El centro de salud de Cambre (A Coruña) donde una médica embarazada fue agredida por una paciente estudia pedir a la Consellería de Sanidade que adopte medidas que garanticen la seguridad en estas instalaciones con la presencia, al menos, de un vigilante en el turno de noche, según fuentes consultadas por Europa Press.
EUROPA PRESS. 07.04.2010El centro de salud de Cambre (A Coruña) donde una médica embarazada fue agredida por una paciente estudia pedir a la Consellería de Sanidade que adopte medidas que garanticen la seguridad en estas instalaciones con la presencia, al menos, de un vigilante en el turno de noche, según fuentes consultadas por Europa Press.
La agresión a la facultativo se produjo en la madrugada del pasado 28 de marzo, aunque no trascendió hasta hoy y se produjo cuando se encontraba haciendo una guardia por parte de una paciente que acudió al centro porque le dolía una rodilla, según señalaron las mismas fuentes.
Supuestamente, la agresora, que, según la versión de la víctima, le propinó varios golpes y la insultó, se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Responsables del centro reconocieron que "en alguna ocasión" ha ocurrido algún hecho similar, aunque señalaron que no hay "más incidencia que en otros centros", indicaron en alusión a las denuncias sobre agresiones a personal sanitario.
No obstante, admitieron que el centro carece de un vigilante de seguridad y no descartaron solicitar su presencia "al menos en el turno de noche" a los responsables de la Consellería de Sanidade.
jueves, 8 de abril de 2010
miércoles, 7 de abril de 2010
Nueve detenidos por varios robos con fuerza en establecimientos de Alicante
Los detenidos, ocho españoles y uno de origen asiático con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, cuentan con antecedentes policiales por diferentes delitos, en la mayoría de los casos.
A parecer, de las nueves detenciones, una se ha efectuado al descubrir "in fraganti" a dos individuos robando en el interior del gimnasio de un instituto, en el barrio alicantino de la Florida.
Otros cuatro individuos han sido detenidos cuando robaban materiales de construcción en una obra del centro de la ciudad, y después de que se impidieran otros dos robos con fuerza en un local y una tienda de neumáticos, donde dos de los ladrones fueron sorprendidos por el vigilante de seguridad. EFE
Piden un año de cárcel para dos vigilantes por golpear a una mujer que quiso atacarles
El Juzgado de lo Penal 2 sentará hoy en el banquillo de los acusados a dos vigilantes de seguridad de un centro comercial, que se enfrentan a un año de cárcel, acusados de golpear a una mujer que presuntamente intentó atacarles con una navaja y una jeringuilla infectada de sida. Para la supuesta atacante, el fiscal solicita una pena de quince meses de prisión.
Según el escrito del fiscal, los hechos tuvieron lugar sobre las doce y cuarto de la madrugada del 14 de diciembre de 2005, cuando la acusada G.V.I. se encontraba en un centro comercial de Albacete capital y se dirigió a la línea de cajas del establecimiento, siendo interceptada por J.L.L. y E.L.L., vigilantes de seguridad del establecimiento, que le dieron el alto pues las cajas estaban cerradas a esa hora y no se podía pasar.
Ante tal requerimiento, la acusada reaccionó tomando la tapa de una papelera con la que golpeó los escaparates de alrededor, sacando después una navaja y una jeringuilla que explicó que estaba infectada de sida. y hepatitis.
Tras intentar pinchar a los vigilantes con la navaja en varias ocasiones, J.L.L. le propinó un golpe en la mano, arrebatándole el arma blanca, golpeándola ambos vigilantes a continuación, hasta lograr reducirla y retenerla, hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención. La acusada sufrió varias lesiones de las que tardó en curar cien días.
Chamizo reclama "diálogo" en el rezo compartido en la Mezquita
El Defensor del Pueblo Andaluz plantea la posibilidad de que se construya un lugar de oración para los musulmanes si ambas comunidades no se ponen de acuerdo
La posición del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con respecto al uso compartido de la Mezquita no es ni contraria ni favorable. El director de esta oficina pública, quien acudió ayer a la capital a la presentación en sociedad de la Asociación de Ayuda a Familiares de Víctimas de Violencia de Género Beatriz de Hinestrosa, optó por situarse en un punto intermedio en este debate y apostó por el "diálogo" entre católicos y musulmanes. Chamizo realizó estas declaraciones casi una semana después de un incidente registrado en la Mezquita que acabó con la detención de dos turistas austriacos que agredieron presuntamente a dos vigilantes de seguridad que les impidieron el rezo por el rito mahometano en el interior del templo.
Tampoco quiso alinearse ni con el Obispado, que denunció los hechos y se opone radicalmente a toda oración que no sea católica, ni con el grupo de más de un centenar de turistas que pretendían precisamente realizar esta práctica dentro de la Mezquita. Precisó en todo caso que "no son formas de resolver la convivencia" y detalló que situaciones de estas características pueden desencadenar episodios de "xenofobia".
Ante la polémica suscitada en los últimos años, Chamizo ofreció una alternativa al apostar por la construcción de una mezquita en la ciudad a la que puedan ir a orar los musulmanes. "Si no es posible el uso compartido a través del diálogo, a lo mejor habría que pensar en la posibilidad de contar con un lugar para ellos", subrayó Chamizo, que es sacerdote. A este respecto, el Defensor del Pueblo aludió a las trabas que se plantean en Sevilla para la creación de una mezquita: "La verdad es que no logro entender por qué hay tantos inconvenientes para eso". Para reforzar la opción de edificar un recinto para los musulmanes, el director de la oficina pública apuntó que las novedades que introducirá la normativa de libertad religiosa permiten además que, al igual que ocurren en el caso de los templos católicos, los practicantes de esta religión puedan beneficiarse de ayudas por parte de las administraciones públicas para la construcción de sus lugares de oración.
La polémica suscitada por el incidente de la Mezquita del pasado Miércoles Santo ha alcanzado asimismo la esfera política. Así, el secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, lo calificó ayer como "una anécdota, que hay que dejar aparcada". El líder socialista opinó que dicho suceso "no pone en riesgo nada", en referencia a los posibles perjuicios que puedan acarrear a la imagen de Córdoba o a proyectos como la Alianza de Civilizaciones.
Durán insistió también en restar importancia al hecho de que un número reducido de turistas musulmanes, frente a los millares que visitan cada año la Mezquita, pudieran haber intentado rezar en ella a sabiendas de que estaba prohibido. Dijo preferir "dar por buenas" las explicaciones al juez de los dos turistas que agredieron los guardias de seguridad de la Catedral de Córdoba y a los policías que luego les detuvieron, en cuanto a que el rezo fue algo "espontáneo".
Los hechos que tuvieron lugar en la Mezquita y la posible solución que aportó no fueron los únicos asuntos de los que se ocuó el Defensor del Pueblo Andaluz durante su visita a la ciudad. Chamizo repaso algunos de los asuntos que aparecen en el informe de la oficina que dirige. Así, en referencia la reivindicación de un edificio único para niños en el futuro Hospital Reina Sofía, recordó que sigue reclamando "habitaciones individuales" para los menores si bien señaló que la Administración es la que tiene la última palabra en este asunto. Sobre la presunta violación de una menor en Baena el pasado verano, el sacerdote manifestó que no se posicionará hasta que haya una resolución judicial.
La posición del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con respecto al uso compartido de la Mezquita no es ni contraria ni favorable. El director de esta oficina pública, quien acudió ayer a la capital a la presentación en sociedad de la Asociación de Ayuda a Familiares de Víctimas de Violencia de Género Beatriz de Hinestrosa, optó por situarse en un punto intermedio en este debate y apostó por el "diálogo" entre católicos y musulmanes. Chamizo realizó estas declaraciones casi una semana después de un incidente registrado en la Mezquita que acabó con la detención de dos turistas austriacos que agredieron presuntamente a dos vigilantes de seguridad que les impidieron el rezo por el rito mahometano en el interior del templo.
Tampoco quiso alinearse ni con el Obispado, que denunció los hechos y se opone radicalmente a toda oración que no sea católica, ni con el grupo de más de un centenar de turistas que pretendían precisamente realizar esta práctica dentro de la Mezquita. Precisó en todo caso que "no son formas de resolver la convivencia" y detalló que situaciones de estas características pueden desencadenar episodios de "xenofobia".
Ante la polémica suscitada en los últimos años, Chamizo ofreció una alternativa al apostar por la construcción de una mezquita en la ciudad a la que puedan ir a orar los musulmanes. "Si no es posible el uso compartido a través del diálogo, a lo mejor habría que pensar en la posibilidad de contar con un lugar para ellos", subrayó Chamizo, que es sacerdote. A este respecto, el Defensor del Pueblo aludió a las trabas que se plantean en Sevilla para la creación de una mezquita: "La verdad es que no logro entender por qué hay tantos inconvenientes para eso". Para reforzar la opción de edificar un recinto para los musulmanes, el director de la oficina pública apuntó que las novedades que introducirá la normativa de libertad religiosa permiten además que, al igual que ocurren en el caso de los templos católicos, los practicantes de esta religión puedan beneficiarse de ayudas por parte de las administraciones públicas para la construcción de sus lugares de oración.
La polémica suscitada por el incidente de la Mezquita del pasado Miércoles Santo ha alcanzado asimismo la esfera política. Así, el secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, lo calificó ayer como "una anécdota, que hay que dejar aparcada". El líder socialista opinó que dicho suceso "no pone en riesgo nada", en referencia a los posibles perjuicios que puedan acarrear a la imagen de Córdoba o a proyectos como la Alianza de Civilizaciones.
Durán insistió también en restar importancia al hecho de que un número reducido de turistas musulmanes, frente a los millares que visitan cada año la Mezquita, pudieran haber intentado rezar en ella a sabiendas de que estaba prohibido. Dijo preferir "dar por buenas" las explicaciones al juez de los dos turistas que agredieron los guardias de seguridad de la Catedral de Córdoba y a los policías que luego les detuvieron, en cuanto a que el rezo fue algo "espontáneo".
Los hechos que tuvieron lugar en la Mezquita y la posible solución que aportó no fueron los únicos asuntos de los que se ocuó el Defensor del Pueblo Andaluz durante su visita a la ciudad. Chamizo repaso algunos de los asuntos que aparecen en el informe de la oficina que dirige. Así, en referencia la reivindicación de un edificio único para niños en el futuro Hospital Reina Sofía, recordó que sigue reclamando "habitaciones individuales" para los menores si bien señaló que la Administración es la que tiene la última palabra en este asunto. Sobre la presunta violación de una menor en Baena el pasado verano, el sacerdote manifestó que no se posicionará hasta que haya una resolución judicial.
martes, 6 de abril de 2010
El Gobierno andaluz invertirá 25 millones en medidas de seguridad para los centros sanitarios a lo largo de este año
SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía invertirá 25,6 millones de euros en medidas de seguridad para los centros sanitarios públicos a lo largo de este año, una inversión presupuestaria que se enmarca en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de la comunidad.
De los 25,6 millones de euros, 17,5 millones se invertirán en centros hospitalarios, 3,9 millones en las nueve áreas de gestión sanitarias, 3,6 millones para los centros de atención primaria y el resto para los centros regionales de transfusión sanguínea y centros directivos, según detalló hoy la Consejería de Salud.
En cuanto a su distribución por provincias, 2,1 millones irán para Almería; 4,3 a Cádiz; 1,9 en Córdoba; 2,5 en Granada; 1,8 en Huelva; 1,9 en Jaén; 4,3 en Málaga y 6,8 en Sevilla.
El plan contra las agresiones incluye medidas de prevención y atención a los profesionales, además de un registro que permite realizar un análisis detallado de la frecuencia, ubicación, causas y otros aspectos de interés.
En materia de prevención, Salud pone a disposición de los profesionales tanto medidas disuasorias y adecuación de las infraestructuras en los centros sanitarios con timbres antipánico, cámaras de seguridad, salidas alternativas y vigilancia, entre otros, como actividades de formación y capacitación para profesionales en los que se les capacita a afrontar una situación de riesgo o conflictiva.
En concreto, los centros sanitarios andaluces cuentan con un total de 2.029 timbres antipánico, 1.446 interfonos; 1.463 teléfonos directo de seguridad; 419 salidas alternativas; 1.169 cámaras de seguridad; 387 vigilantes de seguridad; 467 mamparas y detectores, entre otros. Estas medidas se están extendiendo, además, a las ambulancias, donde ya se han implantado 60 GPS y 24 botones antipánico.
Además, cuando se produce una agresión, el plan pone en marcha medidas específicas de atención a los profesionales que incluyen, atención psicológica, asesoramiento legal y asistencia jurídica a la persona agredida.
El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de prevención y actuación contra las agresiones a profesionales sanitarios, puesto en marcha por la Consejería del ramo en 2005, al objeto de articular medidas de seguridad para evitar situaciones de conflicto, profundizando en las relaciones de respeto mutuo entre los ciudadanos y los profesionales.
La Junta de Andalucía invertirá 25,6 millones de euros en medidas de seguridad para los centros sanitarios públicos a lo largo de este año, una inversión presupuestaria que se enmarca en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de la comunidad.
De los 25,6 millones de euros, 17,5 millones se invertirán en centros hospitalarios, 3,9 millones en las nueve áreas de gestión sanitarias, 3,6 millones para los centros de atención primaria y el resto para los centros regionales de transfusión sanguínea y centros directivos, según detalló hoy la Consejería de Salud.
En cuanto a su distribución por provincias, 2,1 millones irán para Almería; 4,3 a Cádiz; 1,9 en Córdoba; 2,5 en Granada; 1,8 en Huelva; 1,9 en Jaén; 4,3 en Málaga y 6,8 en Sevilla.
El plan contra las agresiones incluye medidas de prevención y atención a los profesionales, además de un registro que permite realizar un análisis detallado de la frecuencia, ubicación, causas y otros aspectos de interés.
En materia de prevención, Salud pone a disposición de los profesionales tanto medidas disuasorias y adecuación de las infraestructuras en los centros sanitarios con timbres antipánico, cámaras de seguridad, salidas alternativas y vigilancia, entre otros, como actividades de formación y capacitación para profesionales en los que se les capacita a afrontar una situación de riesgo o conflictiva.
En concreto, los centros sanitarios andaluces cuentan con un total de 2.029 timbres antipánico, 1.446 interfonos; 1.463 teléfonos directo de seguridad; 419 salidas alternativas; 1.169 cámaras de seguridad; 387 vigilantes de seguridad; 467 mamparas y detectores, entre otros. Estas medidas se están extendiendo, además, a las ambulancias, donde ya se han implantado 60 GPS y 24 botones antipánico.
Además, cuando se produce una agresión, el plan pone en marcha medidas específicas de atención a los profesionales que incluyen, atención psicológica, asesoramiento legal y asistencia jurídica a la persona agredida.
El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de prevención y actuación contra las agresiones a profesionales sanitarios, puesto en marcha por la Consejería del ramo en 2005, al objeto de articular medidas de seguridad para evitar situaciones de conflicto, profundizando en las relaciones de respeto mutuo entre los ciudadanos y los profesionales.
Arroyo blinda su fiesta de los caballos
Vigilantes privados siguieron las carreras desde los balcones, y el operativo incluyó a un grupo especial de la Guardia Civil
Los jinetes galopan calle abajo entre una seguridad inaudita, tras el atropello mortal del año pasado
Hubo lo de todos los años, es decir, morcilla a raudales, cerveza y vino de la tierra para todos, dulces, jinetes, caballos y carreras. Eso y también veinte agentes de la Guardia Civil (diez de ellos de la Usecid, la Unidad de Seguridad Ciudadana con base en la comandancia de Cáceres), seis policías locales, treinta vigilantes privados de Prosegur, 16 técnicos y dos enfermeros de DYA, ocho voluntarios de ARA, un hospital de campaña, cinco ambulancias (entre ellas una medicalizada y otra de emergencias) y un puesto de mando avanzado del 112. Conclusión: Arroyo de la Luz (6.500 vecinos, a veinte minutos en coche de la capital) celebró ayer la fiesta grande más segura de su historia.
Todo se explica por lo que sucedió el año pasado, sobre las doce y media, en 'Las cuatro esquinas', el punto más estrecho de la calle Corredera, verdadero epicentro de la fiesta. Ahí se dejó la vida Cándido Carrero Collado, policía municipal de 45 años. Casado, padre de un hijo, condecorado a título póstumo con la Medalla de Oro policial, falleció mientras trabajaba. Le arrolló un jinete, uno de los que cada año baja por la calle Corredera, una recta de casi ochocientos metros por la que los caballistas se lanzan, a veces solos, a veces en pareja y agarrados por los hombros, siempre al galope, a la mayor velocidad que es capaz de alcanzar el caballo.
La cremallera que se abre
Hay un símil muy gráfico, una fotografía que define bien en qué consiste la fiesta y dónde está el peligro. Esa imagen que vale como resumen es la de una cremallera que se va abriendo. La cremallera en sí es la calle Corredera, y los dientes metálicos que se van separando uno detrás de otro son personas. La cremallera está cerrada cuando no hay caballos a la vista, y sólo se va abriendo a medida que los jinetes van desfilando calle abajo. Visto desde un balcón, parece que quienes están abajo esperan al último instante, a tener al animal a dos pasos, para echarse al lado.
Esto explica que cualquiera que asiste por primera vez al Día de la Luz, perciba que hay riesgo. Se comprende el miedo, porque el peligro es evidente. Por eso, hay una recomendación que conviene interiorizar desde el principio: no dar la espalda a los caballos. No pasan cinco minutos sin que ese mensaje se repita desde la megafonía, este año duplicada en watios. Machaconamente, se oye siempre lo mismo: «Atención, salen dos jinetes. Atención, dos jinetes. No den la espalda a los caballos. Mucho cuidado en 'Las cuatro esquinas'». Entonces, la cremallera se abre para dejar paso a los valientes y se cierra en cuanto han pasado. Se vuelve a abrir medio minuto después, y vuelve a cerrarse. Y así hasta que han pasado todos cuatro veces (en tandas de dos, con un desfile de carrozas entre una y otra).
Este año se apuntaron 149, procedentes de distintos puntos de Extremadura y también de otras regiones. Entre ellos, mayoría de jóvenes, y abundancia de mujeres. También algún niño, como es tradición. Esta vez, uno de cuatro años que corrió junto a su padre.
Para cubrirse bien las espaldas, el consistorio arroyano contrató este año no un seguro, sino dos. Uno de responsabilidad civil que cubría hasta 600.000 euros de daños a personas o bienes que no sean propiedad municipal, y otro de accidentes, específico para jinetes y carrocistas. Además, habilitó un corredor de seguridad desierto de coches paralelo a la Corredera, después de catalogar las viviendas que tienen entrada por esa vía y por la otra, para facilitar la tarea en caso de evacuación. Ayer no fue necesaria, y el único incidente fue que un caballo, en pleno galope, perdió una de sus herraduras y esta fue a golpear en la cabeza de un espectador.
«La fiesta ha mantenido su esencia pero mejorando la seguridad, aunque no hay mayor protección que la autoprotección», reflexionaba ayer Santos Jorna, el alcalde socialista del municipio, que compartió la mañana con Guillermo Fernández Vara y Juan Ramón Ferreira, presidentes de la Junta y la Asamblea de Extremadura, respectivamente.
A la una de la tarde, Vara y Jorna seguían las carreras desde un balcón lleno de gente, como casi todos un día al año en Arroyo de la Luz, aquel que recuerda la batalla del año 1229 en la que los cristianos vencieron a los moros. Ayer, también había novedad en esas atalayas que tanto gustan a los fotógrafos de prensa y cámaras de televisión. Junto a los vecinos y los visitantes, ilustres o no, unos señores uniformados de negro y amarillo y con un auricular en la oreja, sin cerveza ni vino en la mano, con los ojos puestos en la calle Corredera. Ocho vigilantes de seguridad, y otros 22 en los accesos a esa vía, vigilando que nadie entrara con mesas, sillas o barreños de calimocho. Y en la plaza que hay junto al punto en el que empiezan las carreras, el punto de mando avanzado del 112, con el jefe de la Policía Local, el capitán de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara, un jefe de Prosegur y otro de DYA, pendientes de una televisión plana que devolvía las imágenes de ocho cámaras instaladas a lo largo del recorrido. Medidas inauditas para una fiesta animada y genuina, diferente y arriesgada.
Los jinetes galopan calle abajo entre una seguridad inaudita, tras el atropello mortal del año pasado
Hubo lo de todos los años, es decir, morcilla a raudales, cerveza y vino de la tierra para todos, dulces, jinetes, caballos y carreras. Eso y también veinte agentes de la Guardia Civil (diez de ellos de la Usecid, la Unidad de Seguridad Ciudadana con base en la comandancia de Cáceres), seis policías locales, treinta vigilantes privados de Prosegur, 16 técnicos y dos enfermeros de DYA, ocho voluntarios de ARA, un hospital de campaña, cinco ambulancias (entre ellas una medicalizada y otra de emergencias) y un puesto de mando avanzado del 112. Conclusión: Arroyo de la Luz (6.500 vecinos, a veinte minutos en coche de la capital) celebró ayer la fiesta grande más segura de su historia.
Todo se explica por lo que sucedió el año pasado, sobre las doce y media, en 'Las cuatro esquinas', el punto más estrecho de la calle Corredera, verdadero epicentro de la fiesta. Ahí se dejó la vida Cándido Carrero Collado, policía municipal de 45 años. Casado, padre de un hijo, condecorado a título póstumo con la Medalla de Oro policial, falleció mientras trabajaba. Le arrolló un jinete, uno de los que cada año baja por la calle Corredera, una recta de casi ochocientos metros por la que los caballistas se lanzan, a veces solos, a veces en pareja y agarrados por los hombros, siempre al galope, a la mayor velocidad que es capaz de alcanzar el caballo.
La cremallera que se abre
Hay un símil muy gráfico, una fotografía que define bien en qué consiste la fiesta y dónde está el peligro. Esa imagen que vale como resumen es la de una cremallera que se va abriendo. La cremallera en sí es la calle Corredera, y los dientes metálicos que se van separando uno detrás de otro son personas. La cremallera está cerrada cuando no hay caballos a la vista, y sólo se va abriendo a medida que los jinetes van desfilando calle abajo. Visto desde un balcón, parece que quienes están abajo esperan al último instante, a tener al animal a dos pasos, para echarse al lado.
Esto explica que cualquiera que asiste por primera vez al Día de la Luz, perciba que hay riesgo. Se comprende el miedo, porque el peligro es evidente. Por eso, hay una recomendación que conviene interiorizar desde el principio: no dar la espalda a los caballos. No pasan cinco minutos sin que ese mensaje se repita desde la megafonía, este año duplicada en watios. Machaconamente, se oye siempre lo mismo: «Atención, salen dos jinetes. Atención, dos jinetes. No den la espalda a los caballos. Mucho cuidado en 'Las cuatro esquinas'». Entonces, la cremallera se abre para dejar paso a los valientes y se cierra en cuanto han pasado. Se vuelve a abrir medio minuto después, y vuelve a cerrarse. Y así hasta que han pasado todos cuatro veces (en tandas de dos, con un desfile de carrozas entre una y otra).
Este año se apuntaron 149, procedentes de distintos puntos de Extremadura y también de otras regiones. Entre ellos, mayoría de jóvenes, y abundancia de mujeres. También algún niño, como es tradición. Esta vez, uno de cuatro años que corrió junto a su padre.
Para cubrirse bien las espaldas, el consistorio arroyano contrató este año no un seguro, sino dos. Uno de responsabilidad civil que cubría hasta 600.000 euros de daños a personas o bienes que no sean propiedad municipal, y otro de accidentes, específico para jinetes y carrocistas. Además, habilitó un corredor de seguridad desierto de coches paralelo a la Corredera, después de catalogar las viviendas que tienen entrada por esa vía y por la otra, para facilitar la tarea en caso de evacuación. Ayer no fue necesaria, y el único incidente fue que un caballo, en pleno galope, perdió una de sus herraduras y esta fue a golpear en la cabeza de un espectador.
«La fiesta ha mantenido su esencia pero mejorando la seguridad, aunque no hay mayor protección que la autoprotección», reflexionaba ayer Santos Jorna, el alcalde socialista del municipio, que compartió la mañana con Guillermo Fernández Vara y Juan Ramón Ferreira, presidentes de la Junta y la Asamblea de Extremadura, respectivamente.
A la una de la tarde, Vara y Jorna seguían las carreras desde un balcón lleno de gente, como casi todos un día al año en Arroyo de la Luz, aquel que recuerda la batalla del año 1229 en la que los cristianos vencieron a los moros. Ayer, también había novedad en esas atalayas que tanto gustan a los fotógrafos de prensa y cámaras de televisión. Junto a los vecinos y los visitantes, ilustres o no, unos señores uniformados de negro y amarillo y con un auricular en la oreja, sin cerveza ni vino en la mano, con los ojos puestos en la calle Corredera. Ocho vigilantes de seguridad, y otros 22 en los accesos a esa vía, vigilando que nadie entrara con mesas, sillas o barreños de calimocho. Y en la plaza que hay junto al punto en el que empiezan las carreras, el punto de mando avanzado del 112, con el jefe de la Policía Local, el capitán de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara, un jefe de Prosegur y otro de DYA, pendientes de una televisión plana que devolvía las imágenes de ocho cámaras instaladas a lo largo del recorrido. Medidas inauditas para una fiesta animada y genuina, diferente y arriesgada.
Un juez deja en evidencia a un alto funcionario del Cabildo
Carlos Gutiérrez se prestó a declarar en favor de vigilantes en vez de abrir una investigación interna en la Corporación grancanaria.
Un juez de lo social ha dejado en entredicho y arrojado dudas de envergadura sobre el modo de proceder de un alto funcionario del Cabildo de Gran Canaria, el Jefe de Servicio de Régimen Interior, Carlos Gutiérrez, por haberse prestado a declarar en un juicio por despido, como testigo, en favor de vigilantes de Seguridad Integral Canaria que inflaban servicios y horas al Cabildo, en vez de haber abierto una propia investigación interna para esclarecer los hechos ahora probados.
En una sentencia fechada el 24 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestima la demanda por despido improcedente de un vigilante de Seguridad Integral, Alexis González Melián, al considerar probado que en connivencia con el coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín, falsificaron trabajos e inflaron costes mediante horas extras ficticias cargadas al Cabildo.
En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.
La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes jurados. Tres de ellos admitieron haber cometido esas "faltas muy graves" por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.
Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.
El magistrado resalta "la extrañeza que produce en este Juzgador que el Jefe de Servicio del propio cliente de la demandada, Cabildo de Gran Canaria, se persone como testigo de la parte actora pretendiendo certificar la realización de servicios cuando, o bien estaba de baja médica, o bien estaba de vacaciones (tal como ha reconocido expresamente), lo que imposibilita conocer si estos se realizaban o no y en qué condiciones".
Un funcionario contra el interés público
El juez afea la conducta del funcionario por pretender "esclarecer verdad sobre periodos en los que no estuvo de alta y operativo, sobre servicios cuya realización no puede constatar pese a solicitar su realización y dar el visto bueno a los cuadrantes que propician la facturación a la entidad pública para la que trabaja, hechos en definitiva que de ser ciertos, que lo son, afectan de forma negativa al interés público que el testigo debe defender como responsable de la Administración perceptora de los servicios cuestionados".
El juzgador afirma que "no puede entenderse cómo los responsables del propio Cabildo, entre ellos el testigo, no procedieran a la inmediata apertura de un expediente para investigar los gravísimos hechos de forma interna tras su conocimiento, y se limite el testigo a comparecer sobre hechos que, además, se escapan cuanto menos a su percepción directa al no estar presente en los servicios[...], sin entrar a valorar, pues no resulta objeto de este procedimiento, los contradictorios comunicados del Cabildo y de sus intervenientes, Don Adrián del Pino y Don Carlos Gutiérrez".
Para el juez José Juan Ramos Campodarve, "el testimonio del testigo de la parte actora, por tanto, no merece ninguna credibilidad a este Juzgador, antes al contrario, resulta difícil de entender lo que se pretende con la comparecencia de la persona encargada de velar por los intereses del Cabildo, en los juicios de despedido de las personas despedidas por la empresa precisamente en defensa de los intereses del cliente, además de los propios".
Seguridad Integral abrirá la vía penal
A raíz de esta sentencia, Seguridad Integral Canaria ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos para abrir la vía penal no sólo contra los vigilantes jurados y el coordinador de servicios, sino también contra los dos funcionarios del Cabildo que desde hace meses conocieron los hechos y no actuaron internamente.
El objetivo de la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que los vigilantes despedidos devuelvan el dinero facturado de más al Cabildo de Gran Canaria y que se depuren todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
Un juez de lo social ha dejado en entredicho y arrojado dudas de envergadura sobre el modo de proceder de un alto funcionario del Cabildo de Gran Canaria, el Jefe de Servicio de Régimen Interior, Carlos Gutiérrez, por haberse prestado a declarar en un juicio por despido, como testigo, en favor de vigilantes de Seguridad Integral Canaria que inflaban servicios y horas al Cabildo, en vez de haber abierto una propia investigación interna para esclarecer los hechos ahora probados.
En una sentencia fechada el 24 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestima la demanda por despido improcedente de un vigilante de Seguridad Integral, Alexis González Melián, al considerar probado que en connivencia con el coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín, falsificaron trabajos e inflaron costes mediante horas extras ficticias cargadas al Cabildo.
En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.
La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes jurados. Tres de ellos admitieron haber cometido esas "faltas muy graves" por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.
Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.
El magistrado resalta "la extrañeza que produce en este Juzgador que el Jefe de Servicio del propio cliente de la demandada, Cabildo de Gran Canaria, se persone como testigo de la parte actora pretendiendo certificar la realización de servicios cuando, o bien estaba de baja médica, o bien estaba de vacaciones (tal como ha reconocido expresamente), lo que imposibilita conocer si estos se realizaban o no y en qué condiciones".
Un funcionario contra el interés público
El juez afea la conducta del funcionario por pretender "esclarecer verdad sobre periodos en los que no estuvo de alta y operativo, sobre servicios cuya realización no puede constatar pese a solicitar su realización y dar el visto bueno a los cuadrantes que propician la facturación a la entidad pública para la que trabaja, hechos en definitiva que de ser ciertos, que lo son, afectan de forma negativa al interés público que el testigo debe defender como responsable de la Administración perceptora de los servicios cuestionados".
El juzgador afirma que "no puede entenderse cómo los responsables del propio Cabildo, entre ellos el testigo, no procedieran a la inmediata apertura de un expediente para investigar los gravísimos hechos de forma interna tras su conocimiento, y se limite el testigo a comparecer sobre hechos que, además, se escapan cuanto menos a su percepción directa al no estar presente en los servicios[...], sin entrar a valorar, pues no resulta objeto de este procedimiento, los contradictorios comunicados del Cabildo y de sus intervenientes, Don Adrián del Pino y Don Carlos Gutiérrez".
Para el juez José Juan Ramos Campodarve, "el testimonio del testigo de la parte actora, por tanto, no merece ninguna credibilidad a este Juzgador, antes al contrario, resulta difícil de entender lo que se pretende con la comparecencia de la persona encargada de velar por los intereses del Cabildo, en los juicios de despedido de las personas despedidas por la empresa precisamente en defensa de los intereses del cliente, además de los propios".
Seguridad Integral abrirá la vía penal
A raíz de esta sentencia, Seguridad Integral Canaria ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos para abrir la vía penal no sólo contra los vigilantes jurados y el coordinador de servicios, sino también contra los dos funcionarios del Cabildo que desde hace meses conocieron los hechos y no actuaron internamente.
El objetivo de la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que los vigilantes despedidos devuelvan el dinero facturado de más al Cabildo de Gran Canaria y que se depuren todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
sábado, 3 de abril de 2010
El bosque vigilado
El aumento de la demanda lleva a la primera empresa vasca de seguridad privada en el ámbito rural a reforzar su plantilla
orduña
No son guardas forestales pero tienen un trabajo similar. Ni fuerzas de seguridad aunque pueden decomisar armas. Algunos incluso les confunden con la Guardia Civil porque se mueven en jeeps y van uniformados, como ordena la ley que les regula. Pero no. Son guardas de seguridad privada pero con la característica de que están especializados y formados para ser vigilantes de propiedades en el ámbito rural. Una profesión con futuro en estos momentos de incertidumbre económica, según reconoce Aritza Arrazuria, el promotor de la primera empresa de este campo constituida en Euskadi. "Es un trabajo duro porque estás todo el día al aire libre, pero por eso mismo compensa y, con las circunstancias actuales, es un trabajo en franca expansión". Y esas circunstancias pasan por que los ámbitos rurales requieren cada día más servicios de seguridad que no cubren las diferentes policías.
El tiempo, caprichoso, es siempre más veleidoso en lugares como Orduña. Amanece la primavera pero el viento sopla gélido en el majestuoso hayedo que cubre las faldas del monte Txarlazo. Aritza, acostumbrado a pasar muchas horas al aire libre, apenas repara en estos pequeños contratiempos y se adentra con su jeep en la pista que cada fin de semana recorren cientos de personas y que acaba en el popular monumento de Nuestra Señora de la Antigua.
Hoy sólo algún peseante solitario salpica el trayecto y se escucha únicamente el traqueteo del jeep y la voz de Aritza, que con sólo 25 años parece tener muy claro el futuro de una empresa a la que se lanzó hace cuatro años. En aquella época y después de varios trabajos esporádicos, se animó a crear una pequeña empresa a la que bautizó con el nombre de Basojagole Lanak. "Había terminado mis estudios de técnico en laboratorio e iba de aquí para allá en varios trabajos y también en el caserío de mis padres, cuando me convencí de que había una sector de mercado que estaba sin cubrir, así que me lancé a crear una empresa de patrulla rural".
Sin duda el factor fundamental para reparar en este nicho de mercado fue que Aritza conoce de primera mano el campo. Es de Costera, un pequeño pueblo de la veintena del municipio alavés de Aiara. En aquellos momentos empezaron a aumentar los robos de maquinaria en explotaciones agrarias de la comarca, lugares que por su dispersión quedaban alejadas de las rutas de vigilancia de la Ertzaintza. Así que decidió embarcarse en un oficio que, pese a que es casi desconocido en Euskadi, lleva años implantado en muchos lugares del Estado español. Como en todos los trabajos relacionados con la seguridad privada, tuvo que pasar varios exámenes para obtener la habilitación del Ministerio del Interior.
Con las dificultades propias de todo nuevo negocio, Aritza empleó mucho tiempo en presentar su proyecto a las administraciones públicas de la comarca. "La demanda existía pero tuvimos que mostrar a la gente que había una manera canalizar el trabajo". Así, creó Basojagole Lanak, cuya plantilla cuenta hoy en día con cuatro guardas. En ocasiones, cuando hay picos de trabajo, la empresa ha tenido que contratar a guardas autónomos. "La verdad es que estamos desbordados de trabajo y vamos a mandar a dos chavales a la academia para que se saquen el título y les podamos incorporar a la plantilla dentro de poco".
Tiros perdidos
Vigilancia contra el furtivismo
Porque el trabajo es mucho y diverso. La empresa que comanda Aritza gestiona y guarda cotos de caza, de pesca y acotados micológicos, hace servicios de protección en la naturaleza, vigila fincas, montes e inmuebles, y captura animales desbocados y heridos. Aunque el germen de su actividad fue la localidad de Aiara, la intrincada geografía del valle del mismo nombre hace que en un mismo día los guardas de Basojagole Lanak estén vigilando un coto de caza en Tertanga, perteneciente a Amurrio (Araba), y una hora más tarde, valorando el destrozo que ha hecho un jabalí en un sembrado en el vecino pueblo de Mendeika, en el término de Orduña.
Es precisamente en la histórica ciudad vizcaina donde se centra uno de los trabajos que monopoliza a Ari- tza en los últimos días. Y es que, generalmente, la vigilancia relacionada con la caza y la seguridad cinegética ocupa la mayor parte de su tiempo. "En Orduña estamos teniendo muchos problemas de furtivismo, que es un fenómeno que no sólo atañe la fauna, sino que se puede convertir en un problema de seguridad ciudadana, porque no se sabe dónde puede acabar un tiro perdido". Por ese motivo, los guardas de la empresa de Aritza habitúan a hacer controles en las pistas forestales en las que se han detectado furtivos. "Los guardas particulares del campo, que es así como nos llamamos oficialmente, nos vamos integrando cada vez más y lo cierto es que la gente nos hace más caso y no tenemos problemas a la hora de verificar el interior de los vehículos sospechosos".
El jeep, que lleva varias indicativos de su condición de patrulla rural, continúa rodando por la pista forestal hasta llegar a un paraje apropiado para instalar un "punto de verificación". Aritza echa el alto a un vehículo y pide al conductor que se identifique. Todo va bien, no parece sospechoso y le deja continuar su camino. El problema puede presentarse si se topa con un furtivo. "La verdad es que es bastante fácil dar con ellos porque suelen llevar los rifles cargados y listos para disparar, en el asiento del copiloto o en el de atrás". Al detectar esas infracciones los guardas privados están habilitados para tomar medidas, aunque son diferentes si se hallan en terreno de Bizkaia o Araba. "Si les pillamos en zona alavesa, redactamos un parte de decomiso y nos quedamos con el arma y la pieza abatida. El rifle lo llevamos a la Guardia Civil y el corzo o el jabalí, a una institución pública, normalmente a las monjas de la Compañía de María, en Orduña. Aunque, generalmente, no suelen querer la caza", explica, risueño, Aritza. Cuando detectan la infracción en terreno vizcaino la legislación del territorio les impide hacer decomisos, así que avisan a la Ertzaintza.
Problemas de seguridad
Robos con intimidación
Precisamente, en la afición a la caza que existe en toda esta zona, privilegiada por su diversidad cinegética, reside la maldición de los furtivos. "En Orduña tenemos varios grupos de cazadores ilegales, muy conocidos y que siempre son los mismos. Tienen dos perfiles: unos son chavales con poca cabeza, de entre 18 y 30 años, que creen que pueden ir con el rifle por ahí sin preocuparse por las vedas y los permisos. Los otros son los reincidentes, gente mayor, que caza por afición". Aunque es un área con presencia de lobo, no ha habido en los últimos años problemas como los detectados en Karrantza. Es precisamente su especialización en vigilancia de cotos lo que ha llevado a esta pequeña empresa a guardar zonas de caza controlada en otras localidades cercanas de Bizkaia, como Orozko, Zeanuri y Zeberio.
Los clientes más habituales de la empresa de Aritza son los ayuntamientos, las diputaciones y las sociedades de caza. "Muchos pueblos pequeños tienen problemas de seguridad pero, al no tener apenas presupuesto, no nos pueden contratar". Pero sí lo pueden hacer particulares, siempre dentro de su cometido como vigilantes en el medio rural. "A veces nos han contratado para custodiar una maquinaria agrícola muy cara que se quedaba de noche a la intemperie o materiales de obras, pero no es lo más habitual". Hasta el momento, porque este joven emprendedor cree que las cosas están cambiando. "Aquí también hemos detectado más sustracciones de animales y, sobre todo, de robos con intimidación en caseríos y casas aisladas, lo que produce mucho más miedo. Nos han consultado muchas veces, pero hay poca gente que se pueda permitir el lujo de contratar seguridad privada". Por el momento este aspecto del negocio es más anecdótico, aunque resalta que su empresa está vigilando unos terrenos agrícolas en Gasteiz para impedir que unos vecinos entren o incluso labren lo que no es suyo. "Problema de lindes", explica.
Las ideas bullen en la cabeza de Aritza. Pronto estará habilitada su página web, www.patrullarural.com. El joven guarda detiene el jeep al cruzarse con un vehículo de los bomberos voluntarios de Orduña. "Esta gente sí que tiene mérito, está al pie del cañón cuando hay incendios, pero también hacen labores de limpieza de los bosques en otras temporadas del año". Precisamente la vigilancia y prevención de los incendios es otra de la líneas de trabajo que se propone iniciar. "Siempre estamos en el monte y, en lugares como este -dice, señalando un mirador natural desde el que se controla todo Orduña y buena parte del Valle de Aiara-, podemos observar lo que ocurre en muchas hectáreas a la redonda". Visión de futuro no le falta a Aritza.
No son guardas forestales pero tienen un trabajo similar. Ni fuerzas de seguridad aunque pueden decomisar armas. Algunos incluso les confunden con la Guardia Civil porque se mueven en jeeps y van uniformados, como ordena la ley que les regula. Pero no. Son guardas de seguridad privada pero con la característica de que están especializados y formados para ser vigilantes de propiedades en el ámbito rural. Una profesión con futuro en estos momentos de incertidumbre económica, según reconoce Aritza Arrazuria, el promotor de la primera empresa de este campo constituida en Euskadi. "Es un trabajo duro porque estás todo el día al aire libre, pero por eso mismo compensa y, con las circunstancias actuales, es un trabajo en franca expansión". Y esas circunstancias pasan por que los ámbitos rurales requieren cada día más servicios de seguridad que no cubren las diferentes policías.
El tiempo, caprichoso, es siempre más veleidoso en lugares como Orduña. Amanece la primavera pero el viento sopla gélido en el majestuoso hayedo que cubre las faldas del monte Txarlazo. Aritza, acostumbrado a pasar muchas horas al aire libre, apenas repara en estos pequeños contratiempos y se adentra con su jeep en la pista que cada fin de semana recorren cientos de personas y que acaba en el popular monumento de Nuestra Señora de la Antigua.
Hoy sólo algún peseante solitario salpica el trayecto y se escucha únicamente el traqueteo del jeep y la voz de Aritza, que con sólo 25 años parece tener muy claro el futuro de una empresa a la que se lanzó hace cuatro años. En aquella época y después de varios trabajos esporádicos, se animó a crear una pequeña empresa a la que bautizó con el nombre de Basojagole Lanak. "Había terminado mis estudios de técnico en laboratorio e iba de aquí para allá en varios trabajos y también en el caserío de mis padres, cuando me convencí de que había una sector de mercado que estaba sin cubrir, así que me lancé a crear una empresa de patrulla rural".
Sin duda el factor fundamental para reparar en este nicho de mercado fue que Aritza conoce de primera mano el campo. Es de Costera, un pequeño pueblo de la veintena del municipio alavés de Aiara. En aquellos momentos empezaron a aumentar los robos de maquinaria en explotaciones agrarias de la comarca, lugares que por su dispersión quedaban alejadas de las rutas de vigilancia de la Ertzaintza. Así que decidió embarcarse en un oficio que, pese a que es casi desconocido en Euskadi, lleva años implantado en muchos lugares del Estado español. Como en todos los trabajos relacionados con la seguridad privada, tuvo que pasar varios exámenes para obtener la habilitación del Ministerio del Interior.
Con las dificultades propias de todo nuevo negocio, Aritza empleó mucho tiempo en presentar su proyecto a las administraciones públicas de la comarca. "La demanda existía pero tuvimos que mostrar a la gente que había una manera canalizar el trabajo". Así, creó Basojagole Lanak, cuya plantilla cuenta hoy en día con cuatro guardas. En ocasiones, cuando hay picos de trabajo, la empresa ha tenido que contratar a guardas autónomos. "La verdad es que estamos desbordados de trabajo y vamos a mandar a dos chavales a la academia para que se saquen el título y les podamos incorporar a la plantilla dentro de poco".
Tiros perdidos
Vigilancia contra el furtivismo
Porque el trabajo es mucho y diverso. La empresa que comanda Aritza gestiona y guarda cotos de caza, de pesca y acotados micológicos, hace servicios de protección en la naturaleza, vigila fincas, montes e inmuebles, y captura animales desbocados y heridos. Aunque el germen de su actividad fue la localidad de Aiara, la intrincada geografía del valle del mismo nombre hace que en un mismo día los guardas de Basojagole Lanak estén vigilando un coto de caza en Tertanga, perteneciente a Amurrio (Araba), y una hora más tarde, valorando el destrozo que ha hecho un jabalí en un sembrado en el vecino pueblo de Mendeika, en el término de Orduña.
Es precisamente en la histórica ciudad vizcaina donde se centra uno de los trabajos que monopoliza a Ari- tza en los últimos días. Y es que, generalmente, la vigilancia relacionada con la caza y la seguridad cinegética ocupa la mayor parte de su tiempo. "En Orduña estamos teniendo muchos problemas de furtivismo, que es un fenómeno que no sólo atañe la fauna, sino que se puede convertir en un problema de seguridad ciudadana, porque no se sabe dónde puede acabar un tiro perdido". Por ese motivo, los guardas de la empresa de Aritza habitúan a hacer controles en las pistas forestales en las que se han detectado furtivos. "Los guardas particulares del campo, que es así como nos llamamos oficialmente, nos vamos integrando cada vez más y lo cierto es que la gente nos hace más caso y no tenemos problemas a la hora de verificar el interior de los vehículos sospechosos".
El jeep, que lleva varias indicativos de su condición de patrulla rural, continúa rodando por la pista forestal hasta llegar a un paraje apropiado para instalar un "punto de verificación". Aritza echa el alto a un vehículo y pide al conductor que se identifique. Todo va bien, no parece sospechoso y le deja continuar su camino. El problema puede presentarse si se topa con un furtivo. "La verdad es que es bastante fácil dar con ellos porque suelen llevar los rifles cargados y listos para disparar, en el asiento del copiloto o en el de atrás". Al detectar esas infracciones los guardas privados están habilitados para tomar medidas, aunque son diferentes si se hallan en terreno de Bizkaia o Araba. "Si les pillamos en zona alavesa, redactamos un parte de decomiso y nos quedamos con el arma y la pieza abatida. El rifle lo llevamos a la Guardia Civil y el corzo o el jabalí, a una institución pública, normalmente a las monjas de la Compañía de María, en Orduña. Aunque, generalmente, no suelen querer la caza", explica, risueño, Aritza. Cuando detectan la infracción en terreno vizcaino la legislación del territorio les impide hacer decomisos, así que avisan a la Ertzaintza.
Problemas de seguridad
Robos con intimidación
Precisamente, en la afición a la caza que existe en toda esta zona, privilegiada por su diversidad cinegética, reside la maldición de los furtivos. "En Orduña tenemos varios grupos de cazadores ilegales, muy conocidos y que siempre son los mismos. Tienen dos perfiles: unos son chavales con poca cabeza, de entre 18 y 30 años, que creen que pueden ir con el rifle por ahí sin preocuparse por las vedas y los permisos. Los otros son los reincidentes, gente mayor, que caza por afición". Aunque es un área con presencia de lobo, no ha habido en los últimos años problemas como los detectados en Karrantza. Es precisamente su especialización en vigilancia de cotos lo que ha llevado a esta pequeña empresa a guardar zonas de caza controlada en otras localidades cercanas de Bizkaia, como Orozko, Zeanuri y Zeberio.
Los clientes más habituales de la empresa de Aritza son los ayuntamientos, las diputaciones y las sociedades de caza. "Muchos pueblos pequeños tienen problemas de seguridad pero, al no tener apenas presupuesto, no nos pueden contratar". Pero sí lo pueden hacer particulares, siempre dentro de su cometido como vigilantes en el medio rural. "A veces nos han contratado para custodiar una maquinaria agrícola muy cara que se quedaba de noche a la intemperie o materiales de obras, pero no es lo más habitual". Hasta el momento, porque este joven emprendedor cree que las cosas están cambiando. "Aquí también hemos detectado más sustracciones de animales y, sobre todo, de robos con intimidación en caseríos y casas aisladas, lo que produce mucho más miedo. Nos han consultado muchas veces, pero hay poca gente que se pueda permitir el lujo de contratar seguridad privada". Por el momento este aspecto del negocio es más anecdótico, aunque resalta que su empresa está vigilando unos terrenos agrícolas en Gasteiz para impedir que unos vecinos entren o incluso labren lo que no es suyo. "Problema de lindes", explica.
Las ideas bullen en la cabeza de Aritza. Pronto estará habilitada su página web, www.patrullarural.com. El joven guarda detiene el jeep al cruzarse con un vehículo de los bomberos voluntarios de Orduña. "Esta gente sí que tiene mérito, está al pie del cañón cuando hay incendios, pero también hacen labores de limpieza de los bosques en otras temporadas del año". Precisamente la vigilancia y prevención de los incendios es otra de la líneas de trabajo que se propone iniciar. "Siempre estamos en el monte y, en lugares como este -dice, señalando un mirador natural desde el que se controla todo Orduña y buena parte del Valle de Aiara-, podemos observar lo que ocurre en muchas hectáreas a la redonda". Visión de futuro no le falta a Aritza.
Más de 650 desempleados inician este mes 50 cursos de formación con 1,8 millones a cargo de la Junta
HUELVA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 663 desempleados de la provincia de Huelva participarán en 50 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE), que comenzarán durante este mes de abril y a cuyo desarrollo la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva ha destinado una inversión de 1,8 millones de euros, unas acciones formativas que serán impartidas tanto por administraciones públicas como por fundaciones y empresas privadas.
En declaraciones a Europa Press el delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, destacó "la importancia" que tienen los cursos de FPE en la provincia, ya que "suponen un exponente esencial para acceder con garantías al mercado de trabajo en diversos sectores".
Además, afirmó que los cursos con compromiso de contratación "constituyen uno de los mejores ejemplos de la Junta de Andalucía por combatir la crisis mejorando la formación de los desempleados y fomentando su posterior inserción laboral", a lo que añadió que estas acciones "suponen no sólo formación para el beneficiario, sino también experiencia, ya que el compromiso de contratación debe ser de, al menos, seis meses".
Seis de los cursos anunciados, entre los que se encuentran el de Vendedor técnico, Vigilante de seguridad privada, Técnico en iluminación y Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, cuentan con un compromiso de contratación del 60 por ciento de su alumnado, por lo que, al menos, 45 desempleados obtendrán un puesto de trabajo una vez que concluyan de forma satisfactoria su formación. La inversión de la Delegación de Empleo en estos seis programas supera los 200.000 euros.
En el resto de cursos adquiere especial importancia la atención a las personas mayores y discapacitadas y todo lo relacionado con el área sanitaria. Así, se desarrollarán cinco programas formativos de Atención sociosanitaria a personas dependientes, uno de Técnico en transporte sanitario, y otro de Celador sanitario, en los que participarán 100 desempleados y que cuentan con una inversión de 270.000 euros.
Se realizarán además tres cursos de FPE relacionados con el sector audiovisual, con 40 alumnos y una inversión superior a los 130.000 euros, así como otros que formarán en Sumiller, Socorrista acuático, Criador de caballos, Técnico en sistemas de energías renovables, Matarife y Auxiliar de apoyo a la integración infantil.
En el área de informática, un total de 70 personas participarán en cinco acciones formativas que ofrecerán conocimientos sobre informática de usuario, sistemas de información geográfica y computerizada, software ofimático y administrador de redes, unos cursos que cuentan con una inversión de casi 150.000 euros. Además, se realizarán cursos de Formador ocupacional, Monitor de equitación terapéutica, Comunicación en lengua de signos española, Vigilante de seguridad privada y Experto en gestión de salarios y seguros sociales.
Además, la Consejería de Empleo ha destinado 2,5 millones de euros al desarrollo de 57 cursos multiprovinciales en Huelva que comenzarán también en abril y en los que participarán 858 alumnos. Impartidos por la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, los sindicatos UGT y CCOO, la Fundación Forja XXI y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, entre otras entidades, los desempleados recibirán formación en Monitor socio-cultural, Diseño web y multimedia, Experto en gestión de salarios y seguros sociales, Técnico en software ofimático y Comunicación en lengua de signos española, entre otras materias.
Por otra parte, este mes concluyeron en Huelva 10 cursos multiprovinciales que dieron formación a 150 personas y que contaron con una inversión 437.000 euros por parte de la Consejería de Empleo.
Un total de 663 desempleados de la provincia de Huelva participarán en 50 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE), que comenzarán durante este mes de abril y a cuyo desarrollo la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva ha destinado una inversión de 1,8 millones de euros, unas acciones formativas que serán impartidas tanto por administraciones públicas como por fundaciones y empresas privadas.
En declaraciones a Europa Press el delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, destacó "la importancia" que tienen los cursos de FPE en la provincia, ya que "suponen un exponente esencial para acceder con garantías al mercado de trabajo en diversos sectores".
Además, afirmó que los cursos con compromiso de contratación "constituyen uno de los mejores ejemplos de la Junta de Andalucía por combatir la crisis mejorando la formación de los desempleados y fomentando su posterior inserción laboral", a lo que añadió que estas acciones "suponen no sólo formación para el beneficiario, sino también experiencia, ya que el compromiso de contratación debe ser de, al menos, seis meses".
Seis de los cursos anunciados, entre los que se encuentran el de Vendedor técnico, Vigilante de seguridad privada, Técnico en iluminación y Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, cuentan con un compromiso de contratación del 60 por ciento de su alumnado, por lo que, al menos, 45 desempleados obtendrán un puesto de trabajo una vez que concluyan de forma satisfactoria su formación. La inversión de la Delegación de Empleo en estos seis programas supera los 200.000 euros.
En el resto de cursos adquiere especial importancia la atención a las personas mayores y discapacitadas y todo lo relacionado con el área sanitaria. Así, se desarrollarán cinco programas formativos de Atención sociosanitaria a personas dependientes, uno de Técnico en transporte sanitario, y otro de Celador sanitario, en los que participarán 100 desempleados y que cuentan con una inversión de 270.000 euros.
Se realizarán además tres cursos de FPE relacionados con el sector audiovisual, con 40 alumnos y una inversión superior a los 130.000 euros, así como otros que formarán en Sumiller, Socorrista acuático, Criador de caballos, Técnico en sistemas de energías renovables, Matarife y Auxiliar de apoyo a la integración infantil.
En el área de informática, un total de 70 personas participarán en cinco acciones formativas que ofrecerán conocimientos sobre informática de usuario, sistemas de información geográfica y computerizada, software ofimático y administrador de redes, unos cursos que cuentan con una inversión de casi 150.000 euros. Además, se realizarán cursos de Formador ocupacional, Monitor de equitación terapéutica, Comunicación en lengua de signos española, Vigilante de seguridad privada y Experto en gestión de salarios y seguros sociales.
EN MARZO CULMINARON 23 CURSOS
Igualmente, este mes han culminado otros 23 cursos, con una inversión de casi 700.000 euros de la Delegación de Empleo, en los que se han formado 300 alumnos de distintos puntos de la provincia. Diez de los programas que ahora finalizan cuentan con un compromiso de contratación del 60 por ciento de sus 110 participantes, por lo que 66 alumnos obtendrán un puesto de trabajo tras haber concluido con éxito la formación en especialidades como Vendedor técnico, Ayudante de cocina, Vigilante de seguridad privada y Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.Además, la Consejería de Empleo ha destinado 2,5 millones de euros al desarrollo de 57 cursos multiprovinciales en Huelva que comenzarán también en abril y en los que participarán 858 alumnos. Impartidos por la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, los sindicatos UGT y CCOO, la Fundación Forja XXI y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, entre otras entidades, los desempleados recibirán formación en Monitor socio-cultural, Diseño web y multimedia, Experto en gestión de salarios y seguros sociales, Técnico en software ofimático y Comunicación en lengua de signos española, entre otras materias.
Por otra parte, este mes concluyeron en Huelva 10 cursos multiprovinciales que dieron formación a 150 personas y que contaron con una inversión 437.000 euros por parte de la Consejería de Empleo.
Quejas en la Carrera Oficial al no poder entrar los carritos de bebés
El Plan de Seguridad obliga a dejar libre el espacio debajo de las sillas, donde otros años los padres guardaban las sillas_Hubo enfrentamientos con los vigilantes
La aplicación del Plan de Seguridad y Autoprotección elaborado por el Consejo de Cofradías a petición del Ayuntamiento trae de cabeza este año a los abonados de la Carrera Oficial que tienen niños pequeños. ¿El motivo? El lugar donde guardar los carritos de bebés, pues en ciertos momentos del día ha llegado a provocar hasta enfrentamientos entre los padres y los vigilantes de seguridad que, en cumplimiento de las órdenes recibidas no han dejado pasar los carritos a los palcos, ni a las sillas.
En años anteriores, los abonados entraban hasta su sitio y allí plegaban el carrito y lo guardaban debajo de sus asientos, pero este año no se les dejaba hacerlo. Los padres estaban indignados por la medida y se quejaban de no haber recibido un aviso en este sentido por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías. Antonio Ferruz, uno de los abonados afectado por la nueva normativa dijo a ABC que se debía haber advertido de esta circunstancia antes de cobrar los abonos «para que supiéramos lo que podía pasar».
Los padres se resistían a aceptar las recomendaciones de los vigilantes de seguridad y en la tarde de ayer las discusiones a la entrada a los palcos por la parte del Banco de España se recrudeció hasta el punto de que tuvo que intervenir la Policía Local.
Ferruz explicó a ABC que una circular del Consejo de Cofradías explicaba que no se pueden estacionar los carritos de niños y explicó que los padres lo único que quieren es poder pasar hasta sus asientos para plegarlos allí y guardarlos debajo de las sillas como han hecho siempre.
Sin embargo, ahí parece estar la confusión. El vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Carlos Bourrelier reconoció ayer que es la primera vez que se aplica esta medida y señaló que la prohibición de que entren los carritos de los bebés no depende del Consejo, sino del Ayuntamiento.
Según Bourrelier, los palcos y sillas no sólo deben estar libres en sus accesos, sino también en su interior, de modo que en caso de emergencia los asientos se puedan plegar con facilidad, cosa que sería imposible si debajo de ellos estuvieran guardados los carritos de los niños. Agregó que hay estacionamientos en los que los abonados pueden dejar los carritos y se les entrega un resguardo. En concreto hay cuatro ubicados en Plaza Nueva, Federico Sánchez Bedoya, Felipe Pérez (Plaza de San Francisco).
En las abundantes llamadas de denuncia recibidas en ABC, los padres se quejaban de que estos depósitos no tenían plazas suficientes. El vicepresidente del Consejo de Cofradías indicó que esta institución no tiene obligación de comunicar a los abonados la prohibición de entrar los carritos en los palcos, «porque de esta medida ya se ha informado en la prensa».
Los musulmanes organizaron el rezo sabiendo que está prohibido
El auto del juez recoge que "idearon" la oración "a sabiendas" de que solo se permite la cristiana.Se imputan a ocho implicados delitos contra los sentimientos religiosos y desórdenes públicos.
El magistrado del juzgado de Instrución número 4 de Córdoba, en funciones de guardia, puso ayer en libertad con cargos a los dos detenidos por los incidentes ocurridos el miércoles en la Mezquita-Catedral, donde un grupo de turistas austriacos protagonizaron un altercado al celebrar un rezo bajo el rito musulmán en el recinto y, presuntamente, agredir a un vigilante de seguridad con un cuchillo cuando les pidió que depusieran su actitud. Aunque los detenidos, así como otros seis imputados por estos hechos que declararon el jueves, sostuvieron ayer ante el juez que no fue un acto premeditado y que desconocían la prohibición del rezo bajo el rito musulmán en la Mezquita-Catedral, en el auto del magistrado al que ha tenido acceso Diario CORDOBA se relata que lo organizaron "a sabiendas de que tal acto de expresión religiosa se encontraba expresamente prohibido".A Mohamed Shabir, quien presuntamente portaba el arma, se le imputan supuestos delitos contra los sentimientos religiosos, desórdenes públicos, lesiones, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad. Respecto del otro detenido, Edin Grgic, así como del resto de imputados --N.M., Z.E., H.K., O.A., H.B. y M.K.--, la instrucción --según la participación de cada uno-- ve indicios de similares delitos, informaron fuentes judiciales. Como medida cautelar, se le retuvo a Shabir su pasaporte de Sri Lanka, lo que le impide salir de territorio comunitario europeo.
A la hora de relatar los hechos que de momento se le imputan a los implicados, el auto señala que Z.E. lideraba un grupo de unas 118 personas jóvenes, tanto mujeres como hombres, de religión musulmana y distintas razas procedentes de Austria, quienes "idearon la estrategia" de entrar en la Mezquita-Catedral "con intención de organizar un rezo del grupo" o de parte de sus miembros "aun a sabiendas de que tal acto de expresión religiosa se encontraba expresamente prohibido" en el recinto.
Con tal finalidad, sigue el auto, sobre las 17.30 horas del miércoles dispusieron entrar en pequeños grupos de dos o tres personas "que se interconectaban bien visualmente, bien con el uso de walky-talkies ". Diez minutos después, se agruparon para rezar y uno de los vigilantes de seguridad intentó acercarse al líder para pedirle que dejaran de hacerlo, aunque no lo consiguió al estar protegido por otros imputados. Entonces, Z.E. se levantó y, tras ser agarrado el vigilante por otros encartados, éste le dio un puñetazo en el rostro.
«No quisimos ofender»
CÓRDOBA. «Estamos encantados con los españoles y con nuestros hermanos católicos, por eso nada estaba más lejos de nuestra intención que ofender a nadie con nuestros actos». Quien así se expresaba ayer era E.G, uno de los dos jóvenes puestos en libertad con cargos tras encabezar el enfrentamiento con los vigilantes de seguridad de la Catedral y con la Policía Nacional el pasado miércoles por la tarde.
E.G., que tiene en torno a 25 años y lleva dos semanas recorriendo España con el resto del grupo que protagonizó el alboroto, salía ayer apesadumbrado de las dependencias judiciales y un tanto extrañado del revuelo que ha originado su obcecación en rezar en un lugar sagrado en el que está expresamente prohibido hacerlo por cualquier rito que no sea al católico. «No quisimos herir los sentimientos de nuestros hermanos cristianos, pero el ambiente que allí [en la Catedral] se respiraba nos movió a rezar». Al tiempo, negó que cualquier miembro del grupo agrediera con una navaja a nadie, si bien reconoció que uno de los integrantes del mismo portaba una porque es «su costumbre» llevarla.
La Juventud Musulmana de Austria (JMA) pidió ayer disculpas y lamentó los incidentes, pero criticó la «agresividad» y el «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de la seguridad privada y la Policía española.
«La seguridad privada fue muy agresiva. Rezar fue un error, pero eso no justifica cómo nos trataron. A uno de los jóvenes le llegaron a decir en inglés: «Esto es una guerra y te vamos a matar»», explicó a Efe Alexander Osman, portavoz de la JMA y testigo del altercado. Osman también tachó de «mentira total» que el incidente estuviera planificado, ya que compraron las entradas poco antes de entrar y sólo un pequeño grupo comenzó a rezar «de forma espontánea». Osman pidió disculpas por las consecuencias de la oración y señaló que «desconocían el significado de la Mezquita-Catedral para la Iglesia católica».
Prestan declaración los vigilantes agredidos en la Mezquita por musulmanes
- Jóvenes Musulmanes de Austria destaca la "hospitalidad" española
- La Asociación asegura que el rezo fue espontáneo y descarta cualquier maniobra
- Los vigilantes de seguridad de la Mezquita de Córdoba que el miércoles por la tarde fueron agredidos por algunos musulmanes han prestado declaración este viernes por la mañana en el juzgado de guardia. El personal de la seguridad privada del templo fue agredido al enfrentarse a ellos ellos algunos turistas musulmanes de un grupo formado por 118 personas que no aceptaron sus instrucciones para que dejaran de orar por el culto musulmán, que está prohibido en este recinto.
Aunque los jóvenes musulmanes han negado las agresiones, lo cierto es que uno de los vigilantes que ha prestado declaración ante el juez ha aparecido con un brazo vendado y en cabestrillo. Según informó el Obispado, sufrieron "serias lesiones físicas".
No obstante, la asociación de Jóvenes Musulmanes de Austria se ha manifestado este viernes en sentido contrario, es decir, refrendando la versión de los implicados y negando las agresiones. "Ningún miembro del grupo agredió en ningun momento tanto a los guardias de seguridad como a los agentes de Policia", ha afirmado.
Consecuencias "inesperadas"
Según dicha agrupación, que ha "lamentado" mediante un comunicado "el altercado ocurrido en la Mezquita-Catedral de Córdoba", los jóvenes formaban parte de un un grupo juvenil de musulmanes de Austria que han realizado un viaje de dos semanas a España, donde han visitado diferentes lugares "con el objetivo de conocer el país, considerándolo relevante en Europa por su trayectoria intercultural".
Otra de las metas del viaje de estos jóvenes musulmanes austriacos es, según la citada asociación, "profundizar en la cultura e historia que los jóvenes austriacos deseaban conocer. En estos días, el grupo no sólo ha conocido esa parte de España, sino que, además, han quedado impresionados por su enriquecedora historia y por la hospitalidad con la que los españoles reciben a sus visitantes", ha destacado.
La explicación que esta organización hace de los disturbios, provocados en pleno Jueves Santo y coincidiendo con el paso de las cofradías, es que, en su visita a la Mequita cordobesa, los jóvenes "quedaron tan impresionados por su belleza y atmosfera espiritual, que espontanéamente hicieron un rezo". Un acto que, según ha añadido, tuvo "consecuencias inesperadas para los jóvenes".
"No buscaban provocar"
Como ciudadanos austriacos, "desconocían el significado de la Mezquita-Catedral para la Iglesia Cátolica en España", asegura que la Asociación de Jóvenes Musulmanes, tras recordar que en su país "es habitual organizar eventos interreligiosos, donde hemos rezado juntos cristianos y musulmanes en iglesias y mezquitas".
Así las cosas, Alexander Osman, vocal de prensa de la asociación Jóvenes Musulmanes de Austria, en nombre de dicha asociación, ha asegurado que "el grupo jámas tuvo la intención de provocar y lamenta lo sucedido".
Por ello, "deseo sinceramente disculparme ante la Iglesia Cátolica en España y sus creyentes por el inconsciente suceso. Y reitero que los jóvenes no buscaban provocar ni herir los sentimientos de los creyentes cátolicos".
Metrovalencia elimina los vigilantes de las paradas más concurridas
Los guardias tampoco acompañarán a los agentes USI, que han sufrido dos agresiones el último mes
L. BALLESTER VALENCIA ?
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha decidido retirar los vigilantes de seguridad que prestaban servicio continuado en tres de las estaciones de metro más concurridas de la red de Metrovalencia: Colón, Àngel Guimerà y Xàtiva. La empresa ferroviaria también ha decidido suprimir el acompañamiento que estos guardas realizaban a los agentes USI (Unidad de Supervisión e Intervención) que es como ahora se denomina a los antiguos interventores.
Los siete vigilantes destinados a las paradas de Colón, Àngel Guimerà y Xàtiva (dos para cada una distribuidos en turnos, excepto Xàtiva donde prestaban servicio tres) garantizaban la seguridad en estas céntricas estaciones, que son las que más usuarios acogen de la red, desde hace "muchos años", según recuerdan trabajadores de la empresa. Su presencia estaba garantizada desde las 7 de la mañana a las 22.30 o 22.50 horas, según las paradas. "El pasado lunes les avisaron que dejaban de trabajar en las tres estaciones", confirma una trabajadora.
Además, también se ha suprimido el servicio que prestaban a los agentes USI, a los que acompañaban en la tarea de solicitar los billetes y suplementos que se cobran. Una tarea no exenta de peligros ya que, en el último mes, los USI han sufrido dos agresiones: una se ha saldado con la celebración de un juicio de faltas y en la otra el USI sufrió una "brutal agresión por parte de un viajero". Los USI también deberán explicar a los usuarios, en unas semanas y sobre todo a partir del 1 de mayo, la nueva decisión de FGV de extender la tarjeta sin contacto, con microchip, a los billetes sencillos o los de ida y vuelta, que obliga a pagar un euro de más, aunque sólo la primera vez que se adquiere.
Los agentes que hasta ahora estaban destinados en las estaciones o acompañaban a los USI pasan ahora "a línea", es decir, a prestar sus servicios en alguna de las tres líneas de metro o las dos de tranvía circulando a lo largo y ancho de los trayectos.
FGV declinó ayer ofrecer una explicación de este movimiento de vigilantes, las causas que los provocan y si esta decisión supone una reducción de los agentes que garantizan la seguridad en la red de Metrovalencia.
Desde el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) consideran que esta medida es "absurda y más cuando se esta reforzando la seguridad en todos los metros de Europa por la facilidad de atentados en este tipo de explotaciones ferroviarias". Y achacan esta reducción de las tareas de los vigilantes a un recorte de presupuesto. El servicio de seguridad en la red de Metrovalencia se adjudicó el 5 de julio de 2007 en tres lotes a tres empresas de seguridad: Med Seguridad SA (Lote 1, 846.385,60 euros, sin IVA); Prosegur Compañía de Seguridad SA (1.505.510,30) y Vigilancia Integrada SA (1.093.494,28 euros , también sin IVA).
jueves, 1 de abril de 2010
Una oleada de robos en el Reblinco crispa a los vecinos, que piden el cese del comisario
Una oleada de robos en el Reblinco crispa a los vecinos, que piden el cese del comisario
Se sienten presos en sus viviendas y aseguran que sus carceleros son sus vecinos de puerta. Los residentes en El Reblinco, un barrio marginal de Avilés a pocos minutos a pie del parque del Muelle, están «hartos de la inseguridad». Sólo en marzo han presentado siete denuncias por robos en sus casas, algunas habitadas en el momento que se produjeron los hechos. A una octogenaria, aseguran, los cacos llegaron a agredirla. Quienes entran en sus casas son, según los afectados, de sobra conocidos. Les han visto nacer, conocen sus nombres de pila y también sus motes. Pero ahora el perdón no basta. Los vecinos manifiestan que no pueden dejar sus casas solas jamás. Ni tan siquiera, sentencian, para ir a un funeral o a celebrar un cumpleaños. Las vacaciones son ya, para ellos, impensables. «Saben cuando estamos fuera y aprovechan la mínima oportunidad para robarnos», recalcan.
Los afectados por los robos han comenzado hace días a recoger firmas y ya han reunido más de cien. Su intención es presentarlas después de Semana Santa en la delegación del Gobierno «para que cesen al nuevo comisario (Agapito Pérez)». «Desde que llegó este hombre hace unos dos meses hay menos vigilancia y somos conscientes de que no conoce El Reblinco, uno de los barrios más marginales de Avilés», explica una vecina, que añade: «Si hemos adoptado esta postura es también porque se niega a recibirnos». Los vecinos también tienen en mente crear una plataforma vecinal desligada de la asociación de Jardín de Cantos que lidera Antonio Cabrera.
Y es que, según los vecinos del Reblinco, el abandono del barrio «es una vergüenza». «Los políticos sólo se acuerdan de nosotros en elecciones y les importa un comino que podamos coger el tifus con la porquería acumulada en una de las viviendas de la entrada», recalca una vecina. Esta mujer, como otros muchos residentes, ha instalado un sistema de seguridad privada «aún pagando los mismos impuestos que en el centro de Avilés». Otros afectados piensan en adquirir perros para que les protejan sus casas. Los cacos, manifiestan, se llevan por delante todo lo que encuentran. En los últimos días se han hecho, según los vecinos, con un botín que incluye dinero en metálico, una televisión, un vídeo, un ordenador, una cadena de música y hasta una bolsa de patatas de freír.
Los vecinos recorrieron ayer el barrio en compañía del portavoz y concejal de ASIA, Miguel Ángel Villalba, quien manifestó que este barrio «no deja de ser un gueto consentido por el Ayuntamiento». Villaba precisó: «El gobierno local no pone los medios necesarios, tal vez deberían plantearse el tener aquí una patrulla permanente». Más aún, Villalba recomendó a otros concejales, no sin ironía, que visiten El Reblinco «para comprobar lo seguro que es».
Bully presenta hoy al nuevo director de Seguridad Ciudadana que releva a Anitua
el departamento vasco de interior aprueba tres nombramientos y amplía la estructura de arkaute
vitoria. Movimientos en los cargos del Departamento vasco de Interior y, a resultas de estos, cambios en la estructura del Departamento de Seguridad Ciudadana de Vitoria. El hasta ahora director del área municipal, Pedro Anitua, que pasa a ocupar la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil, deja su plaza y el concejal del ramo, José Manuel Bully, presenta oficialmente a su relevo esta misma mañana en las instalaciones de Aguirrelanda. Aunque no ha trascendido el nombre de su sucesor y pese a que en un principio se barajaba la posibilidad de que una mujer fuese la encargada de dirigir el Departamento que engloba a la Policía Municipal y a los Bomberos de Vitoria, ayer por la tarde cobraba fuerza la candidatura de Iñaki Iñoriza, responsable del Servicio de Planificación de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.
interior De forma paralela, el Departamento vasco de Interior aprobó ayer tres nombramientos. Elena Moreno ha sido nombrada Directora de la Academia de Policía del País Vasco. Donostiarra, licenciada en ciencias químicas por la UPV y máster en prevención de riesgos laborales, ocupaba hasta ahora el cargo de directora de Atención de Emergencias del Departamento de Interior. José Luis Ramos es desde ayer el nuevo Director de Administración y Servicios de Arkaute, cargo de nueva creación vinculado a la ampliación de competencias de este centro que, junto a la formación policial, asumirá desde ahora también la responsabilidad sobre otros procesos formativos relacionados con la atención de emergencias, la protección civil y la seguridad privada.
Finalmente, Pedro Anitua se convierte en el nuevo director de Atención de Emergencias y Protección Civil. Ingeniero industrial superior, y máster en Ingeniería Medioambiental, este vitoriano de 57 años renueva su andadura profesional en el Departamento de Interior, donde ya desempeñó puestos técnicos de responsabilidad en protección civil entre los años 1982 y 1985.
interior De forma paralela, el Departamento vasco de Interior aprobó ayer tres nombramientos. Elena Moreno ha sido nombrada Directora de la Academia de Policía del País Vasco. Donostiarra, licenciada en ciencias químicas por la UPV y máster en prevención de riesgos laborales, ocupaba hasta ahora el cargo de directora de Atención de Emergencias del Departamento de Interior. José Luis Ramos es desde ayer el nuevo Director de Administración y Servicios de Arkaute, cargo de nueva creación vinculado a la ampliación de competencias de este centro que, junto a la formación policial, asumirá desde ahora también la responsabilidad sobre otros procesos formativos relacionados con la atención de emergencias, la protección civil y la seguridad privada.
Finalmente, Pedro Anitua se convierte en el nuevo director de Atención de Emergencias y Protección Civil. Ingeniero industrial superior, y máster en Ingeniería Medioambiental, este vitoriano de 57 años renueva su andadura profesional en el Departamento de Interior, donde ya desempeñó puestos técnicos de responsabilidad en protección civil entre los años 1982 y 1985.
Adiós a poner la mano en la columna catedralicia, entrar con mochila o filmar
El acceso a la catedral por la puerta principal del templo, en la plaza del Obradoiro, el corazón del casco histórico, permanecerá cerrado durante la Semana Santa, indicaron a Efe fuentes de la Oficina del Peregrino, dependiente del Arzobispado, y sólo se permitirá la salida, para evitar aglomeraciones de visitantes.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Compostela apunta que "el acceso a la catedral se efectuará por la plaza de Platerías" y señala que "no se podrá entrar con mochilas".Añade que los caminantes y peregrinos deberán depositar su mochila bien en "una consigna en la Casa del Deán" o en el "aparcamiento de Juan XXIII", donde también podrán estacionar sus bicicletas aquellos que hayan venido pedaleando, ya que en el casco histórico de la ciudad no hay ningún lugar reservado para ello.
El Ayuntamiento añade también que "estará permitida la entrada con bolsos de mano" a la catedral, pero advierte de que "serán revisados por los agentes de seguridad".
Fuentes de la Oficina del Peregrino indicaron a Efe que los inspectores de bolsos serán agentes de seguridad privada que estarán en los accesos a la catedral y advirtieron, además, de que una vez que el aforo de la catedral esté "completo" procederán a "cerrar", para evitar los baños de multitudes.
Esas prohibiciones están justificadas por "motivos de seguridad", coincidieron en precisar el Ayuntamiento y el Arzobispado.
Las fuentes de la Oficina del Peregrino también señalaron que está prohibido filmar o tomar fotografías, en el interior del templo, pese a que reconocieron que una parte de los visitantes no lo respeten, además de la interdicción de fumar, aunque uno de los iconos de la catedral sea precisamente el "botafumeiro", que impregna de humo de incienso la nave.
Pero tal vez las prohibiciones más decepcionantes para los visitantes son la de introducir los dedos en la columna parteluz, que soporta el arco del Pórtico de la Gloria, y la imposibilidad de ver éste último, uno de los iconos de la catedral, que se encuentra rodeado de andamios.
La justificación de las autoridades para impedir a los visitantes poner los dedos en esa columna o cabecear ligeramente contra la piedra, siguiendo una tradición ancestral, es la prevención de la degradación de esa obra majestuosa ya muy erosionada.
Los trabajos de restauración, que comenzaron el año pasado y que prevén proseguir en los próximos meses, privarán a los peregrinos y visitantes de contemplar este año esa joya del románico, cuyo policromado casi ha desaparecido por la erosión del tiempo y la humedad.
La fundación privada Barrié de la Maza, que ha aportado tres millones de euros a los trabajos de restauración, prevé visitas guiadas gratuitas a pequeños grupos, permitiendo acceder y ver de cerca los trabajos de restauración, y que es necesario reservar con antelación en su página de Internet.
La restauración incluye no sólo Pórtico de la Gloria, sino también la capilla mayor y la ordenación del archivo catedralicio.
El parteluz, que durante años ha acogido los dedos de los peregrinos y el "santo dos croques", la figura que le da la espalda y en la que golpeaban sus cabezas formulando deseos, permanecen ahora en la lista de prohibiciones de un año xacobeo que las autoridades prevén que sea multitudinario. EFE.
La oposición exige a Cultura que pague a proveedores
El grupo municipal del Partido Popular exigirá en el próximo Consejo Rector del Patronato de Cultura el pago de la deuda que mantiene con la empresa de seguridad del Nuevo Teatro Infanta Leonor, a la que el Ayuntamiento adeuda cerca de cuatrocientos mil euros desde hace varios meses.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, y el concejal Alfonso Sánchez Herrera se solidarizaron ayer con los vigilantes que prestan servicio en el teatro y que no cobran sus nóminas desde el pasado mes de noviembre debido a la deuda que el Patronato tiene con la empresa Provibe.
El jefe de la oposición aseguró, al término de la reunión, que la situación de los trabajadores es “crítica”, por lo que pedirá explicaciones al concejal de Cultura, José Montané, en el consejo rector del martes que viene para que aclare por qué no ha pagado aún la cantidad comprometida con Provibe. “Es incomprensible que todavía el Ayuntamiento no haya hecho nada por solucionar el gravísimo problema que sufren estas familias jiennenses”, lamentó.
Miguel Ángel García Anguita calificó de “desesperante” e “insostenible” la situación que atraviesan los proveedores de la Administración municipal, en su mayoría pequeñas y medianas empresas de la ciudad. “Uno de los grandes fracasos del equipo de Gobierno ha sido el incumplimiento del plan de pago a proveedores que Peñalver anunció a bombo y platillo y que le sirvió para hacerse un montón de fotos, pero no para pagarles”.
Además del Nuevo Teatro Infanta Leonor, Provibe tiene concedida la seguridad de la Gerencia de Urbanismo. La empresa ya ha anunciado su intención de dejar el servicio a mediados de abril si no cobra el dinero adeudado.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, y el concejal Alfonso Sánchez Herrera se solidarizaron ayer con los vigilantes que prestan servicio en el teatro y que no cobran sus nóminas desde el pasado mes de noviembre debido a la deuda que el Patronato tiene con la empresa Provibe.
El jefe de la oposición aseguró, al término de la reunión, que la situación de los trabajadores es “crítica”, por lo que pedirá explicaciones al concejal de Cultura, José Montané, en el consejo rector del martes que viene para que aclare por qué no ha pagado aún la cantidad comprometida con Provibe. “Es incomprensible que todavía el Ayuntamiento no haya hecho nada por solucionar el gravísimo problema que sufren estas familias jiennenses”, lamentó.
Miguel Ángel García Anguita calificó de “desesperante” e “insostenible” la situación que atraviesan los proveedores de la Administración municipal, en su mayoría pequeñas y medianas empresas de la ciudad. “Uno de los grandes fracasos del equipo de Gobierno ha sido el incumplimiento del plan de pago a proveedores que Peñalver anunció a bombo y platillo y que le sirvió para hacerse un montón de fotos, pero no para pagarles”.
Además del Nuevo Teatro Infanta Leonor, Provibe tiene concedida la seguridad de la Gerencia de Urbanismo. La empresa ya ha anunciado su intención de dejar el servicio a mediados de abril si no cobra el dinero adeudado.
Exigen un 'aumento inmediato de la seguridad' en el campo tras la 'oleada de robos'
La organización agraria Asaja-Jaén exigió hoy un "aumento inmediato" de la seguridad en el campo "tras la oleada de robos que sufren los agricultores", en la que los ladrones sustraen "todo tipo de material, desde maquinaria pesada, ligera o herramientas de trabajo".
Asaja sostuvo en un comunicado que el robo de un tractor en Villargordo, "a plena luz del día y aprovechando los ladrones el cambio de turno de la Guardia Civil, es la gota que ha colmado el vaso", después de que en los últimos meses los agricultores de la provincia de Jaén hayan sufrido los robos continuos de su material agrícola. "Se sustrae cualquier cosa: maquinaria ligera como motocultoras, sopladoras, vareadoras eléctricas; tractores pesados, grupos electrógenos, carracas y hasta llaves inglesas. No se dejan nada atrás, todo les viene bien", apuntó el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, quien demandó de forma inmediata que se incrementen los efectivos de seguridad en el campo "para evitar esta masacre".
Según informan los afectados, que ya se cuentan por decenas --principalmente en la comarca de Las Villas y en los municipios cercanos a la capital--, "los cacos conocen a la perfección los horarios de la Guardia Civil y, aprovechando que en los cambios de turno quedan horas libres debido a la escasez de personal, cometen sus robos con pleno descaro". "Es más, las víctimas de los robos indican haber visto días antes y cerca de gran parte de las naves afectadas a furgonetas de vigilancia, se supone que de los ladrones, ojeando su futuro botín", agregó. Para Valero, "es un despropósito que el agricultor, vigilado al extremo en su zona de trabajo, el campo, para evitar que cometa alguna anomalía medioambiental, se encuentre tan desprotegido frente a estos indiscriminados robos". "Si hay suficientes efectivos para asegurarse de que se respetan las normas ambientales, no es de recibo que se permitan los robos simplemente por falta de personal, ya que no queremos acusar a nadie de dejadez", recalcó.
Ante toda esta situación, Asaja-Jaén, junto a "gran parte" de los afectados, prepara una plataforma con la que pretende luchar frente a los robos. "Incluso las víctimas y sus vecinos se plantean pagar de su propio bolsillo a vigilantes de seguridad privada para evitar que, en tiempos de crisis, su economía sufra un mayor revés por un robo en sus naves", zanjó. EUROPA PRESS
Asaja sostuvo en un comunicado que el robo de un tractor en Villargordo, "a plena luz del día y aprovechando los ladrones el cambio de turno de la Guardia Civil, es la gota que ha colmado el vaso", después de que en los últimos meses los agricultores de la provincia de Jaén hayan sufrido los robos continuos de su material agrícola. "Se sustrae cualquier cosa: maquinaria ligera como motocultoras, sopladoras, vareadoras eléctricas; tractores pesados, grupos electrógenos, carracas y hasta llaves inglesas. No se dejan nada atrás, todo les viene bien", apuntó el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, quien demandó de forma inmediata que se incrementen los efectivos de seguridad en el campo "para evitar esta masacre".
Según informan los afectados, que ya se cuentan por decenas --principalmente en la comarca de Las Villas y en los municipios cercanos a la capital--, "los cacos conocen a la perfección los horarios de la Guardia Civil y, aprovechando que en los cambios de turno quedan horas libres debido a la escasez de personal, cometen sus robos con pleno descaro". "Es más, las víctimas de los robos indican haber visto días antes y cerca de gran parte de las naves afectadas a furgonetas de vigilancia, se supone que de los ladrones, ojeando su futuro botín", agregó. Para Valero, "es un despropósito que el agricultor, vigilado al extremo en su zona de trabajo, el campo, para evitar que cometa alguna anomalía medioambiental, se encuentre tan desprotegido frente a estos indiscriminados robos". "Si hay suficientes efectivos para asegurarse de que se respetan las normas ambientales, no es de recibo que se permitan los robos simplemente por falta de personal, ya que no queremos acusar a nadie de dejadez", recalcó.
Ante toda esta situación, Asaja-Jaén, junto a "gran parte" de los afectados, prepara una plataforma con la que pretende luchar frente a los robos. "Incluso las víctimas y sus vecinos se plantean pagar de su propio bolsillo a vigilantes de seguridad privada para evitar que, en tiempos de crisis, su economía sufra un mayor revés por un robo en sus naves", zanjó. EUROPA PRESS
Detienen a dos musulmanes por una agresión cuando oraban en la Mezquita
Los detenidos formaban parte de un grupo de 118 turistas austríacos que se dispusieron a rezar en la parte de Abderramán I guiados por un imán · La policía les intervino un cuchillo y varios 'walkie talkies'
Dos turistas de nacionalidad austríaca fueron ayer por la tarde detenidos por agredir a una pareja de guardas de seguridad de la Mezquita, que les llamaron la atención porque estaban rezando junto a más de un centenar de personas, según el rito musulmán, dentro del templo. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba informaron de que los hechos ocurrieron sobre las 19:40 cuando los vigilantes llamaron la atención a todo el grupo de visitantes, indicándoles que estaba totalmente prohibido. Dos de ellos reaccionaron de forma agresiva y se enfrentaron directamente con el personal del templo, llegando incluso a amenazarles con un cuchillo de grandes dimensiones. Los vigilantes avisaron al Cuerpo Nacional de Policía, que se personó rápidamente en la Mezquita. Al intentar llevar a cabo la detención de la pareja de turistas que habían increpado a los guardias de seguridad, se produjo un forcejeo en el que los visitantes reaccionaron con patadas y puñetazos, lo que causó heridas de carácter leve a los policías.
Los dos detenidos formaban parte de un grupo más amplio de turistas austríacos compuesto por 118 personas, según detallaron fuentes del Cabildo. Uno de ellos, sobre las 17:00, se encargó de la compra de todas las entradas para acceder al monumento, aunque sin llegar a entrar todos juntos sino de forma escalonada en parejas o tríos y dispersándose en el interior. En la entrada, los vigilantes, al sospechar de sus intenciones, les informaron de las normas de comportamiento que se deben de seguir en el interior del templo y avisándoles de que en cualquier momento podían ser expulsados si no las seguían.
Aproximadamente dos horas más tarde, el grupo de turistas, que en todo momento se mantuvieron en contacto a través de unos walkie-talkies, se congregaron en la parte de Abderramán I. Un vez allí, guiados por un imán, se distribuyeron en varias filas mirando hacia el mihrab. Otro grupo de ocho personas se distribuyeron alrededor del grupo para vigilar la llegada de algún guarda mientras los demás oraban.
En el momento en el que aparecieron los vigilantes, la mayoría de los turistas se dispersaron rápidamente, quedando tan sólo un grupo reducido de seis personas, que no dudaron en enfrentarse a ellos con violencia. Dos de ellos fueron los que protagonizaron los altercados más fuertes, ya que amenazaron a los vigilantes el arma blanca que posteriormente fue intervenida por la policía.
Los vigilantes de seguridad, tras la actuación de las fuerzas policiales aún mostraban su sorpresa por todo lo ocurrido y aseguraron que las consecuencias podían haber sido mucho más graves.
La Diócesis de Córdoba también quiso mostrar su indignación antes los hechos ocurridos en la Mezquita a través de un comunicado. En el documento lamentaba el "desagradable" incidente ocurrido en el recinto de la Santa Iglesia Catedral, protagonizado por más de un centenar de visitantes extranjeros que de "manera organizada" habían protagonizado "un reprobable episodio de violencia". Asimismo, se indicaba que el grupo fue advertido -como marca el protocolo de visita turística del templo catedralicio- de que no podían celebrar ningún acto de culto musulmán en el recinto, y que se les invitó a continuar la visita o a abandonar el templo. Ante esta advertencia de los responsables de seguridad, aseveran que los turistas agrediendo a dos de los guardias, lo que hizo que tuviera que actuar la Policía Nacional "para poder desalojarlos y garantizar la seguridad de las personas". Por último, la Diócesis premia la labor de los vigilantes por "el impecable cumplimiento de su deber profesional".
Es la primera vez que tiene lugar un hecho de estas características con el debate de fondo del uso compartido del templo de la Mezquita-Catedral, que la Iglesia rechaza. Todas las protestas que se habían llevado a cabo hasta el momento, como las de la Junta Islámica, se habían desarrollado de forma pacífica, fuera del templo.
Los dos detenidos formaban parte de un grupo más amplio de turistas austríacos compuesto por 118 personas, según detallaron fuentes del Cabildo. Uno de ellos, sobre las 17:00, se encargó de la compra de todas las entradas para acceder al monumento, aunque sin llegar a entrar todos juntos sino de forma escalonada en parejas o tríos y dispersándose en el interior. En la entrada, los vigilantes, al sospechar de sus intenciones, les informaron de las normas de comportamiento que se deben de seguir en el interior del templo y avisándoles de que en cualquier momento podían ser expulsados si no las seguían.
Aproximadamente dos horas más tarde, el grupo de turistas, que en todo momento se mantuvieron en contacto a través de unos walkie-talkies, se congregaron en la parte de Abderramán I. Un vez allí, guiados por un imán, se distribuyeron en varias filas mirando hacia el mihrab. Otro grupo de ocho personas se distribuyeron alrededor del grupo para vigilar la llegada de algún guarda mientras los demás oraban.
En el momento en el que aparecieron los vigilantes, la mayoría de los turistas se dispersaron rápidamente, quedando tan sólo un grupo reducido de seis personas, que no dudaron en enfrentarse a ellos con violencia. Dos de ellos fueron los que protagonizaron los altercados más fuertes, ya que amenazaron a los vigilantes el arma blanca que posteriormente fue intervenida por la policía.
Los vigilantes de seguridad, tras la actuación de las fuerzas policiales aún mostraban su sorpresa por todo lo ocurrido y aseguraron que las consecuencias podían haber sido mucho más graves.
La Diócesis de Córdoba también quiso mostrar su indignación antes los hechos ocurridos en la Mezquita a través de un comunicado. En el documento lamentaba el "desagradable" incidente ocurrido en el recinto de la Santa Iglesia Catedral, protagonizado por más de un centenar de visitantes extranjeros que de "manera organizada" habían protagonizado "un reprobable episodio de violencia". Asimismo, se indicaba que el grupo fue advertido -como marca el protocolo de visita turística del templo catedralicio- de que no podían celebrar ningún acto de culto musulmán en el recinto, y que se les invitó a continuar la visita o a abandonar el templo. Ante esta advertencia de los responsables de seguridad, aseveran que los turistas agrediendo a dos de los guardias, lo que hizo que tuviera que actuar la Policía Nacional "para poder desalojarlos y garantizar la seguridad de las personas". Por último, la Diócesis premia la labor de los vigilantes por "el impecable cumplimiento de su deber profesional".
Es la primera vez que tiene lugar un hecho de estas características con el debate de fondo del uso compartido del templo de la Mezquita-Catedral, que la Iglesia rechaza. Todas las protestas que se habían llevado a cabo hasta el momento, como las de la Junta Islámica, se habían desarrollado de forma pacífica, fuera del templo.
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