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Para dar respuesta a las demandas del Sector, cumplimiento a algunas propuestas contenidas en el Acta de la Comisión Mixta de 2005 y modernizar los medios y las medidas de seguridad.
Era una reunión largamente esperada que, por fin, tuvo lugar el pasado 3 de diciembre del pasado 2009, en la ‘Sala Europa’ del Edificio Multiusos de la Dirección General de la Policía, presidida por el director general de la Policía y de la Guardia Civil, dada su condición de presidente de la Comisión, en la que participaron el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario general de Seguridad Ciudadana y el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. En la misma estuvieron presentes un total de 46 ntegrantes que representaban tanto a las empresas como a los trabajadores de las distintas especialidades del sector de la Seguridad Privada: Directores de Seguridad, Vigilantes de Seguridad, Escoltas, Guardas de Campo y Detectives. A tan importante reunión tampoco faltaron los representantes de los Centros de Formación ni los de los establecimientos obligados.
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Asistieron también como miembros de pleno derecho los representantes de los ministerios de Trabajo e Inmigración, de Educación y Ciencia e Industria, así como miembros del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil y el vicesecretario general técnico del Ministerio del Interior, que aportaron con sus intervenciones bastante luz en relación, sobre todo, con la Directiva de Servicios de la Unión Europea, incorporada en la “Ley Ómnibus”, que está creando cierta incertidumbre en el sector.
La sesión comenzó con unas palabras del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, en las que, además de resaltar la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades, puso de manifiesto la importancia de la modernización en la gestión en el seno de una sociedad avanzada como la española, en la que la seguridad es un valor en alza, un elemento social básico e imprescindible de progreso; “es precisamente nuestro trabajo, del sector público y del sector privado, garantizar que este derecho se cumpla”.
Señaló la dificultad de la tarea, que las amenazas son de carácter global, y que en consecuencia la creciente participación de la Seguridad Privada en la protección de las personas y los bienes debe estar presidida por una constante adaptación a las circunstancias cambiantes y un “decidido y recíproco esfuerzo con la Seguridad Pública, de la que no sólo es complementaria, sino parte fundamental de la misma”.
Continuó su exposición señalando que el Gobierno de España ha entendido bien esa realidad, incorporando esta materia como uno de los ejes en torno al cual se articula el actual Plan Estratégico de la Secretaría de Estado de Seguridad 2009/2012 -Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil- “en el que se establecen espacios de acción concertada, dinamizando las tareas de inspección y control y la determinación de competencias de actuación, potenciando el intercambio en materia de información y colaboración”.
Para conseguir dichos objetivos, se ha aprobado un plan específico cuatrienal para el área de la Seguridad Privada al objeto de tratar de conseguir “cubrir las necesidades reales de seguridad existentes y posibilitar la participación de la Seguridad Privada en ámbitos hasta ahora asignados a la Seguridad Pública, así como la prestación por parte de la Seguridad Privada de nuevos tipos de servicios”, que se desarrollará en torno a los siguientes ejes: “modernizar la gestión”, “aumentar la colaboración” e “impulsar las reformas”.
Afirmó que el Gobierno ha hecho un importante depósito de confianza en la Seguridad Privada y señaló el avance de las reformas reglamentarias para adecuarnos a la normativa europea y dar cobertura legal a la seguridad de los buques con armas de guerra, algo que se une a otras tareas de carácter internacional como las repatriaciones por vía aérea o marítima, o la custodia de polizones en barcos extranjeros, y concluyó su intervención volviendo a hacer referencia a la importancia de la unión y la complementariedad entre Seguridad Pública y Seguridad Privada para conseguir los objetivos de seguridad deseados.
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José Marín, comisario general de Seguridad Ciudadana, intervino seguidamente haciendo una exposición de la actual coyuntura del sector mediante una comparativa con años anteriores, destacando la buena situación del sector a pesar de la crisis de la economía, visto el incremento del número total de empresas inscritas (+6,5%) y el aumento del total de actividades desarrolladas (+5,5%), a excepción de los despachos de detectives (-4%). Señaló también el significativo aumento de las habilitaciones (+9,7%) en todas las especialidades, indicando que el sector goza de buena salud, como lo evidencia la disminución del número de sanciones por faltas leves y graves (-26% y -36%) respectivamente.
No sucede así con las faltas muy graves (+5%), siendo las causas motivadoras de esas sanciones las falsas alarmas y el intrusismo que, aunque ha descendido, sigue siendo una de las causas de infracción que más incurre, tanto en su vertiente empresarial como la laboral. También señaló la mejoría de la contratación y facturación del sector, destacando en los números el porcentaje (29%) que corresponde a las distintas Administraciones públicas.
Finalizó su intervención poniendo en valor dentro del ámbito de la cooperación y aportación el incremento del flujo de información (+29%) desde la Seguridad Privada, que calificó de valiosa contribución para mejorar la seguridad de todos, “objetivo último de nuestro complejo sistema de seguridad”.
Propuestas
Como jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), el comisario Esteban Gándara, intervino seguidamente para exponer las propuestas basadas en los siguientes puntos:
▪ Propuesta de Orden Ministerial de Reforma de la Comisión Mixta: con una actualización de la composición de sus miembros, cambio de nombre y formación de subcomisiones.
▪ Propuesta de Orden Ministerial de Reforma de Personal de Seguridad Privada: en referencia a los sistemas de seguridad que se integrarán en las Tarjetas de Identificación Profesional (TIP), el uso de prendas de seguridad laboral y formaciones específicas y fórmulas de control para los Centros de Formación.
▪ Propuesta de Orden Ministerial de Reforma de Empresas de Seguridad: con reconocimiento de la adaptación a la Norma UNE EN 50131 y otros tipos de normativas que se refieren a sistemas de seguridad, armeros, etc.
▪ Propuesta de Orden Ministerial de Reforma de Medidas de Seguridad: incluyendo la calidad a lo especificado en el punto anterior.
▪ Propuesta de Orden Ministerial de regulación de las alarmas (CRA): para conseguir una mayor seguridad, tanto física como jurídica, formación específica para personal de instaladores como de operadores, con un protocolo de actuación para la verificación de las alarmas.
Por lo que respecta a la Orden de ‘Funcionamiento de la Comisión Mixta’, los cambios se centran en tres cuestiones importantes: un cambio en la denominación, pasando a llamarse ‘Comisión Nacional de Seguridad Privada’; en segundo lugar, modificación de la composición tanto de sus miembros de pleno derecho como el de los invitados, posibilitando que algunos de los que hasta ahora aparecían como invitados pasen a ser miembros de pleno derecho (en este sentido se cita como ejemplos a la Secretaría General Técnica, el SEPROSE de la Guardia Civil, el colectivo de Detectives o los Centros de Formación, entre otros); y, entercer lugar, la creación de tres comisiones que deberán ser el alma del funcionamiento continuo de la Comisión y que se constituirán en foros de estudio y adaptación a nuestra realidad cambiante, tanto en materia de desarrollo normativo como en medidas de seguridad y en materia de colaboración, dando así un impulso definitivo en esta materia, que pasará a reuniones de carácter voluntario o normativizadas, estableciendo previamente los objetivos, el funcionamiento y los integrantes.
En relación con la ‘Reforma de Personal de Seguridad Privada’ se ha planteado en torno a tres cuestiones fundamentales: modernizar la gestión documental de ese personal, modificando el actual modelo de tarjeta de identificación buscando la simplificación, aumentando las medidas de seguridad y acumulando todas las especialidades de la persona habilitada en una sola tarjeta. Referente a la uniformidad, actualización y adaptabilidad constante en la uniformidad, medios de defensa y formación especializada, se introducen en la norma algunas prendas que ya están siendo utilizadas (jersey, chaleco, botas, etc.), a la vez que se establecen algunas excepciones teniendo en cuenta el lugar donde se va a prestar el servicio y las normas en Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo autorizaciones puntuales para utilizar otros medios de defensa de los genéricamente previstos, atendiendo a ciertas condiciones de los servicios a prestar. Dentro de este objetivo de adaptabilidad, también se prevé en la norma la posibilidad de una formación especializada y que la misma se pueda impartir fuera de los Centros de Formación, otorgando validez, como formación permanente a los cursos impartidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En cuanto al establecimiento de más medidas de control en los Centros de Formación como tercer objetivo, se aborda la necesidad de dar un paso más en el control de este tipo de Centros a través de los libros de altas y bajas, los libros de asistencia o de reclamaciones, circunstancias muy demandadas, y que por fin se incluyen dentro de esta Orden Ministerial.
La ‘Reforma de Empresas de Seguridad’ y la ‘Reforma de las Medidas de Seguridad’, son la tercera y cuarta Órdenes Ministeriales que se proponen y se explicaron de manera conjunta, toda vez que en las mismas se han tenido en cuenta dos notas comunes: una apuesta por la calidad, por entender que la calidad está en la normalización, y en segundo lugar porque se hace “que la norma esté en la ley” y por lo tanto “que la ley sea la norma”.
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En referencia a la primera de ellas se plantea la desaparición de los conceptos de elemento primario y secundario para definir un sistema de seguridad y se modifica el concepto de alarma. Se establece también la posibilidad de desconexión por parte de la autoridad policial, previa ratificación por parte de la autoridad Gubernativa, algo muy importante pero poco usado por no estar suficientemente desarrollado, y además se apuesta por la calidad y la normalización con la aplicación de las normas UNE.
En cuanto a la Orden de Medidas, además de la normalización, se introduce la exigencia de certificación del producto en medidas de seguridad física y electrónica, se realiza una propuesta para que se habilite un lugar con protección especial para el transporte de fondos superiores a 30.000 euros, con el fin e eliminar o reducir el denominado “riesgo de acera”. En referencia a las Entidades Financieras se establece un mapa dividido en municipios con más o con menos de 10.000 habitantes, unificándose las medidas de seguridad, se incrementa notablemente las cantidades de dinero en efectivo y se establece la obligatoriedad de protección electrónica de paredes medianeras. También se normalizan los anclajes de cajas fuertes, se actualizan los niveles de resistencia al impacto de bala y se obliga a conectarse a central de alarmas (CRA) a todos los sistemas de seguridad de los establecimientos obligados.
‘La Regulación de las Alarmas’. Por último, se exponen los motivos que han originado la redacción de esta Orden Ministerial sobre ‘Sistemas de Seguridad y Verificación de Alarmas’, que trata de dar adecuada respuesta a un viejo problema de seguridad, tanto público como privado. En la misma se recoge mucha, variada y valiosa información que los actores implicados han ido proporcionando sobre la problemática de las falsas alarmas, tanto en su vertiente empresarial como en la personal. En segundo lugar, una mayor tecnologización de los sistemas; y en tercer lugar se pretende ofrecer una mayor seguridad, tanto física como jurídica, con el establecimiento de cuatro grados de seguridad previstos en la norma UNE, obligando que todos los sistemas tengan al menos el grado dos y los establecimientos obligados en grado tres. También se establece la obligatoriedad de una constatación documental de las revisiones, tanto de las presenciales como de las bidireccionales, incluyéndose en la norma en qué casos y en qué plazos son necesarias unas y otras. En cuanto a la verificación de las alarmas, se establece la obligatoriedad de que las mismas se realicen bien con medios humanos (personalmente) o con medios técnicos (secuencialmente, por imágenes, por audio) estableciéndose además medios complementarios a los anteriores que en todo caso serán obligados. Será necesaria la verificación para la actuación policial, aunque se establecen algunas excepciones en los que estará justificada la actuación, como en el caso de los pulsadores de alarma antiatracos, entre otros contemplados en la Orden.
Concluyó el jefe de la UCSP explicando a los miembros de la Comisión cuál será el método de trabajo recomendado, así como el plazo para realizar las aportaciones con el objetivo de agilizar los documentos que finalmente se elevarán a las instancias correspondientes.
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En el turno de ruegos y preguntas se escucharon distintas y variadas propuestas, alguna que no es competencia de la Comisión -como la de reivindicar la firma del convenio colectivo-, otras sobre la mejora de la protección jurídica a los vigilantes de seguridad, acerca de las ayudas fiscales para poner en funcionamiento las nuevas propuestas de reformas normativas reclamadas por los representantes de las empresas, e incluso cuestiones de reivindicación, debido a su precariedad de los Guardas Particulares de Campo.
A modo de colofón, podemos afirmar coincidencia en cuanto a satisfacción en el sentir general por las iniciativas y el trabajo desarrollado por la Unidad Central de Seguridad Privada para afrontar las necesarias reformas normativas, haciendo partícipe a todos los actores del sector, incluyendo en las mismas muchas de sus tradicionales propuestas y solicitando sus aportaciones en un plazo razonable. También hubo coincidencia entre los miembros de acortar los tiempos de reunión entre una Comisión y otra, así como preocupación generalizada por la entrada en vigor de la Directiva de Servicios, a través de la “Ley Omnibus”, una norma transversal que, según el vicesecretario general técnico, afecta a una parte muy importante del Ordenamiento Jurídico que obliga a modificar más de 50 leyes, entre las que se encuentra la Ley de Seguridad Privada, aunque a ésta le afecta muy colateralmente. Por ello, hizo hincapié en que, aunque existe una exclusión de la Ley de Seguridad Privada, la Comisión Europea ha aprobado un Manual de Aplicación de la Directiva en el que se incluye a la Seguridad Privada.
Concluyó afirmando que no se esperan grandes cambios en la misma dado que el Ministerio del Interior está muy satisfecho con el funcionamiento de la Seguridad Privada en España.
Comprometiéndose a celebrar este tipo de reuniones con mayor frecuencia, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, clausuró el encuentro.
Al término de la reunión, se dio como fecha última para la presentación de propuestas el día 31 de enero de 2010. |
