La Xunta aprueba un protocolo especial que vigilará los sectores estratégicos para mantener los servicios

Feijóo destaca la actuación "sin alarmismo" y "coordinada" del Ejecutivo que dirige ante los riesgos de pandemiaSANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y de Sanidade aprobaron un protocolo especial de actuación que vigilará los sectores económicos "estratégicos" con el objetivo de mantener los servicios esenciales en caso de una pandemia que afecte a estos ámbitos.

En palabras del presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, este planteamiento responde a la actuación "sin alarmismo" y "coordinada" del Ejecutivo que dirige para paliar las repercusiones de la gripe A y explicó que atenderá sectores como los responsables de suministro energías, transporte e industrias médicas o alimentarias.

De esta forma, mediante una acción de coordinación con la Dirección Xeral de Saúde Pública, el departamento de Emerxencias e Interior pondrá en marcha una serie de medidas no sanitarias para ayudar a los ciudadanos ante una posible disminución de los servicios fundamentales provocados por la pandemia.

Concretamente, el plan, aprobado hoy en el Consello de la Xunta, se centra en el control de los servicios esenciales cuando, por una consecuencia de epidemia infecciosa, pueda perturbar el mantenimiento de los servicios esenciales de abastecimiento a la población, como el suministro de emergencias de atención primaria.

De esta forma, la Xunta requerirá los correspondientes planes de contingencia contra la epidemia a todos los componentes de los sistemas de planificación de la Central de Emerxencias 112 Galicia, consorcios de bomberos y servicios de urgencias dependientes de los municipios.

El objetivo del protocolo especial de protección civil frente al riesgo de pandemia persigue, explica la Xunta, garantizar la "plena operatividad" de los equipos de emergencias.

LISTA SECTORES BÁSICOS

El plan gallego para la respuesta ante la gripe A también ha establecido una clasificación de los sectores considerados básicos para la población, de manera que lo serán las autoridades políticas, las fuerzas del orden, las unidades del Ejército, Protección Civil, el personal de extinción de incendios y salvamento y el de la Administración de Justicia.

También se incluyen los recursos de salud pública y la asistencia sanitaria, los servicios de Urxencias 061 y la Cruz Roja, en lo que se refiere al sanitario. En el sector servicios, serán importantes el personal dedicado a la atención de personas con discapacidad y tercera edad, abastecimiento de agua, servicios penales, seguridad privada, comunicaciones, transporte, servicios mínimos de cajeros automáticos, saneamiento municipal y recogida de basura.

Al respecto del sector industrial, será esencial mantener el nivel de producción de la industria médica, energética y alimentaria, tal y como comentó el presidente de la Xunta, quien subrayó que se trata del "primer plan de este tipo que se hace en España" en este ámbito.

NOTIFICADA LA EXPULSIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

Un agente de Ávila ha tenido que abandonar este cuerpo tras lo que a su juicio es un "error administrativo" del que él no es culpable.

La Guardia Civil ha notificado a Roberto S.B., abulense de 32 años, su expulsión del cuerpo después de casi nueve años de servicio, debido a un "error administrativo" del Instituto Armado, según ha comunicado hoy a avilared.com el propio agente. El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo emitió una sentencia revocando el fallo favorable a sus intereses emitido cuatro años y medio antes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que ha supuesto su expulsión del cuerpo cuando se encontraba en el cuartel de Torrevieja (Alicante). Allí le fue comunicado el lunes la decisión en firme, por lo que le han sido retiradas las "tarjetas, armamento y uniformes". En la actualidad busca trabajo como vigilante de seguridad en Murcia, ya que al superar la barrera de los 30 años no puede retomar su carrera en el Ejército, donde estuvo, ni en la Guardia Civil u otros cuerpos del Estado. Según explicó en su día el agente, el origen de esta situación se remonta a noviembre de 2000 cuando entró como alumno de la Academia de Cabos y Guardias, tras acceder a las plazas restringidas para militares de las Fuerzas Armadas con más de tres años de servicio, sin haberlos cumplido y sin que nadie se percatara de ello. "Al admitirme, me crearon un perjuicio, ya que causé baja en el Ejército, no pudiendo reingresar en él e impidiéndome poder opositar a las siguientes convocatorias", sostuvo el agente, quien dijo haberse quedado "con una mano delante y otra detrás" y "sin ningún tipo de compensación ni prestación, al no haber sido reconocido como guardia civil", después de casi nueve años de servicios. El primer fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le animó a comprar un piso en Torrevieja, donde hasta ahora ejercía como guardia, pero una sentencia reciente del Tribunal Supremo revocó el fallo del alto tribunal madrileño. Ante esta situación, planteó un "recurso de petición" a la ministra de Defensa, Carme Chacón, para que estudiara lo que consideraba una "tremenda injusticia" y adoptara una "solución viable" a un problema que el agente sostiene no haber causado. Roberto S.B., que solicitaba la "paralización de la sentencia o la búsqueda de otra alternativa", también se dirigió al Defensor del Pueblo, al considerar que ha visto "vulnerados" sus derechos constitucionales por "la demora en el proceso judicial", ya que no puede "opositar a ningún cuerpo de seguridad del Estado por la edad". Además, escribió al Rey solicitando el "derecho de gracia", así como al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ANTECEDENTES Este joven abulense accedió en noviembre de 2000 como alumno a la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, tras haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas durante más de tres años, aunque el plazo máximo para aspirar a alguna de las plazas expiraba seis meses antes. Tras ser admitido por el Ministerio de Defensa, saliendo promovido como guardia alumno para ingreso en los centros docentes de la Guardia Civil, cursó el periodo de formación y promocionó en el puesto 774 entre 2.300 alumnos, antes de cursar su año de prácticas en el puesto de Torrevieja. "Tras finalizar mi año de prácticas, debería haber sido nombrado como Guardia Civil profesional, según resolución del Ministerio de Defensa, pero cuál fue mi sorpresa cuando no me promovieron el ascenso, al no salir publicado en el boletín", argumentó. Según apuntó, el Instituto Armado alegó la existencia de un "error" al admitirle como alumno del centro, ya que "al parecer, no cumplía uno de los requisitos -prestar más de tres años de servicio en las Fuerzas Armadas". Tras poner la situación en manos de abogados, el 17 de diciembre del año 2004 el TSJM desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por el Abogado del Estado contra la resolución del subsecretario del Ministerio de Defensa y dio la razón a Roberto S.B. Sin embargo, el pasado mes de abril, cinco años después del primer fallo, la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó el recurso de la Abogacía del Estado y revocó el fallo del TSJM. Por otra parte, Roberto S.B. denuncia un nuevo "error" cometido en 2005, cuando le hicieron entrega del despacho por el que se le nombra Guardia Civil "con antigüedad de 2002, siendo firmado por el Rey, refrendado por el ministro de Defensa, el director general de la Guardia Civil y pasando todos los registros de salida".

Detenidos siete argelinos que llegaron al parecer en patera y vieron vigilantes de Repsol

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer en Cartagena a siete inmigrantes de origen magrebí, seis de ellos varones mayores de edad y un menor, presuntamente de nacionalidad argelina, con síntomas de cansancio, ropas mojadas y con indicios de haber entrado en España por mar de forma ilegal.
La detención fue a mediodía, aunque los inmigrantes fueron detectados previamente por vigilantes de seguridad de la refinería Repsol, cerca de la Sierra Sahuquilla de Escombreras, según la Delegación del Gobierno en Murcia.
Fueron puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la tramitación de los expedientes de devolución a su país.

Quieren implicar al hermano de Rubalcaba en el espionaje de Madrid

El asunto del espionaje a altos cargos de la Comunidad de Madrid está a punto de dar un giro espectacular: la policía ha sancionado con 3.000 euros a la agencia de detectives radicada en Barcelona Método 3 por no incluir en su libro de registro la persona o personas que le encargaron el seguimiento al vicepresidente madrileño, Ignacio González, en Colombia. Por su parte, el entorno próximo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, busca pruebas para implicar a un hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba en esta truculenta historia. La ‘merdé’ está servida.

La revista Interviú lo destapó en su último número: la policía descubrió en el mes de julio qué agencia de detectives elaboró los dossieres y espió en Colombia a Ignacio González, vicepresidente del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Reveló, incluso, que esa agencia cobró 100.000 euros para buscar supuestas corruptelas de González en Colombia. Lo realmente curioso es que la revista del Grupo Zeta no hacía público en la información el nombre de la empresa de detectives.

Diariocrítico ha podido saber de fuentes de absoluta solvencia que se trata de la agencia Método 3, radicada en Barcelona y codirigida por Marita Fernández Lago y su hijo, el abogado y criminalista Francisco Marco Fernández. A primeros de julio, efectivos de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Judicial de Barcelona se personaron en los locales de la agencia en la Ciudad Condal y pidieron ver el libro de registro, buscando la entrada del encargo de espionaje a González y el nombre de quien lo encargó. Los datos no figuraban en el libro y la empresa fue sancionada con 3.000 euros por una falta administrativa, sanción que ha sido recurrida.
Ahora bien, la Policía sabe que Método 3 fue quien realizó los seguimientos en Colombia, con videos incluidos que se grabaron, según fuentes del sector, con un equipo “PV-500”, pero que el resto de los dossieres sobre altos cargos madrileños, entre otros al vicealcalde Manuel Cobo, y aireados por el diario El País no tienen nada que ver con esa agencia y fueron realizados por ex policías y ex guardias civiles posiblemente contratados por personas diferentes a las de los seguimientos en Colombia a Ignacio González.

Y en este punto es donde comienza una rocambolesca historia en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ordenado la búsqueda ‘como sea’ para conocer quién se esconde detrás del encargo de los seguimientos a González. Paralelamente, desde grupos supuestamente afines a Esperanza Aguirre se ha desatado un rumor para intentar implicar en este asunto al propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según ese rumor que circula por medios políticos y periodísticos madrileños y barceloneses, la directora general de Método 3, Marita Fernández Lago, mantiene estrechas relaciones con Alejandro Pérez Rubalcaba, hermano del ministro del Interior. Determinados medios de comunicación han desplegado lo mejor de sus efectivos para intentar cazar in fraganti a Alejandro con Marita. Sería la ‘foto’ del año, porque de ahí deducirían que, si el hermano está implicado directa o indirectamente con Método 3, implicada en los seguimientos a Ignacio González, y que, a su vez, suele utilizar a policías y guardias civiles… el ministro del Interior estaría implicado.
Así funcionan los rumores, y así se ha puesto en marcha este rumor en determinados mentideros con el objetivo de atribuir un complot entre el Gobierno de España (supuesta relación afectivo-familiar de Pérez Rubalcaba) y el principal ‘enemigo’ de Esperanza Aguirre, en el PP, Alberto Ruiz-Gallardón.

A esa segunda hipótesis llegan los ‘conspiradores’ a través de la relación que Alejandro Pérez Rubalcaba y Alberto Ruiz-Gallardón mantienen con la abogada Montserrat Corulla, implicada en el sumario de la ‘Operación Malaya’, al igual que el hermano del ministro del Interior.
Declaraciones de los detectives
Por su parte, el juez José Sierra, que investiga el presunto espionaje al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, citará a los detectives que supuestamente lo vigilaron durante un viaje oficial a Colombia si la Policía confirma la información publicada en la revista 'Interviu' sobre estos hechos, según fuentes jurídicas.

El magistrado entiende que los hechos publicados por 'Interviu' forman parte de "una investigación independiente de un medio de comunicación". Pese a ello, el juez tiene constancia de que la Policía se encuentra investigando si alguna persona realizó este encargó a una empresa privada de detectives. Todo un ‘culebrón’ que veremos en qué queda.

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Despiden esta tarde en Meis al hombre muerto en extrañas circunstancias en Madrid

David Fandiño se golpeó en la cabeza cuando se daba un baño

A.M. - MEIS David Fandiño García, un hombre de 31 años natural de San Martiño de Meis, será enterrado esta tarde en el cementerio de su parroquia natal. David García fue hallado muerto el pasado lunes por la mañana, flotando en un lago de la sierra de Navacerrada, al norte de la comunidad autónoma de Madrid, y ayer fue trasladado a Galicia, siendo velado por sus familiares y allegados en el tanatorio de Sanxenxo.
Por el momento no están del todo claras las circunstancias de la muerte de David Fandiño, aunque parece descartarse la existencia de un crimen.
El hombre llevaba algún tiempo residiendo en la capital de España, donde trabajaba como vigilante de seguridad, y parece ser que el pasado fin de semana se desplazó a la zona de montaña para disfrutar de una jornada de senderismo y tomarse un baño en unos conocidos lagos de la sierra.
Fue solo, y se sospecha que el lunes temprano, cuando ya estaba dentro del agua sufrió un desvanecimiento o un accidente ya que se hizo una fuerte herida en la cabeza. Le encontraron sobre las once de la mañana flotando en el lago, aunque según los resultados de la primera autopsia que se le realizó a esa hora de la mañana ya era cadáver.
Al ser avisados de lo sucedido, sus familiares pidieron a la administración judicial que realizase una segunda autopsia para descartar completamente la posibilidad de que David Fandiño fuese golpeado por otra persona.
Las autoridades accedieron a la petición de la familia, y un forense distinto al primero volvió a analizar los restos mortales del joven, determinando de nuevo que en su fallecimiento no habían concurrido circunstancias criminales.
El dictamen indica que el hombre sufrió un fuerte golpe en la nuca antes de meterse en el agua o cuando iba a bañarse. Las autoridades policiales, no obstante, no han cerrado el caso, pues están buscando el coche del hombre, que ayer no había aparecido. También quieren hablar con su círculo de amistades en Madrid para intentar definir qué hizo y dónde estuvo el fallecido las últimas horas.
Y es que parece ser que se desplazó a la sierra madrileña sin avisar a otras personas, por lo que no se sabe si llegó hasta allí en su vehículo particular o en transporte público. Su entierro es hoy en el cementerio de San Martiño de Meis, después de la misa funeral, que está prevista para las siete de la tarde.

Saavedra:Consistorio no fallará en prestar servicios esenciales pese a crisis

Las Palmas de Gran Canaria, 2 sep (EFE).- El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, garantizó hoy que, pese a la crisis económica, el Ayuntamiento "no fallará en la prestación de servicios esenciales" y que, en lugar de vender proyectos ilusionantes, algo que no es realista, centrará su acción en los próximos meses en crear empleo, responder a las demandas sociales y reforzar la seguridad de la ciudad.

Así lo manifestó el alcalde en una rueda de prensa en la que analizó la actualidad municipal en el inicio del curso político que finalizará el próximo mes de julio, un período, dijo, que estará marcado por la crisis económica "más fuerte que sufre el país desde el inicio de la Democracia", coyuntura que marcará la forma de administrar y que exigirá una "mayor productividad de determinados funcionarios y servicios".

No obstante, Saavedra aseguró que la crisis económica no impedirá al Ayuntamiento "cumplir en la prestación de los servicios esenciales", al tiempo que garantizó que la creación de empleo seguirá siendo "la música de fondo de la acción" del grupo de gobierno.

A este objetivo, dijo, contribuirá la ejecución de los nuevos aparcamientos subterráneos que se ubicarán ante el futuro Palacio de Justicia, para los que el Ejecutivo regional ya ha concedido el suelo, lo que permitirá al Consistorio sacar en breve el pliego de condiciones de la licitación de esta infraestructura.

El alcalde aseguró también la estabilidad de los trabajadores municipales y anunció que "no se prescindirá de los laborales o de los funcionarios, que superan la cifra de 3.000, una garantía de estabilidad sobre la que" el Ayuntamiento asentará la negociación del capítulo 1 de los presupuestos de 2010.

En esa negociación Saavedra anunció que "habrá que prever la incorporación, en los próximos meses, de OPE de bomberos y de policías locales".

La OPE de la Policía Local, por la que se convocarán 80 plazas en los próximos días, permitirá que estos agentes se incorporen a sus puestos durante el primer trimestre de 2010, lo que, a su juicio, "contribuirá a tranquilizar a aquellos vecinos que están viviendo con intranquilidad estos episodios aislados" en los que han resultado heridas varias personas tras las reyertas registradas en Escaleritas y las ramblas de Jinámar.

Sobre estos incidentes recientes, Jerónimo Saavedra dijo que son "tan aislados como puede ser el intento de robo frustrado de su casa", hecho que demuestra, dijo, "que aquí no se escapa ni el alcalde".

En cualquier caso, el alcalde confió en la labor que desarrollan los servicios de seguridad "propios y contratados" por el Ayuntamiento y consideró que "no se está ante un panorama de barrios a lo loco como otros países, más o menos desarrollados, han vivido en épocas de crisis económicas, por problemas derivados de otros aspectos sociales, sino que en nuestra política presupuesta no vamos a reducir nuestra preocupación por la seguridad privada, porque la otra es la que depende de nuestros propios recursos funcionariales".

Por otra parte, Saavedra solicitó una mayor eficiencia de determinados servicios municipales porque, en su opinión, una administración moderna no puede permitir retrasos de licencias de obra y de apertura como los que se registran en la ciudad.

Respecto a los servicios sociales, el alcalde detalló que los beneficiarios de ayudas de emergencia, las que se conceden para atender necesidades "de supervivencia", aumentaron un 170 por ciento al finalizar el primer semestre respecto al final del primer trimestre del año y ascendieron a 452 personas, mientras que el coste en euros de esas ayudas creció un 183 por ciento entre el segundo trimestre y el primero.

No obstante, el primer edil de Las Palmas de Gran Canaria afirmó que "cualquiera que sean las circunstancias económicas de este Ayuntamiento, es política de la mayoría de gobierno continuar, mantener y hacer frente a la contingencia de servicios sociales como necesidad prioritaria y si no hay dinero se encuentra, se saca de otras partes".

Sobre el proceso de ampliación de capital de Guaguas Municipales, Saavedra dijo que "está siguiendo su tramitación conforme al calendario anunciado a principios de año con el fin de que a finales de año esté concluido".

Además, recalcó que "el Gobierno canario no contesta al compromiso de su presidente para asumir el tercio de los 37 millones de la deuda histórica" de la empresa municipal de transporte urbano de viajeros, algo que sí ha hecho el Cabildo y el Ayuntamiento "para que en cinco años esa deuda en cinco años deje de pesar sobre el día a día del funcionamiento de su Gerencia. EFE

Definen tarifas de cuerpo de seguridad para dependencias federales

Las iniciativas del Plan Verano de tráfico desarrolladas en Castilla y León en los dos últimos meses se han saldado con 39.525 pruebas de alcoholemia practicadas, de las que 315 resultaron positivas, y 217.132 controles de velocidad, con 7.410 denuncias por circular demasiado rápido.
En lo que va de año, se ha efectuado un esfuerzo y un trabajo muy intenso que ha supuesto que en total se hayan practicado 126.287 pruebas de alcoholemia, casi 50.000 de ellas en carreteras secundarias. Además, la Guardia Civil ha prestado 21.516 servicios humanitarios en carreteras frente a los 20.550 del pasado año, según informó el delegado del Gobierno, Miguel Alejo. En el marco del Plan Verano, se ha reforzado la seguridad ciudadana y en las zonas turísticas, lugares en los que se han llevado a cabo 23.216 identificaciones, 685 detenciones y 16.221 controles de vehículos y 300 reuniones en las que también han participado policías locales y seguridad privada, informa Europa Press.
Las carreteras de Castilla y León registraron en los meses de julio y agosto un incremento del 4% en el tráfico con respecto al año anterior, a pesar de lo cual disminuyeron los accidentes en el 18,75% (de 48 a 39) y falleció una persona menos (52 en el 2009 frente a las 53 del 2008). En estos siniestros se registraron 27 heridos graves este año frente a 35 del 2008 y 26 leves, cinco menos que el pasado ejercicio. En lo que va de año, el número de fallecidos en accidentes de tráfico se eleva a 135 personas frente a las 161 del 2008.

Las mariscadoras de Vilanova intentarán frenar el furtivismo

Vigilantes de la Cofradía identificaron en la noche del pasado lunes a cinco furtivos que estaban en la ensenada de O Esteiro
. G. - VILANOVA Llevaban más de año y medio sin hacerlo, pero la esquilmación que están sufriendo sus bancos marisquero ha motivado que las mariscadoras de Vilanova de Arousa hayan organizado varias cuadrillas de vigilancia nocturna para frenar una situación que "nos está facendo moito dano". La patrona mayor, Evangelina Lago, entiende que los ocho vigilantes con los que cuenta la cofradía no son suficientes para garantizar la seguridad de los bancos marisqueros, por eso han comenzado a organizar grupos de trabajo con los que operar sobre las diferentes playas.

"Temos moitos voluntarios e agardamos a colaboración do Servizo de Gardacostas para acabar con esta situación que nos está acabando coa producción en bancos marisqueiros como o de As Sinas ou o de O Esteiro, precisamente os máis importantes que temos".

Precisamente, en los próximos días los vigilantes de la Cofradía de Vilanova van a reunirse con representantes del Servizo de Gardacostas y de las fuerzas de seguridad del Estado para coordinarse en la lucha contra esta lacra, "que nos está sacando gran parte do noso sustento ás mariscadoras".

En esa reunión, los vigilantes van a trasladar a los cuerpos de seguridad todos los datos sobre los furtivos reincidentes, desde donde fueron localizados esquilmando el marisco, hasta los vehículos que utilizaron durante su actividad, con el fin de que puedan ser controlados con mayor facilidad. No en vano, desde la cofradía vilanovesa se confía en que el plan de actuación contra el furtivismo, diseñado por la Consellería de Mar, ayude a frenar la esquilmación que están sufriendo en los bancos marisqueros y a mejorar de forma considerable la coordinación entre vigilantes y el Servizo de Gardacostas, lo que permitirá tener un mayor control sobre las personas que se dedican a esta actividad.

Identificados

El último incidente que se ha registrado con los furtivos tuvo lugar precisamente en la noche del pasado lunes, cuando los vigilantes de la Cofradía identificaron a cinco personas que se encontraban extrayendo marisco en la ensenada de O Esteiro. "Non podemos seguir así, porque os casos están indo a máis e témoslle que pór freno como sexa", indica la patrona mayor.

Desde Vilanova llevan meses reclamando que en la futura Lei de Pesca que está redactando la Consellería de Mar se cambie la tipificación del furtivismo, pasando de ser una infracción administrativa, como es en la actualidad, a un delito. Lago es una de las máximas defensoras de esta medida, aunque considera que las sanciones no deberían conllevar penas de cárcel o multas económicas, sino trabajos sociales para la comunidad.

Incidentes graves

Los bancos marisqueros de Vilanova han sido también escenario de duros enfrentamientos entre las mariscadoras y los furtivos. La propia Evangelina Lago, antes de ser patrona mayor, fue atropellada por uno. Además, también llegaron a los juzgados otros enfrentamientos que acabaron con agresiones.

Otro de los puntos donde se han registrado importantes problemas con los furtivos fue A Illa de Arousa, donde un vigilante llegó a ser amenazado por un furtivo con clavarle un arma blanca si le requisaba el marisco que llevaba escondido.

También en la zona norte de la ría de Arousa, especialmente en Cabo da Cruz se han registrado incidentes muy graves, llegando a ser apedreado el propio patrón mayor y varios vigilantes por los furtivos.

Lago entiende que hay que acabar con este tipo de situaciones y preparar una legislación adecuada que sancione duramente "aos ilegais que nos deixan sen marisco".

Un paciente del Juan Ramón agrede al médico que lo atendía en Urgencias

La víctima no presenta denuncia por "temor a represalias" mientras Salud condena este nuevo caso de violencia
Un facultativo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva fue agredido hace dos días "sin motivos" por un joven de 21 años. El supuesto agresor, que sufrió un choque frontal con su coche, llegó el pasado lunes a Urgencias, "con un alto grado de agitación, gritando e insultando" a los facultativos, que "inmediatamente lo atendieron en la zona de traumatología".

Ante la resistencia que presentaba el herido, los médicos "no pudieron tomarle la vía, ya que el joven no paraba de gritar y no quería que nadie le tocara", por lo que según aseguraron estas mismas fuentes, "se le intentó tranquilizar pero no atendía a razones", informaron a Europa Press fuentes cercanas al servicio de Urgencias del centro hospitalario.

Por ello, fue en el momento en el que el facultativo iba a examinarle la pierna, que traía con una férula, "cuando el chico le pegó un guantazo y empujó bruscamente al sanitario", motivo por el cual se alertó al servicio de vigilancia del centro y a la Policía Nacional.

Ante esta situación, la Policía instó al facultativo agredido a que "presentara una denuncia" pero éste aseguró que "no lo hará por el miedo a las represalias, ya que se trata de un chico violento y agresivo, que incluso agredió al familiar que le acompañaba". Por el momento, la persona agredida ha optado por llevar a cabo el protocolo de actuación establecido por el centro hospitalario ante estos casos.

Las citadas fuentes recalcaron que "el joven no tenía razones para comportarse así, tanto con el personal de Urgencias como con el de la ambulancia, ya que se le atendió sin demora y de forma correcta".

La dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez y la Delegación Provincial de Salud condenaron "enérgicamente" la agresión y señalaron que el área de Urgencias del centro atiende a miles de ciudadanos y la actitud injustificada de un paciente "no modificará en modo alguno la profesionalidad del personal" en su objetivo de prestar un servicio público a la ciudadanía.

Tras conocerse el suceso, se activó el protocolo diseñado por la Consejería del ramo para este tipo de casos, que implica el ofrecimiento de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico al personal afectado. La facultativa ha estado respaldada en todo momento por el responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y la dirección del hospital. El Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez cuenta con un circuito integrado de vigilancia con un total de 29 cámaras de seguridad, que supone "un avance significativo" en los medios disponibles para garantizar la seguridad relacionada tanto con las personas como con el edificio, sus bienes e instalaciones y una importante herramienta de apoyo para el personal de seguridad.

Estas medidas han propiciado "un claro descenso" en las agresiones El plan de prevención andaluz para estos casos ha permitido dotar a los centros sanitarios de Huelva de 184 medidas de seguridad y protección, 62 interfonos, 49 teléfonos directos con seguridad, 16 salidas alternativas, 20 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos y 37 vigilantes de seguridad.

Tres detenidos por robar en tiendas de un centro comercial

Tres personas fueron detenidas el sábado como presuntas autoras de un delito de robo en un centro comercial de Cordovilla, de donde habían sustraído material de varias tiendas y portaban dos bolsos forrados de aluminio y herramientas destinadas a evitar las alarmas. Dos de los detenidos, que además llevaban a un bebé de un año, fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad y un tercer cómplice, que esperaba fuera, fue interceptado por la Policía Foral.

Denuncia a dos porteros de discoteca por darle una paliza

El menor, de 16 años, fue agredido tras intentar entrar en una zona de bares en la que había habido una pelea

GNACIO CABANES VALENCIA La Guardia Civil de Moncofa investiga la agresión a un adolescente de 16 años, a quien dos vigilantes de seguridad de una zona de ocio de la localidad le propinaron una paliza, según la denuncia presentada por éste y a la que ha tenido acceso Levante-EMV. "Me tirar0n al suelo y me empezaron a pegar patadas en la espalda", recuerda José Luis O., y sólo "porque les dije que eran unos chulos", confiesa el menor.
Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en los chiringuitos de Moncofa, donde el joven había acudido a pasar una noche de fiesta en compañía de unos amigos. Al parecer, alrededor de las cuatro de la madrugada se produjo una pelea en el interior de esta zona de ocio y varias personas fueron expulsadas del recinto. Entre ellos se encontraba José Luis O., quien asegura que en ningún momento participó en la pelea.
"Yo estaba al lado de donde comenzó la pelea por eso me sacaron de allí con otro grupo de gente", argumentó el joven. Asimismo, cuando al cuarto de hora intentó entrar de nuevo los vigilantes de seguridad se lo impidieron. "Había pagado mi entrada y quería volver a entrar con mis amigos", explicó José Luis O.
"Sois unos chulos", esa es la frase que les dijo a los vigilantes a unos 10 metros de distancia. Al ver que éstos reaccionaban de forma violenta, el menor se marchó corriendo del lugar dirigiéndose a la zona de taxis donde habitualmente suele encontrarse una patrulla de la Policía Local. Sin embargo, no había ningún agente policial cerca y los porteros de la discoteca alcanzaron al joven.
Según consta en la denuncia, los dos "gorilas" la emprendieron a golpes con él, tirándolo al suelo y prosiguiendo la paliza a base de patadas. Un taxista presenció la agresión y telefoneó a la policía. Cuando los agentes llegaron los dos porteros ya se habían marchado. El joven fue atendido de las heridas.

El presunto homicida de Seseña pasa a disposición judicial

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

A lo largo del día de hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre que fue detenido el pasado domingo en Seseña por su presunta relación con la aparición de un cadáver en la piscina municipal de este municipio toledano, lugar en el que trabajaba como vigilante de seguridad. Al detenido, de nacionalidad peruana, se le acusa de un presunto delito de homicidio.

Según precisaron fuentes judiciales a Europa Press, las diligencias todavía continúan a cago de la Guardia Civil que no las ha trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Illescas, que es el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Por ello, dichas fuentes también precisaron que aunque desde la Guardia Civil aseguraron que el caso está bajo secreto de sumario, el juez competente podría tomar esa decisión una vez reciba los informes policiales.

Al detenido, de nacionalidad peruana, se le acusa de un presunto delito de homicidio, por su presunta relación con la aparición del cadáver de un compatriota identificado como C.H de 26 años de edad, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia y fue hallado el pasado domingo en la piscina municipal.

Vecinos del Arenal registran escrito instando a mejorar las condiciones de seguridad del parking de Paseo Colón

El contrato podría ser "nulo de pleno derecho" en base a la normativa que obligaría al parking a tener vigilancia garantizada

La asociación de vecinos 'Torre del Oro' de la barriada sevillana de El Arenal ha registrado un escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento hispalense en el que instará a la administración a tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en el aparcamiento del Paseo de Colón.

Según explicó a Europa Press el presidente del colectivo, Antonio Fernández, la petición parte de un requerimiento que el pasado mes de julio, a título particular, hizo al vigilante de seguridad del aparcamiento tras observar desperfectos en su vehículo, al que no vio en primera instancia en la garita de control.

Tras permanecer durante media hora en el lugar, finalmente el vigilante hizo acto de presencia y se excusó señalando que "estaba totalmente solo y se había visto a dejar obligado el control para subsanar una avería en el cajero automático", lo que llevó al dirigente vecinal a interponer una reclamación, pues entendía que durante ese tiempo el aparcamiento había quedado sin vigilancia.

Días después, Fernández recibió una carta certificada de la gestora del aparcamiento en la que, pese a disculparse por lo ocurrido, se hacía hincapié en la inexistencia de obligación de permanencia física en el control de entrada.

A este respecto, el presidente de 'Torre del Oro' señaló que, según la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley Reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos, este contrato podría ser "nulo de pleno derecho", recordando al respecto que el aparcamiento ya está en la jurisdicción contenciosa por otras causas.

Asimismo, Fernández aludió a la existencia de otros factores de peligrosidad en el aparcamiento, como el hecho de que algunas de las plantas están "semioscuras" por la poca presencia de luz artificial en las mismas

Exigen más seguridad tras una agresión a un médico

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Exigen más seguridad tras una agresión a un médico

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R. P. / REDACCIÓN El Sindicato de Enfermería, Satse, exigió ayer a las autoridades sanitarias la incorporación de vigilantes de seguridad a todos los centros de salud de la Marina Baixa, después de que un facultativo de guardia fuera agredido el pasado martes cuando atendía a un cliente en el centro de salud del Rincón de Loix de Benidorm.
Fuentes de este sindicato señalaron que los hechos se produjeron el pasado martes, cuando un paciente golpeó al médico de guardia que le atendía. Como consecuencia de esta agresión, según manifestaron desde el Satse, el facultativo sufrió "numerosas heridas y hematomas", lo que para los miembros de este sindicato demuestra "una vez más, la indefensión que sufre el personal que realiza la atención continuada -servicios de guardia- en los diferentes centros de salud de la comarca.
Para hacer frente a esta situación, desde el Sindicato de Enfermería reclamaron ayer que todos los centros sanitarios del departamento de salud 16, al que pertenece la Marina Baixa, dispongan "al menos, de un guardia de seguridad" que pueda proteger a los trabajadores ante estas situaciones.

Una empresa de detectives espió a Ignacio González en Colombia

Una importante agencia de detectives, con sede en Madrid y en Barcelona, investigó al vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su viaje a Colombia el año pasado, según reveló ayer Interviú. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, ya conoce el nombre de la empresa, que recibió sendos pagos de 50.000 euros.
Además del seguimiento de González, la agencia de detectives tenía encargado elaborar los informes con todos los movimientos del vicepresidente regional. El informe que recoge este hecho ha sido elaborado por un reducido grupo de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial. Está previsto que en las próximas semanas, el juez Sierra cite a declarar a los detectives y les pregunte por su cliente. Fuentes próximas al caso revelaron a Interviú que los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar el nombre de la persona que les contrató. La multa por no desvelar la identidad del cliente son 30.000 euros.

El vicepresidente regional, Ignacio González, anunció ayer que pedirá al juez que "aclare quién está detrás" del espionaje al que fue sometido él y su familia. También pedirá al Ministerio del Interior que exija a la agencia de detectives que hizo el encargo que digan quién les contrato, informa Efe.
"Prácticas delictivas"

"Espero que la colaboración de la Policía Judicial, la celeridad de la justicia y la cooperación del Ministerio del Interior sirvan para aclarar quién está detrás de estas prácticas mafiosas que no se puede consentir en un estado de derecho, porque son inadmisibles, aparte de delictivas", destacó González. "De confirmarse esta información es de una extraordinaria gravedad", añadió.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, también incidió en el tema. Confió en que el juez que instruye el caso "haga que sus órdenes se obedezcan" de forma que la agencia de detectives que investigó a Ignacio González diga "quién los ordenó".

"Lo que viene a decir esa noticia es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004 y que un particular paga 100.000 euros a una empresa de detectives para espiar a alguien con una vulneración clarísima de los derechos y libertades de los ciudadanos", afirmó Aguirre.

Los servicios jurídicos de UGT logran una sentencia favorable del Tribunal Supremo sobre el disfrute de vacaciones y baja por enfermedad que beneficia

Los Servicios Jurídicos de UGT Madrid han logrado un pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina que favorece al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y en relación al reconocimiento de los derechos individualizados de la Incapacidad Temporal (baja por enfermedad) y las vacaciones programadas cuando ambos se solapen en el tiempo.

En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo viene a reconocer el derecho de los trabajadores a disfrutar de las vacaciones cuando están programadas aún cuando el trabajador pueda caer en incapacidad temporal, baja por enfermedad, antes de su periodo de vacaciones y afectándolas total o parcialmente.

El Tribunal Supremo con esta sentencia y para unificar distintos pronunciamientos judiciales, en ocasiones divergentes, sobre el reconocimiento individualizado de estos derechos y al confluir en un mismo periodo de tiempo, viene a reconocer que el derecho de un trabajador a recuperar la salud no puede suponer la pérdida o menoscabo de su derecho al descanso vacacional.

Esta sentencia afecta directamente a derechos reconocidos a los trabajadores en el Artículo 40.2 de la Constitución Española y el artículo 38 de El Estatuto de los trabajadores.

A partir de este pronunciamiento del TS los trabajadores de nuestro país, cuando tengan programadas sus vacaciones, si cayesen enfermos o en incapacidad temporal y afectase al tiempo de sus vacaciones tendrán derecho a disfrutarlas una vez que recobren la salud y a lo que estarán obligados los empresarios.

Aguirre exige que se averigue quién pagó a detectives para espiar a su segundo

CARLOTA FOMINAYA | MADRID
El supuesto caso de espionaje del que ha sido objeto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguirre, y que él mismo denunció a principios de año, entró ayer en una nueva fase. Un informe de la Policía Judicial que publica Interviú señala que una importante agencia de detectives cobró 100.000 euros para hundir, mediante espionajes y dosieres sobre presuntas corrupciones, al número dos de Esperanza Aguirre. La noticia desató ayer una cascada de reacciones en cadena que comenzaron con las declaraciones del propio afectado, Ignacio González, muy sorprendido por haberse enterado de esta forma «y no a través de la comunicación de un juzgado».
Entre otras cosas, en dicho reportaje se apunta a que el magistrado ya tiene el nombre de esa empresa de investigación privada que elaboró los dosieres y encargó el seguimiento de González a Colombia. En la crónica se señala asimismo que, «casi con seguridad, los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar a ese señor X».
El juez y el Ministerio
Todo ello hizo que ayer el vicepresidente del Gobierno regional anunciase que pedirá que tanto el juez que investiga el caso como el Ministerio del Interior -como tutelante de las empresas de seguridad- exijan a la agencia de detectives que le siguió que digan «quién les contrató».
La presidenta de la Comunidad de Madrid apoyó las peticiones de González, y confió en que el magistrado que instruye dicho sumario «haga que sus órdenes se obedezcan», de manera que la agencia de detectives que presuntamente llevó a cabo los seguimientos diga «quién los ordenó». Aguirre también dijo que esa noticia le ha hecho reflexionar, «porque lo que viene a decir es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004, es decir, cinco años de seguimiento en los que lo que se ha publicado al final es que en un viaje oficial a Colombia este llevaba unas bolsas de toallas».
Aguirre señala a Rubalcaba
Poco antes, en una entrevista en el Programa de Ana Rosa de Telecinco, la líder del Ejecutivo regional fue más allá, al acusar directamente al ministro Rubalcaba de las escuchas de las que supuestamente está siendo objeto miembros del PP. «Escuchas, haberlas, haylas» y «el que las ha hecho, claramente, es el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él». En este programa, la presidenta de la Comunidad relató que «nos encontramos todos los días en los medios de comunicación, hoy no, pero la semana pasada sí, con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación. Y esas escuchas siempre se las hacen a miembros del Partido Popular o a personas afines, y todos estamos oyendo las conversaciones privadas que tienen esos mismos miembros del PP. Eso son escuchas», aseguró.
Después, se hizo las siguientes preguntas: «¿Son legales (las escuchas) y las ha mandado el juez? ¿Son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las ha quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? ¿Y si es así, ¿quién se las ha filtrado a los medios de comunicación? Las escuchas haberlas, haylas», insistió.
La respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Estocolmo, aunque no profundizaba mucho en el tema, tampoco se hacía esperar. En ellas exigía a Esperanza Aguirre, «responsabilidad y seriedad» en sus acusaciones al Ejecutivo de escuchas ilegales a miembros del Partido Popular.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, en cambio, sí que era más explicita, al exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una «inmediata rectificación» por sus «graves acusaciones» al ministro del Interior. En declaraciones a Efe, Pajín consideró «absolutamente inaudito» que Aguirre «se permita sembrar dudas sobre el ministro del Interior y sobre su intachable trayectoria».

El Caso González airea el abuso de poder de las agencias de detectives

Que cualquiera pueda contratar sus servicios para espiar a un alto cargo público es grave, pero más lo es que la víctima no tenga derecho a saber quién está detrás.
Hubo quien intentó -y sigue intentando- que los seguimientos efectuados al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se confundieran entre un paisaje de dossieres que durante un tiempo El País estuvo soltando por fascículos. El ex consejero Alfredo Prada y el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, figuraban como protagonistas de algunos de ellos.

Pero el caso de González era distinto. La Policía sospechó desde un principio que las imágenes suyas y del entonces gerente del Canal de Isabel II y hombre de su confianza, Ildefonso de Miguel, en Cartagena de Indias (Colombia) grabadas con cámara oculta durante un viaje oficial a finales de 2008, así como los dos informes que se elaboraron, eran fruto de un trabajo mucho más profesional y concienzudo.

Después de una investigación minuciosa que la revista Interviú llevaba este lunes a sus páginas -como ya informó El Semanal Digital-, la Policía descubrió que era una importante agencia de detectives la que había efectuado los trabajos. No sólo de espionaje, sino también de comprobación de las propiedades a nombre de González y de De Miguel, así como de sus respectivas mujeres. Por todo ello la agencia se embolsó 100.000 euros.

Queda por atar el cabo clave. ¿Quién estaría dispuesto a gastarse tal suma de dinero para intentar encontrar alguna mancha en el expediente de González y hundirle? ¿Y qué esperaba encontrar? Que cualquier particular pueda contratar a un detective para investigar a fondo a nada menos que al vicepresidente de un Gobierno es un hecho muy grave que pone sobre el tapete los abusos de poder de este tipo de agencias. Más si cabe teniendo en cuenta que en este caso se trata además de un diputado regional, y por tanto aforado, sobre el que sólo tiene potestad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y no es menos grave que el juez que lleva el caso, José Sierra, (responsable del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid) no pueda hacer nada para obligar a la agencia en cuestión a revelar el nombre de quien la contrató. Impunidad total. En teoría la Ley de Seguridad Privada así se lo exige, pero todo lo que les puede pasar a sus responsables si no lo hacen es ser castigados con una irrisoria multa de 30.000 euros. Y al parecer la agencia prefiere pagar la sanción.

Es esto último lo que más ha indignado al PP de Madrid y al Gobierno regional, que su vicepresidente no tenga garantizado el derecho a saber quién ha pagado para que husmeen en su vida en busca de algo turbio. Tanto es así que, al enterarse no la noticia, González no dudó en tomar una decisión: solicitará con carácter urgente al juez y a la Policía Judicial que averigüen quienes son los responsables últimos del atropello. El número dos del Ejecutivo madrileño tachó de "enorme gravedad" los hechos.

Según González, esta información ratificaría los seguimientos que denunció en 2009 ante la Justicia al atentar contra "su libertad, la intimidad personal y familiar con el objetivo de destruirme personal y políticamente". La mano derecha de Aguirre confió en que la colaboración de la Justicia y del Ministerio de Interior sirva para aclarar "quién está detrás de estas prácticas mafiosas que no se pueden consentir en un Estado derecho". Pero sin embargo no puede tenerlas todas consigo.

La presidenta madrileña fue la primera en respaldarle públicamente tras el bombazo de Interviú. Aguirre deseó que el juez instructor haga que sus órdenes se obedezcan", de manera que la agencia de detectives que llevó a cabo los seguimientos diga "quién los ordenó". La jefa del Ejecutivo regional afirmó que esa noticia le ha hecho reflexionar, "porque lo que viene a decir es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004, es decir, cinco años de seguimiento".

Para al final no encontrar nada. Eso sí, la vulneración de los derechos y libertades de González en este caso es clarísima y ya no sólo le afecta a él, sino también a una institución pública como es la Comunidad de Madrid.

Se ha acabado el Estado de Derecho para el PP de Ignacio González

Los políticos del PP son espiados impunemente. Pero ni el secreto profesional ni la libertad imprenta están por encima de los aforados. Salvo que sean del Gobierno de Esperanza Aguirre.
l vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido espiado durante años, como ha venido contando El Semanal Digital. Hace tiempo El País publicó una serie de inocentes fotos tomadas durante un viaje oficial en Colombia, con la particularidad de pertenecer a un dossier filtrado por autores desconocidos. Ahora Interviú ha demostrado que los autores no eran tan desconocidos. ¿Y qué pasará? De momento nada, o casi nada.

Una agencia de detectives ha cobrado 100.000 euros por espiar a un político del Partido Popular. Un aforado, que no sólo está protegido por una escolta y por medios oficiales de contravigilancia, sino que tiene garantías legales especiales como todos los electos de su categoría. La Ley de Seguridad Privada obliga a estos detectives a proporcionar a la Justicia el nombre de su mandante. ¿Y si no lo hacen? Como máximo una multa de 30.000 euros. Las cuentas son sencillas: en España es rentable violar la Ley y conculcar los derechos básicos de los ciudadanos, incluso si son políticos de primera fila como Ignacio González, su esposa, Lourdes Cavero, Ildefonso de Miguel y su esposa, María Concepción Ruano.

Todos los precedentes apuntan al PSOE

Desacreditar a Ignacio González, por cierto sin éxito, interesaba sólo al PSOE. Y hace ya muchos años que en la izquierda se ha teorizado sobre el valor limitado del Estado de Derecho. José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ministros del Interior de Felipe González, ya hablaron de la utilidad de una habitación en la que no hubiese que respetar los derechos fundamentales. De hecho lo llevaron adelante, y todo aquello se llamó GAL por un lado y escuchas de CESID por otro. ¿Estamos de nuevo en lo mismo?

En realidad parece peor. Cuando se usaron los medios del Estado contra la Ley y contra los derechos de los ciudadanos, políticos o no, terminó habiendo dimisiones y condenas, aunque no todas las que debieron ser. Ahora, como se ha empleado una empresa privada, se aduce un improbable "secreto profesional" para permitir que de hecho un alto dirigente del PP haya sido espiado, y no sabemos si sigue siéndolo, a cambio como mucho de una multa inferior al beneficio ya obtenido.

Cui prodest?

100.000 euros no son cualquier cosa. ¿Quién puede y quiere invertir tanto dinero en una operación fallida de acoso a un líder de la derecha? Sólo algún grupo empresarial –de la comunicación o no- interesado en hacer favores a José Luis Rodríguez Zapatero; o el mismo Poder, buscando a través de una subcontrata privada la seguridad que en tiempos del GAL y de Roldán tanto les falló.

Una conclusión provisional para el PP. El acoso a González no tenía nada que ver con disputas internas, ni con polémicas entre la Consejería de Presidencia, el ex consejero Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo, ni con rivalidades entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. La agresión viene de fuera, del PSOE, de sus empresarios o de sus medios de comunicación afines. Como siempre. Y si fiarse está bien mejor está no fiarse de ellos. Nunca.

Una advertencia para Zapatero y su Gobierno. Si se consiente que las persecuciones detectivescas queden en secreto cualquiera podrá usar en adelante agencias de detectives para acosar a sus rivales y para violar su intimidad. Bastará pagar. Podrá hacerlo el PP contra el PSOE. Pero también podrá hacerlo ETA contra los demócratas, y si ahora se afirma este precedente –contra un aforado además- los terroristas dejarán de necesitar comandos de información, les bastará pagar a un profesional. Aunque luego no mande su dossier a El País sino al zulo correspondiente. Y por eso será mejor que quede claro que las garantías de González están por encima de los intereses de cualquier empresa.

Revolución antihurto en la gran superficie

Los comercios tratan de recuperar ventas y frenar robos



Los circuitos cerrados de televisión y los controles de accesos ya no son lo que eran. El retroceso en las ventas ha llevado a las superficies de alimentación y a los grandes comercios textiles a ampliar las posibilidades de explotación de sus sistemas. Ahora usan las cámaras para conocer cómo funcionan sus tiendas. Y de paso, vigilar el hurto interno que, según las principales compañías de seguridad, va al alza. Los negocios, atentos al aumento de robos entre su plantilla, compran nueva tecnología para mejorar su gestión. Un dos por uno fraguado en una crisis que está agudizando el ingenio de los empresarios.
Este año hay más robo por impulso. Sensormatic, la principal empresa del sector en España, con una facturación en 2008 de 112 millones, es testigo directo de esta situación. "El sector está bastante más preocupado que antes. La mitad del hurto es interno y, salvo excepciones, los accesos fuera de horario, las devoluciones de más y el uso excesivo de la tarjeta de puntos por parte de las cajeras nunca se ha atacado de manera consistente… El impacto es doble", advierte Ignacio Cuenca, director de marketing de la firma. "Hasta 2009, este tipo de robo ha sido una partida más desconocida, pero ahora ofrece oportunidades de mejora en los procesos porque los retailers están investigando las transacciones que se hacen en caja y los robos de mercancía", explica.

Mariano Tudela, director de Checkpoint Services, segunda empresa de seguridad por facturación (48,6 millones), corrobora esta percepción y agrega: "Un robo normalmente es fruto de la connivencia entre la cajera y el cliente". Según sus estimaciones, nueve de cada diez distribuidores han adquirido nuevos sistemas antihurto. Entre éstos, Carrefour, El Corte Inglés o Alcampo.

Y es que la empresa que antes se conformaba con un circuito corriente, hoy demanda un sistema efectivo. Esta es la teoría que defiende Antonio Carmona, director general de Nedap Ibérica (6,3 millones facturados en 2008). "Hay un cambio de tendencia y no les importa pagar más por un equipo de cierta calidad", confirma. Es una demanda creciente de sistemas de control de accesos para supervisar los flujos de gente entre la tienda y la trastienda, el almacén y el área de logística.

Según la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), en el último año, el 22% de la pérdida desconocida, que es como se denomina, se ha registrado en las actividades logísticas y de transporte. El punto de inflexión fue a principios de 2008, "ahí comenzó el efecto dominó", señala Ignacio Cuenca. "Las grandes empresas vieron que en la última crisis hubo un aumento del hurto próximo al 10%", añade. En Sensormatic, que trabaja con empresas como Eroski, Cortefiel o Zara, reconocen que "todas las empresas han aumentado el control interno". Hoy en día, es normal que, para controlar las entradas y salidas, cada transportista tenga una tarjeta intransferible de acceso, explica.

Los controles antihurto son "más sofisticados". También de puertas a fuera. Las empresas protegen las entradas por el techo y por los muelles de carga para evitar alunizajes. Y de puertas adentro, con doble etiquetado en origen de los productos. Pero más allá de los robos, las principales compañías de seguridad coinciden en que hay que tomar decisiones sobre la gestión. "Existe una tendencia en la que los clientes buscan información con infraestructura que ya tienen", subraya Cuenca.

Ahora se trata de vigilar más por dentro y también de mejorar la ratio de venta. Porque hasta esta crisis no ha habido tanta necesidad de recuperar clientela. Y de eso se ha dado cuenta la gran superficie deportiva Decathlon. A través de Nedap Ibérica, tiene contratado un sistema de vigilancia vía internet. Es un ejemplo de marca con un sistema de información centralizado con en el que controla sus tiendas de China, Brasil, Francia y España. Una forma de saber si el negocio funciona.

Las empresas buscan perfeccionar la toma de datos en la línea de puertas y cajas para conocer el número de entradas diarias. Disponen así de más información sobre qué pasa dentro y si lo están haciendo bien

"La mitad del robo en España es de carácter interno"

Sensormatic es la principal empresa de seguridad del país por facturación (112 millones de euros). Estima que el hurto interno es la mitad de la llamada pérdida desconocida.

Checkpoint estima que el 90% de las grandes empresas españolas tienen sistemas antihurto. Desde cámaras hasta carcasas y doble etiquetado.

Nedap Ibérica sostiene que hay un cambio de tendencia y las empresas están dispuestas a invertir más en seguridad.



Fuente: Cinco Días

Suplemento Temático: Seguridad en Centros Comerciales