La Guardia Civil concede menciones honoríficas a personal de Seguridad Privada

La Comandancia de la Guardia Civil ha distinguido con menciones honoríficas a una serie de profesionales de las empresas de seguridad privada Eulen y Serramar a los que se les reconoce "la sobresaliente colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Este reconocimiento se hace "público y extensivo a todas las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad privada, que realizan una labor muy importante, seria y abnegada”.

La Guardia Civil concede a estos profesionales con menciones honoríficas por "sobresalir en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones y especialmente por la colaboración prestada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". En el acto, el teniente coronel jefe de la Comandancia, Ambrosio Martín Villaseñor, reconoció a estos hombres y mujeres "el buen trabajo que a diario realizan y que les han hecho acreedores a la distinción concedida en el ámbito de la legalidad vigente que contempla la materia"; al tiempo que les exhortó a que continúen en la misma línea, "lo cual repercute en la defensa de la seguridad pública que representa uno de los pilares básicos de la convivencia".

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se apostilla que este reconocimiento se quiere hacer "público y extensivo a todas las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad privada, que realizan una labor muy importante, seria y abnegada, y que como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, su colaboración es muy necesaria en beneficio de la seguridad pública".

Homenajeados
Los distinguidos prestan sus servicios en las empresas de Seguridad EULEN y SERRAMAR, y lo realizan con asiduidad en distintos organismos públicos de la Ciudad. Los homenajeados son los jefes de equipo Mohamed Ahmed Mohamed Tahiri, Armando Romero Santamaría, y Francisco Andújar Martín; así mismo a los vigilantes de seguridad Noelia Mateo López, José Antonio Martínez Jiménez, Juan Manuel Cerrato Peral, Nabil Moh Mimon, Oscar Carreño Casabona y Juan A. Márquez Aguilar.

Vigilantes interceptan a una pareja tras cometer un hurto en la zona sur

El individuo, marroquí, se encontraba en situación ilegal y esperaba a su compañera en el garaje de una gran superficie
Vigilantes privados detectaron a una pareja, compuesta por el sujeto marroquí A.L., y su compañera, la española A.A.R., personas ambas de 45 años, tras cometer supuestamente un hurto en el centro comercial Jerez Sur sobre las 18:00 horas de la tarde del pasado lunes. Los vigilantes, que están haciendo una gran labor para prevenir los hurtos ( aumentados por la crisis), sospecharon de la mujer y la retuvieron. Dieron aviso aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes del 091 descubrieron al hombre, que la esperaba al volante de un coche en los garajes exteriores de la gran superficie comercial. Al parecer, la mujer iba sacando efectos que guardaba en el auto. Tras su identificación y denuncia, la mujer quedó emplazada a un juicio rápido. La Policía comprobó que el marroquí se encontraba en situación ilegal por lo que fue trasladada a la comisaría y quedó a disposición del grupo de extranjería para que éste instruyera el expediente para su expulsión, ha podido conocer este medio. El citado grupo incoa del orden de unos 50 expedientes de expulsión por estancia ilegal al mes en la comisaría de Jerez.

Por otro lado, un joven trabajador, David C.G., fue víctima de un nuevo siniestro laboral que se produjo en una de las empresas ubicadas en el polígono industrial de El Portal, indicaron fuentes de la Policía Local, que se personó en la empresa afectada, una mayorista de productos pesqueros, sobre las 13:30 horas del pasado lunes. El trabajador sufrió una herida en un pie probablemente al caersele encima una gran caja. El 061 se personó para asistirlo y las primeras impresiones de los facultativos fueron que las heridas eran leves. No obstante, el 061 lo trasladó al hospital para que fuera asistido.

Asimismo, dotaciones de los coches 'zeta' de la brigada de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía peinaron la barriada de Torresoto sobre las 17:00 horas del lunes ya que un vecino comunicó al 091 que unos individuos sospechosos podrían estar intentando vehículos estacionados en la vía pública de la citada barriada. Sin embargo, explicaron fuentes de la comisaría, los agentes no hallaron ningún vehículo con signos de haber sido objeto de robo y tampoco ningún ciudadano los requirió para hacer una denuncia verbal más consistente que el aviso o una denuncia formal en la inspección de guardia de la comisaría.

El vigilante vigilado

Los locales comerciales que quieran instalar una cámara de videovigilancia tienen que acudir a una empresa de seguridad acreditada ante el Ministerio del Interior. Esta norma se incumple en miles de negocios distribuidos por toda la geografía española, en gran medida porque contratan la instalación directamente a electricistas, antenistas e informáticos que no cumplen las normas de Interior ni de Protección de Datos.


Los que vigilan también pueden ser vigilados. Vídeo: Informativos Telecinco

Para comprobarlo, nos hacemos con un aparato que intercepta la señal de cámaras inalámbricas que están sin protección. Es un dispositivo muy común que está al alcance de cualquiera. Desde la calle podemos ver las imágenes de lo que ocurre en tiempo real en una galería de arte, en una zapatería, en una nave industrial e incluso en una iglesia. Todas ellas estaban sin encriptar.

Cuando entramos a hablar con los responsables de estos negocios se muestran sorprendidos y preocupados. No se podían imaginar que desde el exterior es posible piratear sus cámaras, y conocer dónde se esconde la recaudación, los horarios de apertura y cierre, las rutinas del personal o la cantidad de mercancía que hay en el almacén. Se trata de un problema de instalación que prometen corregir con rapidez.

Estos comerciantes también incumplen la Ley de Protección de Datos. Aunque en muchos casos poseen un cartel que informa a sus clientes que están siendo grabados, la instalación debe garantizar su seguridad e impedir que terceros no autorizados accedan a esos datos. Como la señal de video puede ser interceptada, este punto de la norma no se cumple.

Además, estas instalaciones tienen que estar registradas en la Agencia de Protección de Datos y en la Policía. Las multas van desde los 600 hasta los 60.000 euros.

Paterna, una de cal y otra de arena, con SAMU pero inseguros

Tras varios años de reivindicaciones el municipio de Paterna cuenta con desde el uno de julio una base permanente del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). La Conselleria de Sanidad ha cumplido con su compromiso y el servicio de emergencias se ha puesto en marcha en julio, tal y como prometió el conseller Manuel Cervera al alcalde Lorenzo Agustí a finales del mes de marzo.

La base del SAMU ha quedado instalada en el edificio de las brigadas municipales situado en el polígono industrial de la Fuente del Jarro que ha tenido una inversión de 10.000 euros, que es lo que ha costado realizar tres habitaciones, un salón, un baño, el almacén y el aparcamiento de la ambulancia. El equipo permanente del SAMU de Paterna está formado por ocho miembros: tres médicos, tres enfermeros y dos conductores y cada turno lo integra un miembro de cada categoría.

Con este servicio se pretende mejorar la respuesta de actuación ante los casos de emergencia sanitaria en el municipio y alrededores. Actualmente la provincia de Valencia cuenta con 19 unidades de SAMU y un helicóptero medicalizado que cubren las emergencias sanitarias con un tiempo medio de espera de 12 minutos, según indicaron desde la propia Conselleria.

Pero como todo no son dichas, en el Centro de Salud del Clot de Joan, el Vigilante Jurado del Servicio de Urgencias del Centro de Salud del Clot de Joan, ha sido reemplazado por un empleado de la empresa de servicios que cubre este trabajo, con funciones únicamente de ordenanza.

"Desde la AVV Campamento insistimos en que una ciudad como Paterna tenga los servicios sanitarios que se merece y aunque agradecemos que el SAMU esté ya en Paterna, rogamos que sea un celador el que esté en admisión y que exista un vigilante legalmente reconocido para ejercer las funciones de agente de la autoridad."

Con esta figura han quitado de golpe dos puestos de trabajo, el Celador que estaba cubriendo el servicio de admisión y el Vigilante que hacía las funciones de seguridad en el edificio. Con lo que el problema de manejar los datos por parte de personas no pertenecientes a la Agencia Valencia de Salud persiste y se agrava la inseguridad que sufren los pacientes y el personal sanitario, ya que este ordenanza no es un agente de la autoridad como lo es la figura del Vigilante de Seguridad.

Ya se ha dado un caso en que se vivieron momentos de tensión hasta que llegó la policía para apaciguar a un paciente y fueron los propios sanitarios los que tuvieron que actuar.

Esta situación también ha sido denunciada por la sección de vigilancia de Unión Sindical Obrera, la figura profesional de ordenanza "se le atribuyen por ley otras funciones" y "no puede asumir las específicas de vigilancia, ni de salvaguardar la integridad física de las personas, personal médico, sanitario o bienes de estos centros". Además, con esta categoría profesional no se piden el Certificado de Penales para optar a ella, como a los vigilantes.

Según el sindicato, "no se trata de una medida directa que provenga de la Conselleria de Sanidad", sino que es "una decisión de la dirección del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, de donde dependen estos centros sanitarios, y que se plantea como un ahorro de costes".

Al mismo tiempo, la USOCV ha criticado que en el horario de urgencias "se les exige a los ordenanzas la toma de datos de las tarjetas SIP de los pacientes" y que esto supone una "infracción de la Ley de Protección de Datos, ya que estos sólo pueden ser tomados por personal del centro y no por colaboradores externos". En este sentido la AVV de Campamento presentó una denuncia el pasado mes de abril a la Agencia de Protección de Datos, sin que tengan respuesta sobre ella.

La costa pone el lujo ‘on sale’

Una gran plataforma inmobiliaria tratará de colocar por primera vez las viviendas en stock de la costa andaluza –unas 15.000– a extranjeros en sus países de origen. El objetivo es doble: dar salida a pisos de lujo atascados por la crisis y avivar el turismo del litoral. Extenda ayudará a captar compradores.

El mayor obstáculo para que el sector del ladrillo resucite –y, de paso, la economía– es la enorme cantidad de viviendas que no se venden por la crisis. Mientras no se coloquen estos pisos, las promotoras no harán nuevos, entre otras cosas, porque los bancos no les prestan dinero. En Andalucía, según datos del Ministerio de Vivienda, existen 104.861 casas terminadas y sin vender. Un 70% de ellas se ubica en la costa, pero este porcentaje engloba la primera y segunda residencia.

La Junta ha puesto en marcha medidas para dar salida al stock de pisos pero sólo a los que vayan destinados a primera residencia. Pero, ¿qué ocurre con las viviendas de lujo colgadas, por ejemplo, en la Costa del Sol? Se intentará que todas ellas –unas 15.000, según el Instituto de Práctica Empresarial– las adquieran extranjeros con alto nivel económico. Para lograrlo, el IPE ha creado una gran inmobiliaria (Spanish Homes Network), que comercializará las casas del litoral, sobre todo, en los países de origen.

Los mercados que pintan mejor son el de Europa del Este, Noruega, Finlandia, Rusia y América Latina. Hasta ahora, Alemania y Reino Unido han sido los principales compradores pero están de capa caída. El objetivo es ofrecer, mediante acciones de promoción, las viviendas de playa como un producto turístico, es decir, vincularlas a “valores paisajísticos, deporte o gastronomía”, explica el director de la cátedra de Desarrollo Inmobiliario de IPE, José Antonio Pérez. Para captar posibles compradores y potenciales turistas, la plataforma contará con la ayuda de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

La red de oficinas de ambas instituciones organizarán conferencias, reuniones, presentaciones y hasta show rooms fuera de España
para ofertar las casas. El primer paso se dio ayer en Sevilla, en un encuentro con 30 inmobiliarias para tratar de implicarlas en el proyecto Spanish Homes Network.

Para acogerse a esta iniciativa, sólo se piden tres requisitos: que los pisos pertenezcan a promotoras y no a particulares, que estén terminados y que se vayan a comercializar en el extranjero. No hay límites de tamaño ni de precio. El empresario que quiera puede colocar sus viviendas en la gran inmobiliaria, que se encargará de evaluarlas y de crear una ficha con 30 indicadores de calidad y potencialidad. “Se mide, por ejemplo, su distancia del mar, si tiene seguridad privada, cercanía a un campo de golf, etcétera, para que el producto se defienda luego por sí mismo”, detalla Juan Manuel Luque, director general de Spanish Homes Network. Los pisos contarán con una firma jurídica internacional para dar mayor confianza a los compradores.

El Instituto de Práctica Empresarial quiere tener listo en tres meses el censo real de las viviendas de lujo en la costa. En noviembre ha fijado las primeras promociones en el extranjero para que en 2010 se empiece a canalizar este producto.

«Invitamos a los culés a ver los trofeos del Real Madrid»

Preside una directiva que con mucho ahínco y una pizca de suerte ha logrado que el Real Madrid incluya a Medina del Campo en la ruta de la exposición de sus trofeos. Felipe Ramos, presidente de la Peña Madridista en la Villa de las Ferias, vaticina un aluvión de visita a la muestra, del 2 al 8 de junio, en el centro Isabel la Católica. Se exhibirán 30 trofeos (26 originales) y nueve carteles conmemorativos.
-Medina del Campo y Sotillo de la Adrada (Ávila) son los dos únicos municipios de Castilla y León que albergarán este año la muestra. Habrán tenido que dar muchas patadas para conseguirlo.
-¡Pues que se imagine la peña!. En octubre del 2008 nos fuimos a Madrid y resultó que estaba todo reservado hasta el 2010. Pero jugamos con la baza de que nuestra agrupación está muy bien vista por el club merengue y, lo conseguimos.
-¡Hombre!, Raúl es de estas tierras...
-Ya, pero no ha influido para nada. Es más, hace tiempo propusimos hacerle socio de honor y no ha contestado.
-Casi seguro que él no acudirá pero, ¿habrá alguna visita sorpresa?
-(Sonríe). Creemos que sí aunque el club no lo confirmará hasta última hora.
-¿Invitarán a los culés?
-Están invitados al igual que las peñas madridistas de la región. La inauguración será restringida pero el resto de los días se pueden conseguir las invitaciones, sin coste alguno, en los centros colaboradores.
-Y los trofeos, ¿estarán seguros?
-Se nos ha exigido un seguro que lo cubre el Ayuntamiento y hemos contratado seguridad privada.

Los «okupas» se radicalizan...

Los radicales antisistema no dan tregua. La operación de ayer tuvo como objetivo asaltar la sede de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para protestar contra la reforma universitaria. Seis individuos «tomaron» la fachada para desplegar una pancarta gigante. Al mismo tiempo, medio centenar bloqueó la entrada hasta la llegada de la Policía. No se realizaron detenciones.
Una veintena de radicales se adentraron a las 14.00 horas en el número 11 de la calle Orense, un edificio de viviendas y oficinas. El objetivo era Aneca, un organismo estatal implicado en la implantación del Plan Bolonia en las universidades españolas.
La actuación, ante el estupor de los trabajadores y vecinos, fue rápida. Los jóvenes entraron en tromba. Seis de ellos consiguieron acceder a la azotea donde colgaron una pancarta de diez metros de ancho por otros tantos de largo con el lema: «La Aneca destruye la Universidad».
Provocación
Medio centenar de compañeros taparon la entrada al edificio mientras jaleaban contra la agencia estatal detrás de otra pancarta: «Vuestra educación mata nuestros sueños. No quiero ser útil, quiero ser persona». Entre otros gritos, se oyeron: «Fuera las empresas de la Universidad. Ni LOU ni Bolonia ni precariedad». La algarada terminó en 15 minutos.
La seguridad privada del edificio retiró la pancarta de la fachada. La llegada de una patrulla de la Policía Nacional les llevó a la huida. Todos los miembros de la arremetida, unidos a los integrantes que irrumpieron en el edificio, se dirigieron a paso rápido hacia la entrada de metro de la estación de Nuevos Ministerios en la calle Orense.
Tomaron la línea 10 hasta metro Tribunal para festejar su provocación en el edificio ocupado de los antiguos Cines Luna (Luna, 2). En el trayecto no dejaron de realizar proclamas como «Acción directa, no violenta». «¡Uy! Que bajo habéis dicho «no violenta»» remarcó una de las manifestantes. No todos los miembros habían coreado la segunda parte.
La Aneca lamenta el incidente. «No hemos tenido contacto físico con ellos. En ningún momento se han dirigido a nosotros. Afortunadamente, todo ha sucedido relativamente rápido. Lamentamos sobre todo las molestias causadas a los vecinos del edificio», afirmó un portavoz.
Semana de asaltos
El asalto forma parte de la serie de actuaciones ilegales del colectivo «Rompamos el Silencio», una agrupación de medio centenar de grupos antisistema. Los implicados ocuparon el pasado domingo el edificio de los antiguos Cines Luna, donde todavía se encuentran. El lunes realizaron su acción más violenta. La toma del Casino acabó con 52 detenidos, todos puestos en libertad el mismo día.
«Rompamos el Silencio» tiene previsto realizar ilegalidades similares durante toda la semana. El colectivo cuenta con el apoyo de organizaciones como Ecologistas en Acción, pero también otros de ideología extrema como Izquierda Castellana, que participó en la lista de Iniciativa Internacionalista, que fue encabezada por Alfonso Sastre y apoyada por Batasuna.

El 30% de los efectivos de la Guardia Civil vigilarán el entorno del Lago este verano

El plan de seguridad para el verano reforzará también la presencia policial en el casco antiguo y zonas comerciales de la capital
La capital y, en particular, toda la zona de influencia del Lago de Sanabria, centrarán las actuaciones del III Plan de Seguridad de Zonas Turísticas en la provincia, presentado ayer por la subdelegada del Gobierno, Josefa Chicote, y que entra en vigor hoy . El plan se prolongará hasta el 31 de agosto.
En concreto, en el Parque Natural del Lago se concentrarán el 30% de los efectivos de la Guardia Civil de la Provincia. Los agentes de la comarca contarán con el refuerzo de las distintas secciones especiales, como una escuadra de Caballería de Valdemoro, Policía Judicial, GEAS (grupo de actividades subacuáticas); servicio de helicópteros que intervendrán dos veces por semana, además de cuando sea necesario, y, desde luego, el Seprona, dado el riesgo de incendios en esta época, y el Subsector de Tráfico, explicó el comandante Manuel Moreno.
Esta concentración de esfuerzos se debe a que Sanabria es el principal punto turístico de la provincia. Moreno considera que estas dotaciones serán suficientes para la vigilancia en los 11 municipios del parque natural, con 71 localidades en las que residen 6.126 habitantes, una población que en verano se multiplica por 10.
Además de la multitud de turistas que se acercan a la zona de baño del lago, gran cantidad de veraneantes hacen excursiones y senderismo, sobre todo, los fines de semana, puntualizó el comandante.
En cuanto a la capital, casco antiguo y la zona comercial, son los dos lugares en los que Policía Nacional ampliará la vigilancia, al igual que en las estaciones de tren y de autobuses.
Efecto disuasorio
El objetivo de esta mayor presencia policial es, en primer lugar, la prevención de delitos, mediante el efecto disuasorio que supone el que haya agentes, «con unas funciones claras de vigilancia, además de asesoramiento», declaró Josefa Chicote. También se pretende agilizar la tramitación de denuncias «si se produce algún percance».
El plan establece una coordinación de la Policía Nacional, Guardia Civil; Policía Municipal, en el caso de Zamora, y seguridad privada.
Además, se considere «muy importante» la colaboración de los hosteleros y de los propios visitantes y los ciudadanos residentes, destacó la subdelegada.
Josefa Chicote expuso que este año se ha tenido en cuenta a los responsables del sector turístico a quienes se ha entregado información sobre el Plan de Seguridad, para que sepan en qué consiste y cómo pueden colaborar». En establecimientos hoteleros, agencias de viajes, centros de interpretación, etcétera se difundirán folletos en los que se recogen las principales recomendaciones a los ciudadanos sobre medidas de seguridad.
Este es el tercer año que se aplica el plan de seguridad en estas zonas de la provincia «con buenos resultados», indicó la subdelegada, aunque no se aportaron datos de la actuación policial.
El comandante de la Guardia Civil expuso que en la comarca de Sanabria se logró reducir el número de infracciones penales y el número de incendios. Hubo 262 denuncias por tráfico de drogas y las detenciones por esta causa pasaron de cuatro en 2007 a 16 en 2008.
Entre las actuaciones que recoge este III Plan de Seguridad en Zonas Turísticas y Comerciales de Castilla y León está, por ejemplo, la puesta en circulación de fotografías, perfiles y 'modus operandi' de delincuentes habituales que actúan en esta época y en este tipo de entornos de afluencia de turistas, como rateros y carteristas.
Asimismo se prevé el asesoramiento por parte de las unidades de seguridad privada de la Policía Nacional en centros de interés histórico y artístico para aconsejar medidas de seguridad.
En la Línea de apoyo a los ciudadanos que, generalmente se encuentran fuera de su domicilio habitual, se tratará de reducir las consecuencias de un robo o extravío de documentación facilitando la compulsa.
Sin detenidos
El plan conlleva un incremento del número de controles en establecimientos y medios de transporte de zonas turísticas y comerciales.
Respecto a la seguridad en medios de transporte y a preguntas de los periodistas, la subdelegada del Gobierno indicó ayer que aún no había detenidos por la gamberrada que puso en riesgo a 210 pasajeros del Talgo en Zamora, ya que alguien había colocado un hito en las vías. La Policía sigue la investigación para esclarecer a autoría del hecho, ocurrido el pasado día 24. El jefe de la brigada de seguridad ciudadana, Antonio Rodríguez, precisó que se mantiene vigilancia como se ha hecho siempre de las vías y trenes en la estación, en los túneles, en Villagodio y en Valorio.

700 agentes velarán por la seguridad ciudadana y el patrimonio en verano

El operativo actuará en la capital, Aguilar y la villa de La Olmeda por la afluencia de público que se espera
700 guardias civiles y policías nacionales incrementarán a partir de hoy y durante los meses de julio y agosto la vigilancia en distintas zonas turísticas y comerciales de Palencia, con el fin de velar por la seguridad ciudadana y la integridad del patrimonio, según anunció ayer el subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés, pocas horas antes de que se iniciara el III Plan de Seguridad en Zonas Turísticas y Comerciales.
El plan se ha puesto en marcha en la capital palentina -donde se amplía hasta las fiestas de San Antolín-, en la localidad de Aguilar de Campoo y, como novedad, en Saldaña y en la villa romana de La Olmeda, debido a la afluencia de visitantes que se espera en la zona.
Las áreas más vigiladas en la capital serán las de la catedral y sus aledaños, el centro monumental, las zonas comerciales de la Calle Mayor y sus entornos, zonas de esparcimiento, grandes superficies, estaciones de autobuses y de tren, así como los extrarradios y las zonas verdes. Por otra parte, en Aguila, el plan de actuación se centrará en el casco urbano, el polígono industrial y los establecimientos ubicados en las inmediaciones de la carretera de Villallano y la zona del pantano.
Folletos informativos
Estas zonas contarán con la presencia de patrullas uniformadas con funciones de vigilancia, asesoramiento en materia de seguridad, prevención y reacción ante la comisión de hechos delictivos. Otro de los objetivos, según indicó Raúl Ruiz Cortés, es agilizar los tiempos de tramitación de denuncias, acortando la espera. Además, el operativo, incluido en el Plan de Verano de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, contempla la colaboración con las policías locales y la seguridad privada, «y se basa en el principio de la prevención como el mejor garante de la seguridad», según manifestó Raúl Ruiz.
El plan prevé un incremento de los contactos con responsables del sector de la hostelería, la restauración, el comercio y las oficinas de turismo, ya que son los que más cerca están de los turistas, población a la que pretende llegar la iniciativa. En este sentido, folletos informativos con recomendaciones se difundirán en hoteles, agencias de viajes e instituciones.

Un sin techo provoca disturbios en el Aterpe

vitoria. La agresividad de un transeunte degeneró este pasado domingo en un altercado serio que concluyó hiriendo al guardia de seguridad y a los dos agentes de la Policía Municipal que trataron de apaciguar los ánimos del agresor. Los hechos en cuestión tuvieron lugar en el Aterpe gasteiztarra, que es el recurso social especializado en la atención de personas sin techo y en riesgo de exclusión social. Según el relato policial, el suceso concluyó con dos heridos de carácter leve y con el autor de las agresiones en una celda del cuartelillo de Aguirrelanda, donde fue trasladado a fin de realizar las correspondientes diligencias judiciales.

Al parecer, el finalmente arrestado, un joven de 36 años, arremetió contra el vigilante jurado encargado de la seguridad del recurso social ubicado en el corazón del Casco Viejo gasteiztarra y contra dos agentes de la Policía Municipal que acudieron al lugar de los hec

hos para ayudar al vigilante.

Esta situación se vivió a las 4.05 horas del domingo. Según la versión de la Guardia Urbana, las personas que sufrieron las agresiones resultaron heridas de carácter leve, mientras que el arrestado fue trasladado a las dependencias de la Policía Local.

El ayuntamiento de Totana firma un total de 22 convenios con las asociaciones de vecinos y colectivos

Para el desarrollo de las fiestas de los distintos barrios y pedanías durante los meses de verano


El Ayuntamiento de Totana ha suscrito un total de 22 convenios de colaboración con diversas asociaciones de vecinos y colectivos del municipio por importe superior a los 38.500 euros para la realización y desarrollo de las fiestas de los distintos barrios y pedanías, que arrancaron el pasado mes de abril con las del barrio Tirol Camilleri, y finalizarán con las del barrio San Francisco, a finales de este verano.

Los convenios suscritos se han llevado a cabo con representantes de las asociaciones de vecinos de la Ermita de la Araña, barrio San Juan del Paretón, Lébor, barrio Era Alta, Olímpico, Las Peras, La Estación y Triptolemos, Paretón, Cantareros, Raiguero Alto y Raiguero Bajo, La Cárcel, San Francisco, San Roque, San José, Santa Leocadia, Viñas-Carivete, San José, Tirol Camilleri y la Comisión de Fiestas de La Huerta, además de con representantes de los colectivos para la celebración de las fiestas del Rocío, la Petanca, Cristo de la Sangre y Virgen de Agosto.

El Consistorio local suscribe convenios anualmente con las diferentes asociaciones de vecinos y colectivos sociales del municipio para celebrar cada año las fiestas del verano, y además de colaborar económicamente, el Ayuntamiento apoya logísticamente en la organización de las mismas, cediendo los escenarios, alumbrado, pirotecnia, vallas y otro tipo de equipos materiales.

Además, se ofrece un servicio de limpieza viaria y vigilancia en cada una de las celebraciones festivas en los barrios y pedanías con un vigilante de seguridad.

Juan Carmona y un supervisor de Renfe protagonizan un rifirrafe en el AVE

MADRID. Nada hacía presagiar que un tranquilo viaje desde Sevilla a Madrid en AVE pudiera convertirse en una pesadilla para el guitarrista Juan Carmona, ex de Ketama, quien, tras participar el sábado en «El Potaje Gitano» de Utrera, regresaba el domingo por la tarde a la capital de España junto a su novia y sus dos hijos menores, en compañía de Pitingo y su esposa.
Ambos artistas habían formado parte del cartel de este tradicional festival flamenco -el más antiguo de nuestro país-, que organiza la Hermandad de Los Gitanos y que en esta ocasión rendía homenaje a la dinastía Rivera Ordóñez. En presencia del diestro Francisco Rivera -su hermano Cayetano no pudo asistir por motivos profesionales-, el cantaor sevillano, acompañado por Carmona a la guitarra, volvió a poner en pie al público que abarrotaba el patio del Colegio Salesiano de Utrera.
Al día siguiente, Juan Carmona -con su familia- y Pitingo -con su esposa- tomaron el AVE que partió de la estación de Santa Justa a las 16.15 horas con destino a Madrid. Al parecer, los hijos de Carmona, de 14 y 16 años de edad, ocupaban plazas en clase turista, mientras que los adultos viajaban todos juntos en preferente. En un determinado momento -según la versión de Carmona- «los niños se vinieron a nuestro vagón y permanecieron allí un rato», algo que por lo que se ve no le hizo mucha gracia a J. R. M., supervisor del tren, quien, «con un elevado tono de voz, se dirigió a los niños para que volvieran a sus asientos, porque allí no les correspondía estar», relata el guitarrista. Ante la falta de modales, y resuelto a no permitir que el empleado de Renfe chillara a sus hiios, Juan solicitó al malhumorado supervisor «las hojas de reclamaciones para hacer la oportuna queja», pero éste le dijo que no tenía. A partir de ahí la trifulca fue subiendo de tono con increpaciones por ambas partes, hasta que el supervisor, con un lapidario «aquí mando yo», dio por zanjado el asunto, haciendo una llamada y solicitando a seguridad que, a la llegada del tren a Puertollano, Juan Carmona fuera desalojado. Y así fue. Ante el estupor de los presentes, dos vigilantes jurados subieron a bordo y «me invitaron a bajar del tren», reconoce el guitarrista, quien, sin oponer resistencia y acompañado por su novia, abandonó el convoy. Los niños, junto a Pitingo, su esposa y al mánager de ambos artistas, continuaron viaje a Madrid, mientras que Carmona se vio obligado a tomar otro tren, no sin antes hacer la oportuna reclamación en la estación de Puertollano.
Como no podía ser de otra manera, la versión de Renfe dista mucho de la del artista. Las fuentes consultadas por ABC reconocen que «los menores, pese a tener billete de turista, se acomodaron en preferente y que, al ver que el incidente subía de tono, el supervisor no tuvo más remedio que solicitar que Carmona fuera desalojado del tren». A su regreso a Sevilla, J. R. M presentó en comisaría una denuncia contra Carmona por amenazas. Por su parte, el artista ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

SOPHOS CREA LA PLATAFORMA WEB IT VIGILANTE

A través de este nuevo microsite, la compañía describe las funcionalidades de su suite de seguridad Sophos Security and Data Protection.


Sophos ha presentado su IT Vigilante, un microsite que alberga a un personaje ficticio del mismo nombre creado con el fin de guiar a clientes y partners por el espinoso mundo de la protección de datos.
Enfundado en un mono naranja, este peculiar vigilante IT describe, a través de su propia experiencia, la importancia que tienen tanto la seguridad de los datos como el desarrollo de una adecuada política de protección de la información.

En este sentido, y a través de diversas pestañas, los usuarios pueden acceder a diferentes vídeos y documentos donde Sophos, a través de la suite Sophos Security and Data Protection, “ofrece una solución para que la protección de la información no sea una tarea onerosa y compleja, sino asequible y fácil de conseguir”, como asegura un comunicado de la empresa.

Entre otras funcionalidades, el microsite (http://esp.sophos.com/itvigilante)
permite -de forma gratuita- la prueba durante 30 días de la suite Sophos Security and Data Protection, así como la descarga de herramientas para escaneo de seguridad, detección de aplicaciones, y de amenazas. Los usuarios pueden también consultar y conseguir diversos monográficos, y el libro ‘Data Leakage for Dummies’.

IT Vigilante incluye asimismo enlaces a SophosLabs, una red global de investigadores y analistas cualificados, que protegen a las empresas contra programas maliciosos conocidos y emergentes, y otras amenazas informáticas; y a un blog de seguridad, cargado de noticias y consejos para mejorar la protección de los equipos.

Gallegos entre sabotajes

La Armada protege a 200 marineros que construyen un gasoducto en Irlanda
MANUEL MÉNDEZ - AROUSA Buques de la Armada de Irlanda, además de lanchas neumáticas del propio Ejército, de la policía marítima y de empresas de seguridad privada protegen a cerca de 200 ciudadanos gallegos que integran casi el 50% de la tripulación del "Solitaire", un buque dedicado a la instalación de tuberías submarinas para la conducción de cableado eléctrico, gas, petróleo y todo tipo de materiales.
Actualmente ese enorme barco –unos 300 metros de eslora– se encuentra en la bahía irlandesa de Broadhaven para, precisamente, habilitar un gasoducto.
Los pescadores locales y los ecologistas se oponen con dureza a estas obras, que la empresa Shell ya intentó llevar a cabo en diversas ocasiones anteriores durante los últimos años, pero que se vio obligada a posponer, precisamente, a causa de la fuerte presión social.
Sin embargo, actualmente el "Solitaire" sí está ejecutando el proyecto que le ha sido encargado, y eso ha reavivado la polémica, la tensión y los intentos de sabotaje, tanto en mar como en tierra, de ahí la presencia de la Armada irlandesa, policía y empresas de seguridad privada cuyos miembros vigilan tanto en el interior del buque como en las aguas que lo rodean.
Su misión es proteger a los tripulantes –sobre todo gallegos, ingleses, holandeses y canadienses–, pero también tratar de amparar a los pescadores locales, a los ecologistas y, en definitiva, a los propios manifestantes u opositores, ante la previsión de que sus protestas y su excesiva proximidad a las máquinas y al buque puedan desencadenar en algún tipo de conflicto o accidente marítimo.
Consultados al respecto algunos de los marineros gallegos a bordo del "Solitaire", indican que "la tensión se masca en el ambiente", pero aún así parecen acostumbrados ya a este tipo de situaciones de presión, e incluso esgrimen que están "mucho más tranquilos" que cuando navegan por aguas próximas a países inmersos en conflictos bélicos, y desde luego están menos preocupados que en aguas de Somalia, Bahía de Bengala y Emiratos Árabes, donde la presencia de los piratas somalíes resulta "mucho más amenazante" y, como explicó FARO en diciembre pasado, hace que barcos como el "Solitaire" incorporen a su tripulación vigilantes privados fuertemente armados con el fin de evitar acciones de piratería.
La situación actual en las aguas irlandesas no parece tan grave, a pesar de lo cual en los últimos años ya se produjeron detenciones e importantes sabotajes, especialmente en las dragas, grúas y excavadoras que trabajan en primera línea de costa para facilitar el paso de la tubería que el "Solitaire" traslada mar adentro.
Diversos procesos judiciales, denuncias, manifestaciones, personas heridas e iniciativas políticas de todo tipo –incluso en el Parlamento Europeo– forman parte de las acciones y movimientos que en los últimos años llevó parejo el proyecto de instalación de las tuberías en la Bahía de Broadhaven.
"Ya estuvimos aquí otras veces y el barco tuvo que dejar el proyecto y marcharse a otros lugares para ejecutar otros encargos –por ejemplo en la Bahía de Bengala, entre Sri Lanka, Myanmar y Thailandia– porque con la presión de los pescadores irlandeses y de los ecologistas era imposible trabajar aquí", relata desde Irlanda uno de los tripulantes.
"La diferencia es que ahora –apostilla– estamos más protegidos, y parece que esta vez el proyecto sí va a llevarse a cabo en su totalidad".
Entre la tripulación gallega sostienen que "no hay motivo de alarma", aunque sí admiten que prefieren "poner fin a esta obra cuanto antes para poner rumbo a otras zonas más tranquilas".
Y es que a pesar de toda la protección que les ofrece la armada y la vigilancia privada los opositores a esta obra no cejan en su empeño.

Detenido un joven por robar focos y mangueras en una obra de Santander

Se hizo varios rasguños al pasar por debajo de una verja cuando intentó huir
La Policía Nacional detuvo la madrugada del pasado día 27 a un joven de 32 años, con iniciales M.R., acusado de haber robado en una obra en construcción en el barrio La Sierra, en Santander, en donde supuestamente intentó llevarse, junto a otro individuo que se dio a la fuga, cinco focos, mangueras y tomas de corrientes.
Según informa la Policía, los dos hombres fueron sorprendidos por el vigilante de seguridad, que llamó al 091. Una vez en el lugar, los agentes detuvieron a M.R., que carece de antecedentes, y recuperaron los efectos que, junto a su compañero, había abandonado apilados junto a la valla del recinto de la obra.
M.R. fue atendido en el Hospital de Valdecilla porque se había hecho varios rasguños al pasar por debajo de la verja de la obra cuando intentó huir. Al detenido le fueron intervenidas una gorra, una tarjeta monedero y una agenda que se remitieron al Juzgado, y pasó a disposición judicial.
Violencia de género
La Policía Nacional, a requerimiento de la Policía Local de Santander, también arrestó a un hombre como presunto autor de un delito de violencia contra la mujer ya que, supuestamente, I.A. insultó, amenazó y agredió a su pareja, que precisó asistencia sanitaria. Los hechos se produjeron en el domicilio familiar el pasado domingo por la noche.

La ciudad, un gran «plató» cada vez con más ojos vigilantes y protectores

Cada vez son más los lugares que cuentan con sistemas de videovigilancia en aras a una mayor seguridad. La Plaza Mayor se convirtió en el primer espacio público en contar con 26 «ojos» para evitar la delincuencia en ese punto emblemático de la ciudad. Fue en diciembre de 2005. El eje Sol-Montera-Gran Vía y la Plaza de Soledad Torres Acosta, en 2008, fue el otro «plató» destinado a minimizar la presencia de prostitutas. No lo logró. Le siguió el barrio de las Letras, en su caso, para vigilar más los conductores que a los viandantes, y el próximo lugar, como adelantó ABC, será Lavapiés, donde se instalarán 48. Además de las que existen en instituciones, paseo de la Castellana o el Museo al Aire Libre, entre otras, al Metro hace tiempo que se subió y ahora lo hará también en el taxi y en el autobús.

El metro ganará 31 empleos con su llegada a Santurtzi

La llegada a Santurtzi este sábado del medio de transporte más utilizado en Vizcaya ya está dejando ver sus primeros frutos. Entre ellos, la creación de 31 nuevos puestos de trabajo, según explicó el director gerente de Metro Bilbao, Rafa Sarria. «Se van a emplear ocho nuevos conductores, otros tantos supervisores y quince técnicos», avanzó. De esta manera, la plantilla del suburbano pasará a superar los 700 empleados. «A esto habrá que añadir el personal de seguridad (privada), que crecerá proporcionalmente al número de pasajeros», agregó Sarria, quien estimó en un centenar el número de vigilantes de que dispone el metro trabajando a cualquier hora del día.
La seguridad es precisamente el tema nuclear del protocolo de colaboración firmado ayer entre el Ayuntamiento de Santurtzi y Metro Bilbao. Según el acuerdo suscrito por el alcalde, Ricardo Ituarte, y el director gerente del suburbano, «estos mecanismos de coordinación permitirán un intercambio fluido de información que revertirá en una mayor eficacia de las actuaciones en materia de seguridad, tanto preventiva como correctiva».
El protocolo, similar al que ya firmó en 2007 Metro Bilbao con la Ertzaintza y las policías locales de los catorce municipios en los que está presente, dará libertad a la guardia urbana de la villa marinera para moverse por las estaciones. «Actualmente tenemos unos 80 policías en plantilla y será frecuente verlos por el metro», avanzó el concejal de Seguridad de Santurtzi, Manuel Ángel Seoane.
Precedente legal
«La primera medida en la que será visible la colaboración entre la Policía local y el personal del metro será el intercambio de información, en especial, referente a las próximas fiestas», explicó el alcalde. Ituarte celebró la llegada del suburbano y garantizó la vigilancia «de la que a partir de ahora va a ser la calle más poblada de Santurtzi». Se quiere profundizar así en la prevención, para minimizar las incidencias y «reducir los riesgos a cero». Actualmente, la incidentabilidad es del 0,001%.
Según explicó Rafa Sarria, el metro ha sentado precedente en la jurisprudencia española con la condena de una agresión producida en sus instalaciones durante 2006. «Por primera vez, la ley ha considerado a un supervisor como un 'agente de seguridad en el transporte'», destacó. En Cataluña ya existe también una sentencia donde se ha aplicado este mismo principio.

Un millar de cámaras vigilarán los aparcamientos y depósitos municipales

Barcelona, 30 jun (EFE).- El Centro de Control de Movilidad de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) vigilará los aparcamientos y depósitos de vehículos municipales con un millar de cámaras de vídeo a finales de 2010.

"El objetivo es multiplicar por cuatro las cámaras instaladas", ha explicado el director general de Servicios de Movilidad de BSM, Antoni Roig, durante la presentación a la prensa del Centro de Control desde donde, entre otras labores se supervisan las imágenes captadas por estas cámaras que "solo se activan cuando hay movimiento".

Entre los objetivos de estas cámaras esta el de disuadir a los delincuentes, aunque, según Roig, los robos a usuarios o vehículos en aparcamientos municipales "se dan muy poco".

Lo que sí ha aumentado son los atracos en cabinas de control de los depósitos, cuatro en los dos últimos meses, cuando la media era de dos al año.

Antoni Roig ha presentado, junto al director general de B:SM, Alfredo Morales, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc Narváez, el nuevo Centro de Control de Movilidad (CCM) de B:SM, que centraliza en una sala la asignación de los servicios de la Grúa Municipal, la recepción de alarmas del Área Verde de estacionamiento regulado, los servicios de seguridad de los depósitos de grúas y la gestión remota de los aparcamientos municipales.

Instalar el CCM y ubicarlo en las oficinas de Servicios de Movilidad, ha costado 135.000 euros, entre adecuar el espacio, el mobiliario, los equipos informáticos y de telecomunicaciones, y las obras han tardado unos ocho meses.

En estos momentos, tres turnos de ocho trabajadores, entre vigilantes de seguridad, operadores de grúas y operadores de aparcamientos, gestionan durante las 24 horas las informaciones sobre el estado de los sistemas que llegan al CCM por vía cable.

El concejal Francesc Narváez ha destacado que el "centro de control garantiza la conexión de los trabajadores de B:SM con su empresa" y se concretará "en un apoyo más importante para todos" ellos, "mas seguridad, más eficiencia operativa y mejor atención al cliente".

Narváez ha señalado especialmente, la importancia de la visualización de lo que sucede en los aparcamientos subterráneos como "complemento de la seguridad del usuarios" y ha asegurado que con el refuerzo del número de cámaras estarán "perfectamente controlados".

En cuanto a las consecuencias de la crisis, el director general de B:SM, Alfredo Morales ha señalado que en los aparcamientos municipales barceloneses, que gestionan más de 20.000 plazas, "se ha tocado fondo", con descensos de entre el 3% y el 5% en algunos meses en los vehículos de rotación, pero no se han perdido abonados.

Los responsables de B:SM han procurado reducir costes para afrontar la crisis, de forma que la dirección de la empresa municipal espera obtener "beneficios similares a los del año pasado" de sus aparcamientos.

En estos momentos, B:SM tiene 47 aparcamientos subterráneos, a los que se sumaran otros cinco durante el verano, y nueve más en proyecto. EFE

El paro de escoltas privados fracasa tras desmarcarse los sindicatos mayoritarios

La huelga convocada para ayer por los vigilantes de seguridad privada no tuvo repercusión en la actividad del sector. Los convocantes del paro, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, reconocieron ayer que «casi nadie» lo secundó y achacaron el fracaso a que los tres colectivos mayoritarios del gremio, UGT, CC OO y USO, se demarcaron a última hora de la protesta.
El portavoz del Alternativa Sindical, Juan Antonio Bejarano, criticó que estos tres sindicatos «están vendidos a la patronal y no quieren luchar por los derechos de los vigilantes». Asimismo, manifestó que los servicios mínimos fijados por el Ministerio del Interior son «ilegales», ya que, a su juicio, limitaron el derecho de huelga. De hecho, en los últimos días, Bejarano no ha descartado presentar una querella contra el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por «anular» este derecho.
El departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba estableció el lunes unos servicios del cien por cien para los escoltas privados de autoridades, del 85% en el transporte de caudales y en la protección de entidades bancarias y del 75% en la vigilancia de infraestructuras sensibles como centrales nucleares o redes de suministro.
Los manifestantes exigían medidas reales para poner coto al «intrusismo laboral», así como el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a fin de garantizar la seguridad de los vigilantes y de los escoltas.

Sindicatos de seguridad denunciarán el intrusismo en la vigilancia de obras

El sector de la seguridad privada lleva varios meses atento a la extensión a Vizcaya de prácticas de contratación ilegal para la vigilancia de obras públicas y grandes infraestructuras. Un ejemplo son los llamativos casos que han salido a la luz de grupos de personas de etnia gitana, sin la titulación obligatoria para ejercer como vigilantes, contratadas por constructoras para controlar los tajos por la noche. Ocurrió con la 'Supersur' en Trapagaran y ahora en una promoción de viviendas municipales en Rekalde.
El departamento de Seguridad Privada del sindicato Cesif ha decidido tomar cartas en el asunto y anuncia que seguirá de cerca estas situaciones irregulares para denunciar cada una de ellas. Patxi Verde, portavoz de la central, es contundente. Cree que esta práctica de algunas empresas es «un atraco». «Para estar homologado como vigilante privado hay que tener el graduado escolar y aprobar una oposición del Ministerio de Interior», advirtió. Y no sólo se ven perjudicados en el plano formativo. «Trabajan sin contrato y con sueldos de 600 o 1.000 euros», muy por debajo del mercado.
Estos profesionales empezaron a detectar contrataciones de este tipo en el sur de España, «pero el fenómeno ya se ha extendido al norte y son auténticas mafias, más que probadas». No sólo culpan al empresario. «Las instituciones no pueden lavarse las manos escudándose en que son constructoras privadas las que realizan las contrataciones. Ellas adjudican las obras y están obligadas a velar por que los pliegos de condiciones respeten la legalidad», afirmó Verde. Las consideran, por tanto, «responsables subsidiarias».
El PP pide explicaciones
En cualquier caso, recalcó que detrás de su reacción «no hay ningún tipo de racismo». «En seguridad privada trabaja gente de todas las razas y procedencias: gitanos, búlgaros... Pero todos deben tener un título homologado». Su batalla es contra las «contrataciones irregulares». De este modo, el Cesif responde a las críticas de la asociación gitana Kaledor Kayiko, que observa una perspectiva xenófoba en la polémica. «Subyace la idea de que se contrata a gitanos porque los que roban en las obras son gitanos y esto es culpabilizar a todo un colectivo. Hay gitanos que trabajan como vigilantes, encargados...», defendió Óscar Vizarraga, presidente de la asociación.
Por su parte, el edil del PP Carlos García pidió ayer la comparecencia del concejal de Obras y Servicios, José Luis Sabas, para dar explicaciones sobre la situación de las obras en Rekalde, que a su juicio «es digna de Nápoles o de Sicilia. El Ayuntamiento tiene la obligación de controlar los contratos», afirma. La empresa que construye el parking niega cualquier relación con el patriarca Joselín, que firma los carteles que han aparecido en la zona, donde también se edifican viviendas municipales.