El traspaso de estas funciones –que hasta entonces realizaba una empresa de seguridad– a los empleados públicos ha provocado las quejas de los sindicatos desde el primer momento. USO aseguraba que los funcionarios de la Comunidad no pueden garantizar la seguridad del aeropuerto ni del recinto exterior y denunciaba que están realizando estas funciones desde marzo fuera de su jornada de trabajo, acumulando horas extraordinarias.
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