seguridad a adoptar para la adecuada preservación de cada obra de arte: vigilancia activa mediante guardas de sala -con notificación inmediata de cualquier hecho relevante y su reflejo en un parte escrito diario-, alarmas electrónicas, señalética, etc., en función de criterios diversos como los requerimientos de los prestamistas, los materiales constitutivos y el estado de conservación de las obras, así como el respeto a la integridad estética y visual de las mismas y su ubicación concreta en el plan museográfico de la exposición".

En el caso del ataque ocurrido en el Guggenheim, "el Plan de seguridad preveía que el puesto del vigilante estuviera en un lugar específico, de modo que tuviera a la vista ésta y otras obras de la sala en cuestión. El sistema implantado era el adecuado, ya que la ubicación de la guarda en su puesto y su rápida respuesta e intervención lograron minimizar los daños. Las medidas del Plan de seguridad continuaron durante el resto de la exposición (se clausuró el 23 de enero), complementándose con otras dos consensuadas con el Städel Museum con posterioridad al incidente: la colocación de láminas de metacrilato sobre la pintura dañada y sobre otra obra de gran formato (debido a sus grandes dimensiones, el Städel lo había considerado técnicamente complejo), y la instalación de una alarma electrónica de proximidad en una tercera obra. Estos sucesos sirven para revisar las medidas de seguridad", explicó Ariztondo.

La juntera socialista Janire Galarraga apuntó la posibilidad de que el Guggenheim instalará arcos de seguridad, sugerencia que la diputada aseguró que tomaría en consideración. "Aunque una persona puede dañar una obra tocándola con el dedo y para esto no sirve un arco de seguridad", advertía la diputada de Cultura.

Operadores de cruceros asumirán la seguridad de sus pasajeros en Barcelona

Barcelona, 27 ene (EFE).- Los operadores de cruceros deberán hacerse cargo de la seguridad y el control de las maletas de sus pasajeros en el Puerto de Barcelona a partir del próximo 1 de marzo, según ha anunciado hoy la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

La APB ha informado hoy de que el acuerdo se adoptó en el consejo de administración celebrado ayer, en el que también se acordó la aprobación de una nueva tarifa relativa a la seguridad de los pasajeros.

Según el Puerto de Barcelona, la nueva normativa comportará unos sistemas de seguridad similares a los de los aeropuertos, efectuados por agentes de seguridad privada y equipados de escáneres y arcos de detección para los pasajeros.

La Autoridad Portuaria considera en un comunicado que las medidas permitirán "fortalecer los controles e inspecciones efectuados". EFE

jueves, 27 de enero de 2011

Una joven herida en enfrentamientos de piquetes con la Policía en Ferrol

27-01-2011 / 12:00 h

Ferrol, 27 ene (EFE).- Una joven ha resultado herida esta mañana por la intervención de un vigilante de seguridad privado durante un enfrentamiento entre piquetes de huelguistas de la CIG y agentes de la Policía Nacional en el polígono industrial de A Gándara, en Ferrol, que terminó con una carga policial.

El incidente se produjo delante del concesionario de BouzaCar y, según la versión de los sindicatos, la Policía exigió a un integrante del piquete que se identificase, y se produjo un altercado entre los sindicalistas y los antidisturbios.

Xesús Pintos, secretario comarcal de la CIG en Ferrol, en declaraciones a Efe, ha denunciado que un vigilante de seguridad del centro comercial de Odeón, perteneciente a la firma privada Eulen, desplegó una porra extensible y se sumó a los agentes para golpear a los sindicalistas.

Pintos afirma que el vigilante intervino sin que nadie lo requiriera, y golpeó con dureza a una chica, que resultó herida de consideración "con una profunda brecha en la cabeza" que precisó asistencia médica y "varias grapas".

Otras siete u ocho personas recibieron golpes durante el enfrentamiento con la Policía, según la misma fuente.

Pintos aseguró que la central sindical denunciará al vigilante en el juzgado, por la vía penal, además de exigir explicaciones al subdelegado del Gobierno en A Coruña, por la actuación de este agente de seguridad privada.

Desde la CIG en Ferrol aseguran que han logrado paralizar el transporte urbano e interurbano en la comarca, además de la recogida de basura en el turno de noche en Ferrol y Narón.

Calculan que "el 90 por ciento" de la plantilla del astillero de Navantia en Fene ha secundado el paro, mientras que en Ferrol únicamente "el 30 por ciento de la plantilla principal" se ha sumado al paro, que según el sindicato tuvo más incidencia entre las compañías auxiliares. EFE 1010582 lbh/lm/jmv

Dos detenidos en Azuqueca (Guadalajara) al ser sorprendidos robando en coches

27-01-2011 / 14:50 h

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 27 ene (EFE).- La Guardia Civil de Azuqueca de Henares ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas al ser sorprendidos cuando sustraían efectos de unos vehículos aparcados en un polígono industrial de Azuqueca de Henares.

Los detenidos son I.R., y S.I.I., de 36 y 23 años, respectivamente, que residen en Alcalá de Henares (Madrid), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.

Las detenciones se llevaron a cabo tras recibir aviso de un vigilante de seguridad que prestaba sus servicios en el polígono de Miralcampo y que alertó a la Guardia Civil de la presencia sospechosa de personas en el interior del perímetro de una nave dedicada a la venta de turismos.

Cuando los agentes llegaron localizaron a dos individuos que trataban de ocultarse entre los vehículos estacionados, los cuales portaban diversas herramientas para cometer los robos.

Por los hechos expuestos, la Guardia Civil de Azuqueca de Henares ha instruido las correspondientes diligencias. EFE 1010441

Valoració reforma de les pensions

Negociació col·lectiva

dijous, 27 de gener de 2011 16:57

El secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Camil Ros, explica quins són els principals punts del principi d’acord entre govern i sindicat en matèria de pensions. Tanmateix Ros anuncia que probablement avui també es tanqui l’acord global pel que fa referència al mercat laboral, política industrial i negociació col·lectiva.